Escrito por Manuel Bello Crédito de imagen Andina.pe

Paradójicamente, la emergencia sanitaria, económica y educativa provocada por la pandemia del Covid-19 puede ser una oportunidad para avanzar hacia la escuela pública universal, gratuita, inclusiva y democrática que necesita el Perú, para convertirse en una sociedad integrada, con equidad y cohesión social. El traslado en este contexto de más de cien mil estudiantes de escuelas privadas al sistema público muestra que solo el Estado puede proveer educación escolar a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición socioeconómica, lingüística o de cualquier índole. Ha quedado en evidencia que el mercado de la educación privada expulsa a los alumnos que no pueden pagar, además de distribuir a sus “clientes” en escuelas segregadas y estratificadas por niveles de precios.

La actual crisis de la educación escolar privada ocurre después de varias décadas de migración gradual, pero sostenida de la matrícula escolar del sector estatal al privado, observada primero en Lima y después en otras ciudades grandes y medianas del país. Las escuelas con fines de lucro, muchas de ellas pequeñas, precarias -y algunas informales-, se multiplicaron en las zonas urbanas con población popular emergente, llegando a reclutar a cientos de miles de alumnos, cuyos padres las eligieron atraídos por la creencia en la superioridad de lo privado, en un contexto de colapso por el desfinanciamiento de la educación estatal. La situación actual muestra que se trataba de poblaciones vulnerables, que en momentos de crisis vuelven a la condición de pobreza y recurren a los servicios del Estado.

A las más de cien mil solicitudes de traslado presentadas hasta ahora se pueden sumar muchas más en los próximos meses y antes del inicio del año escolar 2021, como consecuencia del empeoramiento que se avizora de la situación económica del país y de muchas familias, que no podrán seguir pagando pensiones en escuelas privadas, o constatarán que muchas escuelas privadas precarias no se adaptan a las nuevas condiciones de enseñanza a distancia o mixta. La conducción del MINEDU tiene la responsabilidad de ampliar y transformar el sistema escolar público, para garantizar el derecho a una educación de buena calidad para todos los peruanos en edad escolar.

Esta nueva migración de población escolar a la educación pública es una oportunidad y no un problema. El Perú debe apuntar a convertir la red de escuelas del Estado en los espacios donde los niños y niñas de todas las condiciones socioeconómicas, culturales, lingüísticas y aptitudinales se encuentran para aprender a vivir juntos. La superación de la segregación escolar y las desigualdades educativas debe ser un objetivo estratégico nacional, por su impacto en la convivencia social y en la democracia. La política educativa del Estado -en consecuencia- debe orientarse a atraer e incluir en las escuelas públicas a todos los estratos sociales, garantizando buena calidad, equidad e inclusión en un sistema educativo público universal y gratuito.

En este sentido, la respuesta rápida del MINEDU a la demanda de matrícula de miles de familias, y el proyecto de compra y distribución de casi un millón de tabletas electrónicas para estudiantes y docentes de áreas rurales y urbanas pobres, son señales positivas en la dirección de ampliar la cobertura y al mismo tiempo mejorar la calidad, que debe ser igual para todos. Pero se trata sólo de primeros pasos, ya que tanto la matrícula por traslados como la dotación de dispositivos electrónicos tendrán que seguir creciendo para incluir a todos. Además, ha faltado complementar la entrega de tabletas con la exigencia a las empresas responsables de una rápida ampliación de la cobertura de internet, reconocido como un derecho y un servicio esencial que en el corto plazo debe llegar a todas las escuelas y todos los hogares del Perú. La responsabilidad del Estado de garantizar condiciones adecuadas de educabilidad es un desafío intersectorial impostergable que demanda un aumento de la inversión, significativo y sostenido en el tiempo.

Otra señal positiva ha sido la rápida implementación de la estrategia “Aprendo en Casa”, concebida inicialmente como una opción de enseñanza remota de emergencia en el contexto de cierre de las escuelas en todo el país. Es plausible el esfuerzo realizado para darle continuidad al año escolar usando los distintos medios disponibles (radio, televisión, internet), distribuir contenidos en varias lenguas originarias, además de normar y orientar el trabajo a distancia de los docentes y directivos y el apoyo de las familias al aprendizaje de los estudiantes. Esta iniciativa ha permitido llevar oportunidades para aprender a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país, dejando en evidencia el rol insustituible del Estado cuando se trata de asegurar el derecho a la educación.

Se tienen que articular las estrategias de respuesta a la emergencia con políticas de reforma estructural de la educación escolar, para avanzar hacia un sistema público universal, gratuito, equitativo, inclusivo y democrático, que contribuya a la cohesión social con respeto y valoración de la diversidad de nuestra población. Para ello es indispensable cambiar la grave y crónica desigualdad en la distribución de la educación básica, propia de un sistema de escuelas segregadas por nivel socioeconómico.

Sin embargo, “Aprendo en Casa” debió ser desarrollada como una estrategia de educación a distancia multimodal, efectiva y de buena calidad, para todos los estudiantes de la Educación Básica, y no quedarse como respuesta provisional y limitada. Los múltiples testimonios de docentes que deben realizar grandes sacrificios para contactar brevemente con sus alumnos, o de familias que tienen dificultades y no reciben apoyo para acompañar el aprendizaje de sus hijos, o de niños y niñas que recorren largas distancias para encontrar la señal del celular o de una emisora radial que les ofrece muy pocas oportunidades para aprender, demuestran que “Aprendo en Casa” no se ha convertido -hasta ahora- en la alternativa de educación a distancia efectiva y pertinente que necesita el país.

