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A mediados de abril, tras casi un mes de cumplirse la cuarentena obligatoria en territorio peruano, la Policía de Huancayo recibió una serie de llamadas inquietantes. Alrededor de diez vecinos de diferentes distritos comentaban, muy preocupados, que ciudadanos extranjeros —en concreto, venezolanos— estaban asaltando las viviendas de sus barrios con armas de fuego o promoviendo saqueos. La Región Policial Junín desplegó más de 400 efectivos de las comisarías de El Tambo, Chupaca, San Agustín de Cajas, San Jerónimo y Sapallanga sin encontrar indicios de ningún delito. El oficial a cargo de esa región, Adán Alvarado Ramos, refirió que no eran más que denuncias falsas, psicosociales que habían sido difundidos principalmente desde Facebook.
Muchos casos más de noticias falsas (o fake news) han sido difundidos desde diversas redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter, y de manera preocupante por la mensajería de WhatsApp, en donde es más difícil rastrear el origen del mensaje. En una situación de pandemia, donde se genera angustia, alarma e inseguridad, no resulta sorprendente que se difunda información que busque causar zozobra social. Sea por causas políticas, discursos de estigmatización o para aprovechar las vulnerabilidades, existe un buen grupo de personas que se dedica a desinformar. ¿Cómo entender este fenómeno? ¿Qué relación tiene con nuestra seguridad ciudadana en tiempos de la COVID-19?
Para responder a esta pregunta, en primer lugar, adentrémonos un poco en el concepto de “infodemia” y cuáles son las repercusiones sobre nosotros, en estos tiempos de pandemia.
¿Qué entendemos por infodemia y cómo nos afecta?
Por infodemia comprendemos un nuevo término que hace referencia a la sobreinformación o abundancia de información de un determinado tema, de tal forma que termina siendo un peligro por disponerse no solo de información objetiva y relevante, sino también mucha información falsa o mal intencionada. Como término, la infodemia es un neologismo (una nueva palabra) compuesto por dos elementos: “info” (que proviene de información) y “-demia” (que proviene de epidemia). Literalmente significa “epidemia de la información”.
A mediados de febrero, cuando la pandemia de la COVID-19 todavía no llegaba al Perú, pero se había expandido preocupantemente por Asia oriental y empezaba a asomarse por Europa occidental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el peligro de la infodemia. Así, su director Tedros Adhanom afirmaba que “el nuevo coronavirus se ha expandido por todo el mundo a una velocidad vertiginosa, pero más rápido todavía se está extendiendo la desinformación sobre él, lo que está generando que se agrave el brote”.[1] Y, en efecto, este ha sido uno de los principales retos que se han tenido que enfrentar los Estados, los organismos multilaterales y la propia OMS para frenar la expansión de la pandemia.
La mayoría de noticias mal intencionadas o bulos durante la pandemia se han dado en relación con teorías conspirativas del virus (guerra bacteriológica, control por medio de vacunas, fortalecimiento de los Estados dictatoriales), falsas vacunas o desestimaciones a su letalidad. Miles y miles de estos tipos de mensajes han sido rebotados a través de posts, infografías, videos y comentarios en redes sociales, plataformas multimedia o grupos privados. La mayoría de ellos, por supuesto, no han tenido el mínimo sustento lógico, pero algunos han intentado ser legitimados por autoridades pseudocientíficas, personajes mediáticos o incluso líderes políticos, lo que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades sanitarias. Ha sido tanto el peligro de la infodemia, que la OMS tuvo que entrar en contacto y alianza con Google, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Tik Tok, Pinterest, entre otros, para priorizar información oficial, advertir sobre dudosas y no comprobadas noticias, o en algunos casos censurar mensajes que consideraba contraproducentes para la salud pública. En este último caso, recordemos las censuras que se han hecho contra mensajes de Jair Bolsonaro y Donald Trump, presidentes que se han mostrado reacios al confinamiento obligatorio en sus países (los más golpeados por la pandemia, por cierto).
