Escrito por Alonso Cárdenas Cornejo Revista Ideele N°279. Julio 2018

El ser humano siempre ha buscado conocer información de su entorno. Escuela, familia, grupos de juego infantil, iglesia, medios de comunicación y actualmente las redes sociales son agentes de socialización que forman nuestras opiniones. Sin embargo, los contextos sociales no son estáticos; se modifican por una serie de factores, influencias exógenas, cambios endógenos, alteraciones demográficas, modificaciones climáticas, entre otros.

El seguimiento y el cambio constante de dichas opiniones son un recurso y un insumo extremadamente valioso para las políticas públicas, debido a que eleva el nivel de rendición de cuentas ante la ciudadanía, detecta puntos problemáticos en la agenda y, sobre todo, lanza alertas sobre cómo viene conduciéndose el vínculo entre la res pública y la sociedad.

La herramienta para recolectar información sobre las opiniones y percepciones en relación con nosotros mismos y nuestro entorno es conocido comúnmente como encuesta. La encuesta es una técnica casi exclusiva de investigación de las ciencias sociales que nos permite la generación de datos tanto cualitativos como cuantitativos.

A nivel internacional las encuestas han sido un instrumento clave para monitorear la evolución de la sociedad ante temas que se consideraban polémicos o sensibles. En la esfera de los derechos humanos, ha sido una herramienta sumamente útil para cuantificar cambios culturales hacia grupos históricamente marginados como las mujeres, los indígenas, las poblaciones afrodescendientes o los colectivos LGTBI.

En Chile por ejemplo, la empresa Pública ha podido verificar un cambio cultural en la sociedad del vecino país del sur. Entre el 2013 y el 2017, la aprobación al matrimonio homosexual se incrementó 14% (pasando del 50 % al 64%). De igual forma, el porcentaje de chilenos que apoya que las parejas del mismo sexo adopten pasó de 37% a 45% en el mismo lapso.

En Argentina en el 2014, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), publicó el Mapa Nacional de la Discriminación. Destaca en el estudio la discriminación existente hacia migrantes de países limítrofes, realidad cotidiana de aquel país, pero que es nueva en países como el Perú. Llama poderosamente la atención el altísimo nivel de discriminación hacia las personas obesas o con sobrepeso. El informe indica que: “las personas con sobrepeso u obesidad se encuentran al frente de la percepción de los grupos más discriminados solo superado por las personas pobres”. Estamos entonces ante una nueva categoría de discriminación a la que el Perú debe estar bastante atento.

En el 2015, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, llevaron a cabo una encuesta nacional sobre percepciones de desigualdad.  Los resultados muestran que en dicho país se percibe un nivel de discriminación altísimo contra ciertos grupos, particularmente homosexuales (y en general personas LGTBI) y nicaragüenses: “la opinión prevaleciente con respecto a la discriminación en Costa Rica es que ser homosexual (68,4%) o nicaragüense (66,1%) es el principal motivo”. Esta encuesta ya era un anticipo de lo que se venía en las elecciones presidenciales del 2018, donde grupos ultra conversadores están ad portas de tomar el poder.

En el 2010, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) fue llevada a cabo por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto de Investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Algunos de los resultados que llaman poderosamente la atención son que seis de cada diez personas en México consideran que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad. Sin embargo, desde mi punto de vista, el elemento más interesante de la encuesta mexicana tiene que ver con la autopercepción. Al presentarse a las y los entrevistados rostros con diferentes tonalidades de piel, las mujeres mexicanas tienden a identificarse con los tonos de piel más claros (53.5%). Los hombres también tienden a identificarse con tonos de piel claros (39.4%), aunque no es tan evidente como en el caso de las mujeres.

En Estados Unidos, el Pew Research Centre ha medido la aceptación del matrimonio homosexual. Entre los años 2007 y 2017, este creció exponencialmente pasando del 37 % al 62%. La diferencia principal entre las encuestas elaboradas en Estados Unidos y las que se llevan a cabo en muchos países de América Latina tiene que ver con la continuidad. Si las encuestas no se aplican cada cierto número de años, no podremos ver cómo va cambiando la percepción de la población respecto a ciertas temáticas, y por ende no podremos medir la efectividad de nuestras políticas.

