Escrito por Germán Alarco Tosoni Revista Ideele N°294. Octubre 2020

El desafortunado resultado en términos de fallecidos por el covid-19 a todos nos afecta. Efectivamente, estamos dentro del grupo de países del mundo donde su incidencia fue mayor. Las casi 34,000 víctimas oficiales acumuladas a la fecha son un recordatorio de la desatención histórica del sector de salud pública, pero en particular de lo ocurrido en las últimas décadas de neoliberalismo peruano. Muchas personas se rasgaron las vestiduras por la insuficiente capacidad de atención de nuestro sistema público, del Seguro Social y de la voracidad de diversas clínicas privadas. Se quejaron de las farmacias y de la provisión de oxígeno, pero olvidaron que esas estructuras de mercado oligopólicas se construyeron poco a poco en los últimos tiempos por la acción de empresarios codiciosos, la complicidad del Congreso y del Poder Ejecutivo, de Indecopi, los medios de comunicación y por nuestra indiferencia. Es indudable que el gobierno actual ha cometido y cae en el error continuamente, pero esas víctimas no se pueden atribuir a ellos por inacción o indiferencia; y menos son resultado de la acción de los anteriores o las actuales autoridades del Ministerio de Salud.

Se repite insistentemente desde los poderes mediáticos que no se supo enfrentar la crisis sanitaria, puede ser; pero quien tenía la fórmula perfecta en la mano. Obviamente se iba a fallar en la implantación de las políticas con ese Estado mínimo, atrofiado y deforme instaurado por el neoliberalismo; ese que en 2018 solo tenía una presión tributaria del 16.4% del PBI, por debajo del estándar de América Latina y el Caribe de 23.1% y de 34.3% para los países miembros de la OCDE (2019 y 2020). No se debe omitir que nuestra brecha de ingresos tributarios es de US$ 15,000 millones anuales respecto del promedio regional que explican los reducidos salarios públicos de enfermeras, médicos, profesores y policías; de infraestructura y de servicios públicos de limitada calidad. También se olvidan de los verdaderos niveles de pobreza y de desigualdad solapadas y minimizadas por las estadísticas oficiales. Un tercio de la población no tiene agua potable, ni desagüe entubada y tienen viviendas precarias con piso de tierra. Se olvidan de nuestros serios problemas institucionales, de gestión y de la falta de ciudadanía.

Es interesante tener una mirada del país en una perspectiva internacional comparada para recordarnos como estábamos antes de esta pandemia, ya que había muchos que creían que todo el Perú era San Isidro, Miraflores y La Molina. Nuestra posición en términos del producto per cápita se ubica por debajo de todos nuestros vecinos a excepción de Bolivia y Ecuador. Obviamente, muy lejos de las economías desarrolladas. En términos de paridad de poder adquisitivo y del IDH corregido por desigualdad estamos exactamente en la mediana del mundo; ni en el grupo de los de arriba, ni en los de abajo.

Fue totalmente erróneo plantear que el país gozaba de fortaleza fiscal, ya que simplemente se trataba de ahorros acumulados de los tiempos de superávit fiscal y de gasto público no ejercido de los últimos tiempos. Es inaceptable que se afirme que hay fortaleza fiscal cuando la presión tributaria del país es de apenas del 16.4% del PBI.

En términos del ingreso per cápita en dólares corrientes nuestra posición sigue siendo intermedia, pero el mayor nivel de precios interno y la mal denominada ley de un solo precio nos hace retroceder de lugar. Asimismo, nuestros indicadores educativos y de esperanza de vida no son tan negativos por lo que mejoramos en el IDH pero nuevamente vamos para atrás al ajustarlos por la desigualdad. Obviamente con la información más realista de la desigualdad en el Perú nuestra posición sería más rezagada (Alarco, Castillo y Leiva, 2019).

Brechas sanitarias

Entre el mismo grupo de países el Perú es el que gastaba menos en el sector de salud pública y privada como porcentaje del PBI según el Banco Mundial al 2017. Estamos en la cola respecto de todos nuestros países vecinos; incluso nos gana Bolivia y Ecuador. A la mitad de los niveles de gasto de economías como Alemania y Japón basadas en una salubridad pública a cargo del Estado.

