A las seis de la mañana del pasado miércoles veintiuno de octubre, se aprobó la polémica Ley de Titulación de Posesiones Informales. En las redes sociales, las agrupaciones políticas vinculadas a Keiko Fujimori, Pepe Luna y Hernando de Soto aparecían irrogándose el logro, como un acto de justicia para los vecinos de asentamientos humanos que no tienen el título de propiedad de su vivienda. Aún faltaría el reglamento de la nueva ley.

Diana Torres, arquitecta, investigadora en urbanismo y catedrática de la Universidad Nacional de Ingeniería, apunta que en realidad se repiten medidas que ya llevan décadas: “Hay mucha evidencia que demuestra que desde 1961 que se promulgó la famosa Ley de Barrios Marginales, se ha venido haciendo esta política. No es nuevo. Los fujimoristas intentan hacer parecer como que la COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) fue esta gran institución que instauró la entrega de títulos de propiedad y no es cierto. Lo que pasó con la COFOPRI es que se unió ya el Banco Mundial, hubo más financiamiento y fue el programa de titulación más grande del planeta. Fue porque Hernando de Soto convenció al Banco Mundial y también a Fujimori. Siempre pensando en el aspecto macroeconómico y que la gente son números”.

“Estamos hablando de casi sesenta años de promulgada esta ley que no ha tenido efectos positivos. Lo que está mal es que la entrega de un título está solamente en la esfera jurídica. Que un asentamiento humano pase de ser informal a ser formal significa que el Estado les ha entregado un título de propiedad ¿Cambia en algo eso su condición de habitabilidad?” prosigue la urbanista. “Un título no te asegura tener agua, luz, desagüe. En promedio en Lima Metropolitana, en un asentamiento humano tienen que esperar catorce años”.

La arquitecta señala que la anterior ley ya permitía que los municipios locales otorguen una constancia de posesión a los vecinos que ocupan un asentamiento humano desde el 2004, con lo cual ya pueden acceder a los servicios básicos como agua y luz. “Y por supuesto eso está supeditado a una red corrupción. Si tú pagas, la constancia de posesión es más rápida y también fuera de ley. Estos congresistas no saben ni la situación jurídica existente, simplemente están en campaña electoral y no hay mayor campaña que decirle a la gente que se va a entregar títulos de propiedad. Ese discurso de que hay muchas personas que llevan viente años esperando su título es mentira”.

Asimismo, quienes hayan invadido terrenos y formado asentamientos humanos hasta diciembre del 2010, con la ley anterior ya podían comprarle al Estado un sol el metro cuadrado y así ser propietarios de su predio. Desde luego, los municipios también han otorgado amnistías paulatinamente. La nueva ley del Congreso amplía el plazo de formalización hasta el 2015. “No negamos que hay todavía personas que ya están posesionadas y que necesitan regularizar su situación porque el Estado lo ha dejado. Cerremos con los errores del pasado”.

“El discurso aquí oculto e indirecto es que le están diciendo a los traficantes de terrenos sigue invadiendo. Las personas necesitadas ya no invaden, van y le compran al traficante de terrenos porque así se evitan los costos no monetarios de la invasión, que son por ejemplo el resguardo de la vida porque en toda invasión siempre habrá enfrentamiento ya sea con la Policía Nacional, con el ente municipal o incluso con los mismos traficantes de terrenos. Mira qué poderoso es este agente traficante de terrenos que por supuesto debe estar coludido con muchos actores políticos”. Diana Torres arremete contra el ex asesor fujimorista: “Esa fue la gran mentira de Hernando de Soto, decir que con el título las familias podían ir al banco e hipotecar su lote y conseguir así préstamos para volverse microempresarios o emprendedores. Un terreno en la punta del cerro no vale para el sector financiero ¿Quién te va a hipotecar tu terrenito en el asentamiento humano allá en la sexta zona de Collique? Por ningún lado, el título de propiedad representa un beneficio para la familia. Por el contrario, representa que va a seguir viviendo en esa precarización por muchos años más”.

Otro punto a considerar es que la saturación en las ciudades, empuja a las invasiones cada vez a zonas más vulnerables, ya sea por estar protegidas en términos ecológicos o por ser proclives a catástrofes. “¿Cómo llevamos agua y desagüe a esas geografías? Es carísimo, el Estado no lo va a poder hacer. Si antes, se demoraba mucho tiempo, por lo menos una década. Es un círculo perverso que está haciendo el Congreso”.

