La cultura del encuentro: pandemia, ciudadanía y programas sociales

Escrito por Crédito de imagen: Andina.pe

La pandemia del coronavirus es la peor catástrofe global en más de un siglo. Al momento de escribir estas líneas, a nivel mundial pasamos de 20 millones de infectados y nos acercamos a los 750 mil fallecidos. En Perú los casos positivos llegan a casi el medio millón y los decesos son al menos 21 mil según datos oficiales[1]. Sin duda alguna, estas tristes cifras seguirán aumentando en los próximos meses. Por ahora no existe un tratamiento certero y la esperanza de una vacuna segura y eficaz que además sea accesible a las naciones más pobres, tomará tiempo. Cabe recordar además, que si bien el origen del Covid 19 es el contagio animal-persona (zoonosis), hoy la forma casi exclusiva de contagio es de persona infectada a persona sana. El virus se transmite por el aire cuando el infectado expele pequeñas gotas de saliva al hablar, toser, reír o gritar. Por ello se ha insistido en medidas de mitigación como el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el quedarse en casa. Aunque parezca obvio, el acatamiento de estas medidas dependen en gran parte de las normas, hábitos y prácticas de sociabilidad, es decir de la manera como interactuamos con los “otros” en diferentes contextos. Por tanto para enfrentar la pandemia es crucial entender primero, para luego poder influir y, lo más difícil, modificar las normas y hábitos de interacción interpersonal. A esto último le hemos denominado la “Cultura del encuentro”, tema que queremos empezar a explorar en este breve artículo.

La importancia de la cultura

Por “cultura del encuentro” entendemos las normas, hábitos y prácticas de interacción interpersonal en los ámbitos familiar, amical, laboral y social. Estas normas, hábitos y prácticas tienen gran diversidad cultural, es decir son específicas a ciertos contextos, grupos sociales, y varían por género y edad. Un ejemplo simple es la forma de saludarnos y despedirnos: en las culturas latinas es común un beso en la mejilla entre adultos de sexo diferente, entre los franceses son dos. Italianos y argentinos acostumbran el beso entre amigos cercanos, lo que es común solo entre mujeres en el resto de América Latina. Aún de adultos, el beso de los hijos varones a sus padres es habitual en nuestra cultura; en las culturas anglosajonas lo es el apretón de manos. Durante mis años de estudio en Inglaterra, me sorprendía ver a mis compañeros de aula procedentes de países del África Sub-sahariana, andar por la calle tomados de la mano, práctica que no me hubiera llamado la atención tratándose de dos compañeras. Como es obvio estas costumbres culturales suponen diferentes niveles de riesgo y son difíciles de cambiar. Las formas de acercamiento físico son profundamente simbólicas y se basan en valores adquiridos en la socialización temprana, orientados por la autopercepción del cuerpo y por normas culturales que regulan la empatía, el respeto y el apego[2]. A continuación discutiremos brevemente como estas normas regulan las relaciones en los ámbitos familiar, amical, laboral y social y su relación con la pandemia.

Sin duda el ámbito de mayor interacción entre las personas es el familiar. Es en este contexto que las normas y prácticas de apego, cercanía y contacto físico son más densas, y por ello más difíciles de cambiar. Los riesgos de contagio en el ámbito familiar tienen que ver con muchos factores especialmente los asociados a la movilidad, patrones residenciales y contactos con personas fuera del hogar. Ello ocurre por razones laborales, de abastecimiento de productos básicos y lazos amicales. También tienen que ver los lazos con la familia extensa y la residencia separada de hijos, hermanos y nietos. En nuestra cultura las reuniones frecuentes con la familia extensa de la que participan varias generaciones son la norma. Considérese que, al llegar a los 6 meses de confinamiento, la mitad de los miembros de una familia numerosa cumplirán años. La presión social por celebrar el cumpleaños en forma presencial será enorme. La evidencia reciente indica que el contagio está afectando a familias enteras que comparten la misma vivienda y que el vector más frecuente en estos casos es el contacto con un familiar o persona cercana o allegada infectada.

