Después del estallido, ¿por qué el Perú continúa movilizado?

Escrito por Imagen: El Comercio Revista Ideele N°295. Diciembre 2020

Hay un ánimo movimientista en Perú luego del estallido de noviembre. Después de que la movilización más grande en la historia del país lograra que Manuel Merino -presidente ilegítimo- renuncie y que Francisco Sagasti -uno de los pocos congresistas que se opuso a la vacancia de Martín Vizcarra- sea nombrado presidente, varios esperaban que volviese la calma y se retornara al status quo. Sin embargo, miles de ciudadanos siguieron movilizados por motivos vinculados al estallido, como la lucha por justicia y reparación a las víctimas de la represión. La crisis también generó que la demanda por la Asamblea Constituyente se popularizara y llegara a las calles. La Defensoría del Pueblo reporta que se ha pasado de 138 protestas en octubre a 395 en noviembre. Conflictos que permanecían latentes se volvieron activos. E inclusive aparecieron nuevos conflictos (11 en total), como la lucha contra la Ley de Promoción Agraria, derogada luego de cinco días de protesta. Entre otros, cuatro factores ayudan a entender este ánimo movimientista: el contexto de la pandemia, el ejemplo del estallido peruano, la nueva estructura de oportunidades y la tozudez de las élites políticas y económicas.

La pandemia calentando la olla de presión

En países tan desiguales como el Perú siempre hay muchos motivos por qué protestar, pero la pandemia ha sobrecalentado esa olla de presión. Desde la transición a la democracia en el 2000, el ciclo del crecimiento económico peruano estuvo acompañado permanentemente de conflictos sociales. Sin embargo, la gran masa de estos conflictos eran locales y por temas muy puntuales, solo algunos se volvían regionales y captaban la atención de los medios. Muchos de ellos permanecen en estado latente. Pero la pandemia en 2020 ha implicado un cambio: se han incrementado múltiples desigualdades que cada vez más empujan más la activación de varios de esos conflictos y la formación de nuevos (por bonos, devolución de aportes, bioseguridad, suspensión perfecta, etc.).

Esta conflictividad por la pandemia es una tendencia global, como señala Geoffrey Pleyers (2020), y en Perú ya venía manifestándose con uno de los incrementos más altos de protesta durante la pandemia, como registra el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos (ACLED) y un reporte de protestas durante la cuarentena del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades de la PUCP (GICO). Haber alcanzado la tasa de mortalidad más alta del mundo por la pandemia y el fin del “milagro económico peruano” -o la evidencia de que esa riqueza no nos sirvió para protegernos, sobre todo a los más pobres- son clave para entender el mayor ánimo movimientista en Perú

El ejemplo del estallido peruano

Pero si bien los efectos de la pandemia son un cambio que ayuda a entender el porqué del incremento del malestar, necesitamos tener en cuenta los efectos del estallido peruano para comenzar a entender el cuándo de este ánimo movimientista.

El estallido peruano se dio como respuesta a la vacancia ilegítima del presidente Vizcarra por parte del Congreso, que nombró presidente interino a Merino. Como he argumentado antes, la toma del poder de la coalición de sectores ultraconservadores y otros vinculados a intereses mafiosos fue percibida como una gran amenaza, lo que empujó una movilización masiva. En un segundo momento, la salvaje represión en Lima contra la protesta pacífica generó tal indignación que logró incrementar aún más la participación en la protesta, reafirmar su legitimidad, y consolidar la oposición a Merino. El 86% de peruanos apoyó las protestas y el 76% cree que hubo represión abusiva e injustificada -la aprobación de la policía cayó del 88% en abril, al inicio de la cuarentena, al 44% en diciembre (IEP).

El estallido peruano demostró que robustas organizaciones previas no son imprescindibles para grandes movilizaciones, generó una alta percepción de eficacia de la protesta, y fomentó la politización de nuevos sectores en la sociedad. De acuerdo a las encuestadoras, entre el 13% (IPSOS) y el 20% (IEP) participaron en las marchas. Esto significa que habrían marchado entre 2.7 y 4.2 millones de peruanos entre el 9 y el 14 de noviembre, la campaña de protestas más grande y descentralizada en la historia del país. Esto sin sumar a quienes protestaron a través de cacerolazos o en redes sociales, con quienes se llegaría al 45% de la población (IEP). Al igual que en otros estallidos en la región, esta cascada de acción colectiva se logró a través de autoconvocatorias y en redes informales de amistad o trabajo. Si bien fueron importantes organizaciones previas vinculadas al movimiento de derechos humanos y feminista, el estallido es propulsado por grupos que no estaban previamente politizados, lo que incluyó a diversas tribus digitales juveniles (k-popers, otakus, gamers, influencers, etc.), barras de fútbol, y estudiantes que terminan generando organización en el camino. No hubo detrás grandes sindicatos ni partidos que, por el contrario, eran rechazados en las marchas.