Según el Censo de Viviendas del 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de las 2 175 200 viviendas habitadas consultadas en Lima Metropolitana, unas 251 900, lo que se traduce en un 11,6% que no cuentan con conexión de agua potable dentro de la casa, tan necesaria hoy en día para prevenir el coronavirus. Asimismo, unas 545 511 viviendas no cuentan con título de propiedad, son posesiones informales, un electorado al que apuntan los propulsores de la reciente ley de supuesta formalización.

Otro dato relevante arroja que 520 202 de esas viviendas son alquiladas. Es decir, un 23,9% están habitadas por familias que deben pagarle a un propietario rentista para acceder a un derecho tan universal como la vivienda, el cual no figura en la Constitución peruana pero sí en los tratados internacionales de derechos humanos. Mientras, unas 183 863 viviendas en la capital se encuentran deshabitadas, vacías ya sea porque los dueños aún no encuentran inquilinos o están en total abandono.

Es innegable que la paralización económica por la pandemia ha orillado a miles de familias en la ciudad quienes dependen de un ingreso mensual para pagar un alquiler, en una coyuntura en que permanecer dentro de la vivienda exige permanecer dentro el mayor tiempo posible para evitar contagiarse del coronavirus. En un país con un 72% de trabajadores en condiciones de informalidad según la Organización Internacional del Trabajo, estas personas viven de sus ganancias diarias, por lo que la imposibilidad de dejar de laborar por la temporada de cuarentena los pone en vulnerabilidad de dejar de pagar el alquiler y ser violentamente desalojados con sus familias.

Un informe elaborado por la VII Región Policial a pedido para este reportaje, señala cuarenta y nueve casos de desalojos en Lima Metropolitana desde el inicio del estado de emergencia en marzo hasta octubre del 2020, que han sido reportados a la Policía. Muchos de ellos extrajudiciales, es decir llevados por el mismo propietario por cuenta propia. Excluyendo algunos pocos en predios en la periferia de la ciudad, que podrían atribuirse a casos de tráfico de terrenos, casi la totalidad son inmuebles y departamentos en distritos del área urbana como San Miguel, Surco, Lince, San Borja, etc., lo que llevaría a inferir que se trata de inquilinos atrasados en el pago de alquileres en el actual contexto. Desde luego, la muestra proporcionada por el Ministerio del Interior debe ser mínima comparada con los que no se reportan nunca.

No pueden quedar excluidos del debate los migrantes venezolanos, quienes encajan en su mayoría en el perfil de trabajadores informales a su arribo al Perú. Escenas de desalojos masivos de familias migrantes vulnerables aparecieron en los noticieros desde marzo y abril. La embajada de Venezuela reconocida por el gobierno peruano señaló que son cincuenta y cinco mil familias provenientes de ese país que enfrentan un eventual desalojo.

La lucha por una vivienda de interés social

Rosa Soto vive en una quinta del jirón Amazonas en el popular Barrios Altos, en el cercado de Lima. Integra un frente de doce dirigentes barriales que también incluye a Monserrate y el Rímac para exigirle a la comisión de desarrollo urbano del municipio limeño y a la comisión de vivienda del Congreso una verdadera política de viviendas de interés social. “Hay mucha vivienda aquí que pertenecen a la Beneficencia, a la Municipalidad de Lima, a la Iglesia y también a universidades como San Marcos”.

Aunque su madre pudo comprar el apartamento donde vive y cuenta con título de propiedad, la gran mayoría de familias vive pagando alquileres simbólicos a la institución propietaria desde hace cincuenta o sesenta años. “Hay algo que no encaja. Viene Defensa Civil cuando un temblorcito un poquito fuerte, vienen todos los chalecos naranjas, que se van a caer, que es ruinoso, que los bomberos, todo el mundo viene. Apagan las cámaras y todo el mundo se va. Siempre dicen que van a hacer algo y no hacen nada. Cuando los vecinos hemos querido mejorar algo, cuando alguien pone una piedra, refacciona una pared, inmediatamente vienen los fiscalizadores y le ponen una multa que no es poca”.