Una dimensión adicional de riesgo es la percepción de que estas personas “se cuidan bien igual que nosotros”, por lo que se asume que no pueden contagiarnos. Mención especial en temas de riesgo de contagio son los menores. Nuestra cultura valora y promueve la cercanía física con los pequeños que es vista a nivel simbólico como expresión de cariño y protección. Por el contrario, la lejanía y la falta de contacto físico (besos y abrazos) con los menores se entienden como una muestra de egoísmo y poca sensibilidad. Este alejamiento contradice a nivel simbólico lo que se espera de un familiar o conocido (los tíos o tías “de cariño”). Esto estaría explicando muchas de las conductas de riesgo que asumen las personas en el ámbito familiar, en especial los adultos mayores. Estos patrones culturales persisten pese a que según  evidencia médica reciente, los niños, de estar infectados, tienen una carga viral 6 a 10 veces superior a la de los adultos, siendo muchos de estos casos asintomáticos.

Otro dato revelador es el reciente incremento de un 90% en EE UU de menores de 10 años infectados por el Covid 19 y más revelador aún, el hecho que la positividad es 6 veces mayor en menores hispanos y 5 veces mayor en menores afro-americanos que en menores caucásicos[3]. Suponemos que esto ocurre por diferencias culturales en los hábitos de socialización que incrementan el riesgo de contagio tanto para los adultos como para los mismos menores. Sin duda el debate reciente sobre la apertura de colegios en ese país y las contramarchas en esa medida están siendo influenciadas por esta evidencia reciente.

El segundo ámbito a considerar para estimar los riesgos de contagio es el amical. La frecuencia, densidad y duración de las reuniones de amigos está también normada por patrones culturales y residenciales. En casi todas las culturas contemporáneas, son los jóvenes y adultos solteros los que pasan más tiempo fuera de sus viviendas para socializar en centros deportivos, bares, restaurantes, parques o simplemente en las calles del barrio. Nuestros medios de comunicación han dado cuenta de numerosas infracciones tanto de la cuarentena como del “quédate en casa” por reuniones sociales o deportivas en las que era más frecuente la presencia de varones jóvenes. Sin duda el hacinamiento, falta de privacidad y limitada conectividad en los sectores populares urbanos ha empujado a muchos de nuestros jóvenes a no acatar las medidas de confinamiento. Pero ello se repite en otros contextos culturales.

La ciudad de Nueva York ha tenido una de las tasas más altas de contagio en Estados Unidos. Su demografía es particular, hay una mayor proporción de jóvenes y adultos jóvenes entre 20 y 44 años (53% de la población de esa ciudad en tanto que el promedio en USA es 44%) y la mayoría (52%) son solteros (frente a un 36% en ese país). Esto parece estar asociado a que el 40% de los casos positivos en Nueva York sean jóvenes de 18 a 44 años[4].

En cuanto a los ámbitos del trabajo y el uso de los espacios públicos, se combinan en el caso peruano factores estructurales y culturales que se deben tener en cuenta para estima el riesgo sanitario.

Según nuestros cálculos de los 8 millones de hogares en el país, 1.68 millones son pobres o vulnerables (cercanos a la línea de pobreza), por lo que el primer bono parece haber llegado a solo uno de cada cinco hogares pobres.