¿Cuál es la situación en el Perú con respecto a la infodemia? Como en muchos otros lugares del mundo y de la región, en nuestro país también ha existido una respuesta reacia de algunos sectores a confiar en las medidas dispuestas por el Gobierno. Así, se crearon campañas —sin mucho éxito— para desobedecer la cuarentena obligatoria, otras donde se desestimaba las cifras oficiales otorgadas por el Ministerio de Salud (MINSA), y otras menos politizadas con respecto a posibles curas o remedios caseros contra la enfermedad. Según la Fondazione Bruno Kessler (FBK) —que tiene una unidad de investigación llamada CoMuNe Lab a cargo de un observatorio de infodemia de COVID-19 en todo el mundo, auspiciado por la OMS—, nuestro país posee el riesgo de infodemia más alto de la región y junto con Venezuela tenemos el más alto porcentaje de noticias no confiables, además de una enorme interacción de bots o programas de respuesta automático que inundan las redes sociales.[2]
Con un panorama así, no hay duda de que no solo existen riesgos sanitarios por afrontar desde la sobreinformación, sino que también terminan por afectar nuestra percepción de inseguridad. Adentrémonos un poco al respecto.
El problema de las bases de datos y cifras oficiales
Antes de que terminara la cuarentena, ha sido una preocupación muy común entre los medios de comunicación, y una parte de la ciudadanía, el problema de la inseguridad. En concreto, si es que la crisis económica que mellaba a muchas familias pobres podría traer una supuesta “ola” de criminalidad, particularmente en robos y saqueos.[3] La preocupación por encontrar una conexión entre delincuencia y pobreza es un estigma de larga data, el que lamentablemente continúa existiendo en el imaginario social, y obviamente en los medios de comunicación. Algo paradójico en tiempos de pandemia, cuando los más grandes “saqueos” de recursos han ocurrido por casos de corrupción en el Estado o sobrevaloración de precios en productos y servicios sanitarios por parte del empresariado.
No ha dejado de ser verdad que las denuncias por delitos en la Policía decrecieron de manera considerable, sobre todo al inicio del confinamiento. Con la flexibilización de facto de la cuarentena se viene retomando las denuncias a sus cauces normales. Estamos esperando las estadísticas policiales al respecto para comprender no solo cómo el delito ha tenido que paralizar algunas de sus dinámicas, sino también cómo se ha ido adaptando a los cambios y construyendo su propia “nueva normalidad”. Por el momento contamos con datos generales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), en donde se afirma que desde enero hasta mediados de junio las denuncias disminuyeron en un 33 %, de 203 258 denuncias a 136 285 denuncias para ser exactos. Sin los registros pormenorizados, aún no podemos hacer un análisis profundo.
A pesar de las limitaciones, sí podemos afirmar que las alarmas sobre “olas” de robos, crímenes “desbordantes” y el “descontrol” de la delincuencia no son más que adjetivos muy comunes en el discurso mediático. Si bien el Perú es un país donde la delincuencia es una preocupación de primer nivel para la población,[4] no es que exista un crecimiento sostenido y vertiginoso de la criminalidad. De hecho, como bien hemos recogido desde el Instituto de Defensa Legal (IDL) en nuestro Informe anual de seguridad ciudadana 2019, en esta última década (2010-2019) la victimización ciudadana ha tenido un desarrollo relativamente decreciente. En el 2011, había llegado a su pico, cuando el 40 % de la población declaraba haber sido víctima de algún tipo o intento de delito. El año pasado, este porcentaje era de 26.7 %.
A pesar de las estadísticas, las afirmaciones sobre los procesos delictivos siempre recaen en el lugar común (y erróneo) del incremento de la criminalidad. Y en estos tiempos de pandemia, la preocupación ha sido desbordante y acompañada —cómo no— de las características propias de la infodemia. ¿A qué se debe esto?
