Escrito por

En este artículo, quiero compartir reflexiones sobre cómo la pandemia del COVID 19 está impactando nuestra economía informal urbana. Es decir, la economía de la ciudad, la de todos los días de miles de trabajadores y trabajadoras.

Nuestra economía antes de la crisis sanitaria ya se consideraba como una de alta informalidad, y en la actualidad, todos los indicadores muestran que esta informalidad está aumentando y aumentará. Es decir, conforme pasa el tiempo, más personas trabajan de manera independiente, por su cuenta (autoempleados) o trabajan para una empresa informal, o tiene una empresa que, a su vez, emplea informalmente a otras personas. A medida que pasen los meses, más personas aceptarán ser contratadas (incluso por empresas formales) pero sin contribuciones de protección social, o contratadas como trabajadoras remunerados en hogares, o trabajarán por jornada o por un tiempo parcial, o para algún familiar que le dará la oportunidad de un cachuelo o techo y comida, o realizará trabajos industriales en sus domicilios.^[1]

Esto ya sucedía, por ello la alta informalidad. Pero ésta era percibida de manera parcial y sesgada, limitada y a través de aquellas actividades que llegaban a la calle (como los y las ambulantes) o a los titulares de los medios de comunicación—como cuando ocurre alguna desgracia que muestra las condiciones infrahumanas de trabajo existentes y permitidas. En muchos casos, esta economía informal también es celebrada como “emprendedurismo”.

Lo cierto es que, en este país, hasta antes de marzo, simplemente con tener un RUC o RUS eras considerado formal. Por lo cual, por ejemplo, todos aquellos recicladores que participan en los programas de segregación de la fuente en diversas municipalidades que fueron registrados y se les pidió que tramitaran su R.U.C. para la venta de sus residuos segregados, son considerados “formales” aun sin tener protección social y/o seguro médico. Y al igual que los recicladores, muchos trabajadores y trabajadoras autoempleados que realizan diferentes servicios que viven de lo que ganan del día pero emiten recibos e incluso facturas, son considerados formales. Y es esta una característica que comparten con el conjunto de los y las trabajadores informales: no tienen cómo enfrentar cualquier tipo de crisis (salud, económica, desastre natural) que les impida trabajar. No tienen ningún mecanismo social que les sirva de “colchón” para aguantar no trabajar. Quienes tengan algún colchón se relaciona directamente con lo que hayan acumulado por su trabajo: ahorros, créditos, redes de apoyo, bienes, etc.

1. La informalidad, esa desconocida

El grueso de trabajadores informales ni siquiera tiene ese RUC o RUS. Es decir, no se encuentra registrado. Es más: nuestras estadísticas laborales no los cuentan a todos ni a todas. Lo cual hace que sea muy difícil saber quiénes son, dónde están, qué hacen y, menos aún, qué necesitan. Los gobiernos locales tampoco los tienen en sus registros, salvo aquellos que tengan un permiso o autorización para realizar alguna actividad en la vía pública como la venta ambulatoria, en los programas de reciclaje (segregación de la fuente), etc.  Pero este es un grupo muy pequeño, muy selecto. El grueso de trabajadores y trabajadoras trabaja en las vías públicas de la ciudad, transita por ella, alquila cuartos y no aparece en los registros, no tienen contratos. Puede que le paguen a la municipalidad por un permiso o una licencia, o por el uso de la calle, pero no son parte de ningún registro. Es decir, es una informalidad de la que no se tiene información, no se registra y no se conoce sus características. Es desconocida.

La mayoría de las autoridades siguen mostrando las mismas tácticas y las mismas estrategias como parte de un discurso que pretende imponer una mano dura de orden y seguridad. El repertorio de “soluciones” es muy corto y ante la falta de resultados o mejoras, se clama por la falta de interés por formalizarse de los informales. La formalización se ha convertido en una palabra con varios significados que es utilizada por las autoridades (y algunos especialistas) para presentar propuestas que nunca han mostrado eficacia ni ser sostenibles. Y es precisamente lo que ha mostrado esta crisis sanitaria: que no se trata de contar con un RUC., con una identificación o pagar o no impuestos; se trata de la oferta del empleo y la calidad de éste, de las actividades económicas que permiten a las personas trabajar y obtener ingresos. La informalidad no debe tratarse como un tema de legalidad. Y las actividades donde se concentra la informalidad son aquellas donde ha habido trabajo y son, precisamente, las que corresponden a los sectores económicos de alto riesgo, de acuerdo a la OIT, como las actividades de manufactura, el comercio al por mayor o menos, las actividades de alojamiento y servicio de comidas. Y en estos sectores se concentra una mayoría de trabajadoras mujeres. Es así como se explica que miles de personas que trabajaban en estos sectores, precariamente formales, se encuentran ahora en la informalidad. 

