Escrito por Patricia Wiesse Risso, Gerardo Saravia Revista Ideele N°280. Agosto 2018

ESPECIAL: BAGUAZO

Acaba de empezar el segundo juicio relacionado al tristemente célebre Baguazo. Veinticinco procesados han sido acusados de terribles delitos y la fiscalía está pidiendo cadena perpetua para los dirigentes. El mismo día 5 de junio de 2009 ocurrieron dos hechos relacionados entre sí. Primero un enfrentamiento en la Curva del Diablo entre los DINOES y los indígenas que produjo una reacción en la Estación de Bombeo 6 de Petroperú, que estaba tomada hacía un mes y medio. Fue la gota que rabalsó el vaso, y que terminó con la muerte lamentable de once policías. En el juicio de la Curva del Diablo todos los procesados fueron liberados. La acusación fiscal se basó en una investigación apresurada y desesperada por hallar culpables. Lo mismo ocurre en este caso.

El día anterior no pudieron dormir bien. Rodolfo Atamain soñó que ni bien bajaban del camión para dirigirse al juzgado en Bagua, unos uniformados los capturaban. Cuando se ha estado nueve años en la clandestinidad con orden de detención, se duerme con los zapatos puestos y un ojo abierto, y se adquiere una dosis de paranoia. Las fronteras se reducen a un cuarto, una casa, una cuadra y, en este caso, a la comunidad Yamayacat, a la que ningún extraño puede ingresar sin permiso. Si bien el territorio es amplio, los inundó un sentimiento de pérdida de libertad que los ha acompañado por nueve años. No poder poner un pie afuera de ciertos límites de alguna manera carcome el alma.

La han pasado de cuadritos. En ningún caso han podido hacer su vida con normalidad. Las esperanzas de que les otorgaran orden de comparecencia y no prisión preventiva se desvanecieron en diciembre de 2009, cuando un fiscal de Bagua denunció en el diario La Razón que “el presidente de la Corte de Bagua dio libertad a los asesinos de los policías”. Bastó ese titular para que la OCMA le abriera al juez un proceso administrativo.

El pasado mes de abril se inició el juicio de la toma de la Estación 6 al que estaban obligados a presentarse. Solo que si lo hacían, corrían el riesgo de quedar detenidos. ¿Ir o no ir? ¿Arriesgarse o protegerse? 

Son cuatro los que estaban con orden de captura. Antes de dar detalles sobre lo que ocurrió, diremos quiénes son: El apu Simón Weepiu, presidente de la Comisión Especial de Administración de Justicia Indígena, equivalente a un juez supremo dentro de la justicia occidental; Rodolfo Atamain y Alberto Tiwi, dos profesores bilingües muy reconocidos en la zona; Eufemia Atamain, pareja de Simón Weepiu, y la única mujer implicada.

La acusación que pesa contra ella es insólita. Juzgue usted: el día 5 de junio de 2009, el grupo que ingresó a la fuerza a la Estación 6 le echó agua con rocoto en los ojos a los policías de la DINOES que hacía unos días habían llegado a resguardar el lugar. Al ver esto, Eufemia trató de ayudarlos y les llevó agua para que se limpien. Los policías que la acusan dicen que esa agua no los alivió y que, por el contrario, los dañó más. (Parece que el efecto del agua potable resultó pernicioso).

No hemos mencionado a Pedro Tiwi, el quinto dirigente con orden de captura, eliminado de la acusación. Es momento de recordarlo como una de las víctimas que empezó a morir ese 5 de junio en la Estación 6, junto a los policías. Se debe colocar otra cruz blanca al costado de las once que se alzan entre el pasto, a la vera del camino frente a la Estación 6. Si no estuviera muerto también se hubiera presentado a pedir que le cambien la orden de detención.

A él le clavaron una lanza al costado de la cabeza, cuando trataba de detener al pequeño grupo que llegó a enardecer a los miles de manifestantes que habían estado protestando de manera pacífica durante un mes y medio afuera de la estación. Pedro Tiwi se salvó, pero su salud quedó resquebrajada y murió a los pocos años.