En la esfera del trabajo, la informalidad es quizás la característica central para entender por qué el “quédate en casa” no ha funcionado como se esperaba. Después de las primeras 4 o 5 semanas de confinamiento durante las que el número de contagios creció lentamente, incluso menos que en Italia, a partir de la sexta semana estos aumentaron rápidamente pues una gran parte de la fuerza laboral urbana tuvo que salir a la calle a trabajar. Como es bien sabido en el Perú más del 70% de la PEA es informal, con bajísimo nivel de ahorro. Un 85% de los pobres es auto-empleado o tiene un trabajo precario en las MYPES[5]. En el Perú aún el sector formal está conformado por más de 1.9 millones de MYPES que representan el 99.5% del total de las empresas formales, siendo 96.7% microempresas (con 1 a 10 trabajadores), las mismas que dan trabajo a cerca del 60% de la PEA ocupada según datos de PRODUCE para 2017[6]. El Perú es un país de MYPES. Además, la mayoría de los informales urbanos trabajan en el sector ventas o servicios personales que requieren presencia física frente al cliente.  Para este vasto sector de la población laboral el dejar de trabajar significa dejar de comer. Si bien los bonos y las canastas de alimentos pueden haber paliado esta situación, ni han sido suficientes ni han llegado a todos los hogares vulnerables. Según una publicación reciente, el primer Bono “Covid 19” dirigido a los hogares en pobreza registrados en el padrón del SISFOH, llegó a menos de 320 mil hogares, el 3.9% del total de hogares del país y el segundo bono “Bono Independiente” dirigido a hogares con trabajadores independientes, cubrió a poco más de 773 mil hogares; un 4.9% del total[7].

Según nuestros cálculos de los 8 millones de hogares en el país, 1.68 millones son pobres o vulnerables (cercanos a la línea de pobreza), por lo que el primer bono parece haber llegado a solo uno de cada cinco hogares pobres. Se ha anunciado un “Bono Rural” y un “Bono Universal”, usando para este último un proceso de focalización inversa, es decir se estiman los hogares que por tener mejores condiciones económicas, no serán beneficiarios de este bono. Pese a esta limitada cobertura, sería injusto no reconocer el esfuerzo de este gobierno, no solo en aliviar en algo la pobreza y la vulnerabilidad, sino también en dinamizar la demanda agregada. Sin embargo la imposibilidad de predecir el futuro de nuestra economía, la fuerte caída en el PBI y la menor recaudación fiscal hace sospechar que será difícil hacer más de lo mismo. Volveremos sobre este punto más adelante.

La informalidad y precariedad laboral no solo se limitan a lo económico. Tienen efectos indudables en la cultura, en especial en la cultura política, es decir en la forma que muchos ciudadanos perciben al Estado y en particular a la autoridad[8]. La desconfianza, el temor y el descrédito marcan buena parte de las relaciones ciudadano-Estado. Según una encuesta de IPSOS[9] entre la población mayor de 18 años el 78% desconfía de los partidos políticos, el 72% del Congreso de la República, el 74% del Poder Judicial, el 60% de ESSALUD, el 59% de la Fiscalía, el 58% de las Municipalidades Provinciales y el 55% de la Policía Nacional. En conclusión, es factible afirmar que la combinación entre la necesidad y el bajo nivel de confianza y credibilidad de las autoridades, expliquen buena parte del bajo nivel de acatamiento de las medidas oficiales para la mitigación de la pandemia en nuestra sociedad.

La respuesta a las medidas de mitigación

¿Cómo ha respondido la población a las medidas de prevención/mitigación ordenadas por el gobierno frente a la pandemia? El INEI en plena inmovilidad social y “toque de queda” (primera semana de mayo) aplicó una encuesta a la población mayor de 18 años de Lima Metropolitana[10]. Los resultados son reveladores: según los propios entrevistados, el 77% usaba mascarilla o salía solo cuando “era necesario”, y un 73% señalaba que se lavaba las manos con mayor frecuencia. Sin embargo, solo el 26% admitía respetar el distanciamiento físico (1 mt. o más), el 12% evitaba las reuniones sociales, tan solo un 4.5% admitía evitar el saludo con contacto físico con parientes o amigos y un mero 1.6% admitía no hacer viajes en transporte público a las 6 semanas de promulgadas estas medidas. Nótese que el mayor nivel de incumplimiento lo tenían las medidas asociadas a los temas de relaciones inter-personales y sociales. Este resultado nos trae a la memoria un antiguo dicho: “la norma se acata, pero no se cumple”, lo que parece reforzar nuestra hipótesis: la cultura importa.

