Ley de Promoción, ¿de qué agricultura?

Escrito por Crédito de imagen: Andina.pe Revista Ideele N°295. Diciembre 2020

Superada la convulsión generada tras la vacancia del expresidente Vizcarra, el 30 de noviembre nos despertamos con las noticias de protestas de los trabajadores de las empresas agroexportadoras y agroindustriales de Ica, protestas que se extendieron a la costa norte. Como en 2009, cuando ocurrió el lamentable Baguazo y la mayoría del país conoció de los reclamos de las poblaciones indígenas amazónicas, esta vez, muchos se percataron que el boom agroexportador del que nos enorgullecemos se apoyaba en las labores de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.

El problema no es nuevo, pero sí el giro que han tomado las cosas. En el número 281 de esta publicación escribimos sobre los dos mismos ejes que ahora se discuten: un régimen laboral especial y beneficios tributarios para las empresas que se acogen a la llamada Ley de Promoción Agraria, N°27360. Movidos por la urgencia de la protesta, con un bloqueo de la carretera Panamericana por casi una semana y aún fresco el recuerdo de la muerte de dos jóvenes en las protestas de noviembre, el Congreso derogó esa ley y se comprometió a sustituirla en quince días. Al escribirse esta nota el plazo había vencido y no se lograba aún consenso para aprobar una nueva ley.

Retomando el título de este artículo, cabe preguntarnos a quién beneficiaba esa ley. Es claro, por las protestas de los trabajadores agrícolas, que ellos no fueron los beneficiados en este tiempo. A pesar de la millonaria campaña de las empresas agroexportadoras y otras entidades gremiales empresariales, acudir al conocido argumento de que solo “unas pocas empresas” son las que no respetan las leyes o que se trata de services, no explica la masividad de las protestas de los trabajadores. Es cierto que ni SUNAFIL ni los organismos regionales cumplieron su labor de fiscalización, pero tampoco las empresas lo permitieron.[1] Hoy se han hecho públicas las condiciones en que muchos de estos trabajadores laboran, lo que contradice los repetidos slogans de regiones con pleno empleo y que eliminaron la pobreza, para volver los ojos sobre lo que deben ser condiciones dignas de trabajo.

 La ley por aprobarse y en general el régimen de promoción, no son para toda la agricultura. El 97% de las unidades agropecuarias hacen parte de la agricultura familiar, en la cual labora más del 83% de los trabajadores agrícolas, y provee el 70% de los alimentos que consumimos en el país. Si bien hay políticas para la agricultura familiar y hasta una Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, no hay compromiso del Estado ni presupuesto suficiente para aplicarlas.

Si no fueron los trabajadores, o quizás solo un grupo de ellos, los beneficiados con la ley derogada, ¿habrá sido el Estado? Se nos ha mostrado cifras del incremento de la recaudación fiscal en la agricultura, resultado de la vigencia de este régimen. Pero recordemos que desde la aprobación de la Ley N°27360, en el año 2000, el Estado ha dejado de percibir el 50% del impuesto a la renta, así como otros importantes ingresos tributarios, que bien hubieran servido para financiar, entre otras cosas, la mejora del sistema de salud, o la educación o la seguridad ciudadana, responsabilidades que corresponden al Estado.

Por si lo anterior fuera poco, la Ley N°27360 hace parte de un régimen promocional que se complementa con otras leyes (como la Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, N°26505, mal conocida como Ley de Tierras) y con la política de grandes inversiones en trasvases e irrigaciones, que benefician sobre todo a empresas dedicadas a la agroexportación. Sumemos a ello los presupuestos estatales destinados a promover las exportaciones, que no tienen los productores agrícolas tradicionales, como los caficultores.

