En 1996, mientras el régimen fujimorista consolidaba su segundo periodo, en Loreto y en otras zonas de la Amazonía peruana el gobierno concedió terrenos para la agricultura para los campesinos que habían sido desplazados de sus comunidades originarias por la violencia terrorista. En el distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, se formó la comunidad de Tamshiyacu a fines de esa década, donde la mayoría eran maestros y antiguos beneficiarios de la reforma agraria que comenzaron a desarrollar ganadería en muy pequeña escala.

En el 2013 aparecieron los primeros intermediarios de la empresa Cacao del Perú Norte, quienes compraron tres mil hectáreas de los campesinos a precios irrisorios, pagando unos cien soles por hectárea. Los problemas empezaron cuando aquellos que no querían vender comenzaron a ser amenazados. Muchos campesinos no trabajaban todas sus tierras por falta de recursos, por lo que los representantes de la compañía los engañaban diciéndoles que el Estado les iba a quitar las hectáreas no cultivadas por falta de uso y que era mejor venderlas. Otros simplemente empezaron a ver sus parcelas no utilizadas siendo invadidas por los trabajadores que empezaron a cortar los árboles autóctonos, muchos de cientos de años.

Jean Pierre Araujo, abogado ambientalista la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), relata: “No sólo se trata de un tema de afectación al ambiente. Se trata también de afectación a personas que vivían en la zona y han visto afectados sus entornos de vida. El conflicto de derechos llegó a tal nivel que la empresa compró dentro de los fundos, el cementerio de las localidades de Panguana 1 y Panguana 2 que son gente que tiene viviendo en esa zona más de cuarenta años. De un momento a otro, la estrategia de la empresa fue pedir que desalojen su cementerio, que lo iban a cercar porque iban a poner la plantación. Es un caso particular que hasta ahora están negociando la gente de Panguana por medio de la municipalidad y la empresa”.

Además, Araujo señala que muchos comuneros venían por décadas pidiéndole su título de propiedad al gobierno y nunca lo obtuvieron. La compra de hectáreas por la transnacional se superpuso a las tierras de estos campesinos, siendo éstos denunciados por la compañía por presunta usurpación. “Eso generó conflictos sociales, denuncias entre una empresa grande y pequeños agricultores que tuvieron que defenderse de la noche a la mañana sobre la posesión de sus tierras y verse en la encrucijada de evaluar la venta de sus tierras porque era insostenible vivir en un lugar en el que estaban cambiando de la noche a la mañana el ecosistema, en el cual podían caza y pescar para autoconsumo, a un momento en que les ponen un cerco o retiran la cobertura forestal y eliminen esos medios de vida y subsistencia a los que solían acudir”.

En las parcelas que la transnacional adquirió a unos treinta kilómetros de la localidad de Tamshiyacu, la rápida deforestación de los bosques tropicales para allanar el suelo y así empezar a cultivar cacao en escala industrial inició ese mismo año, pero fue detenida a fines del 2014 por órdenes de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura, dado que la empresa no contaba con los permisos requeridos, ni un estudio de impacto ambiental. La compañía intentó excusarse en que en las tierras adquiridas ya se desarrollaba actividad agropecuaria, pero desde luego ésta no es compatible con los monocultivos intensivos ni con la tala indiscriminada de árboles.

Las tierras forestales no pueden cambiadas de uso ni mucho menos ser taladas para la agricultura, según indica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. No solamente se acusó a la empresa de destruir los bosques, sino de comerciar ilegalmente treinta mil pies de tablares de madera, por lo que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental les imputó cargos por tráfico ilegal de productos forestales maderables y por obstrucción de procedimientos. Los trabajadores incluso impidieron a los funcionarios ingresar en el fundo de la compañía para realizar las diligencias.

Se calculó que la deforestación avanzó a un ritmo de ciento veinticinco hectáreas semanales y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales solicitó se incluya al empresario estadounidense Dennis Melka en el proceso. Sin embargo, en una primera instancia en el 2016 la Sala de Apelaciones de Loreto archivó las acusaciones por la tala ilegal. El fiscal Alberto Caraza Atoche continuó con el caso por la deforestación.

“El tipo penal tiene varios acápites: el que tala, el que transforma, el que comercializa. Tala ilegal salió, pero el comercio y la transformación también son actividades reguladas y necesitan una licencia operativa. Eso es lo que encausó el fiscal para sentenciar” puntualiza el abogado de SPDA.

Para el inicio del juicio en el 2018, la Fiscalía acusa que son dos mil trescientas trece hectáreas ya deforestadas por Cacao del Perú Norte en las parcelas adquiridas a los campesinos y en las tierras forestales aledañas. Para agosto del 2019, mediante la Resolución Ministerial Nº019-2019-MINAGRI-DVDIAR, el Ministerio de Agricultura rechazó definitivamente el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental de la empresa y confirmó que era zona forestal.

Un mes antes, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas dictó la sentencia histórica en la que ordenaba a la compañía pagar más de quince millones de soles al Estado por el daño ocasionado al medio ambiente, así como ocho años de prisión para el gerente general de Cacao del Perú Norte, Rubén Antonio Espinoza, quien a día de hoy se encuentra prófugo de la justicia. Otros dos funcionarios tienen prisión suspendida. La defensa de la empresa ahora denominada Tamshi S.A.C. ha apelado, por lo que el caso se ha elevado a otra instancia. De momento, Melka parece haber salido librado.

