Escrito por Alonso Núñez del Prado Simons Revista Ideele N°294. Octubre 2020

En mi modesta opinión los únicos que no deberían estar interesados en ratificar el acuerdo de Escazú (una ciudad de Costa Rica) son los poderes fácticos que perderían influencia en el caso de que así fuera. Empero, ya consiguieron engañar a los gobiernos regionales con el cuento de una supuesta invasión de soberanía y parece que también han llegado a los diversos partidos en el Congreso, de tal manera que la comisión de relaciones exteriores ya archivó la ratificación. Según declaró el presidente de esa comisión solo había dos bancadas favorables al acuerdo: el Partido Morado y el Frente Amplio. Lamentable, pero revelador por las demás.

Nuestro sistema judicial no funciona bien y no garantiza nada, porque suele estar influido por el poder económico. La ventaja que nos daría este acuerdo para los asuntos ecológicos –como es el caso del Pacto de San José para los derechos humanos (DDHH)– es que permite que se pueda recurrir a tribunales internacionales.

La experiencia muestra que cuando está involucrado el poder político o el poder económico (suelen trabajar juntos), las decisiones judiciales nacionales no son confiables. A los poderes mencionados les resulta harto más difícil influir en tribunales internacionales. Por eso es que el fujimorismo intentó renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana. En resumen, ratificar el acuerdo de Escazú sería una forma de defender el medio ambiente y la ecología, pero teniendo en cuenta el poder de los opositores vamos a tener que esperar a un nuevo Congreso y otra correlación de fuerzas. Alguien preguntaba: ¿Por qué Chile (uno de sus promotores) no lo ratifica? Me temo que en el fondo por las mismas razones que las que estamos viviendo en el Perú, aunque he podido comprobar que el gobierno chileno ha sostenido que no se oponen por el contenido del acuerdo mismo, sino porque el texto es muy ambiguo y demasiado amplio, además de que ellos confían en su propio sistema judicial.

Cuando hay ‘grandes intereses’ las cosas se complican. Tenemos que agradecer que muchos de los tratados internacionales actualmente vigentes, en especial los de DDHH, fueran aprobados sin que los poderes fácticos se opusieran, ya que en ese entonces no eran conscientes de lo que han significado, además que los miraban como lejanos en el tiempo.

Como ya indiqué los grupos que no quieren la ratificación y los adicionales a los que han engañado, han centrado su crítica en una supuesta pérdida de soberanía, pero si fuera válido este argumento jamás hubiera sido posible la Unión Europea, ni lo serían las integraciones regionales, porque todas ellas supusieron la ‘pérdida de soberanía’. Es lamentable que todavía haya gente defendiendo un chato nacionalismo en tiempos en que deberíamos estar apostando por la construcción de un orden mundial a partir de integraciones regionales cada vez más amplias. Los intereses de unos pocos se superponen a los de la mayoría y el corto plazo prevalece sobre el largo.

Asimismo, para cuestionar el acuerdo de Escazú se ha usado la supuesta internacionalización de la Amazonía, que fue planteada hace muchos años desde los Estados Unidos y mereció una respuesta muy ingeniosa del poeta brasileño, Chico Buarque, cuando un periodista le preguntó al respecto.

En realidad, este acuerdo es regional (Latinoamérica y el Caribe) y no tiene nada que ver con la mencionada internacionalización. Además, es promocionado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que es un organismo que siempre fue contrario a la indicada internacionalización y en general es contrario al imperialismo norteamericano. Por otro lado, me parece que el gobierno ha procedido con buena fe, invitando a debatir el acuerdo antes de aprobarlo. Pudo haber intentado que el Congreso simplemente lo pasara, aunque no sé si con tanto éxito.

El acuerdo de Escazú sólo pretende que los interesados puedan recurrir a tribunales internacionales en defensa de la ecología, luego de haber agotado las instancias nacionales. En cualquier caso, estos tribunales tendrían que aplicar la legislación del propio país y no otra. Al final, la protección de la ‘Casa común’, como bien lo señala la ‘Laudato si’, resulta siendo un DDHH, en especial de las poblaciones amazónicas y las generaciones futuras. En consecuencia, la postergación o negativa a la ratificación por el Perú sólo llevará a que los afectados recurran a los tribunales internacionales de DDHH y éstos atiendan sus reclamos[1] como ocurrió en Europa antes de que se firmara el Convenio de Aarhus.

Los invito a que revisen el texto del acuerdo en:

El título completo es ‘Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’. Como dice su ‘Prólogo’: “Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.” Lo aclara aún más su objetivo:

Artículo 1 Objetivo

El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Un tratado similar al de Escazú existe en Europa y el Asia Central y es conocido como el Convenio de Aarhus (ciudad de Dinamarca) firmado hace más de 20 años (1998) y suscrito por 51 estados además de la propia Unión Europea, 46 de los cuales lo ratificaron[2]. Esto muestra que el Convenio de Escazú no es ninguna novedad y como suele ocurrir en nuestra región es sólo un seguimiento de los pasos que ya dio Europa hace tiempo.

A pesar de que Trump y el COVID-19 van a retrasar el proceso, me atrevo a citar una afirmación fáctica de Yuval Noah Harari en su libro conocido popularmente como ‘Sapiens’:

“En 2014, el mundo todavía está fragmentado políticamente, pero los estados tienen cada vez menos independencia. Ninguno de ellos es realmente capaz de ejecutar políticas económicas independientes, de declarar y sostener guerras a su antojo, ni incluso de gestionar sus propios asuntos como les plazca. Los estados se hallan cada vez más abiertos a las maquinaciones de los mercados globales, a la interferencia de las compañías y organizaciones no gubernamentales globales, y a la supervisión de la opinión pública global y al sistema judicial internacional. Los estados se ven obligados a amoldarse a los estándares globales de comportamiento financiero, política ambiental y justicia. Corrientes enormemente profundas de capital, trabajo e información remueven y modelan el mundo, con una desatención creciente por las fronteras y las opiniones de los estados.”[3]

[1] En febrero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva histórica que reconoció explícitamente el derecho a un medio ambiente saludable como “fundamental para la existencia de la humanidad”.

[2] En la Segunda Conferencia de Partes, celebrada el 27 de mayo de 2005, en Almaty (Kazajistán), se introdujo una enmienda al Convenio relativa a la “Participación Pública en las Decisiones sobre la Liberación Intencionada al Medio Ambiente y la Introducción en el Mercado de Organismos Modificados Genéticamente”. En mayo de 2015, la enmienda había sido ratificada por 27 Estados y la UE. Sin embargo, no entrará en vigor hasta 90 días después de que al menos tres cuartos de las Partes del Convenio de Aarhus la hayan ratificado.

[3] Harari, Yuval Noah. De animales a Dioses. Una breve historia de la humanidad. Planeta. Lima, 2018. Pág. 216)