Escrito por Rodrigo Gil Piedra Crédito de imagen: Andina.pe

La democracia peruana está cargada de paradojas. No solo tenemos el caso de un “exótico dictador que quiere dejar el poder”, como menciona Alberto Vergara, también contamos con osados parlamentarios que, tras haber acopiado sendas cuotas de poder político, insisten con empeño que les arrebaten todo lo acumulado.[1] Y con mucho esfuerzo finalmente lo consiguen. El auge y caída de Fuerza Popular (FP) entre los años 2016 y 2019 es un claro ejemplo de cuán difícil puede resultar administrar y dosificar el ímpetu cuando el adversario se percibe como débil, cuando el equilibrio de poderes es extremadamente frágil. No prevalece la racionalidad política sino, a veces, el autosaboteo, y la cuerda puede llegar a ceder por el extremo menos débil. ¿Cómo y por qué las aspiraciones de FP se disolvieron el último 30 de setiembre?

Hagamos un breve ejercicio de memoria. Tras la ajustada victoria de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, el nuevo gobierno tenía la obligación de hilar fino para avanzar sus principales proyectos y reformas. Mientras que la oposición fujimorista obtuvo 73 de 130 escaños, el partido de gobierno apenas consiguió 18. La negociación y cooperación entre ejecutivo y fujimorismo era ineludible, o la salida era deslizarse hacia el entrampamiento y la falta de gobernabilidad. En principio, empero, las metas y objetivos económicos de Kuczynski y FP parecían estar alineados, y la formación de una “megacoalición de derecha” en el Estado tenía el potencial de reactivar la economía, asegurar la estabilidad macroeconómica y brindarle al empresariado las oportunidades necesarias para desplegar todo su potencial.

En los primeros meses de gobierno, la relación entre el ejecutivo y el fujimorismo se condujo bajo virtuosos canales de cooperación y coincidencia. Varios comentaristas desbordaban de entusiasmo al observar la alianza entre el gobierno y la bancada fujimorista. Con los votos de FP, el Congreso le otorgó el voto de confianza al gabinete Zavala. Algunos días después, el ejecutivo propuso la ampliación del plazo de liquidación de Doe Run, y el parlamento aceptó. Cuando el premier solicitó la delegación de facultades legislativas, el Pleno y los congresistas fujimoristas, tras pocas semanas de negociación, votaron a favor del pedido. El efecto “luna de miel” presente en la relación ejecutivo-legislativo duró dos meses, aproximadamente, conforme los votos de la bancada fujimorista apuntalaban las iniciativas del gobierno.

Pero el viraje no demoró en llegar. FP empezó a enseñar los colmillos parlamentarios cada vez con mayor frecuencia. El fujimorismo se distanció de su base de derecha liberal, por así decirlo, y comenzó a cancelar las deudas y promesas de campaña, especialmente las contraídas en segunda vuelta. Se desplegó una suerte de “populismo de derecha” que aproximó a FP con sectores conservadores, grupos ilegales, intereses regionales y con quienes se oponían a los procesos de modernización del Estado. Por ejemplo, la moción de interpelación y la posterior censura a Jaime Saavedra, exministro de Educación, tuvo menos relación con supuestos actos de corrupción que con la intención de socavar la reforma educativa, favoreciendo así a los “empresarios de la educación” vinculados al fujimorismo. Por otro lado, el Pleno aprobó, en noviembre de 2016, con los votos de la mayoría fujimorista, la derogación del artículo 12 de la ley de presupuesto, recortando las atribuciones del MEF y permitiendo a los gobiernos regionales y locales modificar con autonomía sus presupuestos. Asimismo, durante los primeros meses de 2017, varios congresistas fujimoristas presentaron iniciativas de ley con el afán de beneficiar a los mineros ilegales, e incluso apoyaron proyectos que pretendían prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Así, el viraje de FP se basó en la consolidación del nexo entre el partido y sus bases electorales, las de segunda vuelta, más allá de que una estrategia como tal podía no solo llegar a comprometer los recursos del Estado y afectar severamente las instituciones, sino también marcar una ruptura irreversible con sus aliados y votantes en el espectro “liberal”.

Las hostilidades del fujimorismo (desde el Congreso, pero también fuera del mismo) no cesaron, pese a los intentos conciliadores del ejecutivo. El 2017 transcurrió entre interpelaciones y renuncias ministeriales; la dimisión del gabinete Zavala; una moción de vacancia fallida contra Pedro Pablo Kuczynski por los cuestionamientos en torno al caso Lava Jato; y el indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori. En marzo de 2018, no obstante, ante la inminente vacancia, PPK renunció a la presidencia. El vicepresidente Martín Vizcarra asumió el liderazgo del ejecutivo, aunque no parecía contar con la fortaleza política necesaria para gobernar sin tener que pasar por la aprobación previa del fujimorismo.

