Comités anti covid y ollas comunes en Lima Norte: Autoorganización popular contra la pandemia

Créditos: Agencia Andina

Cuando estudiaba actuación con la compañía teatral Cuatrotablas y soñaba con tener una escuela de arte en su barrio, Lesli jamás imaginó que en la casa de su hermana cocinaría hasta para doscientos de sus vecinos de la ampliación V-5 del asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Con ollas prestadas, una cocina que pudieron comprar, un par de mesas grandes y una pequeña terraza, empezaron la pandemia con autogestión para sostener a su comunidad.

Su casa no tiene conexión de agua potable, pero afortunadamente la de su vecino próximo sí, por lo que deben juntar en grandes depósitos para cada jornada diaria de cocina. Muchas veces también debe irse a diferentes camales en la periferia de la ciudad para intentar comprar res, cerdo o pollo más baratos. Procura que cada plato de almuerzo tenga una porción de carne y guiso.

Al inicio de la pandemia, no cobraba nada y podía repartir más de dos centenares de raciones de lunes a viernes, dado que se permitían manejar un presupuesto de mil ochocientos soles semanales gracias a donaciones. Un par de veces recibieron apoyo del no gubernamental Instituto de Desarrollo Urbano Cenca. Sin embargo, con el tiempo la ayuda disminuyó y hoy en día sólo cuenta con novecientos soles, que redujo la cantidad de comensales a ochenta y ya les cobra dos soles.

Preparar entre cuatro vecinos y repartir los alimentos en su terraplén al aire libre ha sido una ventaja ante el coronavirus, a diferencia de otra olla común en Villa El Salvador donde una cocinera terminó infectada.La mayoría de asistentes son los más ancianos del asentamiento y madres solteras, pero desde luego cualquier persona sin recursos es bienvenida. Una vecina que siempre va, le contó a Lesli que llegó a vivir con ella una sobrina con sus hijos, dejados por el padre, por lo que no tienen problemas en dejar que se lleve cuatro raciones gratis a su casa.

En abril empezaron las primeras muertes de vecinos por coronavirus en el barrio Santa Rosa, en el distrito de Comas, pero para julio y agosto ya fallecía mínimo un habitante diario. No solamente los más ancianos, sino también trabajadores veinteañeros y padres de familia. Janet Fuentes ya había sido dirigente barrial hace algún tiempo, pero en los últimos años se dedicaba más a gestionar un refugio animal, hasta que llegó el momento en que nadie en su cuadra se hablaba mucho y se enteraba por rumores quién había muerto ese día.

Recuerda que a inicios de julio llegó el personal del Ministerio de Salud a su vecindario para impulsarlos a formar un comité anti covid, con muchas promesas. Sin embargo, no hubo nada más, ni les mandaron equipamientos a los dirigentes vecinales, ni una mascarilla, ni medicinas del centro de salud. Entonces hicieron una protesta para captar la atención de la prensa y así también de las autoridades, con lo que consiguieron más recursos para poder controlar mejor la pandemia en el barrio.

Presionaron para que lleguen los médicos a hacer los operativos de descarte. Mientras los sanitarios contaban que en otras zonas de la ciudad llevaban doscientas pruebas y terminaban sobrando, en Santa Rosa la alta convocatoria logró que se agoten en pocas horas. Militares llevaban víveres para las familias más vulnerables y los mismos vecinos se organizaban para alimentar a quienes no podían salir por su avanzada edad o no tenían recursos por quedarse desempleados en plena crisis económica generada por la pandemia.

Janet valora cómo el comité ha logrado rescatar los valores de solidaridad en el barrio, en tiempos de pandemia en que el sálvese quien pueda pareciera prevalecer. Aunque nunca faltan vecinos desconfiados que tildan a cualquier organización popular de corrupta, ella sabe que son sólo habladurías y que con un vecindario unido y con estrategia colectiva se puede combatir el coronavirus más allá de la lógica neoliberal de las empresas farmacéuticas que ven a los pacientes como simples números.

En la quincena de setiembre el Ejecutivo anunció que destinaba veintidós millones para las ollas comunes del país, siendo transferidos a las respectivas municipalidades. Sin embargo, nada llega todavía a la autogestión de Lesli. Esto la ha impulsado a organizar a sus vecinos de las partes más altas del asentamiento Mariátegui para que monten sus propios comedores populares.

Lesli, quien también es comunicadora social, ha comenzado un proyecto de biohuertos donde cultiva tomates cherry y otras verduras para abastecer su cocina, venderlos para obtener recursos y que los mismos vecinos ya puedan cocinar sus propios almuerzos en sus casas.

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