“Cuando hemos querido cambiar la red de desagüe, lo hemos hecho sin el permiso de las autoridades. Acá las viviendas no se caen por viejas, se caen porque hay filtraciones de agua y desagüe. Como el caso del Buque y de muchas viviendas que tienen dos pisos, muy altas. Tienen estos desagües antiguos galvanizados que ya ni existen, todos rotos, rajados. Esa humedad está pasando por las casas, esas construcciones de quincha y adobe que tienen más de cien años. Pero cuando vienen los chalecos, dicen les gusta vivir como una cochinada. No es así, hay muchos de nosotros que queremos vivir mejor ¿Quién no quiere vivir en una bonita vivienda?” refiere la dirigente barrial.

“El año pasado en canal 9 nos hicieron unas campañas que todos somos unos delincuentes y no es así. Hay mucha gente con empuje, gente emprendedora, que quiere trabajar, que quiere mejorar su vivienda. Vamos a pedir permiso, resulta que mi cuadra, la cambiaron creo que en 2012 la zonificación ¿Consultaron a la población que vivimos aquí? No, para ellos no existimos ¿A quién le dijeron que somos parques y jardines? ¿Yo soy un pájaro? ¿Soy una mariposa? Las autoridades nos dan la espalda, para ellos somos humo”.

Rosa apunta a que el último Plan Maestro del Centro Histórico aprobado por la Municipalidad de Lima, aprobado a fines del 2019 y firmado por el arquitecto Luis Martín Bogdanovich, precisa en su página 72 que la recuperación habitacional de edificios busca atraer población nueva de altos y/o medianos ingresos. “Para nosotros esto es que están buscando gente de mayor poder adquisitivo. Extraoficialmente se dice que hay gente que está interesada. Los centros históricos del mundo, de América, son zonas turísticas”.

“Nosotros necesitamos aquí un verdadero plan de renovación urbana. No se hace pedacito por aquí por allá, poniendo macetitas por el centro histórico”. El Plan Maestro fue criticado por el Colegio de Arquitectos del Perú y también por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios mediante una carta al alcalde Jorge Muñoz, entre otros motivos por no considerar el pedido de vivienda social y no consultar a las organizaciones vecinales. “El centro histórico que tiene los ornamentos, las capillas, las paredes tienen relieves. Eso yo lo entiendo. Pero cultura viva somos nosotros. Las paredes están ahí, muy bonito de doscientos años. Somos nosotros, como dice una señora, los fieles guardianes de ese lugar”.

Acusa la nueva ordenanza municipal 2267 de agosto pasado, cuando lo peor de la pandemia asolaba Lima y el Perú, y su draconiano artículo 9,1: “Antes recomendaba que el vecino se fuera porque está en estado ruinoso, inhabitable. Ahora dice disponiendo la desocupación del mismo, el cual no debe ser habitado ni empleado para ningún uso, en salvaguarda de la vida, salud e integridad de las personas ¿Cuándo les ha interesado nuestra vida dime tú? Dispone que el propietario presente un proyecto de edificación que revierta la condición dentro de noventa días. Al final hay unos cuadros que dicen que los inquilinos o posesionarios serán multados. Si tú pagas, no significa que no te vayas”.

Demanda que la municipalidad debe reubicar a los vecinos de las viviendas que están cayéndose, como se hizo en el conjunto habitacional Cañete 100 de la avenida Tacna. “Hay unas personas que viven ahí de manera temporal con la promesa que en unos tres años van a construir viviendas por el jirón Carabaya. Nosotros tenemos derecho al arraigo. No es que me vas a sacar de aquí, me tumbo esto, voy a sacar esto, ustedes se van y los pongo por aquí. No. Merecemos respeto”.

Afirma que por ejemplo vecinos de un inmueble deteriorado en su mismo jirón de Barrios Altos fueron llevados a vivir al lejano barrio de Palomino. “Desarraigo total. Hay muchas casas, casonas, que no vive nadie, que son inhabitables o que vive una o dos personas que muy bien las pueden trasladar a una vivienda temporal y comenzar a construir. Pero no con la entidad privada”.

