Escrito por Pamela Figueroa Rubio Crédito de imagen: Reuters Revista Ideele N°295. Diciembre 2020

Un 78,28% de quienes votaron, el pasado 25 de octubre de 2020 en el plebiscito nacional realizado en Chile, se pronunciaron por la opción de aprobar una nueva Constitución, y un 79% se pronunció para que fuese elaborada mediante una Convención Constitucional, la cual será paritaria, con 17 escaños reservados para pueblos indígenas, procedimiento que constituye una innovación política mayor en lo que ha sido la historia constitucional de Chile. El actual proceso constituyente es un hecho histórico, pues por primera vez se elaborará una Constitución política democrática, participativa e institucional.

Para llegar a este itinerario constituyente el camino ha sido largo, producto de una demanda de cambio tanto de actores políticos como sociales. Un aspecto importante de mencionar para contextualizar el actual proceso constituyente radica en que la actual Constitución Política de Chile se originó bajo un gobierno autoritario. La Constitución Política de 1980 buscaba institucionalizar un modelo político, económico y social que representaba a una elite que había llegado al poder rompiendo el sistema democrático.

El debate sobre la modificación de la actual Carta Fundamental de Chile ha estado en la agenda de actores políticos y sociales desde la promulgación de la Constitución Política en 1980. Es así, que la oposición política al régimen autoritario de Augusto Pinochet fue clara en el rechazo a una carta fundamental que fue emanada sin la más mínima garantía democrática.

El desafío es entonces poner en debate las distintas visiones que la sociedad tiene y construir los acuerdos amplios requeridos para elaborar un texto constitucional que refleje a la actual sociedad chilena, y sobretodo, que permita que en adelante sean las mayorías democráticas quienes vayan construyendo el futuro del país.

La presión de las fuerzas políticas de oposición llevó a reformas constitucionales, siendo las más destacadas las de 1989, que permitieron la transición a la democracia, y las de 2005, que buscaban poner fin a los “enclaves autoritarios”. Sin embargo, a pesar de este camino de reformas, a partir de 2006 la movilización social, de estudiantes, de ambientalistas, de movimientos nuevos e inorgánicos que demandaban mayor justicia social, fueron poniendo al tope de sus demandas la necesidad de una nueva Constitución. El ciclo político a partir de 2005 se ve marcado por una creciente desconfianza hacia las principales instituciones del país, y un distanciamiento de las élites gobernantes con respecto a la ciudadanía.  En este contexto, las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013 pusieron énfasis en el debate constitucional, ya no sólo como un problema de las élites y del origen autoritario del texto constitucional; si no como la inminente necesidad de actualizar las instituciones políticas a la nueva realidad social del país.

El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en marzo de 2014, Auditoria A La Democracia, puso una alerta importante con respecto al cuestionamiento de la democracia en Chile. Los datos mostraban cómo la desafección se fue expresando en la disminución sostenida de la participación electoral (desde un 86% de participación electoral en las elecciones presidenciales de 1989, a un 44% en las elecciones presidenciales de 2013 en segunda vuelta). Los partidos políticos (15% de aprobación) y el Congreso (24% de aprobación) eran las instituciones con más bajo apoyo ciudadano, siendo instituciones como Carabineros las de mejor evaluación. Lo interesante, es que, junto con la decepción de las instituciones y líderes políticos, la ciudadanía mostraba un alto interés por la realización de reformas políticas que permitieran profundizar la democracia.

Es así, que los resultados de la encuesta LAPOP de 2012 ya arrojaba datos interesantes con respecto a la actitud ciudadana frente al cambio constitucional. Ante la pregunta: “Últimamente se ha planteado una discusión respecto a la necesidad que se produzca en Chile una reforma a la Constitución para cambiar el funcionamiento político del país … ¿Cuán de acuerdo está Ud. con que se busque realizar una reforma constitucional?”, los resultados fueron 71% muy de acuerdo + acuerdo, 4% muy en desacuerdo + en desacuerdo, y un 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Frente a la pregunta “Suponga ahora que existen una o varias propuestas de reforma constitucional, ¿cuál cree que es la mejor forma para elegir entre dichas reformas?” un 89% señaló “que la ciudadanía decida votando a favor o en contra de dichos proyectos” y un 11% “que el Congreso, como represente de la sociedad, decida a favor/en contra de dichos proyectos”. La encuesta CEP de septiembre-octubre de 2013 incluyó la pregunta “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de Asamblea Constituyente?, y las respuestas fueron 44,7% a favor, 21,5% en desacuerdo, 31,0% no sabe, 2,8% no contesta. Por tanto, la aparición de esta demanda a partir del 18 de octubre de 2019 sólo cristaliza en el espacio público una idea que ya estaba presente en el discurso y la demanda social desde al menos 2011.

