Escrito por Revista Ideele N°295. Diciembre 2020
Las marchas de noviembre, en particular la del día 14 que dejó dos jóvenes muertos y otros gravemente heridos por ataque de la Policía Nacional del Perú, forman parte de una larga historia de enfrentamientos entre la policía y la juventud peruana, liderada por estudiantes que han salido a protestar a las calles en busca de un orden más justo para el país. A lo largo de esos años, que sumados son más que un siglo, la policía también ha vivido reformas que han cambiado su estructura y ejercicio del poder en el Estado peruano.
La juventud aprista
El presidente Augusto B. Leguía decidió reorganizar a la policía el año 1919. Para ello trajo una misión de la policía española en 1921. El resultado fue la aplicación del modelo español: escuela de formación, estructura militar, reglamentos internos, procedimientos en materia criminal e incluso, su monograma de Guardia Civil. Bajo el mando del Ministerio de Gobierno y Policía, para darle categoría de fuerza armada, fue considerada un arma del ejército, de tal manera que sus oficiales eran egresados de la Escuela Militar de Chorrillos y solo los subalternos de la Escuela de la Guardia Civil y Policía. Esta moderna policía se enfrentó en 1923 con los jóvenes peruanos que se oponían a la consagración del Perú al Corazón de Jesús, a sabiendas que se trataba de una campaña para conseguir la reelección de Leguía. Liderados por Víctor Raúl Haya de la Torre, la Federación de Estudiantes, la Federación Obrera y la Asociación cristiana de Jóvenes se reunieron en el patio de Letras de la casona de San Marcos.
Al salir a la avenida Colmena, el grupo que siguió por Azángaro se enfrentó con la policía. Los resultados de los tiroteos fueron un motorista, un estudiante sanmarquino y cinco soldados muertos. Al día siguiente la Federación obrera decretó un paro general. El entierro del motorista y del estudiante fue multitudinario, de tal impacto que la Iglesia suspendió la consagración, Haya de la Torre fue encarcelado y exiliado y se clausuró la Universidad popular González Prada que Leguía en su momento había felicitado.
En el año 1953 se decretó hacer política como una actividad subversiva en el Perú. Cuenta Vargas Llosa que en la casona de San Marcos, abundaban los policías disfrazados como estudiantes. Eran los espías de Alejandro Esparza Zañartu, encargado de la represión política entre 1948 y 1955.
En el exilio, Haya de la Torre fundó en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana y en 1930 se crea el Partido Aprista Peruano, que tendrá un papel protagónico en la organización estudiantil hasta la década de 1950. En 1931 Haya de la Torre fue derrotado por Luis Miguel Sánchez Cerro, pero los militantes de su partido no lo reconocieron como presidente. Se inicia entonces una persecución a los apristas por “comunistas” y “enemigos de la religión y la familia”. En 1932 un joven aprista de 18 años intenta matar a Sánchez Cerro, que empieza a preocuparse por el movimiento estudiantil en San Marcos, al cual consideraba un foco de agitación y propaganda. Acusa a la juventud de haberse convertido en un sector tumultuoso, agresivo y productor de propaganda disociadora. El decreto que clausuró la universidad fue emitido un día antes de que se iniciara el año universitario de 1932. Los estudiantes montaron guardia en la universidad. En la madrugada la policía rodeó el local y varios fueron apresados. El rector de San Marcos, José Antonio Encinas fue deportado.
El estallido no se hizo esperar. Las protestas se activaron en distintos puntos del norte del país y se llevó a cabo un conato de revolución. En Trujillo se produjo un levantamiento armado protagonizado por campesinos obreros y estudiantes del Colegio Nacional de San Juan. Cientos de apristas fueron detenidos y otros fueron fusilados en las ruinas peruanas de Chan Chan. Se instalaron Cortes Marciales para juzgar sumariamente a los implicados en dicha insurrección y se detuvo a un alto número de sospechosos colapsando las cárceles y prisiones del país. Finalmente, Sánchez Cerro fue asesinado en 1933 por Abelardo Mendoza Leyva, un militante aprista de apenas 19 años, que fue victimado en el acto. El partido aprista quedó ilegalizado hasta 1945.
