Crisis política, Congreso ilegítimo y “primavera peruana”: el rol nefasto del Tribunal Constitucional

Escrito por Crédito de imagen: Andina.pe

La grave crisis política que atraviesa el país desde 2016 se ha profundizado en septiembre de este año, cuando 105 congresistas votaron por la destitución del presidente Martín Vizcarra y abrieron un periodo extremadamente inestable que dio lugar a un alzamiento masivo de la juventud y de una gran parte de la ciudadanía. Muchos analistas están exponiendo sus interpretaciones de la coyuntura actual, pero no se habla todavía de tres temas a mi modo de ver fundamentales: la responsabilidad del Tribunal Constitucional en la crisis más importante desde noviembre de 1999, cuando el dictador Alberto Fujimori abandonó el país y su función; y la ilegitimidad intrínseca del nefasto Congreso que acaba de elegir un nuevo presidente. El gran movimiento social que ha emergido en estos últimos días, brutalmente reprimido, es muy esperanzador; no obstante, la espontaneidad y el entusiasmo de los ciudadanos deberá convertirse en movimiento organizado para tener la posibilidad de representar la voluntad de reformar el sistema político y construir un país con valores republicanos 200 años después de su independencia. Veamos los puntos centrales de estos temas, esperando que se abra un debate de ideas fructífero en la ciudadanía.

Una crisis de gobierno permanente desde el final de la guerra interna

En primer lugar es necesario recordar que las causas coyunturales de la crisis actual se encuentran en las elecciones de 2016 que implicaron el grave peligro de la elección de la heredera de la dictadura fujimorista, Keiko Fujimori. Muchos peruanos votaron por Kuczynski y su primer vicepresidente Vizcarra para impedir su triunfo, pero nadie pudo evitar que se elijan 73 congresistas corruptos. Dicho esto, la crisis estructural del país tiene sus fundamentos en los pésimos gobiernos que hemos tenido desde 2001: ninguno fue capaz de adoptar las recomendaciones de la CVR para reformar todo el sistema gubernamental peruano que había sido destruido durante la dictadura de Alberto Fujimori. Todas las instituciones y el Congreso estaban entonces devastadas por la corrupción. Pero ni Toledo, ni menos aún García, y más tarde Humala, fueron capaces de reconstruir el campo de ruinas de nuestra gobernanza. Todos se concentraron en el crecimiento económico que fue propiciado por el alza del precio de materias primas, haciendo creer al pueblo peruano que las mejoras eran propias al país. No, no lo eran; el país progresó por razones externas. Y desde que los precios de materias primas se derrumbaron, la economía latino-americana empezó su descenso y entró en recesión. La pandemia ha empeorado la situación económica y sanitaria; ha favorecido el golpe del Congreso contra el orden constitucional, y los efectos negativos (empobrecimiento masivo) estarán presentes por muchos años.

Los congresistas corruptos al asalto del poder ejecutivo y el rol nefasto del TC

En setiembre de 2019 el presidente Vizcarra disolvió el nefasto Congreso a mayoría fujimorista esperando que ello sería suficiente para elegir congresistas decentes que representen a la ciudadanía. Pero por desgracia se equivocó y consideró además que podía gobernar sin necesidad de un partido que lo represente en el nuevo Congreso; otro grave error. ¿Cómo comprender el proceso en curso? En primer lugar, el pueblo peruano no fue capaz de discernir entre las candidaturas dignas y eligieron varios grupos mafiosos cuya único interés era obtener privilegios materiales de su función. Los fujimoristas ya no eran mayoritarios, pero su modo corrupto de funcionamiento fue calcado por otros grupos delincuenciales. En segundo lugar, la pandemia que empezó en marzo de este año retardó los planes de esos grupos, lo cual no les impidió continuar su estrategia obstruccionista contra el gobierno. Con una falta total de moralidad y de integridad ciudadana en un periodo de crisis sanitaria que golpeaba duramente al país, los corruptos empezaron a preparar sus planes para destituir al presidente Vizcarra.