Relata que el arquitecto Luis Martín Bogdanovich le dijo que una vivienda de aproximadamente sesenta y cinco metros cuadrados le costaría algo de doscientos mil soles. “Con el bono me darían cuarenta mil, me quedan ciento sesenta mil. Me dijo te vas a la entidad privada. No vamos a calificar, de antemano lo digo. Imaginemos que calificamos. Eso se convierte en veinte años de pagar entre mil ochocientos y dos mil soles mensuales. Haga matemática, cuatrocientos ochenta mil una vivienda”. Antes de la pandemia, pegaban en los postes del barrio unos carteles que rezaban “Vivienda de interés social”.

“Nosotros necesitamos vivienda adecuada de interés social. Vivienda no son cuatro paredes y tener mi baño y mi caño. Vivienda adecuada se llama tener mi parque, mi colegio, mi cancha, mi mercado, mi iglesia. No lo digo yo, lo dice la ONU”. La municipalidad les ofrece viviendas de treinta y cinco metros cuadrados “¿Vas a salir de un tugurio a otro tugurio? ¿Cajas de fósforos?” No son viviendas de carácter social. Por ejemplo, el caso de la muralla detrás del Palacio de Gobierno, esa gente pagó por diez años algo de trescientos soles mensuales. Eso es vivienda de interés social. Estamos pidiendo viviendas que se pague máximo entre trescientos cincuenta y quinientos soles mensuales por diez años, no veinte. Nos tienen amenazados todo el tiempo. Pedimos viviendas de interés social que se ajusten a nuestra realidad. Somos familias numerosas. Un joven que tiene una familia reciente ¿cómo le vas a pedir pagar dos mil soles mensuales?”

Rosa y sus compañeros activistas vienen pidiendo a la comisión de vivienda del Congreso que se restituya en la Constitución el derecho a la vivienda adecuada, el cual fue derogado durante la dictadura fujimorista, pero que figura en la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Eso facilitaría nuestras luchas”.

Entretanto, en la quincena de octubre el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Vivienda Carlos Lozada estuvieron presentes en la inauguración del megaproyecto inmobiliario Nuevo Nogales, en El Agustino, obra de la empresa constructora chilena Besco, donde vivirán dos mil familias que accedieron al programa Mi Vivienda. Anunciaron que ese mes el Estado peruano otorgaría otros mil créditos y unos ocho mil bonos Techo Propio.

La arquitecta Diana Torres suelta una gran verdad: con las actuales leyes y programas sociales en el Perú, un joven padre de familia sin estudios superiores que gana un sueldo básico de novecientos treinta soles como trabajador, no puede hacer nada para poder comprarse una vivienda propia. “Jamás va a poder acceder al bono Techo Propio y eso que es el bono más bajo y jamás va a poder acceder al fondo Mi Vivienda para la compra de un departamento o casa porque no cumple con los requisitos de la seguridad laboral, la capacidad de endeudamiento. El famoso formato ABC, ahorro, bono, crédito ¿Cómo va a ahorrar alguien que sobrevive?”. Sólo le quedaría invadir, en complicidad con un traficante de terrenos.

“Hay algo importante que no se hace porque hay un poder económico detrás del sector inmobiliario. El Estado peruano no produce vivienda social y no tiene programas de vivienda social. Tiene programas adecuados a la clase media financiados por Mi Vivienda”. Propone: “¿Qué tiene que hacer el Estado peruano? Primero una política de vivienda social adecuado al nivel socioeconómico real de las familias peruanas. Debería dejar al sector inmobiliario que tenga su mercado donde está su público objetivo que es la clase media y alta. Se supone que el Estado no necesita el margen de ganancia, por lo tanto, la vivienda va a ser mucho más barata”.

Denuncia que los consorcios inmobiliarios agrupados en la Cámara Peruana de la Construcción se oponen a que el Estado impulse proyectos públicos de vivienda social porque supuestamente afectarían el libre mercado inmobiliario “¿Qué libre mercado donde no hay mercado? El sector inmobiliario no oferta ningún tipo de producto para las clases bajas porque no les resulta rentable. Es un mercado olvidado, donde nunca va a llegar el mercado inmobiliario y donde el Estado indolente no hace nada. Bueno, sí regala títulos de propiedad, pero no cambia la situación de las personas. Y esto no necesita ni siquiera hacer una ley nueva sino podría ser básicamente la adecuación de los programas de vivienda. Pero no hay voluntad política”.

También recomienda eliminar la COFOPRI: “Es el medio clientelar de todos los partidos políticos de derecha, de izquierda, de centro”.