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Si queremos resultados, debemos tener un plan, enseña un viejo aforismo. Ahora bien, entre nosotros, en sentidos estrictamente constitucionales, un gobierno de transición tiene como única tarea convocar a elecciones y que éstas arriben a buen puerto en los plazos acordados. En otras palabras, mal que bien, no necesitaría un plan porque el único objetivo ya está prescrito.

Pero, nuestra realidad actual, obviamente, trasciende el marco constitucional diseñado hipotéticamente para estas situaciones: lo formulado en el escueto Art. 115, devino en inútil. En efecto, es el desafío actual y, si analizamos con detenimiento, también lo fue en la transición conducida por el ex presidente Valentín Paniagua, veinte años atrás.

Todo ello remite a esos ociosos ejercicios mentales del tipo “Si, entonces” que, salvo el entretenimiento, no tienen implicancia alguna. Sin embargo, podrían darnos alguna clave. Por ejemplo, si hubiésemos extraído lecciones de la transición conducida por Paniagua y la estrechez constitucional que la enmarcó, posiblemente nos hubiésemos preocupado en generar un denso desarrollo jurídico que hubiera evitado los constantes pedidos de interpretaciones al Tribunal Constitucional, cuando estamos con el agua en el cuello.

En efecto, no debimos haber tenido duda sobre la impertinencia de la “incapacidad moral” que coronó la vacancia presidencial de Vizcarra o si la “transitoreidad” efímera de Merino se ajustaba o no a los cánones procedimentales instituidos. Convengamos que esto es parte de nuestra consabida falta de institucionalidad que, como remarcó Vergara[1], caracteriza a los ciudadanos sin República en que nos hemos convertido.

Lo que se exige a Francisco Sagasti es algo imposible: construir e implementar en seis meses una agenda democrática. Además de buscar resistir los embates de los opositores bajo los encuadres de una democracia por demás defectuosa que fue parchándose durante veinte años, la imposibilidad tiene otros varios ejes coyunturales, que lo aleja definitivamente del momento transitorio de Paniagua.

Pero, lamentablemente, el problema no es sólo una disminuida Constitución que entorpece más que facilitar situaciones como las actuales. Tal vez, es el menor de los males porque lo cierto es que ningún peruano percibe a “los gobiernos de transición” como simples tramitadores de un proceso electoral, tal como señala nuestra Carta Magna. En su lugar, pareciera la ocasión para mostrar las promesas incumplidas y la profunda ilegitimidad de los gobernantes. Y esto se relaciona con los niveles de exigibilidad.

Contextualicemos esto último. Lo que se escenifica actualmente es una crisis integral de la democracia que se manifiesta en la dislocación radical de los lazos legítimos que deben existir entre gobernantes y gobernados. Por lo mismo, no es episódica o coyuntural sino expresa el final de un largo ciclo que renueva la atención que debemos prestar a las formas como ésta se expresa en los diferentes espacios y obliga a reflexionar lo que se vislumbra como ejes que pueden incorporarse a la acción política, que buscaría dejar atrás lo que ya no funciona y entrever lo nuevo que busca construirse.

En otras palabras, los aspectos formales de la democracia aparecen cada vez más inoperantes. A su vez, asienta paulatinamente la idea que el orden viene asociado a la denominada “mano dura”, es decir, una creciente represión y, por ende, a la ampliación de los estados de excepción como reemplazo a los estados de derecho como fórmula de gobernabilidad.

En parte, este resultado es producto del diseño empleado. No es difícil asumir que las comprensiones sobre las democracias “realmente existentes” de las dos últimas décadas eran excesivamente formalistas y transformaron lo que debió ser el espacio político en uno en el que imperó el criterio “técnico”, solamente capaz de gestionarse a través de una burocracia capacitada.

En la antesala a los acontecimientos en Ica el luego renunciante ministro de Interior y el entonces flamante comandante general de la Policía Nacional anunciaban la captura masiva de “terroristas” de MODAVEF. A todas luces, era obvio que estábamos ante una maniobra de distracción y, de alguna manera, articulada pues, simultáneamente, gran parte de los grandes medios de comunicación señalaban como “terroristas” a los que protestaban en Ica (y luego en La Libertad). La anécdota termina allí y empieza el lado preocupante. Si insisten en el terruqueo es porque cala en una parte del país. La cuestión no es que se acepte pasivamente la categorización, sino que la propuesta encaje con la manera como comprende el mundo, quien está receptándola.

