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El abogado constitucionalista, ex ministro de Justicia y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos opina sobre las posibilidades de reformar la Constitución en Perú, a partir de la reciente aprobación del referéndum constitucional en Chile y de los hechos ocurridos en el país en los últimos días. 

Luego de que las multitudinarias protestas lograron que Manuel Merino renuncie a la presidencia, el pedido popular por una nueva Constitución ha cobrado más fuerza debido a los descontentos populares acerca de la existente. Pero el debate ya era bastante fuerte desde semanas atrás. A propósito de que en Chile se aprobó cambiar la Carta de Pinochet, una encuesta de Datum de principios de noviembre reveló que el 56% de la población quería una medida similar en Perú.

El constitucionalista Francisco Eguiguren se encuentra dentro de este porcentaje desde hace más de veinte años y considera que debe haber un cambio de Constitución por cuestiones políticas y morales. Pero revela que, actualmente, se encuentra en un dilema entre este deseo de cambio y las condiciones de nuestra clase política. “Tenemos un congreso y agrupaciones políticas sin verdadera representatividad. ¿Quién nos garantiza que la constitución que se apruebe estará dotada de esta?”, sostiene.

Conversamos con el abogado para que explique por qué cree necesario cambiar la Carta del 93 y qué limitaciones existen actualmente para poder concretar este objetivo.

¿A qué se refiere cuando menciona que la Constitución debería cambiarse por cuestiones morales?

Me refiero a cómo nació la Constitución del 93 y al hecho de que sus propios mentores (el fujimorismo) fueron los que la violentaron y la quebraron sistemáticamente mediante violaciones de derechos humanos, corrupción y una reelección con un ánimo de perpetración en el poder. No me parece válido que nuestro país siga regido por una Constitución que es producto de un autogolpe de Estado y de un gobierno autoritario.

Pero las morales no son las únicas. También hay razones políticas, que consisten en que la Constitución tiene que ser producto de un acuerdo social entre las fuerzas políticas representativas de la sociedad. La realidad política del país no sigue siendo la de 1993. Necesitamos un nuevo pacto social para la Constitución del bicentenario, con un nuevo respaldo político y social. Lamentablemente, en la actualidad, existe una crisis de representatividad de las fuerzas políticas.

Además, no muchos de los partidos han expresado su deseo de cambiar la Constitución…

Sí. Durante los últimos 20 años, solo algunas agrupaciones de izquierda lo han planteado por oposición al modelo económico. Pero desde hace años la izquierda está un poco fraccionada y tiene una representación poco significativa.

¿Y cómo afectaría esa falta de representatividad que menciona en la elaboración de una nueva Constitución?

Esta nos impediría hacer una Constitución vigente y legítima. Solo se realizaría una que es una suma de aspiraciones poéticas y de reclamos que luego no se pueden cumplir y generan más frustración de la gente.

Ni siquiera sabemos cómo será el siguiente congreso ni quién será el presidente del Perú. No hay verdaderos partidos atrás de las candidaturas. No es el mejor momento para pensar en cosas duraderas.

¿Usted cree que este escenario pueda cambiar pronto?

Por un lado, ya tenemos una condición para tener una nueva Constitución: la descomposición y crisis que se vive actualmente respecto a ese tema, lo que lleva a buscar un cambio. Pero nos falta la certeza de que se pueda realizar una mejor Constitución, debido a esa falta de representatividad que menciono. 

De repente, puede que en las elecciones de 2021 se vaya a tocar fondo. Yo creo que después difícilmente viene algo peor. De repente, luego de eso, puede ser que aparezca algo mejor, porque el agotamiento ya está presente.

Si es que se logra eso, ¿cómo se tendría que dar el cambio de Constitución?

Ese es otro problema: la carta del 93 no contempla ni permite una Asamblea Constituyente. Todo tendría que verse en el Congreso de ese entonces. La Constitución no prevé expresamente que haya una iniciativa de referéndum desde el pueblo para reformar la Constitución, solo participa para ratificar o rechazar una reforma aprobada en el Congreso.

