Escrito por Alonso Núñez del Prado Simons

Hay varias razones por las que la vacancia de la presidencia de la república recientemente declarada por el Congreso es ilegítima, pero en mi opinión la principal es que los congresistas –al igual que los del congreso anterior– se han olvidado de que la principal de sus funciones es la de representarnos (la otras son legislar y fiscalizar). La inmensa mayoría de nuestros políticos están convencidos que luego de que son elegidos pueden hacer lo que les parezca durante el período de su mandato y eso es falso. Las autoridades elegidas tienen la obligación de cumplir con lo que les prometieron a sus electores y si está de por medio un tema que no estaba en su programa deben consultarlo con ellos. Para eso existe la semana de representación en el Congreso establecida con carácter de obligatorio por el artículo 23 f) de su reglamento.

Aunque en este caso me estoy refiriendo a los parlamentarios, la afirmación es válida para cualquier autoridad elegida. Se trata de la esencia de la democracia. El hecho de que conforme al artículo 93 de la Constitución no estén sometidos a mandato imperativo es aplicable a los casos de conflictos de consciencia o en los que tienen que decidir entre intereses locales o nacionales. Por eso empieza diciendo: “Los congresistas representan a la nación.”, pero de ninguna manera es una carta en blanco para que puedan tomar decisiones sin escuchar a sus electores, es decir mandantes o poderdantes. Y es evidente (lo prueban las encuestas previas y las protestas posteriores) que la mayor parte de peruanos no quería la vacancia. En consecuencia, si el congreso o su mayoría no cumplió con su función de representación la vacancia carece de toda legitimidad.

Lamentablemente, nos cuentan historias como la de ‘la majestad de Congreso’ que es falsa, la única y verdadera majestad es la todos los peruanos a los que están obligados a servir. Son servidores públicos a los que les pagamos sus sueldos y otra serie de beneficios que no existen en los países desarrollados. Nuestra democracia está contaminada de sus raíces históricas virreinales y el presidente es todavía visto como un rey y los ministros su corte. El congreso es una especie de poder paralelo que existe para hacer contrapeso, al igual que el poder judicial. Los tres eran antes atribuciones de los monarcas y ahora están divididas para evitar la concentración de poder, que es tan peligrosa, pero han mantenido algunas prerrogativas monárquicas que exigen un tratamiento servil de parte del resto. Va siendo hora de dejemos atrás todas estas costumbres propias de sociedades jerárquicas y empecemos a tratarnos como iguales recordando que el presidente, sus ministros, el congreso, los jueces, etc. están a nuestro servicio. Esto no quiere decir que les quitemos su condición de autoridades, ya que para eso los elegimos, mas sin olvidar que al final son nuestros apoderados por un tiempo determinado.

Hay otra serie de argumentos, incluso de inconstitucionalidad, como que el artículo 113.2 (de la vacancia) de la Constitución no esté ubicado en el capítulo VI referido a las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, sino en el IV que regula sólo al poder ejecutivo. En pocas palabras, si hacemos una lectura sistemática de nuestra carta magna tenemos que concluir que la vacancia es más bien para casos extremos (muerte, renuncia, destitución, etc.) y que la incapacidad moral permanente debe ser entendida como enfermedad mental o muy restrictivamente. Si a esto le agregamos la presunción de inocencia y que las imputaciones a Vizcarra están en proceso de investigación y no han sido probadas, la declaración de vacancia no se sostiene y es más bien una aberración jurídica realizada a partir de una lectura sesgada de la Constitución, que lamentablemente tiene orígenes históricos. Por otro lado, no se ha tenido en cuenta lo señalado por el artículo 117 que establece los casos por los que el presidente puede ser acusado. En pocas palabras, la declaración de vacancia no ha sido razonable, ni proporcional, además de que los congresistas (aunque ellos crean lo contrario) no pueden ignorar olímpicamente la opinión de quienes los eligieron y a quienes representan. No obstante, estos señores creyeron que bastaba con sus votos a pesar de la abierta oposición popular que están enfrentando y que terminará con la carrera política de muchos de ellos y de sus partidos. Sería ejemplar que cuando toda esta situación sea superada, se les abra una investigación por violación de la Constitución y sean sancionados, dejando un precedente para el futuro.

Apenas se aprobó la vacancia, en un grupo de amigos afirmé: “Además de muchos otros defectos a este Congreso le falta sentido de realidad. Se sienten omnipotentes. Mucho me equivoco o esto va a terminar igual que el nombramiento de Meche…”; pero cuando Vizcarra decidió no dar batalla (me gustaría saber por qué), creí que me había equivocado. La juventud y la protesta me han devuelto la esperanza. En mi percepción la vacancia no ha sido sólo producto de una horda de congresistas con pocas luces y deseosos de que un cambio legal que les permita postular en las próximas elecciones, sino que han sido azuzados por quienes pretenden que las investigaciones y procesos contra la corrupción si diluyan, como desgraciadamente ha ocurrido con demasiada frecuencia en nuestra historia, sino lean el libro de Alfonso Quiroz[1].

[1] Historia de la Corrupción en el Perú