La evidencia empírica sobre los factores que influyen en el acatamiento (“compliance”) de medidas sanitarias en coyunturas de pandemias son escasos. Un estudio reciente (inicios de abril) aplicado a una muestra de 570 personas de 35 estados que impusieron medidas de mitigación en la población norteamericana durante esta pandemia, investiga diez variables explicativas[11]. Solo mencionaremos algunas de las que nos parecen más relevantes para nuestra sociedad.

El primer hallazgo es que el nivel de cumplimiento de estas normas en las fases temprana de su promulgación era alto. Este acatamiento se comprueba en una menor movilidad para compras o reuniones sociales, un menor uso del transporte público y menor asistencia a centros de trabajo[12]. Esta sería la primera diferencia con nuestro caso, pues como ya señalamos en párrafo anterior, el nivel de acatamiento especialmente en lo referido a la interacción social y movilidad espacial era mucho menor. Obviamente no se trata de “culpar  a la víctima” nuestra precariedad económica e informalidad es mucho mayor que la de EE UU.

Un segundo resultado es que existe alta correlación entre el acatamiento de las medidas de confinamiento y la convicción de que lo moralmente correcto es respetarlas por emanar de las autoridades. Esta convicción no dependía de si se pensaba que estas medidas eran  apropiadas o necesaria para protegerse ellos mismo o sus familias, sino al convencimiento de que las normas deben respetarse. Sugerimos como hipótesis de trabajo que esta sanción moral es más débil en nuestra cultura por lo señalado: la menor credibilidad y confianza en la autoridad que las impone. Recordemos que justo antes que la plaga nos llegara, todos los medios estaban saturados de noticias sobre la corrupción de casi todas las autoridades que nos han gobernado en los últimos años.

Los niveles mucho mayores de pobreza y vulnerabilidad han influido en que los costos del confinamiento se hayan sentido mucho más temprano, obligando a buena parte de la población a salir a las calles a buscar su sustento.

Un tercer resultado es que el acatamiento de las normas de confinamiento no estaba asociado a la percepción del costo de las mismas en términos de pérdida de ingresos, empleo o costos afectivos. Es más, las personas que percibían que el impacto en sus condiciones económicas sería importante, no presentaban un nivel significativo de menor obediencia a estas medidas que aquellas que percibían un menor impacto en sus economías. Como los mismos autores señalan, una explicación probable de este resultado inesperado es que la encuesta se realizó en las etapas tempranas del confinamiento cuando el impacto económico y afectivo era aún incipiente[13].

En nuestro caso, sugerimos que los niveles mucho mayores de pobreza y vulnerabilidad han influido en que los costos del confinamiento se hayan sentido mucho más temprano, obligando a buena parte de la población a salir a las calles a buscar su sustento. Recordemos además que nuestra política social no tiene un seguro de desempleo al que se han acogido más de 30 millones de trabajadores en EE UU: uno de cada cinco[14]. La implicancia de política es clara: la observancia de la inmovilidad social es inversa a su duración. Por tanto, prolongarla o restablecerla determinaría su menor acatamiento.

Un aspecto sicológico interesante del estudio en mención es que las personas con menor auto-control y mayor impulsividad son más propensas a no acatar las medidas de inamovilidad y distanciamiento físico y social. En clara alusión a la población joven, en especial varones, este hallazgo confirma la impresión que tenemos de la mayor desobediencia a la norma de adolescentes y jóvenes, lo que ha llevado en nuestro medio a prohibir eventos deportivos presenciales y en Nueva York a retirar las cestas de las canchas públicas de basketball.

En cuanto a la severidad de castigos, multas y el miedo a ser sancionados, el estudio encontró que estos factores no estaban asociados al acatamiento de las normas. Por el contrario, el miedo o la percepción de autoritarismo y discrecionalidad en sancionar su violación influía en su menor acatamiento. Lo que sí resultó relevante es la percepción de la capacidad de la autoridad para imponer la norma y cobrar el castigo, es decir su capacidad de gobernanza o “enforcement”[15]. Para nuestro medio social, el endurecer las normas y las sanciones podría tener un efecto contra-producente si ello no está asociado a una percepción de neutralidad y capacidad de hacerlas cumplir.

