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Casi perdido en medio de las directrices para afinar las políticas que buscan revertir los efectos de la pandemia, el Gobierno emitió un decreto que diversas organizaciones han interpretado como el primer paso para la liberación de los transgénicos en el país.  La resolución del 22 de mayo ordena que se publique el reglamento que regula, con criterios de seguridad de la biotecnología, el desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM) en el sector agrario.

Los OVM también son conocidos como transgénicos. Se trata de productos que han sido modificados al insertárseles un gen con la finalidad de que cumpla una función específica. Quienes los defienden señalan que se pueden generar cultivos mejorados, con un mayor valor nutricional, que ayudarán a aliviar- cuando no desaparecer- el hambre en el mundo. Quienes se oponen consideran que son dañinos para la salud y que pone en riesgo la biodiversidad en el planeta.

En nuestro país se optó por una especie de tercera vía: la moratoria. El toque de queda de una década para la producción y comercialización de OVM. El 2021 termina ese plazo y el Gobierno decidió que este es el mejor momento para sacar a la luz el documento, cuyo nombre oficial es “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA)”. En el decreto se señala que el objetivo de la publicación es recibir aportes y comentarios. El tiempo que han dado para ello es de 30 días.

El reglamento que encendió la pradera

 A pesar de que el reglamento del INIA se publicó cuando el país andaba inmerso en los temas de la pandemia, este no ha pasado desapercibido. Pronto, un conjunto de organizaciones relacionadas al agro han reaccionado con un comunicado en el que rechazan un reglamento que, según ellos, “busca crear un sistema regulatorio que permita la liberación comercial de cultivos transgénicos al medioambiente”. En este se lee que:

“(La publicación del reglamento) en medio de la pandemia del COVID-19, con el gobierno y los ciudadanos preocupados por nuestra sobrevivencia y la salud de nuestras familias, levanta sospechas de un intento de tomar ventaja sobre la coyuntura para introducir organismos vivos modificados (OVM), también llamados cultivos transgénicos, con solo un reglamento y su aprobación expeditiva”.

 Desde el Gobierno, José Álvarez Alonso, director general de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente niega de plano que detrás del documento puesto en debate exista la intención de liberar transgénicos en nuestro suelo. Cuando se le pregunta sobre la opinión de su ministerio sobre proseguir o no con la prohibición de los transgénicos, responde;

“La ampliación de la moratoria o la liberación de los transgénicos en el ambiente no es un tema que se base en opiniones (si estamos de acuerdo o no). Como toda política pública, debe basarse en evidencia científica que permita asegurar la protección de la diversidad genética de nuestros cultivos y especies. En ese sentido, el MINAM, en su rol de autoridad competente de la Ley de Moratoria, proveerá de toda la información técnica requerida para una toma de decisiones adecuada e informada por parte del Congreso de la República”.

Todo parece indicar que la posición del MINAM no es la misma que la del exministro Antonio Brack, diez años atrás, cuando -aún en la cartera de Ambiente- se plantó frente a su colega del sector Agricultura, Rafael Quevedo, quien junto al presidente García impulsaba la liberación de transgénicos.

Por su parte, el director de Recursos Genéticos del INIA, Carlos Alberto Amasifuén Guerra, en entrevista para Agro Noticias, ha pretendido zanjar cualquier tipo de suspicacia sobre el RISBA manifestando que su publicación tiene más bien la finalidad de abrir la puerta a los aportes de los productores, organizaciones agrarias, entidades públicas y privadas, y sociedad civil en general, para así “garantizar la conservación de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad nacional y los saberes de la agricultura milenaria; restringiendo el ingreso y liberación de organismos vivos modificados que puedan poner en peligro la identidad genética de nuestros cultivos, base para la seguridad y soberanía alimentaria del país”.

Sin embargo, diversas organizaciones sociales y especialistas en la materia dudan de que ésta sea la real vocación del Gobierno.

El tiempo que se estableció para no abrirle la puerta a esta clase de productos partía de la conclusión de que en ese momento aún no se podía determinar con certeza su inocuidad. La pregunta, por tanto, se cae de madura: al término de este periodo, ¿tenemos alguna certeza?

Para Dino Delgado, Director Ejecutivo de la Secretaría para atender las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción comercial entre Perú y Estados Unidos,  la publicación del reglamento no es necesariamente algo negativo, ya que está bien que existan   reglamentos sectoriales de acuerdo a la legislación vigente. Considera que el debate solo se concentra en uno de los usos de los OVM, cuando son tres de acuerdo al Protocolo de Cartagena, al que estamos suscritos como país.

