Escrito por Ernesto de la Jara Revista Ideele N°294. Octubre 2020

Lo más difícil y polémico respecto a las nuevas acusaciones que actualmente enfrenta el presidente Vizcarra es ubicar su nivel de consistencia y gravedad. Como suele ocurrir, lo primero es descartar posiciones extremas que en la mayoría de casos responden a deseos, intereses, intención de generar desinformación, por una u otra razón.

A estas alturas no se puede decir que ya está acreditada la culpabilidad de Vizcarra y que por eso no podemos continuar ni un día más bajo la conducción de un presidente corrupto. No se puede porque recién se han conocido las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces que lo sindican y acaban de comenzar las investigaciones fiscales. Pero tampoco se puede decir que no hay nada, que solo estamos ante dichos de aspirantes a colaboración no corroborados, que responden a un intento más por bajarse al actual presidente e invocar el principio de presunción de inocencia.

Es cierto que todavía no se pueden hacer afirmaciones definitivas sobre la veracidad de las acusaciones contra Vizcarra, pero su situación es grave y pinta muy mal.

Si ya es problemático ser acusado formalmente ante la Fiscalía por un solo aspirante a colaborador eficaz -la colaboración ha dado muy buenos resultados en muchos casos en el Perú y diversos países – tener cuatro, cinco o más colaboradores en contra (van apareciendo uno tras otro) convierte la situación en algo muy serio y sospechoso.

Un grupo variado de aspirantes acusan a Vizcarra de haber incurrido en un tipo de acto de corrupción que, como se ha demostrado, ha sido muy frecuente en el Perú: pagos ilegales (coimas) a funcionarios públicos (gobernadores regionales incluidos) por ayudar a las empresas constructoras a obtener la asignación de obras de muchos millones de soles o dólares.

Al respecto, siendo Vizcarra un ingeniero que durante 20 años se dedicó a la construcción de obras a través de una empresa familiar, en consorcio con otras, y luego haber sido gobernador regional y ministro de Transporte y Comunicaciones, se le veía como una especie de excepción a la regla.

En este caso, uno de los aspirantes señala que Vizcarra, en su calidad de gobernador regional de Moquegua, pidió y obtuvo coimas (a fines del año 2013) por conceder la obra de Lomas de Ilo al consorcio integrado por Obrainsa y Astaldi, y otros tres lo acusan de haberse beneficiado con la buena pro que se otorgó al consorcio integrado por ICCGSA e Incot por la construcción del hospital de Moquegua (2014). Y últimamente habría aparecido un aspirante a colaborador relacionado con una empresa ecuatoriana vinculada a la construcción de puentes.

Además, son colaboradores que reconocen haber participado directamente en los actos ilícitos a los que vinculan a Vizcarra: dueños y funcionarios de las empresas que pagaron las coimas o altos funcionarios públicos (hasta ex ministros) que hicieron de intermediarios entre empresa, autoridades y Vizcarra.

El diablo está en los detalles

Y son declaraciones que proporcionan información muy precisa y detallada, que abre pistas de investigación muy concretas. 

Por ejemplo, en el caso del primer colaborador que salió a luz en las páginas de El Comercio (N° 10-2018), se señala que el monto de la coima pagado por el consorcio ganador fue el 2% de la obra, concretándose en la entrega de un millón de soles, más el servicio de una avioneta, al que se hará referencia posteriormente. Se precisan varias reuniones con el entonces gobernador regional de Moquegua en el local de una de las empresas y teléfonos fijos o celulares desde los que tuvieron varias comunicaciones con Vizcarra.

También cómo se hizo para sacar la plata para proceder con dicho pago y dónde y cómo se efectuó, además de la suscripción de un contrato simulado vinculado al desembolso.  El pago -según el aspirante a colaborador- habría sido fundamentalmente porque el gobernador de Moquegua les dijo que debían presentar una segunda propuesta en la que el presupuesto no superara el monto máximo que contemplaría la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), encargada de la evaluación de todas las propuestas.

Los medios han señalado que en este caso el colaborador sería uno de los hermanos Tejeda, propietarios de la empresa Obrainsa, con quienes Vizcarra tendría una vieja relación y habría trabajado conjuntamente, formando consorcios a través de los que se hicieron de algunas obras.

En el segundo caso también se trataría de uno de los empresarios dueño de la empresa ICCGSA que le habría pagado al presidente un millón trescientos mil soles.

