Escrito por Crédito de imagen: Andina.pe
El 5 de marzo del 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en nuestro país. El 11 de marzo se declara la emergencia sanitaria y el 15 de marzo Martín Vizcarra, mediante el Decreto Supremo n° 044-2020-PCM, declara el estado de emergencia nacional y el «aislamiento social obligatorio», que unos días después se completaría con la «inmovilización social obligatoria». Para ese momento, había 71 casos confirmados de COVID-19.
Estas medidas significaron la paralización de la casi totalidad de las actividades laborales. Se cerraron las fronteras y se cancelaron los vuelos, así como el transporte terrestre de pasajeros a nivel nacional e internacional. Para mayo, empieza lo que se ha denominado “reactivación económica por fases”. En el proceso han muerto 25 mil personas y más de medio millón se ha contagiado del virus.
Diversas fuentes han señalado las limitaciones y errores del gobierno para enfrentar la emergencia. Al mismo tiempo, se ha hecho evidente la ineficiencia e irracionalidad del aparato estatal para establecer políticas de respuesta adecuadas. El mercado laboral no es ajeno a esta inoperancia estatal. Después de casi cinco meses de emergencia sanitaria, aún resulta difícil identificar y comprender la política laboral del gobierno.
En materia de empleo el gobierno se ha movido entre dudas, silencios y alternativas poco menos que irresponsables como, por ejemplo, nombrar ministro de trabajo a una persona que no reunía las condiciones mínimas para desempeñarse en dicha responsabilidad incluso en circunstancias normales.
A lo largo de la cuarentena y con mayor énfasis desde junio, el principal gremio empresarial del país, la CONFIEP empezó una campaña mediática -que corresponde con acciones de lobby en diversos ministerios- para acelerar el retorno de las actividades económicas.
En las sociedades donde la tasa de sindicalización esta alrededor del 30% (como en el Perú a mediados de los años 70), los sindicatos constituyen un real contrapeso para el poder empresarial. De esta manera, empresarios y sindicatos deben ponerse de acuerdo en las medidas para enfrentar la crisis. Hay un diálogo basado en información y data; acuerdos políticos con legitimidad. En el caso peruano, lo que estamos presenciando es una ola interminable de despidos que están destruyendo lo poco de empleo formal y con derechos que teníamos.
Los voceros de los intereses empresariales empezaron a señalar la “urgencia” de reactivar la economía, minimizando los peligros de una rápida reanudación de labores especialmente en la ciudad de Lima. “Hemos pedido recuperar el rumbo de las inversiones y el recalentamiento de la economía, activar ya todos los sectores que puedan llevar adelante sus labores, cumpliendo el protocolo sanitario que ha establecido el Ministerio de Salud y con aforos reducidos”[i] señaló María Isabel León, presidenta de Confiep a un medio noticioso.
En la lógica empresarial, más que una política de salud el problema podía enfrentarse mediante el cuidado individual. “Estamos invocando a la población a que contribuya cuidándose a sí misma porque esta pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solamente tiene 3 o 4 elementos con los que podemos cuidarnos de poder contagiarnos que son el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado permanente de manos y la desinfección de los puestos de trabajo” declaró la representante de la CONFIEP.
De esta manera, las presiones empresariales tuvieron como resultado que en mayo se inicie una desordenada reanudación de labores económicas. La primera fase se inicia priorizando un grupo de actividades económicas donde están minería, gran industria, una parte de construcción, servicios, algunos sectores de comercio. Se permite que los restaurantes operen mediante la entrega a domicilio, aunque nunca se resuelve el problema de los trabajadores por aplicativo. A fines de junio se establece una segunda fase que permite a 28 actividades económicas su reinicio. Allí se encuentra manufactura, comercio y otros servicios. Inicialmente, el gobierno sostuvo que en agosto y setiembre se completarían las fases 3 y 4, pero el rebrote de fines de julio e inicios de agosto, así como la crisis abierta con el Gabinete Cateriano han retrasado estas decisiones.
Lo que queda claro de este proceso es que, para el gobierno, el regreso a “la normalidad” se define y establece acatando las prioridades empresariales antes que desde una lógica ciudadana o incluso laboral.
El sentido común que el capital -es decir los empresarios- ha logrado establecer en el gobierno y en parte de la sociedad, es que el virus afecta a “todos por igual”. De esta manera, los problemas del pequeño grupo de empresas dedicadas a la gran minería están al mismo nivel que la situación de cientos de miles de pequeños negocios o de millones de trabajadores autoempleados.