Si la comparación es en dólares por habitante tanto corrientes como de paridad de poder adquisitivo seguimos atrás, pero tendríamos el irrelevante consuelo que le ganamos a Bolivia. Ecuador gasta 50% más que el Perú; mientras que Brasil y Colombia son casi el doble. Si la comparación es con Chile gastamos la tercera parte; mientras que si es con Alemania y Japón nosotros gastamos la novena parte que ellos. Obviamente estamos al final en términos del gasto en salud realizado por el gobierno respecto del producto reportado por la misma fuente. Bolivia nos gana ubicándonos claramente por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, y a la tercera parte del que ocurre en Alemania y Japón.

La situación es también dramática si se compara el número de doctores, enfermeras y obstetras que trabajan en el país (tanto en el sector público como en el privado) respecto de nuestros países vecinos y los estándares regionales. En ambos indicadores estamos en la cola; nos gana Bolivia en número de médicos. Chile tiene el doble de médicos por cada 1,000 habitantes y seis veces el número de enfermeras y obstetras. Respecto del promedio de América Latina y del Caribe estamos alrededor de la mitad en ambos indicadores; ni que comentar con relación a los niveles de Alemania. Tampoco evaluamos aquí como estos se concentran en Lima Metropolitana y se distribuyen mal en el resto del país.

Malos resultados en salud

Nos ubicamos en la cola respecto de los vecinos en mortalidad materna y mortalidad infantil a excepción de Bolivia. Estamos por encima del promedio de América Latina y el Caribe. Tenemos siete veces más mortalidad materna con relación a Chile y Alemania; y 18 veces más que el Japón. Rompemos el record en cuanto a la incidencia de tuberculosis (TBC) a nivel internacional, que refleja no solo inadecuadas condiciones de salud, sino de alimentación, condiciones de vivienda y de vida precaria en general. La incidencia de la TBC en el Perú es el triple de América Latina y el Caribe, 6 veces superior a la chilena y 4 veces a la colombiana. Las distancias respecto de economías como Alemania y Japón son más de diez veces. Sin embargo, hay que reconocer que no estamos tan mal en términos de la esperanza de vida.  

No mencionamos aquí el porcentaje de la población con desnutrición que podría facilitar la incidencia del Covid-19 u otras enfermedades. El dato del Banco Mundial para 2017 es 9.7%, respecto de 2.7% en Chile, 4.8% en Colombia y 6.5% en América Latina y el Caribe. La desnutrición en nuestra población es elevada, pero también hay que reconocer que hemos mejorado relativamente respecto de un nivel de 21.8% en 1990. Por último, no se debe olvidar que el 36.7% y 49% de los niños urbanos y rurales entre 6 y 35 meses de edad en 2019 tienen anemia; 40.1% de los niños a nivel nacional (INEI, 2020). La paradoja es que somos un gran productor mundial de harina de pescado que permitiría eliminar las insuficiencias de hierro de todos nosotros.

Se equivocan quienes afirman que nuestro problema de salud pública es totalmente histórico y estructural; que siempre estuvimos mal, que esto no solo fue en los tiempos del neoliberalismo. Simplemente, les recordamos que revisen las fechas de construcción de la mayoría de los hospitales públicos en operación; efectivamente hay algunos recientes, pero predominan los de las décadas de los años 50 a 70s. Asimismo, no debe olvidarse el mayor poder de compra de los salarios de los trabajadores públicos de esas fechas respecto de lo menores niveles actuales. Solo hay que reconocer el abandono estructural para el ámbito rural.

Muertes evitadas

Es indiscutible que el gobierno ha cometido muchos errores de política por la velocidad de los acontecimientos. Era iluso pedirle que se aplicaran recursos y tecnologías de avanzada para el control de la pandemia, que fueron efectivos en países más pequeños, más avanzados y con ciudadanía. Los analistas estándar se olvidan qué si el gobierno no hubiera decretado la suspensión de actividades no esenciales el número de fallecidos por el Covid-19 sería claramente superior al actual; también hay que destacar que se ganó tiempo para mejorar la capacidad de atención del sector salud, aunque no estructuralmente. Con modelos epidemiológicos R. Burhum (2020) estima que si no se hubiera actuado se tendrían desafortunadamente 83,038 fallecidos en 5 meses y 463,643 en 7 meses.