Pedro Tiwi, Simón Weepiu y Rodolfo Atamein fueron los dirigentes del comité de lucha de Imaza que se formó durante el paro amazónico. A ellos les encomendaron la misión de tomar la estación de bombeo de petróleo de forma pacífica. Cumplieron al pie de la letra con el mandato, apostaron siempre por mantener relaciones de convivencia cordiales con el personal de Petroperú y la policía, hasta que fueron literalmente derribados.

Es importante resaltar que Alberto Tiwi no era miembro del comité de lucha y que no estuvo en la Estación 6 el día 5 de junio de 2009. Se había retirado del lugar algunos días antes y, sin embargo, ha sido comprendido en la acusación. Esto dice mucho de la forma como la policía y la fiscalía realizaron sus investigaciones.

Sostiene Simón

Simón Weepiu Bijush tiene casi 50 años. Nació en una familia de profesores awajún. Estudió en el Instituto de Educación Bilingüe del Instituto Lingüístico de Verano en Yarinacocha donde terminó la secundaria. Ha sido misionero de la Iglesia Adventista. Fue apu de la comunidad de Shoritor en Nueva Cajamarca. Asistió a talleres de liderazgo y otros organizados por la Defensoría del Pueblo. Es asesor de la Organización de Pueblos Indígenas de Amazonas Norte.

Era robusto cuando lo conocimos hace siete años, en la misión de las Hermanas de San José en Chiriaco, y ya estaba con orden de captura. Hoy luce bastante delgado, consumido por una diabetes que lo ataca desde que empezó esta historia de horror, y que no ha podido curar con las hierbas que aprendió a usar cuando estudió en el Instituto de Medicina Natural de Iquitos. Incluimos la dramática narración de los hechos contada por el mismo Simón.

“Me llamo Simón Weepiu, de la comunidad de Irakusa, Nieva. Domicilio actual es la comunidad Yamayakat, distrito Imaza. Soy una persona muy identificado, apreciado por la población indígena. Mi persona es identificada a nivel nacional y a nivel internacional. Me conocen magistrados de Bagua, de la sala descentralizada de Utcubamba me conocen. En segundo paro 2009, la asamblea me propone como mediador para que no haya fuerza hostil entre policías y manifestantes. Me han elegido como secretario de defensa legal,  que yo sea negociador para apaciguar. Como conozco parte derechos humanos, el convenio 169, pactos internacionales, la Constitución de 79, estoy empapado en materias jurídicas, normas jurisprudencia, pluralismo jurídico, el pueblo estaba contento conmigo que movilización era sin agresión.Primero contingentes llegaron a subestación: 26 policías. Entonces me llamaron como Comisión Especial y me he acercado con el jefe de la Subestación 6 y el mayor de la policía DINOES que llegó de Chiclayo. Ingresamos, dialogamos explicando por qué acatamos paro. Entendieron. Hemos llegado a un acuerdo bajo un acta, hemos firmado para que haya entendimiento mutuo. Firmamos el Mayor, jefe de Subestación Fernando Urízar y mi persona. Eso ha sido mi función.

Yo permanecí en Subestación 6. La población me encarga de estar permanente en la planta y zona de vivienda, entonces cuando bajaba helicóptero para dejar víveres, yo era responsable, única persona que revisaba alimentos y yo les daba orden a ellos para poder pasar a su almacén. De ahí informaba a la población qué habían  traído, si están de acuerdo o no. Así manteníamos pacíficamente. Estación era totalmente tomada, no había luz, estábamos desinformados ambas personas, tanto los pueblos indígenas, los policías y trabajadores de Petroperú. Ambas partes compartíamos la información que llegaba.