“El primero es la liberación al ambiente, que es el caso peruano cubierto por la moratoria, el segundo es la alimentación directa humana y el tercero  es el uso confinado en los laboratorios. Estos dos últimos no están cubiertos por la moratoria”.

Deja vu transgénico

Hace diez años el tema fue un debate nacional. El expresidente Alan García se pronunció varias veces a favor de los OVM. En 2008, la empresa Monsanto- la principal fabricante de semillas transgénicas en el mundo en ese entonces, que luego fue comprada por Bayer- visitó  al presidente. No se conocieron los términos exactos de la reunión, pero sí se sabía del apetito de la transnacional norteamericana por entrar al mercado peruano.

 En abril de 2011, tres meses antes de dejar el Gobierno, el líder aprista promulgó el Decreto Supremo 003-2011-AG, que abría las puertas de los transgénicos  a nuestro país. Las partes fundamentales del actual reglamento son casi una copia de aquel.

La justificación de García sobre tal dictamen fue que en ese momento la gente comía 63 kg de transgénicos al año sin saberlo, y que su ley, al menos, regulaba la situación. La lógica que seguía el exmandatario era que como los animales que comíamos se alimentaban de estos cultivos, la población, de alguna manera, terminaba con estos en el cuerpo.  El 7 de junio el Congreso de mayoría nacionalista, seguidora del entonces opositor Ollanta Humala, aprobó una ley de moratoria de transgénicos, que fue observada por el Ejecutivo.  Cinco meses después, la moratoria  se aprobó por todo lo alto, ya con Humala en el Gobierno honrando  una de sus promesas de campaña.

A nivel mundial el debate no está agotado, y no lo estará porque existen diversas aristas. Los estudios concluyentes no terminarán con la controversia porque los intereses en pugna sobrepasan los alcances del más importante paper. Un argumento científico deja de serlo si es que no se consideran otros factores.

A un año del término de esta moratoria parece que el Gobierno entendió mal. El tiempo que se estableció para no abrirle la puerta a esta clase de productos partía de la conclusión de que en ese momento aún no se podía determinar con certeza su inocuidad. La pregunta, por tanto, se cae de madura: al término de este periodo, ¿tenemos alguna certeza?

Un argumento que pierde fuerza

En todo este tiempo se han desarrollado diversos estudios para determinar si, como sostuvieron los críticos en años pasados, los alimentos transgénicos producen cáncer y otras enfermedades.

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2014 publicó un informe que señalaba que en los países donde el consumo de los alimentos genéticamente modificados había sido permitido no se había observado efectos nocivos en la salud humana. Sin embargo, la institución enfatizaba en que cada uno tenía “que evaluarse caso por caso, y que es imposible hacer una declaración general sobre la inocuidad de todos los alimentos GM. […] “Hay que seguir evaluando minuciosamente las tecnologías modernas, y examinar los efectos producidos en el ser humano y en el medio ambiente a la vez, no por separado”.

En el mismo sentido, en mayo de 2016 la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que reúne a los principales científicos norteamericanos, publicó un informe, producto de la revisión de toda la literatura e investigaciones realizadas durante 20 años, en el que se concluía que no existía nada que pudiera sugerir daños crónicos a la salud. Aunque también recomendaron que se sigan haciendo estudios de más largo aliento

No todo lo dorado es oro

Coincidentemente, en julio de ese mismo año, un grupo de 19 premios nobel hicieron pública una carta en el que acusaban a la organización ecológica  Greenpeace de crimen contra la humanidad por mantener una oposición férrea a los OVM. El comunicado de los científicos salía a la luz cuando se debatía sobre el uso del arroz dorado, una variedad de arroz al que se le adicionaba  betacaroteno, la fuente de la vitamina A. Los fines del cereal respondían a las cifras dadas por la OMS, que sostenía que la deficiencia de esta vitamina “afecta a unos 190 millones de niños en edad preescolar, mayormente en África y Asia Sudoriental, y a la vez es causa de ceguera y muerte de miles de personas de esta región”.

Sin embargo, cada uno estos argumentos en favor de la promoción de los productos modificados genéticamente ha tenido una réplica desde los abolicionistas. A los científicos norteamericanos los acusaron de conflictos de intereses, ya que la Monsanto- la empresa que en ese momento controlaba el mercado de estas semillas- financiaba muchas investigaciones de los doctos (en su momento, se llegaron a mostrar algunos correos comprometedores).  De igual manera, se ha cuestionado el valor del cereal milagroso. Según el propio Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI)- promotores del transgénico- el arroz dorado contiene menos del 10% de la cantidad equivalente de vitamina A presente en las zanahorias. También se ha cuestionado la caducidad de este componente, de acuerdo con un informe publicado por GRAIN, MASIPAG y la Red Stop! Golden Rice “sólo 60% del contenido de betacaroteno está presente en el arroz dorado después de tres semanas de almacenamiento y sólo 13% después de diez semanas”.

