Corrupción y reformas judiciales en el Perú del bicentenario:¿No hay mal que dure quinientos años ni cuerpo que lo resista?

Escrito por Revista Ideele N°294. Octubre 2020

En las próximas líneas plantearé la siguiente argumentación: la corrupción es un problema de larga data en el Perú, que pasa por la colonia y la república, que está extendido en las instituciones y en la sociedad, y se refleja en lo judicial de diferentes maneras. Este problema no ha logrado ser resuelto, a pesar de que se han ensayado diversos esfuerzos de reforma judicial desde hace muchas décadas. Por el contrario, la corrupción judicial es un problema actual y grave. Frente a ello, las medidas planteadas a lo largo de la actual gestión del Ejecutivo (2018-2021) no pueden catalogarse como un esfuerzo de reforma judicial, ya que fueron reacciones puntuales y urgentes, que se encasillaron en el debate parlamentario.

1. El Perú y la corrupción judicial: un problema viejo, actual y grave

Los problemas en el sistema de justicia peruano son de larga data. Incluso anteriores a la fundación de la república, es decir durante la colonia. Salvando las distancias entre el concepto de bien público de aquella época y lo que se entiende ahora por bien público, De la Puente señaló que los ministros de la Real Audiencia de la Lima virreinal del siglo XVII ya eran acusados de excesos de codicia por anteponer sus propios intereses o los de sus familiares y por realizar otros abusos en ejercicio de su poder jurisdiccional[1].

Durante la república los problemas de la justicia no se solucionaron, sino que continuaron. Entre ellos cobró gran relevancia la corrupción. El importante intelectual de fines del siglo XIX e inicios del XX, Gonzales Prada, exdirector de la Biblioteca Nacional, afirmó en su ensayo Nuestros Magistrados que:

No hay iniquidad irrealizable ni reato ineludible, cuando se tiene dinero, influencias o poder… Y no valen pruebas ni derechos. Como se busca un mal hombre para que pague un esquinazo, así en los juicios intrincados se rebusca un juez para que anule un sumario, fragüe otro nuevo y pronuncie una sentencia donde quede absuelto el culpable y salga crucificado el inocente[2].

En la actualidad son varias las investigaciones de agencias nacionales e internacionales, estudios académicos, periodísticos e incluso pesquisas fiscales y judiciales que dan cuenta de la corrupción en el Perú y particularmente en el sistema de justicia.

A estas alturas queda claro que no estamos ante un nuevo intento de reforma judicial, que enfrente decididamente problema de la corrupción. Lo impulsado en el 2018 tuvo pretensiones menos ambiciosas, que fueron boicoteadas por el congreso y que en 2020 se enfrentan a la crisis desatada por el coronavirus. De ese impulso quedan solo algunos bríos, que podrían generar cambios en zonas neurálgicas, como en la carrera judicial y fiscal, a partir del trabajo de la Junta Nacional de Justicia.

De acuerdo al Corruption Perception Index 2018[3], el Perú se encuentró en el puesto 105 de 180 países con una puntuación de 35/100, es decir peor que el año anterior. Por su parte, el indicador Control of Corruption del World Bank tampoco fue favorable para el Perú en el año 2017, puesto que le coloca un puntaje de -0.50 en un rango entre -2.5 (suave) a 2.5 (fuerte) en governance performance[4].

La población no es ajena a la cotidianidad de la corrupción y ha desarrollado niveles de tolerancia. De acuerdo al índice de propensión a la corrupción de Ipsos, uno de cada dos peruanes tiene tolerancia alta o media a la corrupción[5]. Saliendo del panorama general, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) explica que el bajo puntaje del Perú en el indicador de Integridad Pública 2015 se debe a su bajo puntaje en el subindicador Independencia judicial[6], es decir a lo que nos interesa: el sistema de justicia.

