Escrito por Wilfredo Rimari Arias Crédito de imagen Andina.pe

Para resolver un problema, primero es necesario pensar y analizar sus causas, pues en sus raíces también está su solución.

Las principales causas de la informalidad: el hambre y el desempleo

Después de 70 días de confinamiento provocado por la emergencia sanitaria, el desborde de ambulantes ubicados en puntos neurálgicos de la gran Lima ha rebasado la capacidad de contención de las fuerzas policiales y de los serenos municipales. Ya habían brotes aislados desde semanas antes, pues muchos frente al dilema de sufrir y morir de hambre o por contagio del coronavirus optaron por salir a las calles y jugarse la vida como en la ruleta rusa. Un trabajador ambulante expresó con crudeza y realismo que “solo el que tiene plata se salva”.

El fenómeno de la informalidad en todas sus formas (comercio, transporte, explotaciones mineras, contrabando, confecciones y un largo etcétera) y del comercio ambulatorio, en especial, tiene larga data en el Perú. Surgió frente al desempleo histórico y, en muchas ocasiones, en respuesta al masivo despido de trabajadores provocado por las crisis políticas y económicas, así como por normas gubernamentales a favor de los grandes empresarios, insaciables en su afán de acumular más y más riqueza a costa de bajos salarios y derechos disminuidos de los asalariados.

A esos millones de desempleados que deambulan con sus productos para ganarse el día a día, se han sumado otros tantos millones de desempleados producto de la pandemia actual. Según Hugo Ñopo[1], investigador de GRADE, antes de la pandemia habían en Perú más de 5 millones de trabajadores con ingresos por debajo del mínimo vital; a ellos se han sumado un millón y medio de trabajadores del sector privado que perdieron su empleo por la pandemia. Es un dato duro y cruel de la realidad que miles de personas que perdieron su empleo en estas últimas semanas se han volcado hacia el mercado informal en un intento por sobrevivir. Aquellos medianos empresarios que han tenido la oportunidad de reinventarse en sus comercios lo vienen haciendo no sin gran riesgo y gracias a sus ahorros o los préstamos que le han sido benignos. No es el caso de la gran mayoría de ciudadanos que estos días han colmado las calles y a quienes se suman empleados o dueños de las galerías de Gamarra y otros centros comerciales que al no poder abrir sus tiendas han migrado a las calles.

El hambre y el desempleo han arrojado a las calles a miles de peruanos que, cubiertos bajo el manto de la informalidad, buscan satisfacer las necesidades básicas de sus familias. Se desacata la cuarentena, en primer lugar, porque el estómago no tiene oídos, demanda ser satisfecho. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha advertido (28/05) del riesgo de que 14 millones de personas de América Latina y el Caribe enfrenten situaciones de hambre producto de la paralización del mercado laboral[2]. En Perú ya flamean banderas blancas en los cerros clamando por alimentos y se han reconstituido muchos comedores populares.

Cientos y miles de personas han salido a las calles como vendedores ambulantes, prefiriendo esta actividad que la de mendigar o subvertir un sistema que los ha excluido, aunque nada garantiza que sigan así, si todas las puertas se les cierran y no encuentran otras salidas.

La segunda causa de la informalidad: el sistema económico y político excluyente

La informalidad, en general, y la que cobija a la mayoría de peruanos pobres, es producto de un sistema económico y político que ha sido incapaz de generar e implementar políticas de empleo justo e intensivo en mano de obra.  Sucesivos gobiernos han sido indolentes e incapaces de brindar soporte técnico y financiero a los emprendedores populares, así como de implementar políticas favorables a la diversificación productiva y con uso sostenible de nuestros ricos recursos naturales y culturales.