El Proceso Constituyente impulsado por la presidenta Michelle Bachelet el año 2016, y en el que participaron más de 200.000 mil personas en una innovadora metodología de democracia deliberativa, no sólo ha sido el proceso participativo constitucional más amplio a nivel mundial, si no también el primer impulso institucional, democrático y participativo, que, junto a la fuerza social expresada en octubre de 2019, delineó el camino al itinerario constitucional que hoy tenemos.

El 15 de noviembre, y como reacción a la movilización sostenida de cientos de miles de chilenos en las calles, se logró el acuerdo político amplio requerido para destrabar los cerrojos constitucionales y dotar a la actual carta magna de un nuevo Capítulo XV, que incluye un itinerario para elaborar una nueva constitución, y no sólo reformarla.

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución consideró la convocatoria de un grupo de 14 expertos con representación política transversal, para elaborar el texto de reforma. Este texto debía redactarse bajo los márgenes del acuerdo político, debía ser una propuesta de unanimidad de los integrantes del grupo de expertos, y ser una reforma auto ejecutable. Esto daba un alto nivel de dificultad al trabajo, pero también la exigencia de construir acuerdos sólidos, necesarios para un escenario como el que vive Chile. En un período de dos semanas se emanó la propuesta de texto que luego fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso.

La tramitación incluyó la participación de distintas organizaciones sociales y políticas, lo que fue dando mayor legitimidad al proceso, en medio de continuas protestas y movilizaciones. Quedó pendiente de esta propuesta de texto, generar mecanismos de inclusión para la Convención, los que se definieron en tres áreas: a) que la Convención fuese paritaria, b) que los pueblos indígenas contaran con escaños reservados, y c) que los independientes tuvieran condiciones viables de competir para ser miembros de la Convención. La mesa técnica acordó dejar este debate para la discusión parlamentaria, pues la UDI (Unión Demócrata Independiente) no dio la unanimidad para incluir estos aspectos en la reforma del capítulo XV. Fue así, que en marzo de 2020 y con votos de los partidos de oposición y de parlamentarios de Renovación Nacional, el Congreso aprobó en una jornada histórica, la paridad y la inclusión de independientes. Aún en tramite legislativo la definición de escaños reservados para los pueblos indígenas.

El texto aprobado establece un itinerario que considera tres momentos de participación ciudadana para la elaboración, deliberación y aprobación de un nuevo texto constitucional. Estos momentos son:

1. Plebiscito Nacional. En este plebiscito cada persona recibe dos cédulas. La primera cédula contiene la siguiente pregunta: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?” Las alternativas de respuesta serán: Apruebo o Rechazo. La segunda cédula contiene la pregunta: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”. Habrá dos alternativas de respuesta: a) Convención Constitucional: integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente”, y b) Convención Mixta Constitucional: Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Para el plebiscito regirá el voto voluntario.
2. Si resulta ganador la opción APRUEBO, que es lo sucedido el 25 de octubre de 2020, se activa el siguiente paso del itinerario, que es la elección de los CONVENCIONALES CONSTITUYENTES, nombre que reciben los integrantes de la Convención (en cualquiera de los dos tipos de Convención). La elección de los Convencionales Constituyentes será con el mismo sistema electoral que se elige la Cámara de Diputados, y además será PARITARIA. Esto significa que el sistema electoral asegura paridad de sexos en el resultado, es decir, se elegirá la mitad mujeres y los hombres. Para la elección de Convencionales Constituyentes regirá el voto voluntario. Recientemente el Congreso nacional ha aprobado una ley que incluye 17 escaños reservados para los 10 pueblos indígenas reconocidos en Chile.
3. Finalmente, cuando los Convencionales Constituyentes hayan elaborado un texto constitucional, este texto de Nueva Constitución será sometido a la aprobación, o no, de la ciudadanía a través del PLEBISCITO CONSTITUCIONAL. Para este plebiscito constitucional ratificatorio regirá el voto obligatorio.

La Convención tendrá un plazo máximo de 12 meses para redactar y aprobar el texto que será sometido a la ratificación de la ciudadanía. Los Convencionales se darán su reglamento de funcionamiento, y deberán aprobar las normas de la propuesta de texto por dos tercios de los convencionales en ejercicio. Esto a partir de una “hoja en blanco”, expresión usada para explicar que los convencionales tendrán la posibilidad de proponer distintas versiones de texto, sin que la actual Constitución sea el texto de base. El desafío es entonces poner en debate las distintas visiones que la sociedad tiene y construir los acuerdos amplios requeridos para elaborar un texto constitucional que refleje a la actual sociedad chilena, y sobretodo, que permita que en adelante sean las mayorías democráticas quienes vayan construyendo el futuro del país.