Esta Constitución le deja el Poder Constituyente al Congreso y se lo quita al pueblo, cuando realmente emana de este último. Pero yo considero que ni el texto constitucional puede impedir al pueblo a convocar a un referéndum para que se apruebe una Asamblea Constituyente o aprobar una nueva Constitución sin necesidad de pasar por el Congreso.

Con respecto a la iniciativa del pueblo, ¿la Constitución no establece que la iniciativa de reforma constitucional puede salir de un 0,3% de la población electoral?

Pero inmediatamente después dice que toda reforma total o parcial se aprueba en el Congreso y es sometida a referéndum. Permite la puerta de entrada para ese 0.3%, pero eso lo tiene que aprobar el Congreso y pueden no aprobarla si no quieren. Uno no lo puede llevar a referéndum directamente.

El problema es que la Constitución de 1993 trata conjuntamente la reforma total o parcial de la carta y lo hace bajo competencia del Congreso. Por eso no contempla una asamblea constituyente para elaborar y aprobar una nueva Constitución

Acaba de mencionar las reformas parciales de la Constitución. ¿No sería más viable aplicar este mecanismo a los aspectos concretos que deben cambiarse en vez de una reforma total? Se han hecho más de 15 reformas parciales en estos 27 años.

Es cierto que ha habido reformas parciales, como la reelección de alcaldes, la no-reelección presidencial inmediata, una sobre el derecho del agua o las últimas cuatro que planteó Vizcarra. También está por darse la de inmunidad parlamentaria, pero la gran mayoría de estas reformas han pasado inadvertidas porque han sido puntuales y no producto de un cambio o una revisión.

En Chile, también se mantuvo por muchos años la Constitución de Pinochet y se le hicieron varios cambios puntuales. Pero fue naciendo una nueva generación política en Chile que está en contra de estos esquemas y que plantea volver a ciertos temas sociales a nivel de la educación o la pobreza. El cambio de Constitución viene por su propio peso porque ha habido un cambio en la sociedad.

(En el 2007, Eguiguren publicó un libro donde proponía distintos cambios en el aspecto político de la Constitución de 1993. Una de las propuestas, por ejemplo, era la de establecer causales más específicas para la vacancia del presidente y eliminar la de incapacidad moral, que ha causado bastante polémica y descontento últimamente debido a las cuestionadas circunstancias en que se decidió la vacancia de Martín Vizcarra).

Además de los aspectos políticos que mencionó en su libro “La Responsabilidad del presidente”, ¿qué más propondría cambiar de la Constitución de 1993?

A nivel político, propondría revisar la posibilidad de una bicameralidad, las funciones del Congreso y el modelo de descentralización, en cuanto a las competencias que se han transferido a las regiones y que algunas no funcionan.

También se debe revisar la parte económica, no para cambiar a un modelo estatista como plantea la izquierda, sino para proponer una democracia de un Estado Social de Derecho, con una economía social de mercado y no sólo de libre mercado. El Estado puede asumir sus responsabilidades de dirección y planificación económica, cuidando y controlando que el sector privado responda a los intereses sociales comunes.

Ha habido crecimiento económico, eso es innegable. Pero a nivel de construcción de patria y de mayor igualdad social se ha hecho muy poco porque el modelo económico no lo permite. La pandemia ha evidenciado la fragilidad de la economía, que creció, pero de una manera bastante desigual y con aumento de informalidad y precariedad económica de la pequeña empresa o el trabajador independiente.

Entonces, necesitamos una reconstrucción del país y pensar que se puede hacer sin una inversión estatal es absurdo. Debe haber mayor responsabilidad económico-social del Estado. Países democráticos como Chile, Colombia o España han adoptado medidas de intervención estatal en la educación o salud. En Perú no ha sido posible, se ha considerado inconstitucional porque la Constitución no le permite actuar al Estado.

Pero la Constitución menciona que el Estado asegura programas de educación y es responsable del acceso equitativo de salud. ¿Cuál es el aspecto la limita?