El sistema de justicia, encabezado por el Poder judicial, no goza de aprobación entre los peruanos y peruanas. De acuerdo a data nacional urbana y rural de Ipsos, entre agosto de 2016 y mayo de 2019 la aprobación de la gestión del Poder judicial promedió en alrededor del 25%, salvo en los críticos meses de julio, agosto y setiembre del 2018, cuando solo 1 de cada 10 peruanos y peruanas daba una respuesta aprobatoria a favor de ese poder del Estado[7]. Además, cuando se le pregunta ¿cuál cree que son los principales problemas de la justicia? La principal respuesta es abrumadora: un 76% dice que la corrupción[8].

De acuerdo al Consejo Transitorio del Poder judicial, conformado con ocasión de la caída del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), los mecanismos de corrupción de mayor incidencia en el ámbito judicial fueron: 1. Lobbies, 2. Redes ilícitas clandestinas al interior de las instancias judiciales, 3. Acciones de copamiento, 4. Estilos de prevalimiento, 5. Redes de información, 6. Intercambio de favores lo suficientemente motivadores de la voluntad funcional, 7. Utilización de vulnerabilidades personales de la persona magistrada (estatus de suplencia o provisionalidad en los cargos, mediocridad y deficiencias en la formación académica, falta de experiencia en las tareas del despacho judicial), 8. Preferencias en las designaciones, 9. Acceso irregular a la magistratura, 11. Financiamiento irregulares de publicaciones periódicas[9].

La corrupción es un tópico que ha sido tratado en diferentes diagnósticos y planes de reforma de la justicia en el Perú. Si nos enfocamos en uno de les actores, les abogades, encontramos por ejemplo, que el Plan Nacional de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) identificó como posibles vías mediante los cuales las personas abogadas corrompen las siguientes: “(i) estudios o bufetes vinculados a jueces y auxiliares de justicia, (ii) jueces que patrocinan por interpósita persona”[10]. Por su parte, Pásara constató cuantitativamente la ineficiencia del control ético disciplinario del Colegio de Abogados de Lima[11], mientras que la Defensoría del Pueblo señaló que la corrupción de las personas juezas solo es posible por la acción de otros involucrados, como les abogades y cuestiona el impacto de los cursos de ética en las facultades de derecho, así como los controles de los colegios profesionales[12]. Incluso la literatura especializada ofrece un conocimiento casuístico más detallado de las prácticas de las redes de corrupción que involucran a abogades[13].

Más allá del uso corrupto del derecho, organizaciones criminales utilizan su conocimiento experto de esta materia y del funcionamiento del sistema de justicia para cometer delitos. Se trata ya no solo de corrupción en el sistema de justicia, sino del uso criminal del derecho, como lo demostrarían las investigaciones policiales, fiscales y judiciales en el caso de la organización criminal vinculada al abogado Rodolfo Orellana. Luis Pásara llegó a sostener en una reciente entrevista:

Cuando publiqué Jueces, justicia y poder en el Perú, en 1982, consideré que el principal problema de la justicia residía en su relación umbilical con el poder, de la cual se derivaban los demás. Era cierto, pero mi análisis se limitó a los vínculos de dependencia respecto del poder del Estado. Ahora, esos vínculos existen –conforme hemos escuchado en los audios– pero no son los más importantes. Los verdaderos centros de control no están en el Congreso o en Palacio de Gobierno, sino en las manos de los barones del crimen organizado de la droga, del tráfico de personas, de las actividades económicas ilegales, etc.[14].

Quizá por eso no extraña que abogades peruanes hayan sido vinculadas a la empresa brasilera Odebrecht y que por lo tanto la Fiscalía haya hecho indagaciones sobre su relación con casos de corrupción[15], ni que incluso contra algunas personas abogadas se hayan dictado medidas restrictivas de derechos[16].

2. Las reformas judiciales del último medio siglo: entre la instrumentalización de la justicia y el boicot a la reforma

Los problemas del sistema de justicia, entre los que resalta la corrupción, han sido motivo de intentos de reforma judicial en las últimas décadas de la historia peruana. Sin embargo, estos problemas no han sido resueltos, sino que están fuertemente activos.