Pero, la racionalidad de esto no se resuelve con argumentos lineales y tiene que ver con la defección de lo político. Lo que se estimó en su momento fue la baja capacidad y calidad de la respuesta del Estado, suponiéndose que la clave estaba en delegar poderes a aquellos que no eran directamente responsables ante los votantes o sus representantes. En 1997, Alan Blinder[2] expresó su preocupación por el sentido “demasiado político” que estaba adquiriendo el gobierno de los Estados Unidos, aconsejando que fueran los “técnicos” quienes tomaran las decisiones sobre los asuntos que concernían al bienestar de la población, como la salud y la educación.

Aunque de buenas a primeras no se evidencia la importancia de este diseño, en realidad es fundamental para comprender la capacidad para la adecuada respuesta del Estado y, asociada a ella, la preocupación por superar la baja legitimidad en la relación entre los gobernantes y gobernados. Ahora sabemos que esto debió asumir los costos institucionales de las “cuerdas separadas” entre economía y política y la fantasía de la autonomía de la política.

En esa línea, recordemos que la discusión política al retomarse la democracia en el país, entre los años 2000-2001, no se detuvo en responder las preguntas clásicas sobre la legitimidad de la democracia, es decir, las que están vinculadas a las relaciones entre gobernantes y gobernados. En nuestra reconstrucción democrática primó un sentido “técnico” que, lo sabríamos luego, se propuso como una continuidad y no como una ruptura ante las comprensiones que ponían de lado lo político, dando entrada a conceptos como buen gobierno, gobernabilidad democrática y gobernanza, que situaban en un segundo plano la cuestión del poder y la ruptura del consenso social.

En ese sentido, se consideró que habían tres aspectos fundamentales que debía llevarse a cabo: la lucha frontal contra la corrupción, el combate a la pobreza, y la reforma del Estado, en el que los ejes fundamentales debieron ser, de un lado, la descentralización y regionalización y, de otro lado, la reforma de las fuerzas armadas, desestructuradas por el fujimorismo. Todo ello, bajo un marco de garantías en el ejercicio de derechos, en que el aspecto decisivo debía ser la participación ciudadana.

De ello, podemos deducir, uno, además del desafío “formal” que se le presenta a la democracia peruana, también hubo uno “real”: la suma importancia dada al crecimiento económico indujo a la promoción de la inversión privada por parte del Estado, dándole un trato por demás preferencial en desmedro de los objetivos sociales.

Parte de esto, lo hemos actualizado con la crisis social en el sector agro-exportador. Al respecto, entre otros elementos puestos en cuestión, está la “revelación” de un régimen tributario específico que “beneficiaba” a los empresarios, haciéndolo aparecer como una situación anómala que debía corregirse promoviendo situaciones “más justas” y no como un escenario habitual del neoliberalismo. En buena cuenta, las excepcionalidades tributarias buscan mejorar los escenarios de inversión y es parte consustancial de cualquier esquema que se rija bajo las pautas neoliberales. Así, la pregunta a estas alturas es si esto dio resultado y la respuesta que ofreció, por ejemplo, CEPAL, es un no rotundo: los regímenes de excepción tributaria no han generado más y mejor inversión, con los cual vuelve a la medida no sólo ineficiente sino fundamentalmente falaz.

En suma, las críticas y señalamientos a este aspecto no atacan, ni mucho menos, los fundamentos del modelo y, por lo mismo, no argumenta para nada la necesidad de nuevos marcos constitucionales. A lo más, apunta a reformas que haga más eficiente el sistema, buscando “buen gobierno”.   

Dos, las organizaciones sociales han experimentado cambios muy importantes en las últimas décadas aunque, al parecer, las percepciones que tenemos de ellas no son claras y precisas. En esa línea, la reacción más socorrida desde el poder ha sido es la ilegalidad y la paulatina criminalización de grupos como los campesinos cocaleros, los mineros informales, las organizaciones indígenas, los grupos LGTBI y otros. Entonces, hay nuevas voces y nuevos rostros que han ido surgiendo en estas últimas décadas, que es necesario definirlos y fortalecerlos, pero se prefiere su represión como respuesta.