Concluyendo, el estudio revela que el acatamiento de las normas destinadas a mitigar el impacto de la pandemia se relaciona positivamente con la capacidad y convencimiento de la población de que ello es lo social y moralmente justo, su capacidad de autocontrol y las menores oportunidades de violarlas (por cierre de tiendas, restaurantes, y otros lugares/espacios de concentración de personas)[16]. Añadiríamos que en nuestra sociedad también influye el contexto  familiar (la familia extensa como ámbito privilegiado de la socialización y de las relaciones inter-personales)  y económico (informalidad y precariedad del trabajo) así como una cultura política basada tanto en una baja confianza y credibilidad en las autoridades como en un concepto mutilado de ciudadanía que resalta los derechos, pero obvia las obligaciones frente a los demás (especialmente con los no-allegados) y frente al Estado. El cambio cultural profundo que nuestra sociedad requiere es haces bien las cosas por convicción y no por miedo a ser sancionados.

Algunas sugerencias

Aunque no es el propósito de este breve artículo ni considero tener la competencia para aventurarme a proponer una estrategia integral para la mitigación de la plaga que nos aqueja, intentaré ofrecer algunas sugerencias puntuales basadas en el texto anterior. Considero importante enfatizar no solo el contenido de estas medidas, sino también la forma de llevarlas a cabo.

  1. Convencer y no solo imponer: Los medios están saturados de mensajes sobre qué hacer y cómo evitar el contagio por el Corona Virus. Sin embargo, no hay unidad de contenido y hay mucha información confusa e incluso falsa. Lo primero por tanto sería una campaña masiva de medios concertada que tenga un núcleo común referido a los factores de riesgo (en especial los asociados con los contactos inter-personales en el contexto familiar y amical) y a las responsabilidades personales en la mitigación como la única medida efectiva por ahora. Esta campaña unitaria podría contar con una línea de consulta abierta (línea gratuita 800) para orientación de medios y ciudadanos frente a rumores y noticias falsas. Ello podría complementarse con un sistema de seguimiento para que, periódicamente, se puedan detectar y desmentir estos rumores y, de ser el caso, sancionar a las fuentes que las propalan en acuerdo con las instituciones que agrupan a los medios de comunicación. Las caras visibles de esta campaña de prevención no deberían ser solo autoridades, sino también líderes de opinión, artistas, deportistas, religiosos, etc. es decir personas que tengan credibilidad y popularidad. Lo clave es que el mensaje sea coherente y unitario.
  2. Mapa de vulnerabilidad. Sugerimos elaborar, con data que ya existe, un mapa de vulnerabilidad hasta el nivel distrital con tres indicadores que midan a) riesgo poblacional (casos positivos por cada 1000 habitantes), b) riesgo sanitario (casos positivos como porcentaje de casos testeados, en especial con pruebas moleculares por su mayor confiabilidad) y c) promedio de la tasa de incremento en a) y b) actualizada quincenalmente (período de maduración del Covid 19).  Los tres indicadores podrían combinarse en un índice de vulnerabilidad distrital y provincial de amplia difusión.
  3. Confinamiento selectivo. Este mapa sería el principal instrumento para determinar medidas de inamovilidad a nivel provincial, pues no es factible ello a nivel distrital. Pero además permitiría incrementar la toma de pruebas moleculares en los distritos con mayores índices de vulnerabilidad. La toma de pruebas moleculares podría complementarse con una breve encuesta sobre la movilidad espacial y los contactos frecuentes de los que se aplicaron la prueba en los 15 días anteriores para dos propósitos en el caso de los positivos: a) alertar a sus familias y personas que tienen contacto frecuente para evitar mayores contagios y aplicar la cuarentena  y b) detectar los lugares públicos más frecuentados por los contagiados (mercados, lugares de trabajo, líneas de transporte público, etc.) para allí reforzar las medidas de control sanitario. Acotar los distritos con mayor riesgo, permitiría focalizar la trazabilidad de contactos frecuente de los casos positivos en una escala más manejable. Varios expertos han sugerido que ello podía realizarse con los datos que poseen los operadores de telefonía móvil, lo que valdría la pena considerar aunque ello requeriría fondos y personal adicional.
  4. Evitar las aglomeraciones inducidas. Continuar, por lo menos hasta que un 60% de la población esté vacunada, con la promoción del tele-trabajo, la educación a distancia y la prohibición de reuniones sociales o amicales, aunque esto último sea difícil de controlar. Lo que sí se debe evitar es que las medidas de apoyo a la población vulnerable sean motivo de aglomeraciones incentivadas por la necesidad en las cuales no se respeta el distanciamiento físico. El Estado debe llegar a los hogares y no al revés. Eso será clave en la próxima distribución del Bono Rural y el Bono Universal. Debe facilitarse la bancarización digital y explicar claramente las condiciones de la recepción de estos bonos. Asimismo el reparto de canastas alimentarias debe desconcentrarse trabajando con las organizaciones de base (comedores populares, club de madres, etc.) y las instituciones privadas y sin fines de lucro que tienen mayo penetración territorial. El gobierno no puede solo.