En los dos últimos meses se ha recuperado una parte menor del empleo, pero lo que no señala el gobierno es la calidad de dicho empleo. Un trabajador de cuarenta años que laboraba como obrero o empleado en una industria donde tenía un sindicato, es despedido y ahora labora como informal en un taller también informal; trabaja más horas y recibe un menor sueldo.
Es claro que se trata de dimensiones económicas diferenciadas, pero en una sociedad democrática, el tamaño de la billetera no debería ser un criterio para obtener ventajas en el estado. Un estado democrático debería de priorizar el bienestar del mayor numero de sus ciudadanos, especialmente los más pobres y desprotegidos.
El virus no está afectando a todos por igual. La pandemia cobra más vidas en los sectores más pobres. La crisis económica destruye a los pequeños negocios, los trabajadores precarios se quedan sin empleo más rápido. Es imprescindible una mirada que observe los matices y detalles.
Las consecuencias de no tener sindicato
Durante las tres últimas décadas hemos visto como caía la tasa de sindicalización en la población asalariada. Desde el Estado, ninguno de los gobiernos tomó medida alguna para proteger o garantizar el efectivo derecho a la libertad sindical, a pesar de ser un mandato constitucional.
Ahora, con una tasa de sindicalización alrededor del 6% -es decir, que de cada cien trabajadores asalariados solamente seis tienen un sindicato- las consecuencias son devastadoras. Me explico: la pandemia ha supuesto una crisis económica global. Hay un debate si estamos ad portas de una recesión mundial. En cualquier caso, el impacto en el país es muy fuerte, pero como hemos señalado antes, diferenciado.
En las grandes empresas se registran pérdidas relativas e incluso en algunas ramas pueden registrarse mayores ingresos. Sin embargo, el amplio conjunto de empresas está aplicando una misma respuesta frente al actual escenario: alguna de las diversas modalidades (eufemismos) de despido que permite las leyes laborales peruanas.
Desde la conocida “no renovación de contrato” pasando por la suspensión perfecta, cese colectivo, despido arbitrario, o mutuo disenso; todas son formas más o menos bruscas de romper el vinculo laboral y dejar al trabajador o trabajadora en la calle, en medio de una pandemia y una crisis económica.
En las sociedades donde la tasa de sindicalización esta alrededor del 30% (como en el Perú a mediados de los años 70), los sindicatos constituyen un real contrapeso para el poder empresarial. De esta manera, empresarios y sindicatos deben ponerse de acuerdo en las medidas para enfrentar la crisis. Hay un diálogo basado en información y data; acuerdos políticos con legitimidad.
En el caso peruano, lo que estamos presenciando es una ola interminable de despidos que están destruyendo lo poco de empleo formal y con derechos que teníamos.
Solamente pondré el ejemplo de los trabajadores de la empresa Cineplanet. Una empresa de salas de cine que tenía a más del 80% del personal con contratos de tres o seis meses. A inicios de la cuarentena solicita pasar a suspensión perfecta a más de 2500 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Como no existe sindicato, la empresa puede simplemente esperar que, en octubre a más tardar, todos los contratos temporales se den por concluidos.
Perspectivas
Contrario al diagnóstico optimista del gobierno, el empleo no regresa rápido. La estructura del mercado laboral peruano es sumamente heterogénea y con un peso muy grande en el sector servicios, las pequeñas unidades ya sean productivas o comerciales. Tantos años del discurso de emprendimiento nos han dejado un mercado laboral frágil como una copa de vidrio en medio de una tormenta.
En los dos últimos meses se ha recuperado una parte menor del empleo, pero lo que no señala el gobierno es la calidad de dicho empleo. Un trabajador de cuarenta años que laboraba como obrero o empleado en una industria donde tenía un sindicato, es despedido y ahora labora como informal en un taller también informal; trabaja más horas y recibe un menor sueldo.
La situación laboral no va a mejorar en los próximos meses. No hay ningún elemento en la realidad, para que pensemos que los empleos perdidos se van a reponer o que se crearan nuevos empleos con derechos y una remuneración adecuada. La promesa del nuevo ministro de trabajo de promover unos cientos de miles de empleos temporales es solamente una aspirina a un mercado laboral que padece de una septicemia avanzada.
En algún momento del futuro se encontrará alguna vacuna o tratamiento para el virus. Allí se iniciará un lento camino hacia un nuevo escenario. Si no se establece una adecuada política laboral, que garantice la representación real de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, vamos a llegar al nuevo escenario con un mercado laboral precario, inestable, poco calificado, mal remunerado y sobreexplotado.
[i] https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-confiep-hemos-pedido-la-activacion-de-todos-los-sectores-y-que-la-poblacion-se-cuide-a-si-misma-reactivacion-economica-covid-19-nndc-noticia/
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