 Por otro lado, en dos de los países más afectados por la deficiencia de vitamina A, como Filipinas y Bangladesh, se ha logrado contener este problema en base a un cambio en la dieta y la administración de cápsulas de betacaroteno. ¿Valdría la pena empeñar la agricultura de un país a la empresa que fabrica las semillas?

A nivel mundial el debate no está agotado, y no lo estará porque existen diversas aristas. Los estudios concluyentes no terminarán con la controversia porque los intereses en pugna sobrepasan los alcances del más importante paper. Un argumento científico deja de serlo si es que no se consideran otros factores. ¿Está bien intervenir los genes de los productos alimenticios a fin de mejorar su nivel nutritivo? ¿Aún si las semillas tienen uso único y son provistos por una sola empresa? No podríamos responder la primera pregunta sin tener en cuenta la segunda.

 Con la absorción de la empresa Monsanto por la Bayer, una sola empresa  no solo controla más del 80% del mercado de las semillas transgénicas, sino también el de los pesticidas. Precisamente, otra de las discusiones es la relación entre las sustancias que matan plagas y los transgénicos. Mientras los defensores de los transgénicos aseguran que las semillas modificadas disminuyen el uso de los pesticidas, el otro grupo sostiene que, por el contrario, lo aumentan. La respuesta más clara, por tanto, es “depende”. Eso mismo sostiene el biólogo David Castro en un artículo publicado en El Comercio:

“No se puede dar una única respuesta a la pregunta de si los transgénicos aumentan o reducen el uso pesticidas. Esta depende de qué tipo de transgénicos estamos hablando. Los que son resistentes a insectos si han permitido reducir el uso de insecticidas y, consecuentemente, menor impacto ambiental. Por otro lado, los que son tolerantes a herbicidas, específicamente, en el caso de la soya, han conducido a un incremento en su uso y a un efecto perjudicial sobre el ambiente”.

El otro argumento que impulsó la moratoria en nuestro país, señalaba el riesgo que el flujo genético podría contaminar los cultivos nativos y de esa manera acabar con nuestro bien natural más preciado: la biodiversidad.  El mismo director de recursos genéticos del INIA lo ha reconocido.

“Para el contexto de la biodiversidad, en algunos países asiáticos, se ha evidenciado que los OVM interfieren en el flujo génico y pueden tener un efecto sobre las plantas cultivadas y sus parientes silvestres del entorno”.

¿Cómo nos agarra el fin de la moratoria?

En  2011 llegamos   a la conclusión de que el Perú no contaba con las  capacidades suficientes para hacer una  evaluación  rigurosa de los organismos vivos modificados  y sus productos derivados. ¿Cuáles eran estas condiciones? Contar con un personal capacitado, laboratorios los suficientemente implementados que puedan hacer la identificación y contar con información actualizada de la diversidad biológica que pudiera  ser afectada ante la eventual liberación de transgénicos.

 Bajo esa premisa y aunque reconoce el trabajo del Minam en temas como el control y la vigilancia de posibles cultivos transgénicos en el país, Dino Delgado considera que no se cuenta aún con la información suficiente: “No se  ha hecho en el país ese estudio integral para saber cómo estamos hasta el día de hoy, más allá de los reportes  que el Minam envía al Congreso de la Republica  en los avances de la implementación de la moratoria”.

Por su parte, el abogado especialista en derecho ambiental, Manuel Ruiz, no niega la posibilidad de que pueda coexistir en el país una agricultura que albergue en ciertos lugares específicos y controlados algunos cultivos transgénicos. Pero para eso se debe de contar estudios rigurosos. Para él, tampoco existe esta información.

“Las circunstancias son exactamente las mismas que las que existan hace diez años, probablemente con  una creciente presión del sector privado. Con lo que tenemos hasta el momento, difícilmente uno podría estar a favor de eliminar la moratoria. Por eso mismo insisto que las autoridades del MINAM tiene que armar su caso, hacerlo sólido  y bien  fundamentado para que, en todo caso, no se abra la agricultura para este tipo de organismos”.

Desde el Minam tienen una percepción distinta. Para ellos sí se tienen los elementos suficientes para una evaluación final.  No es difícil imaginar cuál será el veredicto.