Tomemos, por ejemplo, el caso del comercio ambulatorio. No es un problema de la gestión de la calle o del espacio público, es un problema de empleo y, por ende, económico. Están relacionados, sí, pero ordenar una calle o un mercado no mejorará las condiciones del empleo. Así que el diagnóstico simplista es que los y las ambulantes no tienen “voluntad” para formalizarse: no quieren dejar la calle, no quieren pagar impuestos o, como señalan otras voces, el Estado no brinda las condiciones y formalizarse sigue siendo muy caro.

Las medidas intermitentes, aisladas e insostenibles en algunos puntos de la ciudad para desalojar y reprimir a los y las vendedores ambulantes, están destinadas al fracaso. Es más, sólo promueven las condiciones de insalubridad que debemos combatir: la prisa, el aturdimiento que produce la represión física y violenta condiciona a que las personas no sigan los protocolos sanitarios ni mantengan la distancia de 1,5 metros. Y las medidas por formalizarse limitadamente legalista, tampoco ha significado una mejor calidad del empleo, ni mejora en las condiciones de vida o de protección frente a la crisis.

Necesitamos un consenso sobre cómo solucionar el problema del empleo, no de la informalidad. Y este problema requiere medidas a largo plazo y trabajadas de manera intersectorial. Se necesita promover e invertir en actividades estratégicas no porque son productivas, sino porque producen más puestos de trabajo. Y estas políticas deben garantizar que la calidad del trabajo sea cada vez mejor.

2. “No es novedad: la calle siempre está dura”

Nuestro mercado laboral nos muestra que las actividades que han producido más puestos de trabajo son las actividades de comercio y servicio, es por ello que ahí está el acumulado de las personas que trabajan. Este sector es el más golpeado en estos momentos. Es importante aquí recordar el calendario de una economía tercerizada como la nuestra: las campañas más importantes para el comercio y los servicios, son las de fiestas navideñas (fin de año), el día de la madre (mayo) y las fiestas patrias (julio). Las campañas de inicio del año escolar y del padre son las que siguen en proporción. Además, hay servicios estrechamente relacionados con el calendario del turismo del hemisferio norte (mayo- agosto) y al turismo interno (a lo largo del año, pero más fuerte en Semana Santa, medio año y verano). 

Para muchos comercios y servicios los meses del verano no son muy activos ni productivos. Es el momento de ahorro porque se vive de las ganancias de la campaña navideña y es el momento de la inversión para las próximas campañas (año escolar o día de la madre), ambas son importantísimas para actividades textiles, en general. Desde diversas provincias, es frecuente que se produzca en este período de verano, migraciones temporales hacia las ciudades más grandes para la compra de insumos y productos para llevar a sus mercados. Lima no es la excepción: es el gran mercado para vender productos de todo el país, pero también es el gran mercado donde comprar de distribuidores y proveedores al por menor o mayor.

Para muchos negocios y comerciantes, desde los más grandes hasta quienes trabajan en el comercio ambulatorio, el inicio de la pandemia significó gastar esos ahorros, o el capital destinado a la inversión, o quedase con el capital ya invertido en productos, o deudas ya contraídas porque estaban listos para la campaña de inicio del año escolar o ya en proceso de investir para el día de la madre. A partir de entrevistas con trabajadores y trabajadoras informales, el momento del inicio de la pandemia fue crítico. Quienes salieron a la calle a trabajar desde los primeros días, considerados trabajadores y trabajadoras esenciales, pudieron mantener sus ciclos de negocios.

Las y los trabajadores que tenían algo de capital o capacidad de endeudarse, invirtieron lo que pudieron en aquello que les permitiera recapitalizarse. Una opción fue comprar algunos productos para revenderlos. Y fueron quienes acudieron a trabajar a los mercados y calles apenas se levantó la cuarentena obligatoria. No por irresponsabilidad, como suele simplificarse en muchas transmisiones y reportajes en los medios, sino por una decisión económica y estratégica que evaluaba los riesgos a contagiarse de una enfermedad y la necesidad de producir ingresos. Porque si vives al día, de solo lo que ganas de tu trabajo ese día, lo más probable es que tu trabajo sea precario, de baja productividad, de largas jornadas y lo realizas en lugares con poca seguridad. Es decir, seas un trabajador o una trabajadora informal.

