Escrito por Oswaldo de Rivero Revista Ideele N°279. Julio 2018

Después de que Trump anunció que no venía al Perú, debido a que iba atacar Siria, la Cumbre de Lima desapareció de las pantallas de televisión en los Estados Unidos y disminuyó notablemente en las pantallas latinoamericanas. A esto se sumó la no venida de Maduro bajo el pretexto de que si no venía Trump, no tenía importancia ir a Lima para tratar con los servidores de este.

De esta manera, el reality show de Lima quedó sin efecto y la Cumbre se convirtió en una reunión ordenada y mediocre, caracterizada por una serie de sucesivos discursos leídos por los jefes de Estado que no conectaban entre sí, una suerte de monólogos sucesivos, en vez de un interesante diálogo público espontáneo entre los mandatarios sobre los problemas que confrontan hoy a las Américas.

Lo que más llamaba la atención en este monólogo sucesivo fue que los presidentes de América Latina denunciados por corrupción en sus países, como son los presidentes de México, Brasil, Argentina, Bolivia y Colombia, aparecían en sus discursos como paladines de la lucha contra la corrupción.

También llamó la atención la falta de una dura crítica de los presidentes de América Latina a la abusiva política racista migratoria de Donald Trump contra los latinos. El país más afectado, México, no dijo casi nada, tampoco el Perú, como presidente de la Cumbre. Todos callaron. Y esto a pesar de que Trump ya ha deportado a unos 96 mil latinos, en muchos casos de forma abusiva. Ninguno de los presidentes hizo mención a los paraísos fiscales, que son uno de los factores más importantes que promueven la corrupción.

La cumbre adoptó el documento  “I Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. Este documento es una larga lista de 57 medidas contra la corrupción, donde no está incluida la propuesta del presidente del Perú de una “alianza contra la corrupción.”

Una importante parte de las medidas del Compromiso de Lima son generalidades que a veces contienen verdades de Perogrullo; y sobre todo, no son medidas jurídicamente vinculantes sino tan solo recomendaciones que hacen a los países : “reconocer”, “fortalecer”, “promover”, “fomentar”, “impulsar” y “considerar” acciones para prevenir y luchar contra la corrupción.

Con ese tímido lenguaje recomienda una enorme variedad de acciones, que van desde la grandiosa ambición de crear una nueva cultura anticorrupción y una reforma educativa para toda la vida, hasta el reconocimiento de los valores éticos de los pueblos indígenas, pasando por la elaboración de estadísticas y el uso de nuevas tecnologías. Hay de todo, como cajón de sastre, pero ninguna de las medidas son jurídicamente vinculantes. Así, cada país escogerá las medidas que quiere adoptar o no.

Si uno escucha las alabanzas oficialistas sobre el Compromiso de Lima pareciera  que es el instrumento de este siglo para luchar contra la corrupción, cuando en verdad ya existe desde 1996 un instrumento jurídico obligatorio con este fin como es la Convención Interamericana contra la Corrupción.   

La Convención Interamericana contra la Corrupción prevé, en su Artículo XVII, la posibilidad de fortalecerla a través de protocolos adicionales. Entonces, se hubiera podido establecer un protocolo adicional para fortalecer las obligaciones jurídicas de la Convención, como por ejemplo, su artículo VI, sobre los actos de corrupción de los funcionarios públicos; su artículo VIII, referente a medidas sobre el soborno transnacional; su artículo IX, que aborda medidas sobre el enriquecimiento ilícito; y su artículo XIII, sobre la extradición; además de reforzar otros artículos o crear nuevos en el protocolo adicional.

En vez de dedicarse a lograr un documento débil no vinculante jurídicamente, La Cumbre de Lima debió más bien aprobar, de acuerdo con el artículo XVII de la Convención Interamericana contra la Corrupción, un Protocolo adicional a esta. Es decir, un documento obligatorio en vez de este Compromiso sin poder jurídico.

Para ello se necesitaba, desde que se ofreció Lima para la Cumbre, una buena preparación de la conferencia, donde se identificaran los factores que han hecho que la corrupción haya aumentado en América, a pesar de la Convención interamericana contra la Corrupción, y luego de la identificación de estos factores redactar un Protocolo adicional a la Convención para ser aprobado en Lima, en vez de esta lista de recomendaciones no vinculantes.

Si no fuera por la poca habilidad política y jurídica demostrada por la OEA y de los países miembros en la preparación de esta Cumbre, incluyendo al Perú, podríamos decir que sobreponer un documento sin  valor jurídico, como el Compromiso de Lima, y olvidar el fortalecimiento de un tratado internacional jurídicamente obligatorio, como es la Convención Interamericana contra la Corrupción, parecería ser una genial jugada de jefes de Estado corruptos para aparentar que luchan contra la corrupción.

Según los círculos oficialistas, la Cumbre de las Américas de Lima ha sido un éxito. El argumento con que fundan esta conclusión es que en esta Cumbre se ha logrado sacar un documento final por consenso después de 13 años de Cumbres de las Américas que han terminado sin documento final.

La verdad es que esta comparación no es válida, porque las anteriores Cumbres no aprobaron un documento final debido a que trataron temas que dividían seriamente a las Américas como fueron la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); las diferencias sobre la democracia entre los países del Grupo del Alba y los EEUU y otros países; las percepciones distintas para enfrentar el problema del tráfico de drogas; y la participación de Cuba en las Cumbres.

En la Cumbre de Lima se obviaron los temas que dividen a los países de América. Ni Trump ni Maduro vinieron, y el tema de la Cumbre fue la corrupción. Ante esto, los importantes mandatarios de América que vinieron, en cuyos países eran acusados de estar ligados a actos de corrupción, no les quedó otra opción que aprobar el Compromiso de Lima para que no sigan diciendo que son corruptos.

El Compromiso de Lima es, pues, un documento débil contra la corrupción, aprobado por importantes presidentes de América para mejorar su imagen.

¿Es esto un éxito?