“En estos ocho años y medio de la implementación de la Ley de Moratoria se han hecho grandes avances respecto al conocimiento de la diversidad de los cultivos priorizados y la seguridad de la biotecnología, de acuerdo con los objetivos establecidos por Ley. Contamos con laboratorios con capacidad para realizar análisis de transgénicos en diversas matrices (semillas, hojas, incluso en alimentos procesados), conocemos la distribución de la diversidad genética de los cultivos que podrían ser afectados por la potencial liberación de transgénicos en el ambiente, se han fortalecido las capacidades de los profesionales responsables de evaluar los riesgos y beneficios de los transgénicos, y contamos con un sistema de control y vigilancia que nos permite detectar ingreso o liberación ilegal de transgénicos”, sostiene Álvarez Alonso.

Planeta transgénico

En el mundo, desde que se inició la moratoria en el Perú hasta el día de hoy, los cultivos transgénicos han crecido solo cuantitativamente. Es decir, hay más hectáreas destinadas a estas semillas, pero casi en los mismos países. En 2010 estábamos por debajo de los  150 millones de hectáreas y hasta 2018, en que se realizó el último reporte, existían 191.7  millones de hectáreas. La tabla de posiciones no ha variado: son cinco países los que concentran el 90% de los cultivos. EE.UU la lidera con aproximadamente 75 millones de hectáreas, seguido por Brasil Argentina, Canadá y la India.  En Europa continúan las restricciones, solo España concentra el 95% de los cultivos en Europa.

 El debate sobre la afectación de  la biodversidad, por parte de las semillas transgénicas, es muy complejo para  restringirlo a un sí o un no. Incluso si se comprobasen los estudios que dicen que no varían el componente genético de nuestra variadísima fauna, hay un aspecto importante que no está dentro de la competencia de la ingeniería genética.

 Los cultivos de la soya transgénica han sacrificado miles de hectáreas en la amazonia brasileña. Y la cosa pinta para peor en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos   y China. Producto de esta, entre estos dos países se impusieron altos aranceles a la importación de productos, por ello China ha decidido mirar a otros lados. El principal candidato es Brasil, el segundo productor de transgénicos en el mundo, quien debería cubrir la cuota de 37,6 millones de toneladas de habas de soya. Una noticia para los exportadores de cereal de ese país y para quienes le venden la semilla, pero mala para la humanidad, porque va a implicar una mayor deforestación. Brasil es el país con más bosques deforestados en el mundo, y una de las cusas principales es la expansión de la agroindustria. Solo el año pasado se perdieron un millón 361 mil hectáreas. El 92,3% de la soya que se cultiva en Brasil es transgénica.

 Hay quienes ya advierten que la urgencia por reactivar la economía en el país puede llevar a que se relaje la legislación ambiental. A veces la necesidad y el hambre se juntan. La necesidad de recuperar divisas con el hambre del agroexportador.

“En una  situación de crisis generalizada, la demanda de impulsar la economía casi a como a de lugar también tiene sus riesgos y hay que  trabajar un proceso de blindaje político para no debilitar  todas las cautelas ambientales porque simplemente tenemos que volver a cifras positivas. Debilitar  el sistema ambiental sería  un error muy grave”, señala Manuel Ruiz.

 Para Luis Gomero, de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (AAR),  la solución en nuestro país para preservar nuestra seguridad ambiental y la misma economía campesina es la prórroga de la moratoria, pero esta vez de carácter indefinido. Sus argumentos también son de carácter económico: declararnos un país libre de transgénicos  sería mucho más rentable.

“Es importante destacar nuestras variedades locales,  hasta los híbridos  generados por el propio Inia son muchos más competitivos que los transgénicos. Nuestros algodones son mucho más competitivos en calidad y en  tamaño de fibra que los algodones transgénicos que se promueven a nivel mundial. También podemos encontrar en nuestra biodiversidad una variedad  de plantas que pueden ser vitales para la alimentación o  con fines  farmacéuticos. Todo esto lo podemos aprovechar como país sin darle opciones a las grandes corporaciones para  que intervengan  y generen un saqueo genético. La mejor opción es vendernos  al mercado mundial como un país libre de transgénicos. Esa sería una ventaja comparativa”.  

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Según la ONU, el 45% de las frutas y vegetales que se cosechan en todo el mundo se desperdician, lo mismo ocurre con el 30% de los cereales y el 20 % de carne. ¿Es un argumento real el hambre en el mundo para justificar el impulso de los transgénicos? En cambio, ¿será válido traer a debate el dato que una sola empresa acapara más del 80% de mercado de las semillas transgénicas? Por último, ¿tiene sentido que Perú se meta a este negocio? Quizás la respuesta venga en forma de meme: aún no estamos preparados para esta conversación.