El 18 de setiembre de este año un grupo aliado de corruptos representados por Merino logró intentar la destitución del presidente Vizcarra que estaba apoyando la lucha contra la corrupción a todo nivel. En ese momento, el presidente Vizcarra y su gabinete presentaron una demanda al Tribunal Constitucional (TC) para zanjar definitivamente la utilización ilegal del artículo constitucional sobre la “incapacidad moral permanente”. Pero la mayoría de los lamentables miembros del TC fueron incapaces de dirimir y dictaminar que la causa por la cual se pretendía vacar al presidente en ejercicio era inconstitucional. Los argumentos expuestos por la presidente del TC, Ledesma, fueron absurdos, más aún cuando declararon que tomaran una decisión ulteriormente, que “no había urgencia”. Esta respuesta fue irracional, ilegal e inmoral. En ese momento preciso, el TC pudo frenar toda veleidad de desorden de parte del Congreso; al no hacerlo, no sólo demostraron su complicidad con los congresistas corruptos sino también su desdén por el orden constitucional que supuestamente deben defender. Tendrán que ser sancionados con todo el peso de la ley.

El triunfo de los congresistas corruptos, golpe de Estado del Congreso y silencio del TC

Como era de esperar, los grupos de delincuentes del Congreso presentaron otra demanda de destitución el 9 de noviembre y la moción de destitución obtuvo 105 votos. Antes de llegar a este aciago día, el gabinete del presidente Vizcarra debió presentar otra demanda competencial al TC y/o exigir, en el contexto de la pandemia, una decisión inmediata a la demanda presentada en setiembre. Pero no lo hicieron. El presidente Vizcarra pensó, con mucha ingenuidad, que su defensa sería suficiente para convencer a los congresistas de su inocencia en los delitos de corrupción de los que estaba acusado (Entrevista a Vizcarra, IDL Reporteros[1]). Craso error, los 105 usurpadores de la representatividad del pueblo peruano ya habían decidido destituirlo; era su única opción para poner en ejecución sus planes de enriquecimiento ilícito y de toma de control de las carteras de educación y de justicia.

El TC no reaccionó ante el golpe de Estado del Congreso, cuando lo más lógico habría sido que decida declarar ilegítima y anti constitucional la causa de la destitución, anular la votación del Congreso, y restituir el gabinete del presidente Vizcarra. Ello habría aportado un freno definitivo al golpe y a la crisis en ciernes. Pero los 7 miembros del TC se callaron y permitieron que el patético Merino, usurpador de la presidencia del Congreso, fuera proclamado presidente del Perú y que nombrara un nuevo gabinete con personajes corruptos, ignorantes e incompetentes (como los fujimoristas y los apristas) que sólo querían imponer su poder ilegal, destruir las instituciones, obtener la impunidad por sus crímenes y robar al país.

La insurrección civil y ciudadana y el caso de los “Chalecos amarillos” en Francia

Varias manifestaciones contra el gabinete de Merino tuvieron lugar en diversas ciudades del país a partir del 9 de noviembre; luego hubo dos marchas nacionales los días 12 y 14 de noviembre. Las primeras medidas del gabinete usurpador (intentar anular las reformas educativas, intentar adueñarse de la SUNEDU y de la Procuraduría del Estado) fueron el detonante de la insurrección civil de la juventud y de los adultos que tienen espíritu joven y la capacidad de indignarse. Así empezó la “primavera peruana” a nivel nacional: la lucha por la democracia en las calles, luego de dos décadas de silencio total. En las marchas nacionales, los manifestantes [3 millones según las estimaciones de IPSOS] se alzaron contra el Congreso y contra el nuevo gobierno usurpador, pero (paradoxalmente) no exigieron el retorno del gobierno legítimo. Este hecho es un extraño enigma que debe ser analizado.