A fines de la década del sesenta, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigido por el General del Ejército Juan Velasco Alvarado, tomó medidas como la creación de un tribunal especial agrario competente para los conflictos de la reforma agraria, cesó y reemplazó a los vocales de la corte suprema y creó el Consejo Nacional de Justicia, entre otras. Se trató de una reforma que buscó acercar al Poder Judicial a su proyecto político de corte nacionalista y crítico del capitalismo. En ese sentido, a pesar de que las medidas convocaron a juristas importantes[17], la reforma pretendió instrumentalizar a la justicia a favor del Ejecutivo.

Posteriormente, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se promovió también una reforma judicial que abarcó diferentes aspectos y fue apoyada por agencias internacionales. Son varios los documentos elaborados respecto de la crítica situación del sistema de justicia en los tiempos de Fujimori. Se puede consultar, por ejemplo, el popularmente conocido Informe Goldman[18]. El presidente del Congreso y profesor universitario Henry Pease describió de este modo la cooptación del Poder Judicial durante esa época:

Con esta ley (26546) comenzó la intervención del Poder Judicial. Las atribuciones de esta Comisión serían ampliadas en la ley 26623 aprobada el 15.06.96 …. Poco a poco el país iría comprendiendo que no se trataba de problemas auxiliares de justicia como dijeron en la fundamentación, tampoco de reformar un Poder del Estado esencial para la ciudadanía y cuya corrupción tanto se había denunciado. Se trataba, otra vez, de la primera de todas las corrupciones: la que somete a los magistrados al poder político de turno[19].

Con la caída de Fujimori se dio inicio a un momento alentador en la política e institucionalidad peruana, que lamentablemente fue breve. Recordemos también que en esos años, el Perú acababa de salir de un conflicto armado interno, con duras consecuencias para la población y para la institucionalidad democrática. A partir de ello, los esfuerzos por la recuperación de la memoria histórica, se expresaron en la creación de una comisión de la verdad, para generar un relato sobre lo sucedido durante el conflicto (1980-2000). Dicha comisión, en su informe final, planteó un balance crítico de la actuación del sistema de justicia durante aquellos años de violencia política:

123. La CVR debe indicar que la abdicación de la autoridad democrática incluyó las funciones propias de la administración de justicia. El sistema judicial no cumplió con su misión adecuadamente; ni para la condena dentro de la ley de las acciones de los grupos subversivos, ni para la cautela de los derechos de las personas detenidas, ni para poner coto a la impunidad con que actuaban los agentes del Estado que cometían graves violaciones de los derechos humanos[20].

Aquel duro juicio sobre la actuación del sistema de justicia en el contexto de violencia política, así como la caída del régimen de Alberto Fujimori, generaron condiciones para el último intento ambicioso de reforma judicial en el Perú, que a diferencia de los anteriores no pretendía la instrumentalización de la justicia al proyecto político del Ejecutivo.

Se trata de los esfuerzos canalizados principalmente a través de la Comisión Especial de Reestructuración de la Justicia (CERIAJUS). Dicha comisión fue creada por la ley 28083, publicada el 04 de octubre de 2003 y fue conformada por las cabezas del sistema de justicia y personas de la sociedad civil. El plan nacional de la CERIAJUS, del 23 de abril de 2004, cuenta con alrededor de 650 páginas y divide sus propuestas en las áreas: Acceso a la justicia, políticas anticorrupción, modernización de los despachos jurisdiccional y fiscal, recursos humanos, gobierno, administración y presupuesto, predictibilidad y jurisprudencia, justicia penal y adecuación normativa. Aquel plan tenía vocación de plantear una reforma integral y no solo de focalizarse en lo urgente y concreto.

En cuanto a la lucha contra la corrupción en el plan de la CERIAJUS, ésta era una sub-área del área políticas anticorrupción, eticidad y transparencia, cuyo objetivo estratégico de área era:

Establecer políticas permanentes y coordinadas que consoliden una práctica ética y transparente de los operadores e instituciones del SISJUS y coadyuven a la identificación, sanción y erradicación de prácticas de corrupción en su interior[21].