Después ha habido relevo y llega Comandante Montenegro. El anterior le explicó detalle cómo funcionábamos. Ha leído el acta elaborado y respetando compromiso serio. Este era último relevo que aceptaba la población. Más bien solicitaron que no envíen más DINOES. Ese documento hemos presentado al Ministerio de Interior diciendo que no estábamos de acuerdo, tenemos la copia. Ahí estaba policía Telmo Castañeda que era vigilante de planta industrial de oleoducto, entonces para qué más policías. El día jueves 4 nos llegó comunicación directamente de Curva del Diablo que viernes en madrugada iban a atacar los policías porque era orden superior del gobierno. Al escuchar yo era la única persona portavoz, yo reuní a la masa, qué vamos a hacer nosotros. Entonces me delegan para que converse con jefe de estación ingeniero Urízar para que no suceda allá y acá. Le fui a hablar muy privadamente qué razón me da. Me dijo que con comandante iban a apaciguar las cosas. No he creído su propuesta y le dije que yo me temo porque aquí están todas las cuencas y la masa es fuerte, han venido de frontera, apenas conocen carretera, policías y suponte que escuchen que hay muertos, ellos van a reaccionar, y me peligra mi vida y no puedo defender. ‘Yo no soy Dios’, le dije.

A ver qué te parece, ingeniero. Yo quiero que me permitas tomar en calidad de detenidos, voy a llevar al comandante y a otros al complejo comunal de Yamayakat y los voy a tener ahí. Así me parece que podemos frenar y entrar en diálogo inmediato porque gobierno no va a permitir que DINOES estén detenidos. Si usted no nos permite eso mañana de hecho habrá muerte, te aseguro. No me hizo caso, él se cuidaba y pensó que le podían dejar sin su trabajo. No he dormido esa noche.

5 de junio, Subestación 6: Al amanecer enteramos que había muerto Santiago Manuin y otros, eso creíamos. Un grupo se fue a Imacita a confirmar a la cabina telefónica. Han venido a decir que nos atacaron aéreo, tanque de guerra, tres helicópteros, así han venido a decir. Dijeron vamos a atacar y yo respondí que no matanza. Ahí me dijeron que yo salía a favor de policías. Yo quería hacer guerra psicológica, diplomática. Vamos a conversar con Comandante para tenerlo en calidad de detenido. Si matamos, vamos a perder. Mayoría me dijeron: Ya, hazlo así. Yo lo frené. Eso ha sido a las 10 de la mañana.

Policías estaba en zona de vivienda, era encorralado tela metálica y adentro estaban armados DINOES. En un cuarto los hice ingresar a todititos. Entonces Comandante salió y yo le expliqué y me aceptó al toque. Me dijo que no había problema, pero no hagan nada. Me dijo tú y yo vamos a ir en teléfono, vamos a llamar mejor que cese el fuego. Yo hablaba en mi idioma. Él está de acuerdo, les decía, y no vamos a hacer nada. Ahí estuvimos un par de minutos y alguien de mi grupo se fue a traer movilidad para trasladar. Había un muro alto y lo hice levantar al Comandante y al ingeniero Urízar para que lo haga entender a la población. A él le dijeron por qué no has permitido ayer esa operación, si hubiéramos hecho ayer que se los lleven, nada hubiera pasado. No le hicieron caso a lo que decía. Yo subí al muro junto a ingeniero, mi esposa al lado de mí. Me decían por qué defiendes. Ahí me agarran junto al Comandante. Él cae y a mí me tumban y me dan patada y me dan golpe y todos mis pantalones se han roto hasta acá. Ya no intervine más y salí para salvar mi vida”.

Simón está acusado por la fiscalía de secuestro agravado (con lesiones graves y muerte).

El sueño de Rodolfo

No se cumplió. Los cuatro acusados con orden de captura llegan al juzgado, mientras la prensa local entrevista a su abogado Juan José Quispe. Instalación de la mesa. Pasan lista. “¿Simón Wipiu, Alberto Tiwi, Rodolfo Atamain y Eufemia Atamain?”. “Presentes”. ¿El tribunal dirá que el mandato de detención está vigente y emitirá la orden de captura?

No, no lo hicieron. Afuera de la Sala Penal Liquidadora de Bagua se han congregado bajo el implacable sol mañanero unos 20 awajún del Consejo Indígena Amazónico del Perú, que apoyan a su dirigente Alberto Tiwi y a los otros procesados. Las arengas se escuchan en el interior.

Los abogados toman la palabra en representación de sus patrocinados. Norbel Mondragón, abogado de La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) defiende a 12 procesados. Los que no tienen abogado van a ser defendidos por abogados contratados por Aidesep. Se ha cumplido con la exigencia de contar con traductores awajún y wampis.