“La importancia de esta primera sentencia es que básicamente significa un pronunciamiento del Poder Judicial luego de casi seis años de investigación que se dieron los hechos” prosigue Araujo. “A lo largo de este tiempo ha habido una serie de campañas mediáticas contra el fiscal Alberto Caraza. Hay una serie de recortes periodísticos, notas en las cuales salen pobladores de Tamshiyacu señalando que él estuvo tratando de sobornarlos para obtener medios probatorios o comprar declaraciones. Es lo que se deslizó en la prensa regional. El fiscal tuvo que afrontar una serie de investigaciones internas justamente por denuncias presentadas por gente vinculada a esta empresa. Entiendo que a la fecha ha logrado esclarecer éstas y parece que ya no está sometido a ninguna de estas presiones. Este año, cuando el caso ya no estaba en su despacho y había pasado a la Primera Fiscalía Superior de Loreto, hubo un plantón en su oficina para amedrentarlo. Si bien él ya no está viendo este caso, su despacho tiene otros casos vinculados a la empresa, ahí sí por delito de tala ilegal”.

Un imperio de inversiones en monocultivos

El magnate norteamericano Dennis Melka no solamente es dueño de Cacao del Norte Perú. Posee una serie de firmas en monocultivos de palma aceitera en Malasia y otros países en vías de desarrollo, pero desde la última década tiene en la mira la Amazonía peruana para sembrar cacao, por los bajos impuestos favorables a las exportaciones según sus propias declaraciones.

Asian Plantations, su compañía desde el 2008, deforestó veinte mil hectáreas en Malasia para sembrar palma aceitera. Ya desde el 2010, las empresas de Melka se pusieron en contacto con ProInversión y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para solicitar concesiones de diez mil hectáreas en Loreto para sembrar este mismo monocultivo, según una investigación del portal Convoca.

Aunque el Ejecutivo le negó la autorización porque las tierras solicitadas colindaban con la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, donde crecen unas trescientas especies protegidas de árboles amazónicos, los gobiernos regionales se mostraron muy interesados en la propuesta del empresario. Fue así como nació Cacao del Norte Perú, subsidiaria de la compañía United Cacao Limited.

“Estas empresas buscaron dos formas de adjudicación de tierras. Una es tipo hormiga, porque son pequeños lotes” continúa Jean Pierre. “Pero también en algunos casos en Loreto, trataron de iniciar procesos de adjudicación de tierras agrarias con el Decreto Legislativo 653 que permite la inversión agraria en la Amazonía, que permitía que tú puedas pedir tierras de hasta diez mil hectáreas. El problema en todos estos proyectos es que no se preocuparon en hacer los estudios de estas tierras, sino que fueron a registros públicos y ubicaron lotes inscritos a favor de los gobiernos regionales como lotes agrarios pero creados en los años noventa, que no teníamos una ley de sistema de evaluación de impacto ambiental como la que tenemos ahora. Lo que pasa es que el Estado nunca eliminó esas partidas registrales. El gobierno regional cuando hizo la evaluación erró en considerar que el estatus legal que tenían de lote privado los eximía de revisar las normas ambientales. Hay un informe que habla que la deforestación entre los noventa y el 2012 en esa zona nadie ha superado las sesenta hectáreas. Se llega a las dos mil hectáreas en año y medio que estuvieron ahí en la primera etapa”.

Mientras tanto, en Ucayali el gobierno regional le vendió a Melka unas cuatro mil setecientas hectáreas por novecientos mil ochenta y nueve mil soles, a fines del 2012. También adquirió otras cinco mil hectáreas de las comunidades campesinas. Y fieles a su proceder, el personal armado invadía los terrenos aledaños de los agricultores, amenazándolos por no trabajarlos. Se ha determinado que son unas ochocientas hectáreas deforestadas hasta el 2016, pero con árboles mucho más antiguos, de más de setenta centímetros de diámetro. Es por esto que la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente exige una reparación civil de treinta y cinco millones de soles para esa región, aparte de los quince millones para Loreto.

“Entre el 2009 y el 2012, hubo toda una movida por grandes extensiones de tierra para la palma aceitera. Hay una serie de pedidos de adjudicaciones de tierra tanto en Loreto como en Ucayali. Las malas experiencias de inversión de este tipo que se quisieron hacer a la fuerza, saltándose una serie de normas ambientales, paralizaron esta vorágine. Recuerdo haber visto una publicación en la que se proyectaba que al 2021 iban a tener más de medio millón de hectáreas de monocultivos en la Amazonía. En Perú no ha pasado eso. Pero los conflictos generados por estas malas inversiones a inicios de la década del 2010 que estén a la fecha irresolutos, sí generan una inseguridad tanto para las inversiones como para la gente que no puede acceder a la justicia. No puede una persona estar parada casi diez años para que resuelvan un conflicto ambiental. Porque estas personas que accedían a estos medios de vida ya llevan ocho o nueve años viviendo sin estas condiciones ambientales necesarias. Y pasará mucho más para que la vuelva a recuperar el bosque su estado natural y proveer los bienes y servicios que solían utilizar” sentencia el abogado.