La sub-área contenía las siguientes propuestas: plan integral de prevención y sanción de actos de corrupción dentro del sistema de justicia y mejora de los órganos de control disciplinario, en tránsito a un único órgano de control externo, reformulación de criterios para la evaluación de idoneidad del magistrado, fortalecimiento del subsistema judicial anticorrupción, articulación con el plan nacional de lucha contra la corrupción del Ministerio de justicia, imprescriptibilidad de procesos administrativos disciplinarios contra magistrados, reapertura de procesos disciplinarios a magistrados destituidos de sus cargos repuestos por acciones de amparo e inhabilitación por cinco años para desempeño posterior de cargo público alguno al servicio del Estado por magistrados destituidos por corrupción[22].

Lamentablemente, dicho esfuerzo de reforma judicial, al igual que los esfuerzos de lucha contra la corrupción y de reformas en otros sectores (por ejemplo militar o policial) fue boicoteado en los últimos años del gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y dejado de lado por el gobierno siguiente de Alan García (2006-2011), en cuya gestión se produjo la segunda apristización de la justicia. Este calificativo usado por David Lovatón[23], describe el esfuerzo de cooptación del sistema de justicia desplegado por el gobierno y les dirigentes del Partido aprista peruano.

3. Las recientes medidas para mejorar la justicia: insuficientes, enfrascadas en el congreso y boicoteadas

Estoy convencido de que la reforma sería un paso importante para superar los problemas de la justicia. Sin embargo, es inexacto decir que en el Perú estuvo recientemente en marcha una reforma judicial.

La actual crisis de la justicia en el Perú se puso en evidencia en julio del 2018 mediante la difusión de audios[24], que mostraban a personas juezas, fiscales y consejeras del Consejo nacional de la magistratura[25] negociando entre elles y con polítiques, empresaries y autoridades diferentes asuntos relacionados al ejercicio del poder público. Por ejemplo, la selección de magistrades titulares, la designación de personas plazas provisionales o el contenido de decisiones jurisdiccionales. Se trataba de presuntos delitos que involucraban a altas autoridades de la justicia, al sector privado y a otres representantes del Estado. Como es lógico, las prácticas corruptas enlazaban a diferentes personas e intereses y desnudaban las mezquindades de una justicia y una sociedad que, según la data de Ipsos, no rechaza radicalmente la corrupción. He ahí una de las principales insuficiencias de las medidas tomadas por el gobierno de Martín Vizcarra para generar cambios en el sistema de justicia: éstas se centran en les agentes del sector justicia y olvidan a otres personajes de la corrupción.

Sin embargo, incluso centrándose en les agentes de la justicia, las medidas planteadas no tuvieron la fuerza y consistencia necesarias para ser consideradas como una reforma judicial. De hecho, la Comisión consultiva para la reforma de la justicia[26], conformada de manera inmediata tras conocerse los audios referidos, fue consciente de sus limitaciones y no tuvo la pretensión de abarcar el amplio espectro de la reforma, sino focalizarse:

ha concentrado su trabajo en elaborar propuestas de medidas urgentes y concretas para abordar la emergencia y abrir el camino para una reforma que conduzca a la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente y libre de corrupción[27].

Por eso, dicha comisión planteó nueve recomendaciones y las calificó como las primeras medidas para un cambio[28]: 1. Creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, 2. Reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, 3. Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra las mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, 4. Descarga procesal: disminución de procesos de pensiones a cargo de la ONP y exclusión de intervención del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos, 5. Selección objetiva de jueces supernumerarios y fiscales provisionales, 6. Creación de Fiscalía Suprema Anticorrupción, 7. Transparencia y rendición de cuentas en el Sistema de Justicia, 8. Medidas para promover la ética en los abogados, 9. Creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Como puede verse, se trata de medidas urgentes y puntuales, que difieren de las pretensiones integrales que asumió por ejemplo la CERIAJUS y que he descrito anteriormente.