El abogado Juan José Quispe sustenta ante los magistrados por qué se debe cambiar la orden de detención de sus defendidos por la de comparecencia restringida. “Hablé sobre los cinco elementos nuevos que hemos encontrado y que justifican el cambio de la orden, entre ellos, el testimonio del ingeniero Fernando Urízar, quien estuvo ahí antes del 5 de junio y era el que coordinaba con Simón; el testimonio de dos policías que son la parte agraviada. Ellos han dicho que el apu fue a hablar con Urízar y el comandante Montenegro y que en ese momento entró una turba y tomó el control”, afirma.

Sorpresivamente la presidenta de la sala, Flormira Díaz, suspende la audiencia. La revocatoria de la orden de captura queda en suspenso hasta la próxima sesión. Los cuatro acusados están desconcertados. No saben si a la salida la policía los pueden detener.

El otro abogado del IDL, Segundo Leyva, los saca de la sala y los lleva rápidamente a la casa pastoral para protegerlos de cualquier intervención policial. “Lo normal es que la sala resolviera de inmediato el pedido. Y cuando la presidenta dijo que no tenía tiempo, pensamos que los cuatro se quedaban detenidos y tratamos de sacarlos”, sostiene.

En este local de la Iglesia católica los acoge la hermana Mari Carmen Gómez Calleja, testigo directo de lo ocurrido en la Curva del Diablo, y un referente en el tema ya que es coautora de “La verdad de Bagua”, un informe serio y alternativo al que presentó la comisión especial que el gobierno aprista formó para investigar los sucesos de Bagua, que ella integró en representación de los indígenas y de la que renunció cuando se dio cuenta de que iba a avalar la versión oficial, manipulada y tergiversada.

La hermana conversa con Simón, Alberto, Rodolfo y Eufemia. A continuación reproducimos el diálogo que se dio entre ellos.

Hermana. “Qué gusto estar con ustedes. Los felicito por la valentía que han tenido. Se han expuesto, pero creo que valió la pena. Quiero decirles que me he quedado sorprendida porque la presidenta de la sala ha dejado en suspenso la decisión de cambiar la orden de captura hasta la próxima audiencia. No fue como en el juicio de la Curva del Diablo en el que detuvieron a nuestros hermanos que estaban con orden de captura por unas horas. Recuerdo que pasamos un mal rato porque la policía se llevó detenidos a Merino Trigoso y a otros, hasta que la Sala decidió cambiar su orden de detención por comparecencia.

Rodolfo Atamain: “Hermana, decidido presentarnos porque somos inocentes. Nos echan culpa y nos dicen criminales, pero no lo somos”.

Alberto Tiwi: “Pensé que estaban buscando una excusa para encarcelarnos, porque así había soñado. Pero no. Estamos por fin aquí en Bagua, después de nueve años con orden de captura, de haber tenido restringidos nuestro derechos. Estábamos limitados para poder trabajar, no podíamos ir al hospital. Ahora esperamos regresar a nuestras comunidades sin problemas y volver dentro de quince días para continuar el juicio oral. Me considero inocente y espero que la justicia llegue”.

Simón Weepiu abraza a la hermana y le dice: “No me acobardo ni tengo miedo. Yo no soy culpable. No tengo responsabilidad penal. Me quieren dar cadena perpetua a mí y a mi esposa Eufemia. En estos años murieron mi padre y mi madre y varios hermanos. No pude asistir al velorio porque no podía pasar de la Estación 6. Me siento fortalecido y yo sé que después del juicio oral los magistrados me van a absolver”.

Rodolfo Atamain:“Todo lo que hemos vivido en la estación ha sustentado bien el abogado. Que no somos culpables”.

Juan José Quispe: “Les agradezco la voluntad de ir. No es fácil. Yo sé que ustedes confían en nosotros, pero quizás no confíen en el sistema de justicia. He tratado de explicar por qué se debe variar la orden de detención por comparecencia”.

Alberto: “Yo sé que el fiscal es así, que nunca te va a perdonar y que va a acusar. Eso es lo que ha hecho”.

