En mayo, a Miguel Silva lo desalojó Forsyth. Vendía sus ollas y enseres de cocina en el suelo de la pista del jirón Hipólito Unanue en la popular zona de La Parada, en La Victoria. Él ya había resistido el trágico operativo policial del 2012, cuando la entonces alcaldesa Susana Villarán le mandó caballería policial a sus compañeras ambulantes. También resistieron en setiembre del 2019, cuando la entonces gerente de Fiscalización Susel Paredes las encerró entre rejas en la calle para conminarlas a irse.

Pero la incursión municipal de Forsyth en mayo fue mayor. Tres mil ambulantes, en su mayoría vendedoras de verduras, que abarrotaban el jirón Unanue, despertaron enterándose que en la madrugada sus humildes puestos habían sido removidos por los uniformados municipales. Mientras el entonces alcalde salía en los canales de televisión como abanderado del principio de autoridad erradicando supuestos puntos de propagación del coronavirus, Miguel y sus compañeras se mudaron una cuadra más al sur, acomodándose como pudieron en la vía pública del jirón Sebastián Barranca y disputándose el espacio con los ambulantes que ya estaban ahí.

Mientras casi a diario los agentes municipales se enfrentaban violentamente a los ambulantes tanto peruanos como venezolanos que venden en la avenida Aviación y el damero textil de Gamarra para intentar sobrevivir a la crisis económica por la pandemia, la Asociación Nuevo Triunfo que lidera Miguel pasó de tener cincuenta miembros a poco más de treinta. Muchos se amilanaron por el desalojo de mayo y se retiraron a otras zonas.

Desde aquel entonces, ya las vendedoras ambulantes acusaban cierta complicidad entre el municipio dirigido por Forsyth y los mercados contiguos, propiedad de la próspera familia de empresarios Guizado, quienes presionarían al burgomaestre para que las desaloje. En los siguientes meses, fueron enfermándose del coronavirus muchas de las compañeras de Miguel, hasta que finalmente le tocó sentir el dolor de la pandemia personalmente: falleció su esposa Teófila en agosto, su eterna compañera en todas las protestas contra la violencia de los fiscalizadores.

Al otro lado de la ciudad, Érica vendía sus frescas piñas a las afueras del mercado Micaela Bastidas en Villa María del Triunfo, hasta mayo en que el sesenta por ciento de comerciantes del interior del centro de abastos dieron positivo para las pruebas de descarte de la pandemia. Aunque solamente tomaron muestras del mercado, el municipio distrital también desalojó a las ambulantes de los alrededores.

Casi todas son personas mayores entre el medio centenar de ambulantes de su Asociación Unidos por el Progreso de Villa María del Triunfo- Pesquero, por lo que muchos se enfermaron de coronavirus en estos meses, tres o cuatro de gravedad y uno falleció. Al cabo de unas semanas decidieron retomar las calles en torno al mercado, pero a inicios de octubre fueron nuevamente retiradas. Hace una semana, ante la impotencia de no poder trabajar para mantener a sus familias, Érica y sus compañeras regresaron y se quedaron a dormir, resistiendo los violentos intentos de los fiscalizadores de Villa María del Triunfo por sacarlas, mientras hacían ollas comunes. Ella tiene dos menores a quien alimentar. Han intentado dialogar con el ayuntamiento, pero sus intentos parecen haber sido en vano.

Ida Ávila fue la dirigente de las comerciantes del ex mercado mayorista de La Parada hasta el 2014 en que fueron violentamente desalojadas por Susana Villarán y Susel Paredes, luego del trágico operativo policial del 2012. Actualmente representa a unas seiscientas sus ex compañeras que desde hace seis años trabajan como ambulantes en la avenida San Pablo y el jirón Bausate y Meza, aunque ella personalmente ya no vende en la calle. No están siendo consideradas para el traslado al terreno en Santa Anita llamado Tierra Prometida, el cual ya ha despertado críticas y la oposición de los vecinos y el municipio de ese distrito.

Cuatro compañeros ambulantes ya murieron por la pandemia. Mientras, son los fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima quienes continuamente incursionan amenazando con desalojarlos. Sigue litigando por las tres hectáreas que antes eran el mercado mayorista y hoy son el parque del migrante, que fueron donados por la familia Cánepa en los años cincuenta a la ciudad con la expresa finalidad de que sean un centro de abastos como se menciona en la escritura original. Tiene un proyecto diseñado por el arquitecto Franklin Cabanillas para hacer un centro comercial subterráneo y que el área verde permanezca en la superficie. “Va a ser un hermoso parque” menciona. Intenta una y otra vez presentarlo ante el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ante la Defensoría del Pueblo, ante la presidencia del Congreso y ante el nuevo alcalde distrital de La Victoria.

Tras quedarse viudo, en octubre Miguel Silva comenzó a vender sus ollas al interior de un mercado, aunque no sabe por cuánto tiempo podrá seguir pagando el modesto espacio. La edad ya no le permite coger sus cosas y huir con la misma rapidez que los jóvenes ambulantes venezolanos, quienes muchas veces son quienes se enfrentan a la violencia de los municipales, siendo tildados por la prensa como mafias y delincuentes al defender su trabajo ante cámaras.

En la primera mitad de octubre, George Forsyth renunció a la alcaldía del distrito victoriano para entregarse de lleno a su candidatura presidencial, a menos de la mitad de su periodo, dejando un legado de violencia uniformada contra los ambulantes en plena pandemia y de obras inconclusas, siendo criticado por muchos de sus vecinos. En julio, el gobierno de Vizcarra le había transferido seis millones específicamente para contratar más agentes municipales que controlen a los vendedores informales, desatando más episodios de represión. Este presupuesto fue aumentado en setiembre, cuando el Ejecutivo transfirió otros dos mil millones de soles a varios municipios a nivel nacional para los mismos fines. Esto no deja de preocupar a Miguel, quien teme más operativos.

El nuevo alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, ex auxiliar de la Policía y empresario victoriano, convocó a una reunión a diferentes sectores comerciales del distrito. Miguel dice que ha bajado la represión y logró concertar una reunión personal para proponerle que su asociación de ambulantes sea reubicada en algún otro jirón de modo más ordenado, con miras a comprar un terreno en un futuro del que nadie los vuelva a expulsar. Aunque con cautela, puesto que alcaldes que lo han defraudado no faltan, espera lograr un acuerdo.

“Recuperación de vías públicas” es uno de los eufemismos que los medios de comunicación utilizan para describir los violentos operativos que las municipalidades efectúan con sus agentes para quitarle su mercadería a los ambulantes y expulsarlos con golpes y escudos. Como si aquellos vendedores cuya condición de ancianos, madres solteras o migrantes les impide encontrar un empleo formal para mantener a sus familias, tuvieran la intención de arrebatarle las calles a los vecinos, en lugar ser incluidos en un diálogo de formalización con la comuna de una ciudad que regule y descongestione los espacios públicos y a la vez respete sus derechos humanos.