Esas son normas declarativas. Nadie va a estar en desacuerdo con ellas. Pero no hay una concepción ideológica que establezca como prioridad del Estado hacer lo que dicen esas normas. La parte del régimen económico habla de una “economía social de mercado”, pero luego mencionan que la iniciativa privada es libre y que el Estado actúa principalmente en los sectores de educación, salud, generación de empleo o servicios públicos. El problema es que, realmente, el que genera empleo es el privado y solo existe un servicio público básico: el agua.

El Estado no puede regular la actividad empresarial privada porque la Constitución le prohíbe realizar actividad empresarial directa, salvo que se apruebe por una ley de alto interés nacional. Entonces, la Constitución es muy estrecha para realizar ciertas reformas sociales y económicas que la gran mayoría del país reclama.

Por todo esto es mejor una nueva Constitución, que no va a inventar la pólvora: hay muchas cosas que están bien que se encuentran desde la Constitución de 1979 o 1993 y se deben quedar. No hay que hacerlo ni con el hígado ni con prejuicio.

Mitos y verdades sobre una nueva Constitución

La encuesta de Datum publicada el 1 de noviembre mostró a un 56% de la población a favor de una nueva Constitución y a un 27% en contra. Las razones más compartidas para quienes buscan cambiar la Carta de 1993 son establecer castigos más severos para corruptos y delincuentes, así como no seguir conservando la Constitución de Fujimori. Por su parte, quienes se oponen mayormente argumentaron que desconfían en que los actuales congresistas puedan elaborar algo mejor o que existiría un riesgo que el Perú se convierta como Venezuela.

¿Qué opina de que las razones más compartidas por quienes quieren cambiar la Constitución sea que haya mayor castigo para los corruptos o delincuentes?

Es ingenuo o demagógico decir que para combatir o erradicar la corrupción se necesita cambiar la constitución. Eso es mentira. Bastaría agregar uno o dos artículos a la Constitución. Incluso, puede hacerse a nivel legal, imponiendo sanciones muy severas.

A nivel penal…

Claro. Y eso no es un tema de Constitución.

¿Considera que la ciudadanía no está completamente informada de las funciones de una Constitución?

Sí, pero el problema es que a la gente siempre le han santificado la Constitución y les hacen creer que es la solución para todos nuestros problemas, lo que es ridículo.

No se trata de hacer una Constitución linda, como una novela, sino que tiene que encontrar el equilibrio entre lo deseado y lo posible: que no sea ni una fotografía de la realidad ni tampoco tan tacaña o ilusa. Es una visión a mediano plazo que pone ciertas reglas del juego y traza un camino el cual debe hacernos mejorar y crecer. Lo ideal es que de 10 a 20 años se hayan podido lograr los objetivos sociales y económicos planteados, pues estos no se consiguen de un día para otro.

En su contraparte, hay algunos que se oponen al cambio de Constitución porque no quieren que nos volvamos Venezuela. Es un argumento muy repetido por algunos, que ahora auguran que Chile correrá el mismo destino que Venezuela en 1999, cuando se aprobó cambiar la Constitución de 1961. ¿Qué opina de esta postura?

Yo dudo que las mayorías electorales, que son la juventud, van a querer un esquema de una nueva Constitución que recorte su libertad y restrinja sus derechos. En Chile, lo que se está reclamando son más derechos sociales, mejor educación, mejor salud, mejores oportunidades de trabajo para los jóvenes. Ese no es un esquema de estatismo ni de pérdida de libertad.

Se trata de aquel viejo cuco que sigue hablando del mito del comunismo. Se han quedado en el tiempo: incluso China, si bien tiene su parte social, es un gran capitalismo internacional que juega como inversor. ¿Dónde está ese supuesto comunismo internacional?

Ya estamos en otra etapa. La discusión es ahora sobre un modelo más social, que es el que se pide en Chile, que es el que mucha gente pide y espera aquí: una democracia social con libertad, pero con mayor igualdad, menos distancias y mayor responsabilidad del Estado en algunas tareas que le corresponden, porque el privado no lo va a hacer, pues la actividad privada tiene una finalidad esencial que es ganancia y lucro, no es ser beneficencia.