Entre los diversos factores que se pueden encontrar, vamos a resaltar dos. En el primer caso, la falta de una estadística unificada, actualizada y de fácil acceso para los ciudadanos, investigadores y medios de comunicación. Hace unos años, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) decidió crear un sistema unificado de estadísticas relativas a la criminalidad y la seguridad ciudadana. Así se preparó y lanzó el Data-Crim.[5] Sin embargo, las dificultades metodológicas para recoger información en distintas instancias como la Policía y el Ministerio Público —con tipificaciones del delito diferentes— revelan lo complicado de unificar el sistema. Denuncias como la trata de personas pueden tener mayor cantidad de casos en las fiscalías, sorprendentemente, que en la Policía. O en el caso de la violencia contra la mujer y su entorno familiar, existen mayores denuncias en los centros de emergencia mujer (CEM) que en las comisarías.[6] En otras palabras, las fuentes que recogen las denuncias son diferentes y no coinciden siempre en número. Y a esto le sumamos un segundo problema. La debilidad en materia comunicativa para que un observatorio o sistema de criminalidad (como Data-Crim) sea considerada la fuente confiable y autoridad estadística.
Los efectos negativos de la “criminología mediática” también se podrían disminuir si es que logramos una integración real de las bases de datos sobre criminalidad en el país. Pero también una difusión consciente y real de los conceptos básicos sobre la criminalidad y el delito que no nos dejen llevar por el sensacionalismo.
El problema es que, en este contexto de pandemia, al no centralizarse la autoridad estadística y no saber comunicar los reportes (y ni qué decir de los retrasos de estos últimos, ¡algunos en años!) se crea un vacío aprovechado por quienes buscan causar pánico en la ciudadanía con falsa información. El papel de los medios de comunicación es aquí gravitante para frenar esta infodemia, que también afecta la seguridad ciudadana. Y es algo que pasaremos a analizar en la siguiente sección.
¿De qué tipo de inseguridad hablan los medios en el Perú?
En los debates y discursos sobre la seguridad en el Perú existe un hecho ineludible: la gran mayoría de peruanos se sienten inseguros. Según datos del INEI, a finales del 2019, la percepción de inseguridad llegó al 85.6 %. Durante los últimos diez años, esta cifra se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, el entendimiento público de este dato parece cada cierto tiempo confundirse con la representación mediática del mismo. Por lo tanto, valdría la pena hacernos la pregunta: ¿a qué nos referimos por percepción de inseguridad?
De manera breve, la percepción de inseguridad —tal como la mide el INEI— se refiere al miedo al crimen. Es decir, el temor de las personas a ser víctimas de la violencia delictiva que se manifiesta como un problema social concreto y presente en su entorno inmediato. De la misma manera, la victimización (delictiva) hace referencia a los agravios y perjuicios que sufren las personas por “algún tipo de actividad criminal, generalmente casos de robo, hurto, homicidio, violencia sexual, tráfico ilícito de drogas, entre otros” (Lopéz Villanes, 2014, p. 9).
Desde disciplinas como la criminología —encargadas de estudiar las causas, consecuencias, víctimas y perpetradores del delito, entre otros— se han producido incontables aportes para entender las posibles definiciones, mediciones e intersecciones que existen entre estos indicadores. Indicadores que, por cierto, se encuentran entre los principales al momento de diseñar e implementar estrategias para la prevención y el control de la delincuencia desde el Estado.
El problema surge en que, a veces, el uso de categorías que pueden ser muy amplias como el de “seguridad ciudadana” podría conllevar a un desentendimiento o confusión con respecto a los fenómenos específicos que se están buscando describir y representar. Este problema se amplifica cuando los medios de comunicación masivos emplean el uso de estas categorías de manera indiscriminada para referirse a una serie de fenómenos que no necesariamente guardan algún tipo de relación entre sí.