Es cierto que en gran medida el esfuerzo de las empresas que se acogieron al régimen de la Ley N°27360 explica el boom de las agroexportaciones, lo que ha llevado a que el monto de las exportaciones agrícolas alcanzase el año pasado a cerca de 7,000 millones de dólares. Se sabe también que, lejos de decrecer, las exportaciones en este año de pandemia se han mantenido y aún incrementado. Al derogarse la Ley N°27360, los representantes de los gremios vinculados al sector agroexportador advirtieron del riesgo de su quiebra al no poder mantener la competitividad a nivel internacional. Aquí es, entonces, cuando cabe, hacer otras preguntas.

¿Cuántos años de subvenciones estatales se requiere para que una empresa se consolide? ¿Cuán competitivo es un sector empresarial para depender de subsidios tributarios, subsidios en tierras y aguas y recorte de beneficios laborales? Dicho de otra forma, cuando años atrás se pedía apoyo estatal para la pequeña agricultura se respondía que el Estado no podía subsidiarlos, ¿eso vale para todos?

Más allá de los argumentos de justicia para atender los reclamos salariales y de condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas de estas empresas (estimados en cerca de 250,000), dejando de lado también argumentos éticos, cabe preguntarse por la sostenibilidad de este régimen promocional, que ha beneficiado a un reducido sector de la agricultura. En estos días, una representante del sector agroexportador afirmó, refiriéndose a la Ley N°27360, que esta era una ley para toda la agricultura, lo cual no es cierto. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, estimó que las empresas beneficiadas con este régimen son cerca de 2,200 (la gran mayoría de ellas, pequeñas). Ese número representa tan solo el 0,01% del total de 2 millones doscientos mil unidades agropecuarias que arrojó el Censo Nacional Agropecuario realizado en 2012.

La política agraria de las últimas décadas ha estado orientada a facilitar las inversiones en grandes extensiones de tierras fiscales otorgadas a precios muy bajos, a financiar trasvases de agua e irrigaciones y facilitar acceso el agua, sin limitar el sobreuso de las aguas del subsuelo. El régimen de la Ley N°27360 por lo demás, no empezó en el año 2000 pues esa ley solo mejoró y sustituyó al Decreto Legislativo N°885, de 1996, de modo que su vigencia tiene 24 años y debía prolongarse hasta 2031, conforme al Decreto de Urgencia 143-2019. Pero los empresarios querían más tiempo todavía, como argumentó un expresidente de ADEX, cuando planteó que su vigencia se extendiera hasta 2050.[2]

Esas pretensiones, que habría que calificar de mercantilistas, se enfrentan ahora con los reclamos de los trabajadores, que piden básicamente salarios justos, y ni siquiera, como podrían hacerlo, exigen una participación en las utilidades de las empresas. Cabe, por ello, recordar a esos empresarios lo que escribió Hernando de Soto hace algunos años, cuando afirmaba que Adam Smith dio batalla a gobiernos mercantilistas “por conferir derechos especiales a élites productoras o consumidoras, mediante complejas reglamentaciones, subsidios, rescates, impuestos, licencias y tratados bilaterales que les daban acceso a mercados globales de gran escala o a la importación de mano de obra barata”.[3]

Volviendo a la pregunta inicial, la ley por aprobarse y en general el régimen de promoción, no son para toda la agricultura. El 97% de las unidades agropecuarias hacen parte de la agricultura familiar, en la cual labora más del 83% de los trabajadores agrícolas, y provee el 70% de los alimentos que consumimos en el país.[4] Si bien hay políticas para la agricultura familiar y hasta una Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, no hay compromiso del Estado ni presupuesto suficiente para aplicarlas. Pero, parafraseando la obra de García Márquez, este mayoritario sector de la agricultura no tiene quien fiscalice el cumplimiento de esas normas y políticas.


[1] Declaraciones del gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, el 1 diciembre para un medio radial.

[2] Declaraciones de Juan Varilias, en el diario El Comercio, el 23 de mayo de 2017.

[3] El Montonero, 1 diciembre 2016. En: https://bit.ly/3qEjqw3

[4] Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021. Ministerio de Agricultura y Riego, Lima, 2015. Puede verse en: https://bit.ly/37FcSWg

Sobre el autor o autora

Laureano Del Castillo
Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales -CEPES.

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