(Revista Ideele N° 293 Agosto 2020).


[1]“ Perú en tus manos” del 10/8.

[2] Mascia-Lees, Frances E., ed. A Companion to the Anthropology of the Body and Embodiment. Wiley-Blackwell, 2011.

[3] CNN, noticiero transmitido el 10/8  a las 9.04 pm hora de Lima.

[4]https://www.google.com/search?q=New+York+City+age+structure&rlz=1C1CHBF_esPE882PE882&oq=New+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j69i60l5.6427j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[5] Las MYPES Micro y pequeñas empresas son aquellas que tienen entre 1-10 trabajadores y ventas anuales no mayores de 150 UIT según la SUNAT.

[6] Tomado de: http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/estadistica-oee/estadisticas-mipyme

[7] Martínez, Joan (2020) “Los bonos para encarar la pandemia: avances, retos y siguientes pasos” en Ojo Público https://ojo-publico.com/1852/los-bonos-para-encarar-la-pandemia-avances-retos-y-siguientes-pasos.

[8] López, Sinesio (1996) “Estado, desarrollo y democracia” en Ballón, E. Luces y Sombras: Perspectivas de Desarrollo en el Perú, Lima, Escuela para el Desarrollo p. 87-117.

[9] IPSOS(2017) https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2017-10/En%20que%20instituciones%20confian%20los%20peruanos.pdf

[10] INEI (2020) Principales efectos del Covid 19 en los hogares de Lima Metropolitana y el Callao, Lima, mayo.

[11] Van Rooij, B. et. al (2020) Compliance with covid-19 mitigation measures in the United States . Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2020-21 General Subserie Research Paper No. 2020-03.

[12] Van Rooji, B (2020) p. 24.

[13] Van Rooji, B (2020) p.25.

[14] The New York Times, julio 24/2020,  7:04 am.

[15] Van Rooji, B (2020) p. 28

[16] Van Rooji, B (2020) p. 29

Sobre el autor o autora

Carlos Eduardo Aramburú Lopez de Romaña
Antropólogo PUCP. Magíster en Demografía, Territorio y Desarrollo por la London School of Economics and Political Science, Reino Unido. Profesor Principal Dpto de CCSS-PUC. Profesor Visitante, Univ. de Florida, Gainesville, 1984. Consultor en programas y políticas sociales del PNUD, Banco Mundial, BID, AECID, ACDI Ex Director Ejecutivo del CIES Miembro del Comité Técnico para la Evaluación de Programas Sociales-CIaS-PCM. Ha sido también ex Decano del Colegio de Antropólogos de Lima y ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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