“No es novedad: la calle siempre está dura” fue una frase de una vendedora ambulante con quien conversé en julio^[2]. Esta señora, madre de un niño y niña, había “aguantado” todo lo que había podido para no salir a trabajar: gastó sus pocos ahorros, se endeudó, vendió algunos artefactos. Su gran problema es que no tiene dónde ni con quien dejar a sus hijos porque normalmente mientras trabajaba sus hijos iban al colegio. Para ella el cuarto alquilado donde vive no es seguro para dejar a sus hijos y las condiciones de la calle, esa que siempre está dura para trabajar, no es lugar para llevarlos, no solo por el virus sino también por la violencia de los operativos municipales. Y su demanda: que le permitan trabajar tranquila, como para juntar un capital y hacer otra cosa.

Porque esta es, además, otra característica clave de muchas actividades económicas donde hay una alta informalidad: son realizadas mayoritariamente por mujeres. Y de acuerdo a sus características las dimensiones de sus problemas son más complejas: edad, jefatura de familia, número de dependientes, nivel educativo, condiciones de la vivienda, entre otros.

3. La ciudad, la gran escuela

Durante estos meses de crisis sanitaria se ha fortalecido el discurso sobre la informalidad que no es nuevo. Cada día, los diferentes medios de comunicación muestran calles de nuestras ciudades, mercados, paraderos que siguen teniendo una alta concentración de personas y donde se siguen formando aglomeraciones. Ya no es solo el desorden y la suciedad, ahora también es el peligro inminente del contagio. El mensaje es simple y directo: quienes malogran las calles y las desordenan, ahora también propagan el virus.

Los mercados siguen atendiendo, cumplen con la función de abastecernos. Mantienen una dinámica comercial que articula la producción agrícola y el comercio, que satisface la demanda por alimentos de la ciudad. Siguen abiertos, dando trabajo a través de la ciudad y los y las ambulantes siguen vendiendo a su alrededor, o en las calles, a pesar de ser perseguidos y despojados de su poco capital invertido, de las rejas, de los golpes. Las calles más céntricas siguen llenas de ambulantes cargando bolsas con productos, con paquetes intentando encontrar un lugar en la calle en el cual poder ubicarse, una hora o dos, el tiempo necesario para realizar unas pocas ventas con las que cubrir sus pasajes, no irse con menos de lo que llegaron, que alcance para el almuerzo del día de la familia. Y así, estos conglomerados dinamizan nuestra economía y deben continuar haciéndolo pero es necesario que lo hagan, urgentemente, en mejores condiciones sanitarias. Y a mediano plazo, con mejores condiciones laborales.

Las municipalidades son las que tienen a su cargo los mercados de abastos y el comercio ambulatorio de las vías públicas. Pero esta crisis sanitaria ha evidenciado las limitaciones de gobiernos locales y metropolitanos para la gestión de sus jurisdicciones. O, en otras palabras, ha mostrado la mirada tan restringida que tienen sobre sus límites jurisdiccionales y competencias. Y esta es una tendencia de mucho tiempo: frente a avances positivos como la creación de mancomunidades, lo más frecuente es que cada proceso electoral se reaviven los discursos “localistas” que difunden el mensaje de que lo que hay y se hace en un distrito es para sus residentes, es decir, votantes.

Al inicio de la pandemia, se tuvo evidencias de iniciativas oportunas e interesantes en localidades de todas partes del país. Desde Sullana, Chulucanas, Cusco encontramos a municipalidades que sorprendieron organizando las colas para ingresar a sus mercados y paraditas, empleando el pintado de las veredas y pistas para señalar la distancia necesaria, en ¿Qué tienen en común estas iniciativas? Que los gobiernos locales han asumido su rol promotor y también el pedagógico. Están cumpliendo sus funciones y regulando, también están construyendo ciudadanía. Todas estas experiencias mostraron que el orden es posible, que la regulación es necesaria y que el diálogo entre los gobiernos locales, organizaciones de trabajadores, la policía y la ciudadanía pueden brindar las condiciones necesarias para el uso de espacios públicos que garanticen la seguridad alimentaria y sanitaria de las ciudades.

Pero necesitamos ir varios pasos más allá. Por ejemplo, la Municipalidad de Independencia ha empezado un proceso de diálogo y de coordinaciones con organizaciones de vendedores ambulantes que tienen sus proyectos de construcción de mercados, con los predios comprados y financiamiento pero que requieren licencias de construcción, cambios de zonificación. La construcción de estos mercados significa también puestos de trabajo a través del Programa “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo. Es esta la ruta que se necesita: coordinación intersectorial, articulación vertical y/o la horizontal en el territorio. Es decir, gobiernos locales y las organizaciones compartiendo acuerdos y responsabilidades.