Tras conocerse el informe de la comisión consultiva, sus propuestas fueron trasladadas al parlamento mediante el discurso presidencial del 28 de julio de 2018 y posteriormente a modo de proyectos de reforma constitucional y legal. En aquel discurso, el presidente del Ejecutivo Martín Vizcarra afirmó que, después de dieciocho años de los escándalos de corrupción del gobierno fujimorista, el país estaba nuevamente en una seria crisis por la corrupción de la administración de justicia[29].

Si bien inicialmente la lucha contra la corrupción judicial develada por los audios generó una reacción importante, como la renuncia del presidente del Poder Judicial, la remoción de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, la investigación contra un vocal supremo (que luego se fugó del país), la prisión preventiva para el presidente de la corte de El Callao y otros integrantes de la denominada organización criminal “Los Cuello Blanco del Puerto”, las resistencias y el boicot también aparecieron.

El caso emblemático de la resistencia y boicot a los cambios provino del Fiscal de la nación Pedro Chávarry y de las dos bancadas en el congreso que lo respaldaban. Dicho fiscal fue grabado en audios con el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, coordinando el apoyo de Hinostroza y de otras personas a su postulación para Fiscal de la nación[30]. Chávarry, sindicado por el propio Ministerio público como parte de la organización criminal “Los Cuello Blanco del Puerto” fue defendido en reiteradas ocasiones por fuerzas parlamentarias de oposición, entorpeciendo y muchas veces evitando investigaciones congresales contra él[31]. Debido a su relación con esa organización criminal, la exigencia de que dejara el cargo fue masiva durante el último cuatrimestre del 2018. La ciudadanía en marchas multitudinarias, agrupaciones de fiscales, representantes del Ejecutivo y parlamentarios se expresaron públicamente a favor de su renuncia. Esta llegó recién en enero del 2019 solo después de que Chávarry separara a los fiscales que investigaban el caso Lava Jato. En esa ocasión, la indignación ciudadana fue de tal magnitud que el fujimorismo y el partido aprista retrocedieron en su sostenida defensa a Chávarry.

Sin embargo, el caso Chávarry no fue la única muestra del boicot parlamentario a las propuestas de cambio en la justicia, especialmente a las medidas de lucha contra la corrupción judicial. Las resistencias a poner en debate la modificación de la constitución, el bloqueo a las investigaciones por crimen organizado a las autoridades judiciales vinculadas a “Los Cuello Blanco del Puerto” y sus esfuerzos por no discutir y desvirtuar los proyectos de ley sobre justicia remitidos por el Ejecutivo fueron muestras del boicot.

4. Conclusiones: ¿Qué se puede esperar?

Es muy complicado proyectar una mirada al futuro. Sin embargo, planteo algunas ideas. A estas alturas queda claro que no estamos ante un nuevo intento de reforma judicial, que enfrente decididamente problema de la corrupción. Lo impulsado en el 2018 tuvo pretensiones menos ambiciosas, que fueron boicoteadas por el congreso y que en 2020 se enfrentan a la crisis desatada por el coronavirus. De ese impulso quedan solo algunos bríos, que podrían generar cambios en zonas neurálgicas, como en la carrera judicial y fiscal, a partir del trabajo de la Junta Nacional de Justicia.

Tratándose la corrupción judicial de un problema que nos acompaña desde la colonia, las medidas que deben tomarse no solo deben apuntar al sector justicia. En realidad no es el poder judicial nuestro objetivo, sino la sociedad. La justicia es un espacio, donde se reproducen patrones de ejercicio del poder corrupto. Al respecto, me sumo al escepticismo de Pásara, ante la posibilidad de cambiar la justicia sin que se produzcan cambios en la sociedad[32].