En un cálculo conservador se evitaron al menos 60,000 decesos al 15 de agosto. Recientemente, el anterior Ministro de Salud, Dr. Víctor Zamora señaló que las políticas de confinamiento y el toque de queda evitaron 100,000 muertos. Los costos de esas al menos 60,000 muertes evitadas son tanto los gastos realizados para atender a los infectados como el PBI perdido. Con una caída del PBI del 12% se perdería US$ 27,000 millones. ¿No vale acaso la vida de cada peruano al menos US$ 450,000? Aún con una estimación crudamente economicista de la evaluación social de proyectos es evidente que la suspensión y medidas aplicadas valieron la pena. El número de camas UCI al comenzar el 2021 podrían ser casi 3,000, según anuncios oficiales, cuando al inicio de la pandemia eran alrededor de 300.

Límites a las políticas del Ejecutivo

El Poder Ejecutivo se olvidó de la realidad del país; de las brechas estructurales, sanitarias e institucionales que se comentaron al inicio. Era ingenuo pensar que la mayor parte de los habitantes pobres del país podrían confinarse. Ni sus condiciones de vivienda, ni la necesidad de ingresos día a día lo permitieron. El resultado fue que grandes segmentos de la población ignoraron las normas del gobierno. Ni el patrón tradicional de beneficiarios de los programas sociales fue adecuado y también fallaron los mecanismos para las entregas de los diferentes bonos.

Hemos comentado que fue totalmente erróneo plantear que el país gozaba de fortaleza fiscal, ya que simplemente se trataba de ahorros acumulados de los tiempos de superávit fiscal y de gasto público no ejercido de los últimos tiempos. Es inaceptable que se afirme que hay fortaleza fiscal cuando la presión tributaria del país es de apenas del 16.4% del PBI. Hay también que anotar que si bien la política monetaria anticíclica fue positiva, es finalmente el sistema bancario el que determina la entrega de créditos a las personas y empresas nacionales. A diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera internacional del 2008-2009 en que el BCRP actuó con un retraso de más de 6 meses, ahora en menos de un mes llevó la tasa de referencia de política monetaria al 0.25% anual

Por último, también nuestras autoridades se olvidaron de la elevada informalidad y de la falta de ciudadanía de la población. No hay proyecto colectivo, ni interés por el bien común agudizado por las prácticas de los años noventa y del neoliberalismo. Tampoco hay que olvidar la reacción laxa de la población ante la pandemia que elevaron el número de contagiados y de fallecidos.

Algunas omisiones

Es indiscutible la velocidad en que se generaron los acontecimientos y la rapidez de las respuestas iniciales por parte del BCRP y del MEF, pero también destaca en primer lugar la falta de una visión integradora. Hemos señalado, desde meses atrás, la ausencia de planeamiento estratégico, análisis prospectivo y sistémico. Asimismo, se dejó convencer por una seudo capacidad del Estado basada en la disponibilidad de ahorros fiscales, pero olvidó las décadas de abandono, del Estado mínimo y nuestras severas restricciones estructurales e institucionales.

La reactivación productiva que se propuso fue más de lo mismo de siempre; nada original. Ni la diversificación productiva ni la transición ecológica aparecieron por la inercia. No hay prioridades a la par que el sector agrícola de economía campesina y el desarrollo del mercado interno siguen ignorados. Han transcurrido casi 7 meses del inicio del confinamiento y todavía la entrega de recursos para el sector agrícola, que nos alimentó durante la pandemia, es prácticamente inexistente. Ya hemos mostrado en otros artículos previos que de acuerdo a la evidencia internacional la ruta actual de insistir en los mismos productos mineros enfrenta serias limitaciones. También pensar que la economía se va a reactivar por el lado de la inversión privada es un sueño cuando los niveles de capacidad instalada ociosa de las empresas son muy elevados. Lo que hay que activar es el empleo, los ingresos, el consumo privado y la demanda.

Ni los programas de Reactiva Perú en su primera y segunda etapa tuvieron alguna prioridad específica en defender el nivel de empleo y de ingresos de las familias. Hubo una total ausencia de programas para el desarrollo del mercado interno y la generación de empleo digno (compras nacionales, subsidio a la generación de nuevos empleos digno, entre otros). Los apoyos de Reactiva Perú no estaban condicionados a una evaluación de la situación financiera previa de las empresas, empleo, prioridades específicas, y que las empresas no tuvieran operaciones con paraísos fiscales.

Tampoco no hubiera estado mal acudir a algunas medidas no ortodoxas como la limitación de los desalojos y otras como créditos a la palabra a cambio de la formalización que están aplicando en otras economías de la región. Hubo también una ausencia de recursos para microempresarios (crédito a la palabra asociado a formalización como en México).

