Origen y soluciones de la informalidad

Escrito por Crédito de imagen: Andina.pe

La informalidad nace en el Perú como resultado de la inmigración del campo a la ciudad que se inició en los años cincuenta y que se fue incrementando por el fracaso de la reforma agraria velasquista y luego la violencia senderista.


Todos los migrantes que llegaron a las ciudades se las tuvieron que arreglar solos, porque nuestro estado no estaba preparado para recibirlos. ¿Cómo? Salieron a vender lo que podían (vendedores ambulantes), algunos lograron producir artesanía, otros más industriosos y con algún capital iniciaron negocios que nunca fueron formales, porque no sabían que era un requisito, porque no tenían dinero para formalizarse y al final porque no eran parte de la formalidad. Eran invisibles para el Estado y en el fondo estaban excluidos del Perú.


En pocas palabras, la informalidad tiene origen en un fenómeno social derivado de un estado fallido que no encontró manera de atender a su propia población más vulnerable, habiendo sido ese mismo Estado el que causó la migración, porque quienes dirigieron al país en el pasado no miraban más allá de sus narices y creyeron que podían seguir olvidando a los sectores más débiles ‘sin que pasara nada’. Buena parte de nuestra clase dirigente sigue pensando que el problema fue Velasco, pero ¿quién lo causó? Las cosas en la historia no ocurren de repente. Pasa lo mismo con Sendero Luminoso. ¿Cuál fue el caldo de cultivo que hizo posible el fenómeno Sendero? ¿No fue esa clase dirigente aferrada a sus privilegios, incapaz de mirar más allá de sus bolsillos? Desde los tiempos de Gonzales Prada, seguido por Mariátegui, Haya de la Torre y Víctor Andrés Belaunde se ha venido insistiendo en la necesidad de recuperar al sector indígena, pero se prefirió cerrar los ojos y claro al final el problema nos reventó en la cara. Eso fue primero Velasco y luego Sendero. Y no estoy tratando de salvarle el pellejo. La explicación sociológica no libera de las responsabilidades penales a los terroristas.


No obstante, hoy tenemos que aceptar que así son las cosas y nos toca buscarles solución a nuestros problemas. Lo primero que se me ocurre es que son mejores las acciones positivas que las negativas. No debemos luchar contra la informalidad, por lo menos no debería ser nuestra principal herramienta. Más bien deberíamos ‘venderles’ la conveniencia de formalizarse. Sabiendo que el principal problema de las empresas informales es su baja productividad tenemos que enseñarles la forma de mejorarla, mostrándoles primero que es posible y luego dándoles las herramientas para conseguirlo.


El Estado trabajando en conjunto con las principales universidades y hasta con entidades internacionales podría organizar un programa gratuito de apoyo al empresariado informal (pero que también lo podrían aprovechar algunos formales), para mediante talleres o asesoría directa de profesionales altamente calificados (quizá remunerados parcialmente por el éxito) lograr que mejoren su productividad. De esa manera, cualquier empresa podría acogerse al programa y, eventualmente, si se logra identificarlas, podría hasta ofrecérseles la colaboración dando un plazo sin sanciones, porque al final se recuperará la inversión con creces cuando las empresas informales se percaten que formalizarse es mucho más rentable. Estoy seguro que las universidades, algunas ONG, incluso internacionales, estarían interesadas en un proyecto de esta índole. También se podría buscar financiamiento y asesoría en organizaciones multilaterales y en gobiernos extranjeros.


No estoy cerca de la informalidad, pero tengo pocas dudas de que un proyecto de este tipo podría tener un impacto significativo en nuestra economía solucionando uno de nuestros principales problemas, pero que a la vez contiene un potencial que podríamos aprovechar.

Sobre el autor o autora

Alonso Núñez del Prado Simons
Magíster en Derecho de la Integración y en Derecho Constitucional. Master of Business Administration (MBA), graduado en Lingüística y Literatura, Filosofía. Fundador y director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Profesor universitario, árbitro de la Cámara de Comercio y conferencista. Presidente y director de varias entidades del sistema asegurador.

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