En 1935 el gobierno del general Oscar R. Benavides promulgó un estatuto universitario que permitió que San Marcos reabriera, pero se eliminó el cogobierno estudiantil, se prohibió el derecho a tacha entre otros derechos ganados por los estudiantes. A pesar de estas medidas, cuando en 1937 llegó la Misión Italiana de la Policía, presidida por el doctor Ernesto Camarotta, en su visita a la sede de la Universidad de San Marcos, un grupo de estudiantes sanmarquinos se puso de acuerdo para organizar una protesta contra el fascismo; entre ellos se encontraba José María Arguedas. Los estudiantes intentaron arrojar a Camarotta a la pila del patio de Derecho, hecho que fue impedido por un grupo de profesores. La protesta de la embajada italiana no se hizo esperar y el general Benavides ordenó la prisión de todos los estudiantes que participaron. Arguedas fue apresado y conducido a la prisión llamada El Sexto donde pasó once meses, de noviembre de 1937 a octubre de 1938. El resultado fue su novela homónima (1961), en la que la lucha de los apristas y comunistas contra Benavides (el General) se produjo en medio del conflicto ideológico que había entre ambos partidos.
En el marco de la Revolución Cubana y las luchas campesinas en el país, surge entre los estudiantes una “nueva izquierda’’, con fe en la posibilidad de una auténtica revolución comunista en el Perú. Los jóvenes guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de Vanguardia Revolucionaria (VR) provenían de las rupturas con el partido aprista tras aliarse con la oligarquía peruana. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que perteneció el poeta y universitario Javier Heraud, se desprendió del Partido Comunista. Pero aunque los jóvenes universitarios no pertenecieran directamente a estas agrupaciones comprometidas con la revolución y la lucha armada, de igual manera se identificaban con ellas y su actitud respecto del campesinado en el Perú.
El gobierno del doctor Bustamante y Rivero devolvió la legitimidad a los partidos políticos, pero cuando en 1947 fue asesinado el director de La Prensa, Francisco Graña Garland por militantes apristas, el presidente nombró al general del ejército Manuel Odría ministro de Gobierno y Policía. En ese contexto, la Federación Universitaria decretó la huelga en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el ejército tomó el local. Tras una segunda rebelión aprista de la Marina en el Callao, Bustamante decretó nuevamente la ilegalidad del partido, pero ya era muy tarde. Odría ya estaba dispuesto a dar un golpe de estado con el apoyo de los grandes exportadores del país. La Guerra Fría apresuró que Estados Unidos le diera poder a las fuerzas armadas para asumir el gobierno y combatir el comunismo, a la par que debían modernizar al Perú, impulsar la educación y establecer programas de seguridad social. Los apristas no se opusieron.
En el año 1953 se decretó hacer política como una actividad subversiva en el Perú. Cuenta Vargas Llosa que en la casona de San Marcos, abundaban los policías disfrazados como estudiantes. Eran los espías de Alejandro Esparza Zañartu, encargado de la represión política entre 1948 y 1955. Fue primero Director de Gobierno y luego Ministro de Gobierno y Policía. Utilizando la censura en la prensa y la radio, pudo encubrir su sistema de detención y tortura. Las deportaciones de apristas y comunistas no cesaban. Esparza Zañartu, llamado Cayo Bermúdez, “Cayo Mierda” en Conversación en La Catedral (1969), había montado una red de delatores no solo en San Marcos y otras universidades, sino también en sindicatos. Los estudiantes imprimían volantes y diarios clandestinos, pero entre ellos continuaba el conflicto entre apristas, comunistas y trotskistas. Aunque debía ser clandestina su organización, los estudiantes participaban en mítines contra Odría en el Parque Universitario, La Colmena y la Plaza San Martín, interrumpidos por los chorros de los camiones con motobombas que mandó traer el Ministro de Hacienda Temístocles Rocha, inspirador del nombre cómo ahora se llama a estos vehículos: “rochabus”. Sus consignas reclamaban poner fin al atraso, al despotismo en el país. Estas exigencias de justicia provocaron que se formaran grupos de discusión para leer los libros prohibidos en las aulas.