Veamos un ejemplo. Antes de levantarse la cuarentena y darse por iniciada la fase de reactivación económica, algunos medios hicieron eco del hecho de que durante la primera quincena de junio se habían registrado 1658 delitos a nivel nacional, es decir, 702 más de aquellos registrados en mayo. Por lo tanto, alertaban que se estaba produciendo una “ola de crímenes alarmante” durante el confinamiento.[7] Esta información buscaba contrarrestar aquella narrativa que se había construido sobre el efecto positivo del aislamiento social obligatorio (cuarentena) sobre la criminalidad. No obstante, si contrastamos estas cifras con aquellas recogidas por la Policía durante el mismo periodo el año pasado —en junio del 2019 se registraron 30 mil denuncias por delitos a nivel nacional—, veremos que, en realidad, se trata de una cantidad muy pequeña en comparación (aproximadamente el 5 %).[8]
Una situación similar se suscita actualmente cuando los medios intentan comunicar al público sobre el “aumento potencial” de la delincuencia desde que se reiniciaron algunas actividades económicas y se flexibilizaron las restricciones de desplazamiento.[9] Evidentemente, la delincuencia se ha normalizado. Esto no debería sorprender a nadie puesto que los delincuentes han salido de la cuarentena como el resto de la población. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, no contamos con datos concretos para aseverar si efectivamente la criminalidad ahora es mayor que antes de declararse el estado de emergencia.
El énfasis de los medios por señalar que la delincuencia se ha disparado después del confinamiento llevó a que algunas autoridades refuten, en parte, estas declaraciones. El propio ministro del Interior se refirió a este hecho afirmando que: “No hablemos de aumento de la delincuencia porque si nos ponemos a ver cifras, está muy por debajo que antes de la pandemia. Lo que está sucediendo es que la delincuencia está saliendo de su cuarentena y que habría una intención de recuperar espacios”.[10]
Como podemos ver, en el Perú el ejercicio de lo que el jurista y criminólogo argentino Raúl Zaffaroni denomina como “criminología mediática” es muy abundante. Con este término Zaffaroni (2013, p. 216) se refiere a la “creación de una realidad (delictiva) a través de la información, subinformación y desinformación en convergencia con prejuicios y creencias”, los que son presentados y amplificados por los medios de comunicación y de los cuales se nutren la mayoría de ciudadanos.
Evidentemente, sería muy difícil que esto suceda de otro modo. Al fin y al cabo, la mayoría de personas en el país no están especializadas en criminología ni tampoco tendrían que estarlo. Sin embargo, los efectos negativos de esto se amplifican de manera notable en la actualidad con la prevalencia de la internet, los medios digitales y sus efectos sobre el periodismo: debilitamiento de su rol de vigilancia, reducción de recursos para la investigación periodística, para la verificación de datos a políticos y para el contrapeso que podrían ejercer hacía las voces estridentes y falsedades de las redes sociales (Paxman, 2019, p. 9).
En medio de este contexto, es fácil ver cómo los medios pueden involuntariamente presentar nociones imprecisas —y en algunos casos falsas o no corroboradas— sobre lo que se denomina como “seguridad ciudadana” en el país. Las redes sociales y sus mecanismos simples de reproducción de información exacerban el panorama aún más. Por lo tanto, cuando los medios hablan de inseguridad efectivamente están hablando de la sensación de desprotección a causa de la violencia criminal.
No obstante, la percepción de inseguridad no está solamente ligada a la victimización delictiva. De hecho, existen una serie de estudios que demuestran que no necesariamente existe una correlación directa entre ambos datos. La percepción de inseguridad también se puede explicar por la victimización indirecta, la desconfianza en instituciones como la Policía, los niveles bajos de cohesión social dentro de una determinada sociedad y la difusión de noticias sensacionalistas (Mujica, 2017).
Por lo tanto, cuando los medios toman un dato y lo estiran es fácil explicar cómo una serie de homicidios que no guardan relación entre sí y son menores en términos comparativos —Perú tiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región— termina siendo descrito como una “ola de asesinatos” en la portada o página web de algún diario. Lo mismo sucede con la identificación de algunos ciudadanos venezolanos dentro de organizaciones criminales que operan en el país. Por ejemplo, un diario de España hace el siguiente comentario al respecto del arrebato de un agente policial por parte de dos criminales venezolanos: “Antes de la llegada de la pandemia, ya se asentaba un conflicto social preocupante entre venezolanos y peruanos”.[11]
No es difícil ver entonces cómo este tipo de información y adjetivos podrían influir en hechos reales, como el psicosocial compartido por WhatsApp en Huancayo descrito al inicio de este artículo. Por lo tanto, la interrogante recae ahora sobre qué se puede hacer para combatir la infodemia y los riesgos que la desinformación representa
La necesidad de la verificación de datos
La verificación de datos en el Perú —el denominado fact-checking— en los principales medios de comunicación es una práctica relativamente nueva. El concepto y práctica se extendió de manera global sobre todo durante los últimos años. La pandemia de la COVID-19, así como la sobreproducción de información y desinformación con respecto al coronavirus, sus posibles curas, tratamientos y efectos han generado una necesidad masiva para la verificación de datos en el mundo.