De cualquier modo, es evidente que la Policía recibió ordenes explícitas para reprimir el movimiento pacífico de manera brutal en Lima, usando armas prohibidas que provocaron la muerte de dos jóvenes (Jack Pintado y Jordán Inti Sotelo) y centenas de heridos. También se registraron secuestros de jóvenes por la unidad policial Terna. Felizmente la justicia ya está en camino, se conocerán los hechos y se sancionarán a los culpables tanto a nivel de gobierno (el 16 de noviembre Merino, Flores Aráoz y Rodríguez han sido inculpados por la Fiscal de la Nación Zoraida Avalos por abuso de autoridad y homicidio doloso en agravio de Inti Sotelo y Jack pintado); como a nivel de la jerarquía de la Policía de Lima.

En la insurrección civil del país hay mucha espontaneidad y entusiasmo por lograr objetivos puntuales, por ahora la sanción de la brutalidad policial y el apoyo a los heridos que se encuentran hospitalizados. Pero si se espera tener un rol político importante en las elecciones es imprescindible organizarse rápidamente. Las “primaveras” democráticas en ciertos países (últimamente en Hong-Kong, Taiwán, Bielorrusia, Líbano y Chile) han tenido éxito solamente a través de la organización de grupos con reivindicaciones comunes. En cambio en otros países los alzamientos no han logrado afianzarse con líderes y han desaparecido sin pena ni gloria.

Tal es el caso del movimiento social francés de los “Chalecos amarillos” [Villasante 2018[2]], de las clases medias y pobres que ha salido a protestar en las calles de todo el país desde octubre de 2018 hasta inicios de 2020 contra la política ultra liberal del presidente Macron. Como en otros movimientos espontáneos post modernos, las redes sociales han servido a organizar las manifestaciones en zonas urbanas y rurales. El movimiento de los “Chalecos amarillos” entró en declive a fines de 2019 y fue frenado por la pandemia en marzo de 2020. No obstante, ha desaparecido de la escena política por su incapacidad de crear agrupaciones coherentes, que sin llegar a ser partidos políticos puedan tener un peso en la vida política francesa. Durante los 14 meses de manifestaciones (todos los sábados en la tarde y a nivel nacional), se han mezclado a los manifestantes pacíficos grupos anarquistas y otros de extrema derecha que han agredido a la Policía y han causado muchos daños materiales (incendios, robos, ataques contra los comercios), lo cual ha provocado el despliegue de una brutalidad policial muy importante. Según el Ministerio del Interior: 11 personas han fallecido, 2,495 civiles han sido heridos (24 han perdido un ojo y 5 han perdido una mano), y 1,800 policías fueron lesionados. Se han usado 13,900 tiros de balas de defensa y se han registrado 313 investigaciones contra las fuerzas de policía (CNews del 15 de noviembre de 2019[3]). Las violencias policiales han sido denunciadas por las Naciones Unidas y el Consejo de derechos humanos de la Unión Europea (Amnistía Internacional del 19 de noviembre de 2019[4]).

Reflexiones finales

El 17 de noviembre ha asumido la presidencia el congresista del Partido Morado Francisco Sagasti (76 años), una persona que parece ser honesta, competente y honrada (la duda permanece luego de tantos equívocos), que ha dado un discurso justo y conmovedor en el Congreso, prometiendo el retorno de la confianza y de la esperanza. Sin embargo podemos notar dos cosas preocupantes: el nuevo presidente no parece darse cuenta que ha sido elegido por un Congreso que ha perdido toda legitimidad. En consecuencia, no percibe que su mandato no es legítimo. Lo más apropiado hubiera sido que una vez “elegido” por sus pares, declare anulada la destitución ilegal conseguida con 105 votos, y el retorno al orden constitucional: todo el gabinete de Vizcarra debió retomar el poder perdido ilegalmente y arbitrariamente. Pero en nuestro país la razón y la idoneidad no predominan en política, por desgracia. Así, Sagasti asumió la presidencia tranquilamente, como el “mal menor”, y nombró a su gabinete (en apariencia competente), y el TC se reunió recién el miércoles 18, al día siguiente anunció un resultado vergonzoso: 4 miembros de esta desprestigiada instancia estatal votaron contra la anulación de la causa de “incapacidad moral permanente”. Es decir, se contentaron con confirmar los hechos consumados sin dar al país la oportunidad de corregir el obsoleto y arcaico artículo de la Constitución que permite destituir presidentes más fácilmente que si se tratara de congresistas, ministros, alcaldes o jefes de empresa.