Y así son muchos los hechos, circunstancias, documentos, nombres, llamadas, cheques, visitas, etc. relacionadas a las declaraciones que pueden rastrearse.  

De lo que se sabe, la Fiscalía ha comenzado las indagaciones y en varios casos se ha corroborado lo dicho por los colaboradores, como por ejemplo respecto a las visitas del presidente a la empresa Obrainsa.

Ahora, es cierto también que frente a cada punto el presidente ha dado una explicación, por lo que se hace necesario profundizar las investigaciones. Concretamente sobre las referidas visitas a la empresa Obrainsa, ha señalado que fueron posteriormente a que ésta obtuviera la buena pro y que responden a una acostumbrada actitud suya de apurar el cumplimiento de las obras, tal como se puede demostrar con su visita a otras empresas. Dos versiones sobre los mismos hechos que por ejemplo justifican una mayor investigación.

Tampoco se puede desconocer que se trata de declaraciones de aspirantes a colaboradores que se consiguen y logran ante un fiscal (Germán Juárez) que es parte del Equipo Especial Lava Jato, es decir, el grupo de fiscales que más experiencia tiene en la investigación de casos de corrupción en el sector construcción debido a que están a cargo de todo lo que tiene que ver con las empresas brasileñas tipo Odebrecht y con el club de la construcción del Perú.

Un equipo del que el mismo presidente ha expresado tener muy buen concepto, en cuando a profesionalismo e independencia, al punto que algunos analistas lo acusaban de estar subordinado a los objetivos políticos de Vizcarra, como destruir a sus oponentes. Sin embargo, son estos fiscales los que han logrado la información que ha puesto contra la pared al presidente.

Es por eso mismo que sería totalmente inconstitucional basar una vacancia presidencia, tal como se acaba de solicitar por segunda vez en este Congreso, en declaraciones que ni si quiera han dado lugar a los respectivos acuerdos con la Fiscalía

El fiscal Juárez ha decido abrir, además, una investigación preliminar por los referidos sucesos (delitos de cohecho y colusión contra el Estado, además de  asociación ilícita para delinquir), lo cual es sin duda una señal de que sí hay elementos que justifican indagar indicios que pueden convertirse en pruebas de delitos, y frente a alguien que es nada menos el presidente de la República, el mismo que, de acuerdo a Constitución, solo puede ser acusado al final de su mandato. Una incitativa similar la ha tenido un fiscal anticorrupción, lo cual hasta ha generado una contienda de competencia.

Juega igualmente en contra del presidente el hecho de que sus aclaraciones varias veces resultan muy poco convincentes. Respecto a la declaración de uno de los aspirantes sobre el pago del alquiler de una avioneta por la empresa Obrainsa para que un conjunto de funcionarios bolivianos se trasladase a Ilo, donde se reunieron con Vizcarra, el presidente ha dicho que la empresa lo hizo por “responsabilidad social”. Sin embargo, no se entiende por qué antes el propio Vizcarra le pide la empresa una cotización sobre dicho alquiler, lo que no tenía sentido si era una donación de la empresa motivada por el interés de que Bolivia invirtiera en el Perú.

E incluso hay hechos descritos por el presidente que tienden a verificarse que son mentira. Así, por ejemplo, dijo que no conocía y que nunca se había reunido con el empresario Camayo, vinculado a los Cuellos Blancos, pero ha aparecido un colaborador que ha dado información de cuatro reuniones, las que han sido confirmadas por otros participantes, y de las que se han presentado fotos que no son negadas tajantemente por el presidente. El punto sigue en la ambigüedad.

Se equivoca también cuando asume como estrategia tratar de reducir todo a un complot contra él, proveniente de Odebrecht o de las empresas del Club de la Construcción o de las que han tenido que pagar impuestos a raíz de un decreto dado por él.

De hecho, hay sectores a los que les conviene la caída de Vizcarra, tal como se vio en el primer intento de vacancia, absolutamente inconstitucional y conspirativo, y que diversos sectores empresariales y medios de comunicación no lo quieren nada. Pero la existencia de estos aspirantes y lo que han dicho y presentando no es mentira, ni la animadversión de determinados sectores empresariales tiene que derivar en una conspiración sin medir las consecuencias para el país.