Un aprendizaje de esta crisis sanitaria debería dejar muy en claro la necesidad de un enfoque sistémico y territorial: los problemas de unos nos afectan a todos. Como nuestros grandes problemas que requieren soluciones integrales: transporte público, manejo de residuos sólidos, contaminación, empleo. La gestión del territorio implica también reconocer que hay una pedagogía de la ciudad. La ciudad nos enseña y aprendemos de ella, en ella. Las aglomeraciones son un riesgo, implican mayor riesgo de transmisión no solo de este virus, sino de cualquier enfermedad. Pero el problema no es que se concentre una alta cantidad de personas sino cómo. Necesitamos aprender a hacer colas, respetar turnos, mantener distancia, pero también demandar por servicios higiénicos y condiciones para que esperar nuestros turnos en un paradero, por ejemplo, sea posible y seguro.

En una ciudad como Lima, construida y estructuralmente informal, nuestra ética del trabajo está estrechamente sostenida por nuestra valoración del tiempo. El objetivo es trabajar más en menos tiempo, es mejor cuánto más podamos hacer en una jornada, en un recorrido. Somos más rendidores, productivos o eficientes. En las diferentes actividades de empleo informal se aprecia, precisamente, a la persona trabajadora, a quien puede estar cuántas más horas trabajando por día. No se trata solamente de la productividad, también se trata de que, si el margen de ganancia de nuestra actividad es muy pequeño, necesitamos compensar haciendo mucho, vendiendo más, trabajando en largas jornadas. La pandemia nos está confrontando en nuestras diversas formas de vivir: nuestros hábitos del día a día, nuestros reglamentos, lo que está normado y lo que hemos dado por sentado. Nuestros aprendizajes para (sobre)vivir en una ciudad como esta, en este momento atentan contra nuestra salud. Nos toca aprender que se necesita tiempo para cuidarnos, para mantener la distancia, para lavarnos las manos porque lo que hacemos y dejamos de hacer, nos afecta.

La gestión del territorio implica también regulaciones en prácticas sociales y en las condiciones necesarias para que estas se desarrollen con la pausa necesaria que garanticen bienestar en la convivencia. Es necesario que las municipalidades inicien los procesos de formalización pero no como un objetivo legalista o meramente regulador o para despejar las calles sino para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, residentes y trabajadores. Los procesos de formalización deben proporcionar información para generar programas y estrategias para mejorar las condiciones de trabajo en una fase crítica como la que estamos.

La seguridad sanitaria no tiene límites jurisdiccionales. Los mercados o las zonas de aglomeraciones deben tratarse como territorios y es por eso que la articulación de gobiernos locales y metropolitano o regional, es clave. Si la ciudad es la gran escuela, los mercados y calles son aulas por las que pasamos en algún momento, lugares privilegiados con el potencial de (re) aprender nuevas prácticas, nuevos hábitos de convivencia y de cuidado.

Chacaltana, J. (2020) ¿Respuesta rápida a la COVID-19 en un contexto de alta informalidad? El caso del Perú. OIT, Nota informativa 25 de mayo, 2020.  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/documents/publication/wcms_747776.pdf

OIT (2020) Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19. Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe. Nota técnica junio de 2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_749659.pdf

[1] La pandemia de la COVID-19 ha generado en nuestro país, como en diversas regiones del mundo, una recesión económica que ya está siendo calculada como sin precedentes. De acuerdo a la OIT, nuestro país se encuentra entre aquellos de la región latinoamericana que se proyecta tendrá una de las mayores caídas en su producción (2020). La OIT hace referencia a estimaciones del Banco Mundial de junio que el promedio de la región latinoamericana estaba en -7,2% del PIB y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en -9,4%. En esta misma proyección, el FMI calcula que la caída del Perú estará en -13,9%. Perú es un país de “alta informalidad” debido a nuestros indicadores: el 73% del empleo es informal a nivel nacional y 57% para Lima Metropolitana (ENAHO, 2017).

[2] Durante el mes de julio colaboré con un estudio sobre el impacto de la crisis sanitaria en las condiciones de vida y de trabajo de trabajadores y trabajadoras informales de diferentes sectores en Lima Metropolitana. Este estudio lo realiza WIEGO y se encuentra en la fase final del procesamiento. Mis referencias se limitan a las casi 50 entrevistas que realicé.