Carla Díaz, periodista del portal Ojo Público e integrante de la unidad de verificación de datos de ese medio (Ojo Biónico), nos comenta que en el Perú la desinformación ha girado sobre todo en torno a mensajes con respecto a posibles curas del virus. Ella explica que esto se debe principalmente a un hecho concreto: la ausencia de un sistema de salud pública solido que pueda atender a las necesidades sanitarias básicas de las personas en el contexto de la pandemia. De esta manera, nos describe que muchas de estas curas estaban referidas en su mayoría a lo que podríamos denominar como medicina alternativa: vaporizadores, plantas ancestrales, medicinas tradicionales, entre otras sustancias que no han sido probadas científicamente para combatir los efectos del virus.
Hasta poco antes de la pandemia, Ojo Biónico era una de las únicas unidades de verificación de datos en el Perú. De hecho, es la primera. Con la exacerbación de la pandemia, la necesidad por contar con información confiable llevó a que se creen unidades similares en otros medios, aunque está práctica aún no se ha generalizado en los principales medios del país, aquellos cuyo alcance es más amplio.
En el caso de Ojo Público también, mediante sus redes de corresponsales radiales, sus procesos de verificación se difunden en lenguas originarias (como el quechua y el awajun) en otras regiones del país. Lo cual sirve para demostrar que el alcance de la desinformación es el mismo y quizá hasta más amplio que el del propio virus.
La pandemia no solo ha traído el virus sino una ola de males adicionales dentro de los cuales podemos señalar a la desinformación como uno de los principales. El debate mediático sobre la seguridad en el país muchas veces se da sobre espacios comunes que, tras años de propagación, se han construido como nociones generalizables y naturalizadas para la población (y algunas autoridades también).
Con respecto a la difusión de noticias falsas en torno a la seguridad Díaz nos dice: “La COVID-19 lo ha impregnado todo […]. Las estafas son mensajes que también se han difundido a través de cadenas de mensajes que buscan extraer información de las personas que reciben dichos mensajes”. Efectivamente, durante la cuarentena el crimen migró a las redes sociales y los espacios virtuales. Incluso una de las noticias más suscitadas durante el confinamiento fue la del hackeo a la página del Bono Universal que dispuso el Estado para aliviar la situación económica de los hogares más vulnerables del país.
La pandemia no solo ha traído el virus sino una ola de males adicionales dentro de los cuales podemos señalar a la desinformación como uno de los principales. El debate mediático sobre la seguridad en el país muchas veces se da sobre espacios comunes que, tras años de propagación, se han construido como nociones generalizables y naturalizadas para la población (y algunas autoridades también). El contexto actual solo puede exacerbar este escenario. Incuestionablemente, se hace indispensable que exista una responsabilidad compartida entre los medios y los usuarios al momento de difundir y compartir información de dudosa procedencia o legitimidad.
A fin de combatir los riesgos que la infodemia pueda representar, resulta importante la promoción de espacios de verificación de datos, así como la ampliación de su cobertura a otras regiones y lenguas. Los efectos negativos de la “criminología mediática” también se podrían disminuir si es que logramos una integración real de las bases de datos sobre criminalidad en el país. Pero también una difusión consciente y real de los conceptos básicos sobre la criminalidad y el delito que no nos dejen llevar por el sensacionalismo. Y es que la desinformación en torno a la seguridad, de la misma manera que en el caso de la difusión de noticias falsas sobre temas sanitarios, podría significar no solo daños graves sino también la pérdida de vidas humanas. Acabar con ella es una tarea que nos compete en conjunto a la sociedad civil, y particularmente a los investigadores como a los medios de comunicación.