Al retornar a la democracia, durante el gobierno de Manuel Prado (y Pedro Beltrán) caracterizado por su conservadora propuesta de modernización, se consigue el sorprendente “periodo de convivencia” entre el Apra, los medios de comunicación y el gobierno. Como rechazo ante esta alianza, surgen nuevas organizaciones políticas: la Democracia Cristiana, el Social Progresismo, Acción Popular y las divisiones de izquierda que se separaron del Apra y el comunismo. Todas estas nuevas fuerzas políticas universitarias quitaron la Federación de Estudiantes del Perú a los viejos partidos y provocaron la creación del Frente Estudiantil Social Cristiano dirigido por Augusto Salazar Bondy en San Marcos y Luis Jaime Cisneros en la Universidad Católica.
La juventud de la nueva izquierda
De inmediato, en el marco de la Revolución Cubana y las luchas campesinas en el país, surge entre los estudiantes una “nueva izquierda’’, con fe en la posibilidad de una auténtica revolución comunista en el Perú. Los jóvenes guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de Vanguardia Revolucionaria (VR) provenían de las rupturas con el partido aprista tras aliarse con la oligarquía peruana. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que perteneció el poeta y universitario Javier Heraud, se desprendió del Partido Comunista. Pero aunque los jóvenes universitarios no pertenecieran directamente a estas agrupaciones comprometidas con la revolución y la lucha armada, de igual manera se identificaban con ellas y su actitud respecto del campesinado en el Perú. Fue hacia ellos que dirigieron su actividad fundamental con la toma de tierras y la organización sindical campesina, como las dirigidas por Hugo Blanco y Luis de la Puente. Enfrentados contra el Ejército y la Guardia Civil y los “Sinchis” (la unidad paracaidista especializada en la lucha contrainsurgente creada en 1965 contra las guerrillas), muchos jóvenes perdieron sus vidas.
Intempestivamente, el 3 de octubre de 1968 el general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Velasco Alvarado, toma el gobierno a la fuerza y deporta al presidente Fernando Belaúnde Terry. Al llegar diciembre, decreta que el Ministerio de Gobierno y Policía se transformará en el Ministerio del Interior, tal y como ha quedado denominado hasta la fecha. Durante los primeros meses, las medidas del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada parecían favorecer a los más vulnerables. Pero su verticalidad impedía tomar en cuenta las necesidades de la población. El episodio más terrible durante los primeros años del GRFA fue decretar que los estudiantes de escuelas estatales que hubieran jalado un curso o más debían realizar un pago como castigo con el fin de disciplinar a los estudiantes. Esta medida fue tomada en Ayacucho como una forma de terminar con la gratuidad de la enseñanza, pues muchísimos estudiantes quechua hablantes, pertenecían a la primera generación en su familia con acceso a la escuela. Para colmo, el Ministro de Educación decidió aplicar de manera retroactiva la norma, quitando la gratuidad a los estudiantes del año anterior, pero sobre todo a quienes no contaban con los recursos económicos. Medida arbitraria y excesiva para familias en extrema pobreza.
En junio de 1969, en el colegio Gonzales Vigil de Ayacucho, los estudiantes reaccionan contra la prohibición del ingreso a sus compañeros que no podían pagar la mensualidad. Ese mismo día, el alumnado se declaró en huelga con el respaldo de la Asociación de Padres de Familia y la Confederación Campesina del Perú; se inició entonces un ciclo de protestas que fueron dirigidas por el Frente Único de Estudiantes y Campesinos de Huanta (FUECH). El 20 de junio los policías reprimieron a los estudiantes lanzando bombas lacrimógenas en el mercado central. La población se levantó indignada y salió a protestar. La policía respondió con metralla y los “sinchis” dispararon a ciegas a cualquiera que encontraran en su camino. El resultado fueron decenas de muertos, heridos y dirigentes detenidos. La población se replegó y se impuso el estado de sitio en Huanta al igual que en Huamanga. Dos días después el gobierno militar derogó el decreto. “Flor de Retama” fue el huayno ayacuchano tradicional compuesto por Ricardo Dolorier que condensó todo lo vivido durante tan cruel enfrentamiento.
