Escrito por Manuel Bello Revista Ideele N°294. Octubre 2020

El debate en torno a la ley con la que se pretendía “reincorporar” a docentes interinos del régimen laboral anterior a la actual Carrera Pública Magisterial, no ha terminado con la decisión del Congreso de cancelar su ley. Por el contrario, la discusión se debe ampliar para incluir el tema de los docentes contratados, que han ido creciendo en cantidad en los últimos años y actualmente representan cerca del 40% del total del magisterio que trabaja en la Educación Básica a cargo del Estado.

Muchos de los antiguos docentes “interinos” que no llegaron a incorporarse como nombrados en el régimen de la Ley de Reforma Magisterial de 2012, han seguido laborando como profesores en la condición de contratados, participando en los concursos que anualmente realiza el Ministerio de Educación para atender las plazas que requiere el servicio educativo nacional y que no son cubiertas por los docentes nombrados. Pero, además de ellos, muchas decenas de miles de profesores titulados más jóvenes también se presentan cada año a esos concursos para acceder a plazas de contrato a plazo fijo.

El problema de los contratados es que trabajan en una condición de inseguridad laboral, no acceden a importantes beneficios que solo alcanzan a los nombrados y la duración breve del contrato no les garantiza continuidad en el puesto ni asegura su permanencia en la localidad donde se ubica la institución educativa. Además del efecto sobre la disposición de ánimo y el compromiso de cada maestro, la precariedad del vínculo laboral impide la conformación de equipos de trabajo profesional estables que aseguren la implementación y el desarrollo de proyectos educativos institucionales de mediano o largo plazo.

No solo deben ser evaluados los docentes que ingresan y permanecen en el ámbito de la enseñanza; también deben ser evaluados los directivos, los gestores, los funcionarios, y las autoridades en el buen cumplimiento de condiciones básicas de calidad en las instituciones educativas y en el sistema escolar en su conjunto.

La situación de los antiguos docentes interinos y los actuales contratados pone sobre la mesa la urgencia de convocar un nuevo concurso de nombramiento de docentes, para incorporar a la carrera pública magisterial a miles de profesores y de esa manera reducir significativamente la proporción de docentes contratados en las escuelas gestionadas por el Estado. El concurso previsto para el 2020 se suspendió por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, pero ya es tiempo de ponerlo nuevamente en el calendario, como parte de la campaña para el buen inicio del año escolar 2021, que presentará grandes desafíos ya identificados por el MINEDU.

La realización del concurso de nombramiento en una fecha próxima permitirá incorporar a la carrera pública magisterial a un contingente de docentes jóvenes, en reemplazo de los jubilados y fallecidos en los años recientes, bajando la edad promedio y ofreciendo la oportunidad del nombramiento a profesores que se han beneficiado de ciertas mejoras en la calidad de algunas instituciones de formación inicial docente y han ganado experiencia de aula como contratados.

Además, el concurso de nombramiento puede servir para solucionar definitivamente la controversia en torno a la supuesta arbitrariedad cometida con los docentes interinos, que habiendo logrado el título profesional en educación en los plazos previstos en las sucesivas leyes magisteriales, se les habría negado el derecho a transitar a la nueva carrera pública magisterial automáticamente -al igual que todos los profesores pertenecientes al régimen laboral de la antigua Ley del Profesorado- o mediante una evaluación de desempeño pedagógico y no un examen de conocimientos, que fue lo que se les ofreció. En el marco de un nuevo concurso de nombramiento, se podría ofrecer bonificaciones en el puntaje a los docentes interinos que cumplan con ciertos requisitos, tales como: haberse titulado antes de 2014, haber accedido mediante concurso a plazas de contrato entre 2014 y 2020, haber participado en programas o cursos de desarrollo profesional ofrecidos por el MINEDU, haber accedido a títulos de especialidad o posgrados en Educación, entre otros.

En definitiva, el criterio principal que debe orientar antes que otros las políticas y las decisiones del Estado en materia de Educación -ya sea el gobierno o el congreso- es la responsabilidad de garantizar el derecho de los peruanos y peruanas -niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos- a una educación de buena calidad y con equidad. En el cumplimiento de esta responsabilidad no solo deben ser evaluados los docentes que ingresan y permanecen en el ámbito de la enseñanza; también deben ser evaluados los directivos, los gestores, los funcionarios, y las autoridades en el buen cumplimiento de condiciones básicas de calidad en las instituciones educativas y en el sistema escolar en su conjunto. Todo ello compromete de manera intersectorial a los tres niveles de gobierno: nacional y subnacionales. Dejemos de mirar el árbol y veamos el bosque.