Escrito por Ernesto de la Jara Revista Ideele N°280. Agosto 2018

Sacar conclusiones a partir del intercambio de algunos post en Facebook es tan subjetivo y arbitrario que solo puede ser tomado como la identificación de algunas percepciones sin ninguna pretención, más si son hechas a ojo de buen cubero. Aquí viene la sistematización de algunas de estas sobre si se debe de cerrar o no el Congreso.

El tema ha tenido y mantiene cierta acogida, a pesar de no ser sexy y no tener nada que ver con el fútbol. Son varias las personas que lo han planteado de manera individual e independiente. Deteniéndonos solo en algunos de los post, hemos podido contar unos 150 comentarios, casi todos sobre el fondo del asunto.

Una naranja partida por la mitad es la imagen que me queda de la proporción entre los que creen que no debe cerrarse y los que creen que sí hay que hacerlo: 50-50.

Aunque el cálculo entre las dos posiciones es mucho más difícil que partir una naranja en dos partes iguales. En las redes los pesos son relativos. Algo dicho de manera ingeniosa o de manera bien puesta puede tener, por ejemplo, muchos más peso que varios argumentos contundentes.

Pero lo que sí queda claro es que ninguna posición ha ganado por goleada a la otra. En ambos lados del debate se ha comenzado por pronunciarse sobre la legalidad de la medida.

Para los que están en contra de cerrar el Congreso, el argumento más importante es la inconstitucionalidad de la propuesta, recordándonos que nuestra Carta Política solo permite disolver el Congreso cuando este ha censurado a dos gabinetes o no les ha dado el voto de confianza solicitado. Hacerlo equivaldría, entonces, a dar un golpe de Estado, tal como hizo el fujimorismo el 5 de abril de 1992.

Los de la orilla opuesta creen también tener a la legalidad de su lado. Pero no entran a contradecir el argumento anterior, sino que construyen una legalidad alternativa.

Para ellos, cerrar el Congreso sí significa un golpe de Estado, pero lo sería contra otro golpe de Estado, que viene siendo cometido por el fujimorismo en el Congreso de manera sostenida y permanente. La idea es que golpe contra golpe ya no es golpe sino un instrumento legítimo de defensa de la democracia.

Es más, hay quienes llevan este argumento al extremo. Si el Congreso es el que no respeta la legalidad y pretende apropiarse de todas las instituciones, incluida la libertad de expresión, se legitiman consignas como la de ‘‘que se vayan todos”, “elecciones adelantadas” o hasta la idea una “revolución”. Y en dichos contextos, el respeto de la Constitución deja de tener importancia, ya que lo que se plantea es, precisamente, su cambio, entendido como la transformación del sistema político.  

El segundo nivel de enfrentamiento entre ambas posiciones tiene que ver con el daño que le haría al país el hecho de cerrar o no el Congreso. Los que creen que no hay que hacerlo, enfatizan el hecho de que si tenemos instituciones débiles es, justamente, porque cada vez que hay problemas les damos de baja. De lo que se trataría entonces es de mantenerlas, aprendiendo que es nuestro voto el que define quiénes nos deberán gobernar por todo el período que corresponde.

Pero lo más grave, según la posición anterior, es que cada vez que pateamos el tablero por estar hartos de las instituciones, se generan las condiciones para que surja un caudillo o un antisistema. El remedio sería peor que la enfermedad.

Del otro lado se esgrime que si todo continua igual, el país llegará en ruinas al 2021. Se argumenta que no solo se está ante un Congreso que cuesta millones, los que podrían ser gastados en otras prioridades para el país, sino encima no hace nada productivo, y más bien aprueba medidas que son perjudiciales.

Entra estas últimas están, por ejemplo, la negativa a fiscalizar las cooperativas relacionadas con el lavado de activos, que se apruebe el funcionamiento de comisiones que gastan millones sin que se llegue a nada, que se excluya al Congreso de la fiscalización de la Contraloría, normas contra la libertad de expresión, entre otras.

A esto se debe de sumar el desánimo, polarización y descrédito de la democracia que genera esta situación, si se deja tal como está.

Ahora, quienes creen que no se debe cerrar el Congreso no es que planteen pasividad, están, más bien, de acuerdo con la realización de constantes protestas públicas que lleguen a poner al Congreso contra la pared, además de todo tipo de acciones legales. Pero no más.  

En lo que sí coinciden todos es en despacharse contra los congresistas en los términos más duros que puede haber, tales como corruptos, ratas, bestias, ignorantes, gavilla de mafiosos, inmorales, farsantes, narcos y otros por el estilo, aunque reconociendo siempre que hay excepciones.

(REVISTA IDEELE EDICIÓN N° 28O, AGOSTO DEL 2018)