Referencias bibliográficas
Instituto de Defensa Legal (2020). Informe anual de seguridad ciudadana 2019. A un año del bicentenario: desafíos pendientes. Lima: IDL. Disponible en: https://idl.org.pe/informe-anual-de-seguridad-ciudadana-como-estabamos-protegidos-antes-de-la-pandemia/.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020a). Informe técnico N.º 1. Estadísticas de seguridad ciudadana, agosto del 2019-enero del 2020. Lima: INEI. Disponible en: http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_seguridad_agosto2019_enero2020.pdf.
López Villanes, N. (2014). Inseguridad y percepción de inseguridad en Lima, Perú. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
Mujica, J. (16 de febrero de 2017). ¿Por qué nos sentimos inseguros? El Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/sentimos-inseguros-jaris-mujica-404011-noticia/?ref=ecr
Paxman, A. (2019). Latin American Media & the State: Beyond the Old Symbiosis. E.I.A.L., 30(2), 9-8.
Zaffaroni, R. (2013). La cuestión criminal. Buenos Aires: Editorial Planeta.
[1] Las citas provienen de un artículo escrito por Adhanom titulado “La desinformación frente a la medicina: hagamos frente a la ‘infodemia’”. La versión en nuestra lengua fue publicada por El País de España, el 18 de febrero: https://elpais.com/sociedad/2020/02/18/actualidad/1582053544_191857.html.
[2] El observatorio dirigido por FBK trabaja en base al análisis de cientos de millones de mensajes de Twitter. Para mayor información, visitar su página web: https://covid19obs.fbk.eu/.
[3] Al respecto, los dos autores de este artículo han sido entrevistados en diversas ocasiones por los medios con la pregunta de si va a crecer la delincuencia ante la escasez de recursos económicos. Para el caso de Corzo Vargas, véase: https://rpp.pe/lima/seguridad/aumentara-la-delincuencia-con-la-crisis-economica-poscuarentena-esto-dice-un-experto-noticia-1271836; y para el caso de Pecho Gonzáles, véase: https://youtu.be/IEWSfFFZNUk. Ambas entrevistas fueron brindadas para RPP.
[4] El año pasado, 85.6 % de peruanos afirmaba que se sentía inseguro y posible víctima de un delito. Esta percepción de inseguridad es recogida por el INEI (2020).
[5] Para un mayor análisis sobre este sistema, puede revisarse nuestro citado informe (IDL, 2020).
[6] Debemos resaltar que algunos CEM operan dentro de la comisaría, pero muchos otros de manera independiente. A esto se debe la disparidad en el recojo de estadísticas de las denuncias, además de que no todas ellas son procesadas por la Policía.
[7] Como un ejemplo de esto puede verse la siguiente nota televisiva que apareció en señal abierta: https://panamericana.pe/buenosdiasperu/locales/298495-cuarentena-detuvo-crimines-delitos-lima.
[8] Naturalmente, esta comparación puede parecer un poco forzada puesto que para ser completamente valida debería hacerse sobre la cantidad de delitos cometidos en la primera quincena de junio el año pasado. No obstante, si esta cifra fuera la mitad de aquella registrada para ese periodo (15 mil denuncias), la proporción seguiría siendo relativamente pequeña en comparación (11 %). Los datos utilizados provienen de la Policía.
[9] Véase la siguiente nota periodística en el portal web de un medio de circulación nacional: https://larepublica.pe/sociedad/2020/07/19/delincuencia-aumento-potencialmente-desde-la-reactivacion-economica/.
[10] Para mayor información, se puede revisar la siguiente nota: https://peru21.pe/lima/coronavirus-peru-gaston-rodriguez-sobre-delincuencia-no-hablemos-de-aumento-porque-las-cifras-esta-muy-por-debajo-que-antes-de-la-pandemia-covid-19-estado-de-emergencia-inseguridad-ciudadana-nndc-noticia/?ref=p21r.
[11] Véase: https://www.larazon.es/america/20200714/kkup7c4rivgfjjakvfgsfmg36y.html.
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