En 1976, durante la segunda fase del gobierno militar, el general Morales Bermúdez endureció su trato frente a los sindicatos y la izquierda, en el marco de una profunda crisis económica y de duras huelgas nacionales (1977 y 1978). En este contexto, se configuró el escenario para la transición democrática y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Las federaciones estudiantiles de Lima y Huamanga llamaron a la no participación en los paros nacionales, así como la abstención de las elecciones para el cogobierno universitario, la Asamblea Constituyente y las Elecciones Generales de 1980. Pero, más allá de eso, centraron toda su atención en reivindicaciones estrictamente estudiantiles y convirtieron, así, a las universidades en espacios privilegiados de una forma de hacer política que promovía el aislamiento, el clientelismo y la acción que se refería a su propia problemática. Los partidos políticos de los gremios estudiantiles forzaron la renovación casi total de docentes, proponiendo a jóvenes recién egresados que se hicieron cargo de los cursos de Materialismo Histórico y Dialéctico usando manuales que afectaron la calidad académica de la universidad pública. La lógica del clientelismo mantuvo un discurso universitario virulento, pero al mismo tiempo, una clara estabilidad política, gracias al equilibrio de poderes entre los partidos políticos con presencia en la universidad.
La juventud radicalizada
Cuando el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso desató la lucha armada en 1980, los grupos universitarios de hombres y mujeres radicalizados formaron dos tendencias, una que se alió al PCP-SL, de corte maoísta, y otra que, ante la imposibilidad de dar lugar a una izquierda legal, se integró al proyecto guerrillero del MRTA. Ni la Guardia Civil, ni la Republicana, ni la Policía de Investigación del Perú, se encontraban en condiciones para enfrentarlos seriamente, razón por la cual el gobierno de Belaúnde dio carta blanca a los militares que tomaron el control de las zonas afectadas. El presidente Alan García intentó revertir durante su primer gobierno la crisis que estaba enfrentando durante el conflicto armado. Para 1986, estableció un comando único y la formación de un solo centro de estudios para la preparación de los oficiales policías y de una escuela nacional para los guardias y agentes. Desaparecieron las guardias y la PIP y quedó la única Policía Nacional del Perú. Entre 1988 y 1989, la PNP comenzó una nueva etapa para combatir al PCP-SL que implicó operaciones más selectivas y encubiertas contra estudiantes. En 1988, tres estudiantes de San Marcos murieron por los disparos realizados durante una movilización. En abril de 1989, fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército tomaron la Universidad La Cantuta. En la San Cristóbal de Huamanga atacaron varias instalaciones e inmuebles de la Universidad y dinamitaron 11 unidades de transporte y la imprenta. Los detenidos y desaparecidos siguieron aumentado entre diciembre de 1989 y enero de 1990. En Lima desaparece el estudiante de sociología Ernesto Castillo Paez, y se encuentran los cuerpos asesinados de los hermanos Malpartida de la Pontificia Universidad Católica (PUCP). En la Universidad Nacional del Centro (UNC) eje importante del accionar subversivo, desde 1989 hasta 1993, más de un centenar de estudiantes y profesores fueron víctimas de desaparición forzada a manos de elementos de las Fuerzas Armadas.
La juventud ciudadana
En la Universidad San Marcos, el PCP-SL encontró la resistencia organizada de los estudiantes. En 1989, formaron la Coordinadora de Defensa de San Marcos con militantes de agrupaciones de izquierda y comunidades cristianas de base, contra la violencia del PCP-SL.
El año 2014, se dictó una Ley de régimen laboral juvenil, conocida como la Ley Pulpín que recortaría beneficios laborales a los jóvenes a la par que daría beneficios tributarios a las empresas, y reduciría los costos laborales de los empleadores. Durante las jornadas de lucha contra el Régimen Laboral Juvenil 38 personas fueron detenidas. La policía las mantuvo una noche sin dormir y sin comer, y a pesar de los golpes recibidos por la Policía, se les obligó a visualizar unos videos en que ninguno de los detenidos aparecía. La ley se derogó, pero quedó claro que el respeto del derecho a la protesta no había sido asimilado por la Policía Nacional del Perú.