En segundo lugar, ha sido chocante apreciar la voluntad del ex congresista Sagasti de mostrar su cercanía con sus “colegas” congresistas, 105 de los cuales ha participado en el golpe de Estado contra Vizcarra. Después de asumir el mando, se ha acercado sonriente a cada uno de los presentes y ha ofrecido “tener las puertas abiertas en Palacio de Gobierno para todos ellos”. ¿Se trata de inconsciencia, de ingenuidad, o de cálculo político para frenar toda veleidad de obstruccionismo? El tiempo lo dirá, pero la obstrucción continuará sin duda alguna. Además, ¿es legal que 105 congresistas corruptos y golpistas sigan ocupando curules y no sean sancionados? La justicia deberá ocuparse de esta situación totalmente anormal en una república digna, incluso en America Latina, con un largo pasado de dictaduras, donde el caso peruano sigue siendo caótico e incomprensible.

La emergencia del movimiento nacional juvenil y ciudadano de defensa de la democracia, contra el gobierno ilegal de Merino, contra la corrupción y la brutalidad policial es muy positivo para la vida política del país, sobre todo en el contexto de preparación de elecciones generales. Sin embargo es indispensable estar vigilantes ante la posibilidad de ingreso de grupúsculos extremistas en las protestas ciudadanas que van a continuar por lo menos hasta julio de 2021. Esperemos también que se organicen rápidamente y que participen en los comicios denunciando a los candidatos corruptos que no van a faltar, por desgracia.

La otra noticia positiva de este periodo de crisis es que los partidos corruptos se han desvelado por completo y han perdido toda posibilidad de ocupar puestos en el Congreso y llegar a la presidencia del país. Esos dos hechos son sin duda los mejores avances acaecidos en nuestro país que cuenta en adelante con una “generación del Bicentenario” y nos aporta una causa de celebración importante. En fin, el orden político y social peruano debe reformarse totalmente, para ello una nueva Constitución parece la vía más rápida y coherente pues no podemos seguir tolerando que el caos, la anarquía y la corrupción predominen en los poderes del Estado.


[1] IDL Reporteros, Entrevista a Vizcarra, de Gustavo Gorriti y Romina Mella, 14 de noviembre, https://www.idl-reporteros.pe

[2] Villasante, Los Chalecos amarillos contra el gobierno ultra liberal del presidente Macron, Revista Ideele n° 283, diciembre de 2018.
https://revistaideele.com/ideele/content/los-chalecos-amarillos-contra-el-gobierno-ultra-liberal-del-presidente-macron

[3] CNews, https://www.cnews.fr/france/2019-11-15/mobilisation-blessures-arrestations-un-de-gilets-jaunes-en-chiffres-840398

[4] AI, Gilets jaunes en France, un bilan inquiétant, https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/gilets-jaunes-un-bilan-inquietant

Sobre el autor o autora

Mariella Villasante
Doctora en antropología (École des Hautes études en sciences sociales, Paris), investigadora independiente y asociada al IDEHPUCP. Especialista del Perú, de los pueblos amazónicos y de Mauritania. . Desde noviembre de 2019 colabora con la Dirección General de Personas Desaparecidas del MINJUS, Oficinas de Lima y de Huancayo. Reside en Francia. Ha traducido el Hatun Willakuy en francés en junio de 2015 [Le Grand récit de la guerre interne au Pérou, Paris]. Y ha publicado tres libros sobre el Perú: Violence politique au Pérou. Essai d'anthropologie de la violence (París, 2016); Chronique de la guerre interne au Pérou, 1980-2000 (París, 2018), Prefacio de Salomón Lerner). Y finalmente: La violencia política en la selva central del Perú, 1980-2000. Los campos totalitarios senderistas y las secuelas de la guerra interna entre los Ashaninka y Nomatsiguenga. Estudio de antropología de la violencia, Prefacio de Salomón Lerner (Lima, COMISEDH y Tarea Gráfica, 2019).

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