Juan José Quispe: “Me parece que el fiscal le ha dicho al tribunal algo contradictorio: les dice que no se opone a que se les varíe la orden y que apliquen el Convenio 169 de la OIT. Éste dice expresamente que en el caso de los pueblos indígenas es preferible aplicar medidas alternativas a la detención. Con una mano dice que se aplique el convenio internacional sobre y con la otra pide cadena perpetua”. 

Segundo Leyva: “Yo soy optimista. Se viene un proceso más tranquilo que el de la Curva del Diablo; creo que el tiempo ha permitido curar algunas heridas. Los magistrados son más flexibles. El fiscal se ha vuelto más abierto”.

Eufemia Atamain concluye: “Yo me quedo contenta y creo que vamos a solucionar. Hay que esperar”.

“Con ese criterio, toda acción de presión como la toma de un local en una huelga podría ser considerada como extorsión. Entonces tendríamos a profesores, médicos y estudiantes condenados a 30 años de encierro”.

Segunda audiencia:

15 de mayo de 2018. 9 a.m.: En la sala están la mayoría de los acusados. El primer congresista awajún de la historia, Eduardo Nayap, está presente brindándoles su apoyo. La hermana Mari Carmen Gómez Calleja conversa con Leonardo Sharián que por segunda vez ha venido desde la comunidad Villa Gonzalo, ubicada en el río Santiago, un viaje de más o menos a 12 horas hasta Bagua. La acusación fiscal es tan descabellada que lo han incluido como procesado cuando él no estuvo en la Estación 6 sino en la Curva del Diablo.

Llama la atención la presencia de un grupo significativo de mujeres entre las que hay madres, esposas y hermanas. Las mujeres awajún son sumamante expresivas, gesticulan y lloran con facilidad. En la sala estaban calladas, pero de vez en cuando las lágrimas corrían por sus rostros, sobre todo mientras pasaban los minutos y no se sabía cuál iba a ser el futuro de los cuatro dirigentes. Hasta que la presidenta de la sala toma la palabra y anuncia que han decidido cambiar la orden de detención por comparecencia. Se escuchan las exclamaciones de aprobación de las mujeres.

“Sentimos alivio porque estos años que dure el juicio vamos a poder caminar libres, sin escondernos”, manifiesta Simón Weepiu.

El representante del Ministerio Público, José Espichán Gadea, comienza a leer 16 de las 108 páginas de su acusación fiscal. Su versión se parece mucho a la que quedó desestimada en el juicio de La Curva del Diablo. Se ajusta parcialmente a la verdad cuando describe lo que ocurrió durante la toma de la Estación 6 del oleoducto norperuano de Petroperú, ubicada en Kusú Grande, el 5 de junio de 2009. Dice que “una turba de 1500 indígenas awajún y wampis tomó las instalaciones ese día”, pero no menciona que la planta había sido tomada el 23 de abril de 2009, y que la mayor parte de esa “turba” había estado en el exterior, realizando manifestaciones pacíficas en las inmedicaciones.

Seis dirigentes y 300 comuneros llegaron un mes y medio antes del día en el que ocurrieron los lamentables hechos. La toma de la Estación 6 fue un acto coordinado entre el jefe de operaciones de la empresa estatal y el comité de lucha de Imaza. Firmaron un acta de compromiso en la que exigieron la paralización del bombeo de petróleo, se comprometieron a no dañar las instalaciones y los huelguistas aceptaron permanecer en forma pacífica fuera de la estación. Todo se cumplió con tensión pero en calma, hasta que se produjo el operativo de desalojo en la Curva del Diablo, el día 5 de junio de ese año.