Fue así como en este nuevo contexto sanmarquino las violaciones de los derechos humanos se convirtieron en la consigna principal de la movilización universitaria, proceso que fue asumido por una nueva generación de estudiantes provenientes de las clases medias distinta al de la generación anterior.
A mediados de los noventa, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, surgió un renovado movimiento estudiantil que organizó protestas callejeras contra la Ley de Amnistía en 1995 para cerrar todas las investigaciones y dejar sin efecto las pocas sentencias dictadas para los crueles e inolvidables episodios de Barrios Altos y de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta. Dos años después, nuevamente organizan protestas, en esta ocasión por el retiro injustificado de miembros del Tribunal Constitucional. En esta etapa participaron estudiantes de universidades públicas y privadas, así como dirigentes mujeres, lo cual marcó un profundo cambio en la tradición política universitaria hasta entonces protagonizada extremadamente por hombres. A ello cabe añadir que visto en perspectiva, después de varias décadas, el movimiento universitario logró vincularse con un movimiento nacional dejando de lado el enclaustramiento político antes descrito. De esta manera cayó el estigma universitario como subversivo que habían manejado tanto la policía como las fuerzas armadas, y surge un enfoque ciudadano que busca la afirmación de la democracia. “Somos estudiantes, no somos terroristas”, “¡Aquí, allá, el miedo se acabó” arengaban contra el Estado. Durante el gobierno de Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, utilizaron el miedo para naturalizar la corrupción que pronto se revelaría. El último ministro del interior, Fernando Dianderas Ottone, después de haber dirigido la PNP en los últimos tres y medio años recibe el cargo durante tres semanas. Fue el primer policía en ocupar ese cargo, hasta antes de él siempre entregado a militares o a civiles del partido de gobierno. Pasó 7 años en la cárcel por graves delitos de corrupción.
El año 2014, se dictó una Ley de régimen laboral juvenil, conocida como la Ley Pulpín que recortaría beneficios laborales a los jóvenes a la par que daría beneficios tributarios a las empresas, y reduciría los costos laborales de los empleadores. Durante las jornadas de lucha contra el Régimen Laboral Juvenil 38 personas fueron detenidas. La policía las mantuvo una noche sin dormir y sin comer, y a pesar de los golpes recibidos por la Policía, se les obligó a visualizar unos videos en que ninguno de los detenidos aparecía. La ley se derogó, pero quedó claro que el respeto del derecho a la protesta no había sido asimilado por la Policía Nacional del Perú.
Y así fue. Cuando el Presidente Martín Vizcarra fue destituido, la juventud peruana en todo el país organizó protestas diarias en todo el territorio contra el Congreso de la República y el gobierno que se adjudicó el congresista Manuel Merino. Eso fue suficiente para que los policías comenzaran a disparar contra el cuerpo de jóvenes hombres y mujeres bombas lacrimógenas y perdigones, suficiente para que dos manifestantes murieran. La Defensoría del Pueblo indicó que hubo otros 19 heridos y 18 detenidos trasladados a sedes policiales. Los jóvenes expusieron un gran nivel de organización desde los primeros auxilios hasta la desactivación de las bombas lacrimógenas. Sus principales consignas fueron de defensa de la democracia y de una educación de calidad que el congreso no cesa de boicotear. En esta ocasión no hubo ningún militar involucrado.
Salvo una excepción durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ningún integrante de las Fuerzas Armadas ha vuelto ocupar el cargo de ministro del interior desde el año 2000. Solo se turna entre civiles, usualmente independientes de algún partido político, y policías del más alto rango. Ante todo lo acontecido en las marchas de noviembre, los dos últimos ministros del interior que forman parte de la PNP solo duraron 5 días en el cargo. Y cualquier reforma no podrá ocurrir hasta que el siguiente Presidente de la República sea elegido democráticamente el 2021. Quedará en nuestras manos que el tema se agende para ser discutido en la campaña electoral.
Referencias bibliográficas
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Vargas Llosa, Mario (2001). “Regreso a San Marcos” Tribuna: Piedra de toque. 29 de abril. Diario el País.
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