“De acuerdo con la citada encuesta, el principal motivo de discriminación es el nivel de ingresos. La población que más discriminación sufrió fue la quechua y aimara: 37%”.

En el 2013, tuve el privilegio y la responsabilidad de llevar a buen puerto “la Primera Encuesta Nacional en Materia de Derechos Humanos”, elaborada por el Ministerio de Justicia y la Universidad ESAN. La encuesta tuvo la finalidad de establecer una línea de base que permitiera al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Poder Ejecutivo determinar políticas, planes y programas de protección, y la promoción de los derechos humanos. Se implementó en todas las regiones del país, a todos los niveles socioeconómicos, grupos etarios, y también por sexo.

Entre los principales hallazgos de la citada encuesta que tienen relevancia en el actual contexto podemos destacar: 61% de los encuestados está de acuerdo con “la democracia tiene problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. Luego de los recientes acontecimientos a nivel político, es clave para el sistema democrático conocer la evolución de esta percepción. Ante la pregunta si “violadores de niños no merecen tener derechos humanos”, el 60% se manifestó de acuerdo. Luego de los execrables actos que han conmocionado a nuestra sociedad, es imperativo conocer la evolución de dicha percepción, a la luz de los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Por otra parte, existe un empate técnico ante la pregunta si “los derechos humanos son un obstáculo para luchar contra la delincuencia” (40.8% en desacuerdo, 41.9% de acuerdo). Esta pregunta se torna peligrosa pues no lleva a un estado donde se cuestiona el imperio de la ley ante el avance inexorable de la delincuencia. La medición debe actualizarse.

Por otra parte, el movimiento por los derechos de la mujer ha crecido y se ha consolidado desde el año 2013. Es imperioso conocer la evolución respecto a preguntas como las siguientes: 67% de la población no estaba de acuerdo con el aborto en caso haya una violación sexual; el 80% se manifestó en contra del aborto si la mujer es menor de 14 años; 38% no estaba de acuerdo con el aborto aún si la vida de la mujer corre grave peligro.

En relación con la población LGTBI, el 59% de la población estaba en desacuerdo con el matrimonio homosexual. Con todo lo que ha sucedido a nivel internacional, es factible que dicha cifra se haya reducido de manera significativa. Es imprescindible llevar a cabo una comparación al respecto. Sobre el VIH/Sida, un alarmante 11% de la población consideraba que “el VIH – SIDA se contagia incluso mediante besos, abrazos, y por estrecharse las manos”. Resulta fundamental volver a aplicar esta pregunta para medir la efectividad de nuestras políticas sobre educación sexual y reproductiva. En relación con la sociedad civil, solamente el 7% calificaba como bueno su desempeño en materia de DDHH. Casi el 58% afirmaba que “el Estado debe cumplir con las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos”. Ad portas de conocerse la sentencia del caso Fujimori es una pregunta sumamente relevante.

El martes 27 de marzo del 2018, el Ministerio de Cultura presentó “La Primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Cultural y Discriminación”, elaborada por la empresa IPSOS. De acuerdo con la citada encuesta, el principal motivo de discriminación es el nivel de ingresos. La población que más discriminación sufrió fue la quechua y aimara: 37%.

Las encuestas elaboradas por el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Cultura son sumamente valiosas pues nos otorgan líneas de base para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en materia de derechos humanos e igualdad y no discriminación. Sin embargo es más valioso todavía darle continuidad a este tipo de iniciativas y desarrollar la segunda, tercera y cuarta encuesta nacional. El Estado peruano se ha llenado de “líneas de base” y “pruebas piloto” que rara vez cuentan con continuidad en el tiempo. Sin esa continuidad no es factible comparar y por ende evaluar si hay cambios culturales o impactos en determinada política.

Veo con esperanza que en el recientemente aprobado Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 se compromete la implementación de la Segunda Encuesta Nacional de DDHH. De ser así finalmente tendremos un instrumento de política que nos permita comparar la evolución de percepciones y actitudes de la sociedad y el estado en materia de derechos humanos e igualdad y no discriminación.