La hermana Mari Carmen Gómez Calleja reitera lo que escribió en su informe: “La reacción enardecida de la población sobrepasó a los dirigentes. Pero quiero recalcar que esto fue posible porque el Ministerio del Interior se desentendió de los efectivos que había mandado a la Estación 6 tres meses antes. ¿Cómo es posible que ninguna autoridad del gobierno central se hubiera acercado a dialogar con el comité de lucha de Imaza? Por otro lado, el ejército no cumplió con sus instrucciones de dar seguridad a la estación. Nosotros conseguimos un informe elaborado por el presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, Oswaldo Bautista, sobre un plan de rescate de los DINOES en la Estación 6, que se debió efectuar el día 4 de junio y que nunca se llevó a cabo. Tres fiscales estaban listos para viajar, pero el general del ejército Raúl Silva, jefe de la Brigada EP #6 Selva, les informó que el operativo había abortado ‘por razones climatológicas’”.

El fiscal Espichán mezcla realidad con ficción. Datos ciertos y falsos. Es cierto cuando sostiene que ese día en la Estación 6 atentaron contra la integridad física de los policías en venganza por la muerte de los indígenas ocurrida en el desalojo de la carreta Belaunde Terry. Es cierto cuando sostiene que se llevaron al monte a 38 DINOES y que ejecutaron a 11 de ellos. Pero no es cierto cuando sostiene que fueron los dirigentes del comité de lucha de Imaza los que dieron la orden. Su acusación se tambalea porque no ha recogido lo más importante: la llegada de un grupo pequeño –todo indica que eran familiares de algunas víctimas que cayeron en la carretera- que enardeció a la gente, que los instaron a romper la malla metálica e ingresar a las instalaciones.

El representante del Ministerio Público omite decir que empujaron a los dirigentes que estaban en el interior (hay fotos en el expediente que así lo demuestran): Simón Weepiu cayó al suelo y a Pedro Tiwi le clavaron una lanza. Y finalmente hace uso del recurso más fácil: arma una acusación que apunta a culpar de lo ocurrido a los dirigentes. Con ello se libra de realizar una verdadera investigación que determine quiénes asesinaron a los once policías.

El fiscal Espichán expone: “En el operativo se detuvo a estas personas, dirigentes en su mayoría, hispanohablantes, con estudios superiores. Estos dirigentes tenían conocimiento pleno que tomar la vía o hacer manifestaciones podía desencadenar en violencia. Ellos, como dirigentes, han coaccionado a los indígenas y los han persuadido de que los decretos legislativos dados por el gobierno central afectarían sus derechos a la tierra, el uso de la tierra y del agua, sus derechos culturales y a la identidad. El que no acataba el paro era sancionado por la comunidad por no proteger su tierra”.

Luego de esta acusación general, Espichán se concentró en demoler a Alberto Pizango, acusándolo de ser el autor intelectual del paro amazónico, en su calidad de presidente de AIDESEP. El dirigente no ha estado presente en la audiencia porque se encuentra mal de salud en Yurimaguas, pero se conectó vía teleconferencia y escuchando el alegato del fiscal que centra su acusación en un solo delito: instigación, por el cual está pidiendo cadena perpetua para él.

Espichán: “Alberto Pizango se valió de su influencia: ha inducido a las personas de las comunidades nativas a participar en estos hechos y que se trasladen a la Estación 6”.

¿El expresidente de AIDESEP tiene poderes mágicos? ¿Practica la telepatía y se desdobla? Pizango no estaba en Imacita ni en Bagua, y no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en la Estación 6. Es imposible que estuviera dictándole al oído las acciones violentas que debía realizar al grupo que llegó de improviso ese día. 

Todo indica que las personas procesadas en este segundo juicio son chivos expiatorios para justificar una pésima investigación.

La acusación: suma de inconsistencias

Sin embargo, la brutalidad de estas muertes fue respondida con una acción ineficaz de las fuerzas del orden. Al igual que en la Curva del Diablo cazaron, sin discriminación, a quienes tuvieron más a la mano. Por ello, en este segundo juicio se reedita el drama anterior: el banquillo de los acusados está copado por inocentes. Son 24 indígenas acusados por secuestro agravado, extorsión agravada, arrebato de armamento y municiones, y disturbios. Alberto Pizango es el acusado 25 y al único que se le imputa el delito de instigación.

Juan José Quispe, abogado del IDL, la institución que patrocina a los cuatro dirigentes del comité de lucha, considera que no hay ninguna prueba certera que demuestre que alguno de los 25 haya estado implicado en el asesinato de los policías.