De otro lado, el estallido ha generado una alta percepción de eficacia de la protesta. Si bien aún no hay encuestas midiendo la percepción sobre eficacia de las protestas, que el 86% las apoye y la masiva participación sugieren que el 42% (IEP) que las creía efectivas hace un año debe haberse elevado (sobre todo en Lima, donde solo el 36% reconocía su efectividad). Hay además numerosos registros que dan cuenta del orgullo movimientista de quienes participaron en las manifestaciones. Inclusive el estado, a través del discurso del nuevo presidente Sagasti y del Lugar de la Memoria -museo del Ministerio de Cultura- que inauguró la exposición “Generación bicentenario en marcha”, ha legitimado la protesta dotándola de una épica similar a la que tuvo hace 20 años la Marcha de los 4 Suyos en oposición a la dictadura de Alberto Fujimori. Esta valorización de la protesta como una forma de participación política clave en democracia ayuda a legitimar también el ánimo movimientista.

Uno de los efectos más importantes ha sido la politización de nuevos sectores. El 72% (IEP) de quienes declaran haber participado en las protestas indican que fue la primera que lo hicieron. En los centennials (de 18 a 24 años) este porcentaje sube a 89%, y es alto también en los sectores del nivel socioeconómico D/E (81%) y en el Perú rural (88%). Igualmente, el interés en política ha pasado del 43% en febrero al 60% en noviembre post-estallido (y llega al 75% entre centennials). Múltiples registros, como el de memoriasdelbicentenario.com, recogen testimonios que dan cuenta de cómo la experiencia ha marcado a quienes participaron en las protestas. Esto ha generado que un importante sector comience a interesarse en temas como la reforma policial e inclusive la necesidad de una Asamblea Constituyente. De acuerdo al IEP, el 49% cree que se deben hacer cambios a la Constitución y el 48% opina que debe haber una nueva Constitución. Esta renovada atención e involucramiento en política facilita el ánimo movimientista.

La nueva estructura de oportunidades

En tercer lugar, el ánimo movimientista responde también a los cambios en la estructura de oportunidades post-estallido. Como menciono arriba, la legitimación que el nuevo gobierno ha hecho de la protesta envió la señal de apertura a las movilizaciones, lo que se reflejaba también en la promesa de reforma de la Policía Nacional del Perú. Aunque el gobierno ha tenido limitaciones para avanzar en la reforma y en las investigaciones de los asesinatos a los manifestantes Inti Sotelo (24 años) y Brian Pintado (22 años), su discurso ha seguido valorando las protestas. Una señal importante fue el nombramiento de Eduardo Vega, ex defensor del pueblo y aliado del movimiento de Derechos Humanos, como ministro de justicia -sobre todo en un país acostumbrado a la criminalización de la protesta. De otro lado, la elección de Mirtha Vásquez, militante de izquierda y activista de derechos humanos, como presidenta del Congreso envió también señales de nuevos aliados influyentes para sectores movilizados.

El estallido hizo que incluso medios conservadores terminen cubriendo positivamente las protestas, un cambio notable que también hacía esperar menos rechazo a futuras movilizaciones. La rápida y amplia difusión de la etiqueta “generación del bicentenario” para nominar a los jóvenes centennials que protestaron por primera vez indicaba un cambio en la habitual distancia mediática hacia las protestas ciudadanas.

Finalmente, a pesar de que varios sectores vinculados a intereses empresariales le retiraron su apoyo a Merino cuando la represión se hizo intolerable, se terminaron manchando del desprestigio del gobierno ilegítimo por su respaldo inicial. Esta debilidad y cierta división de las élites como consecuencia de la vacancia representan una oportunidad para desafiarlas. Estas oportunidades generan incentivos para la movilización.

La tozudez de las elites

La respuesta de un sector de las elites políticas y económicas al estallido peruano y a las protestas que le siguieron no ha hecho más que incrementar la polarización. De un lado, el expresidente Merino, junto a la coalición que lo apoyó, ha mantenido la narrativa de que el estallido fue resultado de una manipulación por parte de partidos de izquierda y grupos vinculados al movimiento terrorista Sendero Luminoso. En esa línea, estos grupos han acusado a los jóvenes asesinados por la represión de delincuentes, ofendiendo así la memoria de quienes son ampliamente reconocidos como héroes de la lucha por la democracia. Grupos vinculados al fujimorismo llegaron incluso a destruir uno de los memoriales y borrar murales dedicados a Inti y Brian. Más recientemente han atacado también el Ojo que Llora, monumento dedicado a las víctimas tanto del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, como de la represión estatal durante el conflicto armado interno. Todo esto en una campaña por asociar las protestas con el terrorismo.