Con todo, el escándalo mediático y judicial asociado a los “Cuellos Blancos” le brindó al presidente Vizcarra un inusitado grado de autonomía. El descubrimiento de una extensa red de corrupción enraizada en las altas esferas de la justicia peruana, que incluía también al Fiscal de la Nación, alentó al gobierno a invertir y concentrar cuantiosos recursos en materia anticorrupción. Algunos de los principales jueces y fiscales –como César Hinostroza y Pedro Chávarry– implicados en el mencionado caso fueron “blindados” en el legislativo gracias a los votos del fujimorismo, circunstancia que impactó negativamente en la imagen global del partido y sus representantes. En paralelo, Keiko Fujimori fue sentenciada a prisión preventiva por haber recibido presuntos pagos ilícitos y por liderar una organización criminal, según las tesis fiscales. Así, mientras Vizcarra corría la ola anticorrupción, con alta aprobación ciudadana, FP, en cambio, quedaba cada vez más expuesta a las críticas asociadas a los hechos de corrupción y las maniobras de blindaje. En parte, los resultados del referéndum convocado por el ejecutivo evidenciaron el rechazo ciudadano respecto a la actuación y manejo de la agrupación fujimorista.

Lo que no queda claro a estas alturas es cómo sus candidatos decidirán encarar la campaña, si acaso buscarán “limpiar” la imagen de la agrupación –para apelar a un electorado amplio– o más bien apostarán por mantener una conducta recalcitrante –y así satisfacer a su núcleo duro–.

Iniciado el año 2019, y pese a estar viviendo su peor crisis parlamentaria, la bancada de FP tuvo la capacidad de recomponerse políticamente. Endureció la línea política y se opuso con firmeza ante un ejecutivo que había desgastado el discurso anticorrupción. En función de su mayoría parlamentaria, FP logró rechazar varias de las propuestas de la Comisión de Reforma Política, convocada por el gobierno, decidiendo sobre asuntos esenciales como el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Meses después, el fujimorismo demostró que podía mantener el control de comisiones congresales medulares, entre ellas constitución, presupuesto y educación. Por último, mandó al archivo el proyecto de adelanto de elecciones formulado por el ejecutivo, el escenario de “salida pactada” entre poderes. Así planteadas las cosas, FP consiguió renovar –en 2019– su capital político en el parlamento, precisamente cuando la aprobación presidencial menguaba y el ejecutivo empezaba a dar muestras patentes de debilidad.

Este escenario promisorio para el fujimorismo se derrumbó hace apenas un mes, y en cuestión de horas. El juego de pulseadas entre ejecutivo y legislativo finalizó con la disolución del último. Una lectura errónea del tablero político, así como una excesiva confianza en su renovado poder opositor, fomentaron una cadena de decisiones –en lo relativo a la elección de los miembros del TC– que no pasó por los filtros de reflexión mínimos. Como se sabe, la actuación de una sector del parlamento no generó el repliegue del gobierno, y por el contrario motivó la “interpretación fáctica” del presidente Vizcarra y la concomitante disolución del Congreso. Ahora, más allá de la discusión constitucional planteada en torno a la validez o no de la decisión del ejecutivo, cuya esencia deberá dirimir el TC, lo cierto es que, de un momento a otro, el poder acumulado (y renovado) de la bancada fujimorista, el grupo mayoritario en el Congreso, desapareció sin más. Lo acontecido el último 30 de setiembre no fue la expresión de una estrategia pensada y meditada por el fujimorismo, fue la puesta en marcha de un autosaboteo inédito, un “suicidio” político de alto vuelo.

De cara a las elecciones legislativas de 2020, es factible que el fujimorismo, pese haber perdido mucho del capital político acumulado, consiga representación. FP es una marca partidaria reconocible y cuenta con niveles mínimos de organización, los necesarios para sustentar una participación electoral “exitosa”, por lo menos para superar la valla electoral. Lo que no queda claro a estas alturas es cómo sus candidatos decidirán encarar la campaña, si acaso buscarán “limpiar” la imagen de la agrupación –para apelar a un electorado amplio– o más bien apostarán por mantener una conducta recalcitrante –y así satisfacer a su núcleo duro–. Un poco de sensatez decantaría por la moderación antes que por la beligerancia, pero, como se ha visto, el fujimorismo suele tener la extraña disposición de actuar en contra de sus intereses partidarios.

[1] Héctor Becerril: “Yo le digo al Presidente Vizcarra, ¿por qué se demora tanto?, ya votamos [por uno de los miembros de TC], ¿por qué no presenta ahorita el cierre del Congreso? ¿Por qué demora tanto? ¿Qué, le tiemblan las piernas? Si tanto amenaza (…) si dice que lo va a cerrar, que lo cierre”.