Errores a la vista

El mayor error fue el sesgo de los programas de apoyo a favor de las empresas y menor para las familias. Efectivamente, se propuso un primer bono rápidamente, pero cuya entrega se hizo con mucho atraso. Luego surgieron otros bonos para grupos específicos de la población pero que también tuvieron muchos problemas en la entrega. Hace más de un mes se planteó el segundo bono casi universal pero que recién se estaría entregando desde mediados de octubre. Los bonos han sido insuficientes, con problemas en el patrón de beneficiarios y con serios problemas en la entrega. Ahora hacia adelante habría que pensar en programas de empleo mínimo masivo vinculados a la mejora de la habilitación urbana y rural.

Por otra parte, el gobierno fue excesivamente laxo y concesivo en términos de la recaudación tributaria, olvidando que la mayoría de las empresas gozaba de una buena situación financiera antes de la pandemia. Mientras en el Perú fue excesivamente flexible, en México el gobierno se dedicó a recuperar importantes adeudos tributarios históricos de las empresas.

El gobierno debió condicionar los apoyos a empresas a un compromiso de mantenimiento de las plantillas laborales; lo hizo tardíamente con los subsidios a la planilla, pero no con los fondos de Reactiva Perú. Asimismo, fue totalmente equivocado haber ampliado los fondos hasta S/. 60,000 millones sin haber realizado una evaluación pormenorizada de la asignación de los primeros S/. 30,000 millones que se entregaron a través de la banca comercial. Los reportes parciales revelan la entrega de recursos a muchas Pymes, pero con una gran concentración por montos en las grandes empresas de Lima y de sectores que no necesitaban los recursos. El condicionamiento que se estableció en la segunda etapa fue básicamente de salvedades legales asociadas a que las empresas no estuvieran involucradas en casos de corrupción previos.

Asimismo, otro error es el haber acudido a financiamiento externo sin antes aprovechar las fuentes internas asociadas a los importantes depósitos netos del gobierno en el BCRP. El financiamiento externo no debería utilizarse para gastos corrientes, sino utilizarlos para la mejora radical de la infraestructura del sector salud (especialmente del primer nivel de atención). Otro tema delicado es que los grupos de poder económico están aprovechando la actual coyuntura para establecer una agenda acorde a sus intereses particulares como la postergación de la entrada en vigor de la ley de evaluación ex ante de fusiones y adquisiciones empresariales de agosto de 2020 hasta marzo de 2021. Las excusas nunca faltan mientras las grandes empresas podrían absorber a las medianas y pequeñas en perjuicio de los ciudadanos.

Fue lamentable el retroceso del gobierno en la pretensión de establecer un impuesto o contribución extraordinaria asociada al patrimonio o ingreso de las personas y empresas de mayores recursos. El gobierno cedió a los poderes económicos y mediáticos, cuando la evidencia internacional es clara y se tenían las fuentes internas para cobrar. La elevación de las tasas del impuesto a la renta, los impuestos al patrimonio, a la riqueza y a la herencia se establecieron en tiempos de crisis; no cuando las cosas van bien. Esto ocurrió al terminar la Primera y Segunda Guerra Mundial y en tiempos como los actuales. Otra norma desatinada ha sido la elevación de las tasas de depreciación contable que tiene como principal impacto la reducción de la renta imponible de las personas jurídicas.

Se acaba de ampliar la norma legal de suspensión perfecta de labores hasta inicios de 2021; esto era innecesario. No hay que olvidar que con esta norma se deja de pagar a los trabajadores y en el camino las empresas pueden cerrar o quebrar eliminando la entrega de liquidaciones a sus trabajadores. Tampoco se ha previsto un bono adicional a los trabajadores que sufren de esta condición. Por otra parte, hubo reducida transparencia y limitada rendición de cuentas. Los mecanismos de participación ciudadana (apoyo a cocinas populares, programas de trabajo comunitario, entre otros) se aprovecharon tardíamente.

Por último, el gobierno se equivocó con el programa de refinanciamiento de deudas de particulares que debieron circunscribirse a los créditos hipotecarios y para las Pymes, no al crédito al consumo. Las garantías del MEF, si los deudores incumplen, podrían desequilibrar aún más las finanzas públicas También se equivoca en el subsidio a la planilla para promover empleo (más subsidios a las empresas) ya que se podría transferir las cargas sociales a través de un tributo indirecto. No comentamos aquí algunas de las desatinadas normas emitidas desde el Poder Legislativo, ni las medidas económicas que a nuestro juicio debieron implantarse, ya que esto rebasaría los alcances de esta nota.