Un problema grave de la situación actual es el aumento de la desvinculación de niños y adolescentes de la escolaridad, que hasta 2019 afectaba a más de 100 mil estudiantes por año, que abandonaban las escuelas sin haber completado la educación básica; el fracaso educativo genera frustración y se asocia con el aumento de problemas sociales como el trabajo infantil peligroso, la maternidad en la adolescencia, entre otros. Una gestión orientada a garantizar el derecho de todos los adolescentes a completar la educación secundaria en la edad esperada debe implementar una estrategia nacional pedagógica y social adecuadamente financiada, que comprometa a las comunidades escolares, autoridades y organizaciones locales en iniciativas destinadas a recuperar, retener y evitar la deserción de los alumnos que enfrentan dificultades o caen en la desesperanza.

Otro desafío que ha crecido en este período de emergencia es la atención a los estudiantes que se atrasan en el aprendizaje de las competencias curriculares, que ya era un problema grave antes de la pandemia. Las evaluaciones han reflejado durante años que la mayoría de los alumnos de Primaria y Secundaria no logran los desempeños esperados, y que los estudiantes rurales, los hablantes de lenguas originarias y los más pobres se ubican en los niveles más bajos de rendimiento en las pruebas. Este atraso aumenta como consecuencia de la desigualdad en el acceso y aprovechamiento de “Aprendo en Casa”, ya sea por la conectividad o por la disponibilidad y calidad del apoyo educativo de los docentes y de los familiares. Este reto debe ser enfrentado con medidas eficaces de nivelación, para lo cual se debe reforzar las capacidades de los docentes para atender las necesidades educativas diversas de sus alumnos, promover el aprendizaje cooperativo entre los propios estudiantes y comprometer el apoyo de las familias, en el marco de una pedagogía solidaria para que nadie se quede atrás.

Se tienen que articular las estrategias de respuesta a la emergencia con políticas de reforma estructural de la educación escolar, para avanzar hacia un sistema público universal, gratuito, equitativo, inclusivo y democrático, que contribuya a la cohesión social con respeto y valoración de la diversidad de nuestra población. Para ello es indispensable cambiar la grave y crónica desigualdad en la distribución de la educación básica, propia de un sistema de escuelas segregadas por nivel socioeconómico, dotadas de condiciones de calidad que decrecen en función de la ubicación de sus estudiantes en los estratos de la pirámide social. Esta desigualdad, generada en la modalidad educativa presencial, se reproduce en el modo de enseñanza remota o a distancia.

Otro cambio ineludible para salir del colapso educativo y desarrollar el sistema escolar público con calidad y equidad es aumentar el presupuesto del sector -al menos igualar el promedio de inversión por alumno de los países vecinos- y reorganizar la gestión presupuestal, para asegurar que el financiamiento se distribuya con criterios de equidad, invirtiendo más allí donde se debe compensar desventajas de las familias y los contextos. Un ejemplo de esta orientación es la urgente mejora de la infraestructura de las escuelas rurales, dotando además a sus docentes de viviendas dignas y una remuneración atractiva, para que los mejores profesores quieran ir a trabajar a dichas escuelas.

En las zonas urbanas se puede reducir la desigualdad y la segregación escolar adoptando el modelo de “Escuela del Barrio”, cercana al hogar de los estudiantes y articulada estrechamente con la comunidad local. En este modelo de distribución de la educación -vigente en otros países- se concentra la matrícula exclusivamente en escuelas que están dentro del mismo territorio -barrio, sector o distrito- en que se encuentra el domicilio del alumno; las escuelas no pueden seleccionar a los alumnos y tampoco recibir a estudiantes que residan en otros territorios. Se propicia el encuentro en las aulas de estudiantes que -siendo vecinos- son diversos en cuanto a las características de sus familias y sus propias cualidades personales; todos juntos aprenden a convivir, a valorar la diversidad y a ser ciudadanos democráticos.

Las ventajas educativas, sociales y políticas de las escuelas heterogéneas e inclusivas han sido reiteradamente comprobadas por la investigación y por la experiencia internacional; es un modelo escolar en el que todos ganan y se beneficia la sociedad. A diferencia de lo que sucede con el modelo actual, la “Escuela del Barrio” propicia que las familias y las comunidades se comprometan mucho más con sus escuelas, y que las escuelas desarrollen una educación más contextualizada, mucho más relacionada con la historia, el presente y el futuro de su localidad, de cara a la comunidad; favorece una pedagogía solidaria de enseñanza colegiada y aprendizajes cooperativos, basados en proyectos. La “Escuela del Barrio” es una buena opción para alinear la educación con las expectativas de equidad, democracia y cohesión social contenidas en los documentos del Acuerdo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional.

Actualmente, la emergencia sanitaria y los protocolos para el retorno presencial a las escuelas en los tiempos del Covid-19 generan condiciones favorables para la implementación de la “Escuela del Barrio” en los territorios urbanos. La obligación de mantener un distanciamiento físico entre las personas obliga a modificar la gestión del espacio y del tiempo en las instituciones educativas, que no podrán funcionar con aulas llenas de alumnos. Se tendrá que combinar el aprendizaje presencial (en el local escolar) con el aprendizaje a distancia (en casa), en un formato híbrido -y flexible- que también deberá aprovechar otros espacios y recursos comunitarios. Los alumnos tendrán que ir al local escolar y volver a sus hogares más de una vez por día y en horarios diversos; la cercanía de la “Escuela del Barrio” evitará que tengan que desplazarse en unidades de transporte colectivo, reduciendo riesgos para su salud y su seguridad. Además, se podrá recuperar la vida de barrio, que es base de la identidad y de la convivencia social.