La actual crisis desatada por la pandemia del COVID-19, una de las peores de nuestra historia, deben llevarnos a extremar la crítica que nos hacemos como sociedad. La cantidad de muertes, el sufrimiento desatado, la crisis política, económica, social y de salud, nos brindan una trágica oportunidad para repensar y rehacer el país de cara al bicentenario de la república, en el contexto global. En esa tarea debe entrar también la corrupción y la justicia. El Perú ha demostrado que, en relación a la corrupción judicial, hay males que duran más de cien años, quizá quinientos, y hay cuerpos que lo resisten. ¿Cuánto más resistiremos? ¿Cuándo tomaremos el problema en serio y lo enfrentaremos directamente?

* Este artículo es una versión modificada y en castellano de la sección IV del texto escrito por Jan-Michel Simon y César Bazán Seminario para la corte de Delaware en el caso de Máxima Acuña vs. Newmont Mining Corporation. Ver documento completo aquí: https://www.academia.edu/43036237/Expert_declaration_for_the_district_court_of_Delaware_case_Maxima_Chaupe_vs_Newmont. Dicha sección IV es de mi autoría.


[1] De la Puente, José (2006). Codicia y bien público: los ministros de la audiencia en la Lima seiscentista. Revista de Indias, vol. LXVI, número 236, p. 133-148.

[2] Gonzales Prada, Manuel, Nuestros Magistrados, 1902, http://blog.pucp.edu.pe/blog/jaimedavidabantotorres/2015/12/13/nuestros-magistrados/.

[3] https://www.transparency.org/cpi2018

[4] https://info.worldbank.org/governance/wgi/wgidataset.xlsx

[5] https://www.ipsos.com/es-pe/indice-de-propension-la-corrupcion

[6] OCDE, (2017). Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente. Paris, Èditons OCDE, p. 22.

[7] Ipsos, Opinión Data, Perú, mayo de 2019, p. 12, https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-05/opinion_data_mayo_2019.pdf

[8] Ipsos, Opinión Data, noviembre de 2016, p. 4, https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/2016-11/Opinion%20Data%20Noviembre.pdf.

[9] Consejo Transitorio del Poder Judicial (2001) Informe final. Comisión de Planificación de Políticas de Moralización, Eticidad y Anticorrupción, p. 63-66. citado por Defensoría del Pueblo (2006). Informe Defensorial No. 109. Propuestas básicas de la Defensoría del Pueblo para la reforma de la justicia en el Perú. Generando consensos sobre qué se debe reformar, quiénes se encargarán de hacerlo y cómo lo harán. Lima, Defensoría del Pueblo, p.83.

[10] Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS). (23 de abril del 2004), Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia. Lima, p. 50.

[11] Pásara, Luis. 2005.. Los abogados de Lima en la administración de justicia. Una aproximación preliminar. Lima, Consorcio Justicia Viva, p. 83.

[12] Defensoría del Pueblo, op. Cit. p. 78.

[13] Se puede consultar Mujica, Jaris (2011). Micropolíticas de la corrupción. Redes de poder y corrupción en el Palacio de Justicia. Lima, Asamblea Nacional de Rectores y Quiñones Oré, Héctor Daniel (2018). Etnografía de la corrupción de abogados de Lima. Tesis para optar el Grado de Magíster en Antropología. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

[14] Pásara, Luis (2019). La reforma judicial: balance y perspectivas reales de cambios, Revista Argumentos, No. 1, año 13, p. 18.

[15] Diario Correo (19 de mayo de 2017), Odebrecht: lista de estudios de abogados que asesoraron a la constructora brasileña, https://diariocorreo.pe/politica/caso-odebrecht-esta-es-la-lista-de-estudios-de-abogados-de-la-constructora-brasilena-750637/, diario La República (24 de julio de 2018), Levantarán secreto tributario de 60 estudios de abogados por contratos con Odebrecht, https://larepublica.pe/politica/1284591-lava-jato-secreto-bancario-60-estudios-abogados-contratos-odebrecht

[16] Tal es el caso del abogado, ex parlamentario y árbitro Horacio Cánepa.