De otro lado, elites económicas que intentaron desmarcarse al final del breve gobierno de Merino han intentado también utilizar la etiqueta de “terroristas” para deslegitimar las protestas que se dieron luego del estallido. Cuando las protestas fueron por recuperar la democracia, estos sectores las aplaudieron o acabaron tolerándolas. Pero cuando luego del estallido comenzaron movilizaciones por la Asamblea Constituyente, la paralización de algunas empresas mineras, o la derogación de la Ley de Promoción Agraria, inmediatamente retornó la hipótesis de la “manipulación de la izquierda radical”, deslegitimando las demandas.

La izquierda peruana, al igual que todas las “fuerzas” políticas en el Perú, son sumamente débiles e incapaces de movilizar a amplios sectores de la población por sí solas. El malestar acumulado que se ha incrementado con la pandemia tiene múltiples razones para protestar. Si a esto se suma el grave problema de representación y de canales efectivos para procesar demandas, las protestas no pueden ser una sorpresa o un misterio. Al atentar contra la memoria e intentar imponer una narrativa sin ninguna base en la realidad, las elites solo incrementan el ánimo movimientista. En el contexto de la pandemia y el estallido, negarse a discutir reformas reales incrementa la percepción en muchos de que sus demandas solo pueden ser escuchadas a través de acción directa. 

Perspectivas

¿Significan estas condiciones que debemos esperar más protestas grandes y exitosas en Perú? No necesariamente. Lo que aquí indico es que el contexto de la pandemia (más aún, su mala gestión), los efectos del estallido peruano de noviembre, la nueva estructura de oportunidades (a corto plazo) y la tozudez de las elites incrementan la probabilidad de las protestas en tanto que generan la reducción o percepción de reducción de costos de la acción colectiva contenciosa y mayor percepción de eficacia. Sin embargo, la gestión de la pandemia puede volverse más efectiva, los aliados disponibles pueden perder poder, y las elites podrían comenzar a plantear o discutir reformas que solucionen problemas de fondo. Es posible también que la campaña electoral del 2021 canalice -momentáneamente- el conflicto y acapare la atención de la opinión pública. El ánimo movimientista podría ir agotándose este fin de año hasta que se dé otro detonante.

Pero también es posible que la gestión de la pandemia se mantenga igual de deficiente o que empeore, calentando más la olla de presión de las desigualdades. El contexto electoral podría leerse como oportunidad para presionar más buscando promesas de los candidatos, como cuando las protestas contra el proyecto minero de Conga y el conflicto del Aymarazo en 2011 demandaron el compromiso del candidato Ollanta Humala y forzaron a Alan García a cancelar el proyecto minero Santa Ana para desactivar las movilizaciones que habrían puesto en riesgo las elecciones generales en Puno. El Congreso, encerrado en su propia cámara de ecos, podría volver a generar caos intentando una nueva vacancia o con decisiones impopulares que puedan convertirse en un nuevo detonante de movilizaciones. Las elites también podrían seguir tan cerradas al cambio como hace medio siglo, cuando se resistieron a una necesaria reforma agraria hasta que ya fue demasiado tarde.

El estallido peruano ha politizado a un nuevo sector de la población que ahora es menos antipolítica. Las redes sociales han probado ser un nuevo espacio donde los jóvenes no solo organizan y coordinan acción colectiva, sino también generan lazos que generan comunidades, identidades colectivas que también pueden ser políticas. Sin embargo, es difícil mantener ese ánimo movimentista solo en el espacio virtual. Lo más probable es que solo el bloque que más se politizó en el estallido decidirá seguir invirtiendo tiempo y energías involucrándose con colectivos y movimientos a mediano plazo. Probablemente habrá también un electorado un poco más exigente en la campaña. Las protestas ya han comenzado a poner en el debate temas que antes no se discutían, como la Asamblea Constituyente, la reforma policial, la reforma laboral y la promoción de los sindicatos. La vacancia de Vizcarra y el estallido que generó ha ayudado a que quienes buscaban politizar la desigualdad vayan ganando la batalla cultural por la interpretación de la crisis de la pandemia.          

Sobre el autor o autora

Omar Coronel
Omar Coronel es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es candidato a doctor en Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame. Obtuvo su maestría en Ciencia Política en la misma universidad. Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

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