En ese sentido, seguramente vamos a reparar en que, tal vez, no son tan “nuevos” como parecen, sino que, más bien, han estado invisibilizados hasta que alguna eventualidad los ha puesto en el centro del escenario. Asimismo, es posible que estando conscientes de su presencia no hayamos reparado en las reales motivaciones de sus integrantes o que, posiblemente, la obviedad de su actividad los haya descartado como algo proclive a estudiarse.

Tres, es evidente la paulatina concentración y centralización del poder en  agentes que formalmente no son parte del campo de la representación política pero, por otro lado, hay también enormes dificultades para definir lo que debiera ser el campo ciudadano, democrático y popular.

Curiosamente, pareciera que estamos ante la formulación de un momento populista, tal como lo entiende Pierre Rosanvallon[3], aunque lamentablemente no ha coincidido con la presencia de un factor galvanizador del sentido “popular” –que no es necesariamente un líder fuerte y carismático- y, sobre todo, aquello que Ernesto Laclau denomina “la lógica horizontal de equivalencia”, es decir, la homologación de las demandas sociales frente a lo que se reconoce como el “enemigo común”.

Bajo este panorama, entonces, lo que se exige a Francisco Sagasti es algo imposible: construir e implementar en seis meses una agenda democrática. Además de buscar resistir los embates de los opositores bajo los encuadres de una democracia por demás defectuosa que fue parchándose durante veinte años, la imposibilidad tiene otros varios ejes coyunturales, que lo aleja definitivamente del momento transitorio de Paniagua.

Mientras este último se preocupó de enunciar, más que una agenda, una voluntad democrática que debía regir la reconstrucción política del país que, a decir de Vergara[4], fue derrotado por el hortelanismo encarnado en Alan García, la transición conducida por Sagasti no se propone como un momento para sugerir nuevas bases institucionales; es, en segundo lugar, políticamente muy débil para siquiera liquidar los acontecimientos que derivaron de las situaciones anómalas generadas antes de su designación como Presidente de la República; en tercer lugar, debe gestionar y buscar remontar un complicadísimo escenario de crisis sanitaria, crisis económica, desempleo y pobreza en franca tendencia regresiva. En cuarto lugar, salvo él y su Gabinete, todo lo demás en el Estado peruano sigue como antes, incluyendo el Congreso y Poder Judicial, lo que en teoría demandaría muchas capacidades políticas y entereza para “pasar por el aro” si se quiere arribar a resultados mínimos, incluyendo la realización de elecciones en abril del 2021.

Finalmente, como si esto no fuera suficiente, la actual transición debe manejarse bajo el marco conceptual que impone una derecha extrema sin atributos políticos. Según Lakoff[5], los marcos son herramientas que nos permiten comprender las cosas, dentro de los parámetros que éstos fijan. Así, por ejemplo, la derecha propone un “marco conceptual” cuando clasifica a los peruanos desde “el terruqueo”.

En esa línea, lo preocupante aquí y ahora además de una derecha que ha dividido el país en esa forma, es la posible ampliación del círculo que acepta esta clasificación. Al respecto, en la antesala a los acontecimientos en Ica el luego renunciante ministro de Interior y el entonces flamante comandante general de la Policía Nacional anunciaban la captura masiva de “terroristas” de MODAVEF. A todas luces, era obvio que estábamos ante una maniobra de distracción y, de alguna manera, articulada pues, simultáneamente, gran parte de los grandes medios de comunicación señalaban como “terroristas” a los que protestaban en Ica (y luego en La Libertad).

La anécdota termina allí y empieza el lado preocupante. Si insisten en el terruqueo es porque cala en una parte del país. La cuestión no es que se acepte pasivamente la categorización, sino que la propuesta encaje con la manera como comprende el mundo, quien está receptándola. En suma, presentamos una polarización cada vez más extrema, sin solución de continuidad, precisamente por la ausencia de la política.

[1] Alberto Vergara: Ciudadanos sin República. De la precariedad institucional al descalabro político. Editorial Planeta. Segunda edición. Lima, 2018

[2] Alan Blinder, “Is Government too Political?” Foreign Affairs LXXVI, 6, 1997.

[3] Pierre Rosanvallon: El siglo del populismo. Historia, teoría y crítica. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2020.

[4] Op. cit.

[5] George Lakoff: No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Ediciones Península. Barcelona, 2017.