[17] Zolezzi, Ibárcena, Lorenzo (1995). El Consejo Nacional de la Magistratura. Derecho PUCP, 49, p. 124-125.

[18] Comisión de Juristas Internacionales, Informe de la Comisión de Juristas Internacionales sobre la Administración de Justicia en el Perú, International Joint Commission, Washington, D.C, 1993.

[19] Pease García, Henry (2000). Así se destruyó el Estado de derecho. Congreso de la República. Perú. 1995-2000. Lima: s/e.

[20] Comisión de la verdad y reconciliación (2003), InformefFinal, tomo VIII, Conclusiones generales, p. 336. http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VIII/CONCLUSIONES%20GENERALES.pdf

[21] Poder Judicial y otros (2004), CERIAJUS. Preguntas y respuestas. p. 17.http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/1491/ceriajus-preguntas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[22] Ibidem.

[23] Lovatón Palacios, David (diciembre de 2010). La segunda “apristización” de la justicia. Revista Ideele.

[24] El primer reportaje fue hecho por IDL-Reporteros, titulado Corte y corrupción, del 07 de julio de 2018, que puede consultarse aquí: https://idl-reporteros.pe/corte-y-corrupcion/.

[25] Las prácticas de redes de corrupción para cooptar el Consejo nacional de la magistratura han sido descritas testimonialmente por una importante activista de IDL-Justicia Viva, en el siguiente libro: Silva Del Carpio, Cruz, Paren la farsa. Apuntes sobre la elección y fiscalización a los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. IDL, Lima, 2016. http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2016/12/2_Todo_libro_Paren-la-farsa.pdf 

[26] La comisión fue creada mediante Resolución Suprema No. 142-2018-PCM, publicada el 13 de julio de 2018 y estuvo conformada por Allan Wagner Tizón, Delia Revoredo Marsano, Hugo Sivina Hurtado, Samuel Abad Yupanqui, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla Vergara y Walter Albán Peralta. Su informe fue fechado al 25 de julio de 2018.

[27] Comisión Consultiva para la Reforma del Sistema de Justicia (2018), carta de entrega del informe al presidente de la República, p. 1

[28] Comisión Consultiva para la Reforma del Sistema de Justicia (Lima, 25 de julio de 2018), Hacia un Sistema de Justicia honesto y eficiente. Informe de la Comisión Consultiva para la Reforma del Sistema de Justicia, p. 8-24, https://www.transparencia.org.pe/sites/default/files/media/documentos/archivos/Informe%20del%20Comisión%20Consultiva%20versión%20firmada.pdf

[29] Vizcarra, Martín. Mensaje a la nación, 28 de julio de 2018, p. 4, https://www.presidencia.gob.pe/docs/mensajes/MENSAJE-NACION-28-07-2018.pdf

[30] El Comercio (31 de julio de 2018), Difunden dos nuevos audios de César Hinostroza y Pedro Chávarry, https://elcomercio.pe/politica/difunden-dos-nuevos-audios-cesar-hinostroza-pedro-chavarry-noticia-541768, Canal N (26 de octubre de 2018), Audios CNM: Chávarry e Hinostroza coordinaron reunión, https://canaln.pe/actualidad/chavarry-hinostroza-se-habrian-reunido-mayo-segun-audio-difundido-comercio-n344460 

[31] La República (02 de abril de 2019), Fujimorismo y Apra blindan nuevamente a Pedro Chávarry, https://larepublica.pe/politica/1442137-pedro-chavarry-fujimorismo-apra-archivan-denuncia-ex-fiscal-nacion-deslacrado-ilegal-oficina-ministerio-publico

[32] Pásara (2019), op. Cit. p. 20.

Sobre el autor o autora

César Bazán Seminario
César Bazán Seminario, Lima, 1981. Activista e investigador. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Libre de Berlín y candidato a doctor en sociología por la Universidad de Friburgo. Ex miembro del consejo directivo del Instituto de Defensa Legal.

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