Las penas que pide la fiscalía son proporcionales a la magnitud de los cargos: cadena perpetua para todos. Encerrar a una persona de por vida es una decisión muy grave, y no debe admitir dudas. Sin embargo, la acusación fiscal es una suma de inconsistencias.

No por aparatosa y apabullante la acusación es cierta. El hecho base es el secuestro. Según la fiscalía, los indígenas mantuvieron secuestrados a los policías y los funcionarios de la Estación 6 de Petroperú desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio, día en que los mataron. Pero los hechos no ocurrieron de esa manera. La historia comenzó 45 días antes, el 23 de abril del 2009. El día de la toma de las instalaciones, cuando los cuatro dirigentes asumen sus funciones de interlocutores.

Según la fiscalía, durante todo ese tiempo los policías y los funcionarios permanecieron secuestrados. Sin embargo, la defensa cuestiona ese planteamiento. ¿Pueden las personas secuestradas entrar y salir de su lugar de cautiverio? ¿Pueden hablar por celular libremente? ¿Pueden llegar a un trato por el cual los captores acepten no tener armas en el supuesto lugar de secuestro? Todo ello sucedió en la Estación 6 desde que fue tomada.

Como la tesis del secuestro no se sostiene, la fiscalía recorta el tiempo para que el hecho pueda encajar dentro de su absurda imputación. Por eso hace aparecer como que los hechos recién empiezan el 31 de mayo, el día en que entró el último grupo.

En los hechos de sangre tampoco puede probarse la participación de los acusados. Los testimonios coinciden en que los dirigentes fueron más bien un parapeto para la turba que atacó a los policías. Están las fotos que valen más que mil fojas de un atestado: como aquella en la que se aprecia a los dirigentes en el suelo sometidos, y la otra en la que Simón Weepiu aparece intentando apaciguar a los manifestantes. Por el contrario, los acusadores no tienen ni un solo testigo que los sindique de manera directa. En este punto, la declaración del ingeniero Fernando Urízar va a ser determinante en el juicio ya que él señala con claridad que los apus no tuvieron nada que ver con el asesinato de los policías.

Además, desde que sucedieron los hechos y luego de las primeras indagaciones, se han recogido otros testimonios que desbaratan la acusación.

Cuando al suboficial Fredegundo Vásquez Gavidia le preguntan si la violencia contra los policías fue una decisión colectiva o de solo un grupo, responde: “Como han visto que la conversación del comandante no dio los frutos que ellos deseaban, entra otro grupo irrumpiendo la reunión y fueron ellos los que determinan tomar de rehenes a todos los efectivos policiales. Eran personas de entre 35 a 40 años y el resto eran jóvenes. El que encabezaba era un nativo vestido con ropa común, polo y pantalón, pero en la cabeza tenía una especie de tiara, hecho de cuero al parecer de jabalí, de pelos parados. Era alto, de un metro ochenta, más o menos delgado. Esta persona fue el que empujó al comandante para tomarlo de rehén y ahí se inicia todo”.

Ninguna de estas descripciones corresponde a alguno de los acusados.

Lo mismo sucede con la declaración del suboficial Lucho Américo García Villanueva, quien explica cómo se desencadenó la violencia letal: “Nosotros estábamos formados en dos cuadras y el día 05 de junio del 2009, siendo aproximadamente las nueve de la mañana, al enterarse los nativos por medio radial de los problemas que se habían suscitado en Corral Quemado y en la Curva del Diablo, los nativos se enteraron de eso dijeron que el apu quería hablar con el ingeniero encargado y con el comandante, y el personal de vigilancia lo dejó entrar. Ese momento fue aprovechado por la gran multitud, que eran aproximadamente mil quinientos a dos mil nativos, y como escudo pusieron a niños y mujeres embarazadas. Rompieron el cerco y las puertas de acceso, y ya en el interior nos han tomado de rehenes (…) me cegaron los ojos con un líquido, al parecer con ají.”

Acusación sin pruebas

Si los testimonios no los incriminan directamente, ¿cómo así es que Eufemia, Rodolfo, Simón y Alberto aparecen acusados?