Si alguien falló fueron y son los líderes del Gobierno, quienes capturados por las élites de poder económico, han dictado y dictan leyes e implementan políticas contrarias al bien común, contrarias al empleo justo, contrarias al respeto de los derechos de los trabajadores, contrarias al pago obligado de impuestos por parte de las grandes empresas nacionales y extranjeras, quitándole así al estado, cada año, no menos de 20 mil millones de soles[3] vitales para financiar políticas sociales de justicia y equidad, coherentes con el Desarrollo Sostenible que le debemos a las jóvenes y a las futuras generaciones.

La tercera causa: el gobierno capturado por el poder económico

La informalidad, la pobreza y la injusticia en nuestro país es también producto de un Estado que no gobierna para el bienestar de las mayorías. La captura política del gobierno[4] por las élites de poder económico para favorecer sus intereses explica por qué sucesivos líderes en el ejecutivo, el legislativo y el sistema de justicia no sirven al bien común, sino que se han dado y se dan maña para protegerlos, brindarlos y premiarlos, a través de diversos mecanismos legales y pasadas de largo frente a los abusos, delitos e inobservancias de las leyes que cometen. Estas prácticas son tan antiguas como nuestra historia.

Quienes detentan el poder económico han encontrado, desde antaño, la fórmula mágica para aceitar[5] eficazmente los resortes del aparato estatal con los lubricantes más finos y apetecibles, poniéndolos a trabajar para enriquecerse más a expensas de la explotación abusiva, ilegal e inmisericorde del trabajo humano y de la naturaleza. Según la Defensoría del Pueblo, la corrupción en el aparato estatal le cuesta a los peruanos cada año 13 mil millones de soles anuales[6].

El comercio informal, ese que es intensivo en movilización de personas y que no está destinado al lucro incesante y al acaparamiento, no se combate con más policías, con más serenos, con más multas, ni con más sanciones y cárcel. Porque allá donde cae uno, surgirán dos, expulsados por el mismo sistema imperante que arrojó a los primeros. El sistema funciona perfectamente como una maquinaria que pone en la calle a los desechables, a los que ya exprimió y a los que jamás se dejarán exprimir.

Cambios profundos para combatir la informalidad y la pobreza

Si se quiere sinceramente acabar con la informalidad y con la pobreza, se requieren cambios profundos en el modo de ejercer la política y en las políticas de gobierno, sobre todo en las políticas económicas y sociales orientadas a combatir el hambre, las enfermedades y el desempleo. Urgen políticas y estrategias eficaces para atender las demandas de alimentación de las mayorías pobres de nuestro país. Urgen políticas para saldar la deuda con el deficitario sistema de salud en nuestro país que deja millones de peruanos a su suerte. Urgen cambios significativos en las políticas de promoción, monitoreo y resguardo del empleo justo y de la diversificación productiva con equidad y desde una línea consecuente con el desarrollo sostenible[7].

La prioridad de las políticas deben ser la alimentación, la salud y el empleo, no el superávit empresarial ni el equilibrio de la caja fiscal. Es el valor supremo de la persona y la mejora de su calidad de vida las que hay que poner por encima del ahorro fiscal, algo que no ha sucedido en las últimas décadas. Es inconcebible que, en medio de la pandemia, ciertas políticas de financiamiento estén orientadas a las grandes empresas que han despedido cientos de trabajadores y se desproteja a los micro y pequeños empresarios que contratan mayor cantidad de trabajadores, tal como lo ha denunciado Pedro Francke[8].

Nadie en su sano juicio saldría a vender y comprar en las circunstancias actuales poniendo en riesgo a su familia y a sí mismo. Cierto que hay quienes lo hacen por razones delictivas, patológicas o de inmadurez, pero son los menos. La mayoría lo hace porque es su única opción para saldar la deuda de hambre con su familia. En un desborde de ira contenida, tras ser perseguido por la policía, un vendedor ambulante gritó: “No les pedimos bono, les pedimos que nos dejen trabajar”.