Sin embargo, sí juega a favor de Vizcarra el hecho de que muchos de los que manifiestan su indignación frente a lo que ha aparecido contra él son personas u organizaciones políticas que no solo no tienen ninguna autoridad moral sino que están relacionados con la comisión de delitos muchos más graves por los que ya están condenados o cuyas investigaciones están mucho más avanzadas. ¿Quiénes vienen impulsando un segundo intento de vacancia? UPP de Antauro Humala y Alarcón, además de Podemos Perú, de los Luna y Urresti, con la complicidad vergonzosa del Frente Amplio (salvo los votos en contra de Rocío Silva y Mirtha Vásquez, quienes se vieron obligadas a sacar un pronunciamiento de deslinde). Circulan comunicados públicos, editoriales y artículos de quienes están vinculados al fujimorismo, al aprismo o a las empresas nacionales que han estado consorciadas con las brasileñas.

Es decir, los que quieren supuestamente moralizar al país, con el caso Vizcarra, están claramente del lado de la corrupción. Y una de las razones por las que quieren es porque tienen la esperanza de que se reviertan todos los avances que pese a todo y con todas las limitaciones se han producido durante estos últimos años. 

Si bien el  Presidente desde el primer momento ha negado todo, ha dicho que no piensa renunciar y viene concediendo entrevistas de manera seguida, lo cierto es que no  ha demostrado tener una  explicación rigurosa y pormenorizada sobre cómo fueron  exactamente todo los procesos de licitación de las obras en cuestión y acerca de su relación con las empresas y personas involucrados, además de no tener generalmente  una respuesta concreta y verisímil que aclare cada  punto que se le imputa con el mismo detalle y precisión que dan  los aspirantes.

Lo que sí es un punto a su favor es que se tratan de obras cuyos procesos de licitación él mismo tercerizó en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés). Difícil que alguien meta a Naciones Unidas si tiene en mente pagos ilegales, ya que justamente ese tipo de intervenciones pretenden disminuir las posibilidades de irregularidades. Ya la Unops ha sacado pronunciamientos pero que han sido interpretados de manera diferente, a favor y en contra del presidente. Es una de los aspectos que requiere mucha investigación.

Vizcarra igualmente tiene razón, y es importantísimo, que se trata solo de aspirantes a colaborador. Para que lo dicho por un colaborador tenga valor probatorio, dentro de un proceso penal, tiene que ser no solo muy importante y oportuno sino fundamentalmente corroborable, más allá del testimonio del propio colaborador o de la confirmación por otras declaraciones similares de otros colaboradores. Y es en ese momento, cuando se verifica información así, que el fiscal decide firmar un acuerdo que tiene que ser aprobado por un juez o por un tribunal en el caso de que el juez lo haya rechazado y haya habido apelación.

Pese a que la mayoría de los colaboradores iniciaron sus procesos en el año 2018, todavía no han firmado el acuerdo de colaboración y beneficios con el fiscal, aunque este tampoco ha denegado sus solicitudes, pese al tiempo transcurrido de colaboración, pudiéndolo haber hecho.

Igualmente, si bien no es cualquier cosa que -como se ha dicho- dos fiscales hayan decidido iniciar investigaciones preliminares, tampoco hay que olvidar que son preliminares, ni siquiera se esta en la etapa en la que el fiscal ha decidido formalizar la investigación y menos acusar.

Es por eso mismo que sería totalmente inconstitucional basar una vacancia presidencia, tal como se acaba de solicitar por segunda vez en este Congreso, en declaraciones que ni si quiera han dado lugar a los respectivos acuerdos con la Fiscalía, los que se conocen en parte, producto de filtraciones y no de un análisis riguroso de las carpetas de colaboración, lo cual no podría ocurrir, ya que mientras duran los procesos de colaboración, éstas  son totalmente reservadas, pudiendo acceder solo los fiscales, colaboradores y sus abogados y los procuradores si han decidido participar de los procesos .

Esto, además de las consecuencias sanitarias (caos y paralización), políticas (las elecciones en peligro y el riesgo de tener un “gobierno del Congreso”) y económicas (incertidumbre frente al futuro del país) que tendría un cambio de gobierno, en plena pandemia y cuando solo faltan seis meses para unas elecciones ya convocadas y nueve meses para el cambio de gobierno.

Lo que corresponde es que continúen los procesos de colaboración y de investigación fiscal (el fiscal Juárez ha incorporado a la investigación a todos los involucrados y ha fijado 16 diligencias entre levantamientos de secretos bancarios, tributarios y bursátiles, peritajes contables, etc.), y evidentemente una mayor fiscalización ciudadana sobre la actitud que asuma el presidente frente a estos procesos, sus actos de gobierno y su actitud frente a las elecciones.