“Lamentablemente, por cuestiones políticas, la fiscalía y el Poder Judicial investigaron y abrieron el proceso penal sobre la base de las declaraciones de los policías sobrevivientes. A pesar que en estas declaraciones no hay sindicación directa de muerte, se les abrió proceso haciendo ver que ahí había eso”, señala el abogado Juan José Quispe.

Los policías sobrevivientes no dicen que los acusados fueron los asesinos, sino que eran dirigentes de la protesta, dos cosas muy distintas. Simón, Rodolfo y Alberto nunca han negado el nivel de representación que han tenido en el conflicto. Los testigos en ningún momento hablan que los dirigentes ordenaron secuestrar a los policías dentro de la vivienda. Todo eso es inferencia de la policía.

“Una cosa es ser líder de una lucha pacífica hasta el 5, y otra son los actos vandálicos de la madrugada del 5 que duraron hasta las 3 de la tarde, hora en la que matan a los 11 policías”, acota Juan José Quispe.

El delito de extorsión agravada que se les imputa tampoco se sostiene. Según la acusación, los manifestantes tomaron la Estación 6 para chantajear al Estado peruano con el objetivo de que deroguen los decretos legislativos en cuestión. La figura es forzada. Con ese criterio, toda acción de presión como la toma de un local en una huelga podría ser considerada como extorsión. Entonces tendríamos a profesores, médicos y estudiantes condenados a 30 años de encierro.

La sentencia de la “Curva del Diablo” ya  dijo mucho al respecto. Estipuló que las acciones como la toma de la carretera Belaunde Terry, si bien implicaron una violación al derecho del libre tránsito, fue motivada por un fin superior que es la defensa del medio ambiente.

Para Alberto Pizango, acusado solamente por el delito de instigación, también se pide cadena perpetua con el argumento de que a partir de ese acto es que los indígenas tomaron la Estación 6 y posteriormente secuestraron y mataron.

Según la doctrina peruana, la instigación solo puede darse de persona a persona y no a un grupo. ¿Cómo se podría probar que Pizango incitó a todos a cometer los delitos? También tienen que existir pruebas que comprueben el azuzamiento: una carta, un mensaje de WhatsApp o una llamada. Nada de eso tiene la policía. Los hechos han demostrado, además, que toda la protesta fue pacífica, salvo los últimos cinco días. La sentencia de la Curva del Diablo señala, de manera textual, que no existió instigación en masa.

A Simón Weepiu también se le acusa de tenencia ilegal de armas. La figura que han fabricado es esta: El dirigente le quita las armas a los policías y con esas armas los mata. Pareciera que algunos operadores del sistema de justicia han visto demasiadas películas de acción del peor Hollywood.

Los hechos han sido documentados en seis informes del Congreso y numerosas publicaciones. En todos estos informes se explica lo que en realidad pasó. No es que Simón Weepiu les haya quitado las armas, sino que durante la toma de la Estación se firmó un acta entre los policías y los indígenas en que ambos se comprometían a no portar armas en ese lugar. Por eso es que policías y manifestantes se movilizaban desarmamos al interior del lugar. Además, la mayor parte de las muertes fueron producidas por instrumentos punzocortantes.

Otra de las falencias de la acusación es considerar a los indígenas como líderes de la protestas y a la vez como autores directos. ¿Cómo es que los mismos que dan las órdenes van a ser quienes las acatan?

Lo único que quieren los indígenas de Bagua es que se realice un juicio justo, en el que puedan probar su inocencia. Pero no es sencillo, no solamente por la ampulosidad de las acusaciones, sino por la presión que pesa sobre los jueces en estos casos.

***

El Baguazo es quizás la herida nacional más profunda de este siglo, y los sucesos de la Estación 6 su lado más macabro. Once policías fueron asesinados en el exterior de la planta de Petroperú, en el bosque de Kusu grande, entre pájaros y árboles. La mayoría con cuchillos y lanzas. Un exministro del Interior calificó esta matanza de policías como la más grande, sangrienta y atroz de la historia republicana, y razón no le falta.

(REVISTA IDEELE EDICIÓN N° 28O, AGOSTO DEL 2018)