Los peruanos no somos ociosos ni carentes de imaginación o de creatividad para sobrevivir. Cada año se crean en Perú cientos de miles de nuevas empresas, somos líderes internacionales en emprendimiento. El 2018 Perú ocupó el primer puesto en emprendimiento en América Latina y el quinto lugar en el mundo[9]. Según datos del INEI, tan solo en el último trimestre de 2018 se crearon 70 mil empresas en Perú[10]. Lamentablemente esa gran capacidad de emprendimiento no tiene su correspondencia con políticas públicas de asistencia técnica, financiamiento y monitoreo para que prosperen y generen más empleos. Como consecuencia la mitad de esas empresas terminan en el fracaso, el desánimo y el recurso, de nuevo, de la calle, como estrategia de supervivencia. Es el momento de invertir este círculo vicioso.

En el corto y mediano plazo algo se puede hacer para enrumbar nuestro país hacia una sociedad algo más justa y equitativa, algo más solidaria con los trabajadores y con la ecología, algo más democrática, algo más sensible con los desposeídos. Se tiene que atender, de inmediato, con estrategias de subsidio alimentario más efectivas, a quienes más necesidades tienen.

Sin embargo, hay que ser conscientes de que las grandes transformaciones que nos permitirán caminar hacia una sociedad más justa no lo puede hacer un Gobierno acogotado por las élites de poder económico ni mediatizado por las amenazas o tentaciones que le ofrece este poder en la sombra. En el mediano y largo plazo hay que aspirar y crear las condiciones para contar con gobiernos libres del poder económico y al servicio del bien común.

Este no es solo un asunto político, sino también ético. Para sentar las bases de una sociedad que promueve y defiende el bien común se requiere no sólo cambiar las reglas de juego de elección de los cargos públicos, sino también los procesos de formación de políticos sensibles, solidarios, técnicos y profesionales, y que cuenten con un gran sentido de la ética pública, la que debe gobernar sus vidas, sus decisiones y sus acciones.

Gobernar desde la óptica de los excluidos

El futuro deseable demanda una gran conversión de los políticos de turno y de quienes lo sucedan, una conversión que comienza por mirar el país desde la óptica del desposeído, desde la visión del que sufre la laceración del hambre y la exclusión, desde el banco del desempleado y el obrero maltratado, desde el arado del campesino y desde la canoa del morador de nuestra selva, desde el humilde hogar sostenido por mujeres audaces y desde quienes hacen cola para recibir atención en los hospitales, desde la esperanza que alberga el morador de los cerros desnudos de nuestras ciudades y desde el agotamiento de los niños que con los pies descalzos trasladan el agua a esos humildes hogares.

Esta conversión es requisito indispensable para gobernar porque a las políticas de nuestros políticos actuales les sobra fórmulas macroeconómicas y les falta un toque de humanidad, los domina la ideología del mercado y se han hecho inmunes a la miseria que produce ese mismo mercado.

[1] Diario UNO, 27/05/20. Ver https://bit.ly/2XDMQN4

[2] La República, 28/05/20. Ver https://bit.ly/36Dm4bL

[3] RPP. Ver https://bit.ly/2ZSAq6L

[4] Ver al respecto Perú: élites del poder y captura política, de Crabtree y Durand (2017).

[5] Carlo Brioschi (2019) en Breve historia de la corrupción, hace un recorrido de este fenómeno desde la antigüedad hasta nuestros días, evidenciando cómo operan las élites de poder para poner a su servicio a todos los sistemas de gobierno.

[6][6] Defensoría del Pueblo, 2018. Ver https://bit.ly/3ckprFR

[7] Urgencia de priorizar lo ODS 1, 2, 3, 8 y 16 sobre: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, y paz, justicia e instituciones sólidas. Ver https://bit.ly/3djI79S

[8] Pedro Francke, El fiasco de Reactiva Perú, en https://bit.ly/2XelHRZ

[9] Universia, 08/08/18. Ver https://bit.ly/3gvcEn7

[10] El Comercio, 04/03/19. Ver https://bit.ly/3dopSjq