Escrito por Silvia Romio Revista Ideele N°271. Julio 2017

El día 5 de junio 2017 se celebró el octavo aniversario de ese masacre entre policías y indígenas awajún y wampís que toma el nombre de Baguazo.

En los años últimos ochos años, unas sensaciones de tristeza y de vulnerabilidad habían connotado esta fecha, tanto que las únicas actividades realizadas en la región de Amazonas habían sido obra de las organizaciones mestizas de Bagua Grande, como las rondas campesinas y de AVIFHE (Asociación de Victimas y Familiares de los sucesos del 5 de junio). Este año, por el contrario, se marcó un insólito dinamismo: la noche del 4 de junio numerosos fueron los awajún que salieron de sus comunidades para participar de la primera actividad de conmemoración del Baguazo en el distrito de Imaza (provincia de Bagua). Al día siguiente, la plaza y las calles de Imacita se volvieron escenario de diferentes actividades de conmemoración y reflexión, sobre el pasado y el futuro. Al costado de estas iniciativas, tenemos que mencionar también las que se realizaron en simultáneo en otros distritos y provincias de la región Amazonas, y también en otros ángulos de la Amazonía, como en Pucallpa. Múltiples son los factores que han generado estos cambios e impulsado esta voluntad de recordar, tanto en espacios privados como públicos. Vamos a considerar algunos.

En primer lugar, el recuerdo, fresco y vívido, del cierre del primero de los seis juicios relacionados al “Baguazo” (22 de septiembre 2016), donde la sentencia -sorprendentemente- había declarado la absolución de los 53 acusados. El conjunto de varias experiencias, es decir de los dos años de audiencias, de la relación con el sistema de justicia ordinario y, finalmente, de la sentencia, ha marcado una huella importante en la memoria indígena local, tanto de los exacusados, como de sus familiares. Ellos han tenido una experiencia directa y profunda de la política de criminalización de la protesta y de sus consecuencias: cómo funciona el sistema de justicia ordinario, su lenguaje y sus tecnicismos, pero también la sensación de que, a veces, hay formas de diálogos y entendimientos. Me refiero a las relaciones humanas y, a veces, de amistad, que han venido estableciéndose entre los agraviados y sus abogados. Pienso, por ejemplo, en el vínculo humano y sincero que se ha consolidado entre el doctor Norbel Mondragon Herrera y el líder awajún Santiago Manuin. Cuando, en el 2016, Santiago Manuin se encontró discapacitado a causa de las heridas de balas del Baguazo, a la salida de su sala operatoria encontró al doctor Mondragón. “Nunca te desanimes. No son las piernas lo que hace a un hombre un gran luchador social”, le dijo el abogado, dándole la mano.

“Si, por un lado, no queremos caer en una situación de impunidad, por el otro, tenemos también claros los extremos a los que una política de criminalización de la protesta, tal como la que actualmente se practica en el Perú, puede llevar”

Otro espacio de conocimiento y construcción de diálogos nuevos ha sido la misma Sala Mixta de Bagua. Una situación de sutil conexión entre la Corte Penal de Bagua y los agraviados, hecha por silencios, mutuos entendimientos y también pequeñas comprensiones, permitieron un clima más relajado y amistoso en las últimas audiencias. Todos recordamos cómo en las primeras audiencias parecía haber un muro infranqueable entre los dos lados de la sala, donde la corte penal había mostrado actitudes torpes y menospreciantes hacia a los acusados, motivadas por prejuicios racistas y la falta de una aproximación intercultural. Por el contrario, en las últimas audiencias, el juez Zabarburú venía adoptando una actitud mucho más cercana hacia los acusados, dando a cada uno un saludo cordial, llamándolos por nombre y mostrando un cierto interés hacia sus condiciones de salud. Como me comentó la periodista de Radio Kampankis: “Estos dos años de juicio han sido un eterno vía crucis. Ambas partes han tenido que compartir tantos momentos que de alguna manera los jueces han aprendido a conocer a los indígenas. Ya no los ven como salvajes o bárbaros asesinos”. Un juicio más “humano”, podríamos resumir, es lo que presenta la Corte Penal misma, dando una cara más humana y flexible a un sistema de justicia hasta ese momento alejado e indiferente. La experiencia del juicio había cambiado, poco a poco, la percepción de los acusados. Sobre todo a reconocerlos como individuos por -y no obstante- sus diferencias culturales. En ese sentido podríamos entender la frase pronunciada por Zabarburú luego de la promulgación de la sentencia liberatoria: “Sinceramente, esto fue lo mejor que pude hacer”.

Son justamente esos mismos sentimientos los que esperamos que caractericen a la Corte Penal que será protagonista del nuevo juicio del Baguazo, que se abrirá en agosto 2017. En este segundo juicio oral, 25 Awajún serán juzgados por la muerte de 12 policías en la Estación 6 de Petroperú, masacre perpetrada el mismo 5 de junio 2009 en seguida a los enfrentamientos de la Curva del Diablo. Si, por un lado, no queremos caer en una situación de impunidad, por el otro, tenemos también claros los extremos a los que una política de criminalización de la protesta, tal como la que actualmente se practica en el Perú, puede llevar. Hasta el día de hoy, el fiscal de la Nación ha pedido cadena perpetua para todos los 25 acusados. Imposición del orden y mano dura contra una sociedad fragmentaria y salvaje, diría Sarmiento. ¿O una reglamentación disciplinaria entre Estado y una parte de su población, todavía reacia a uniformarse al modelo de ciudadanía nacional?

“¿Quién tiene que hacer memoria de los errores del pasado? ¿Solamente los indígenas implicados en el Baguazo, o también el sistema de justicia y el gobierno peruano en general?”

Frente a este escenario tan polarizado, nosotros, que hemos seguimos el juicio anterior, quedamos perplejos y preocupados. ¿Quién tiene que hacer memoria de los errores del pasado? ¿Solamente los indígenas implicados en el Baguazo, o también el sistema de justicia y el gobierno peruano en general?

Esperamos que el desenvolvimiento de este segundo juicio coincida también con una ocasión única para el pensamiento del Derecho peruano. Es decir: cómo enfrentar una situación de conflicto intercultural, donde urge una reflexión profunda sobre los diferentes niveles de participación y responsabilidad, tanto de parte de la sociedad civil como de los órganos gubernamentales y, finalmente, de los policiales. Conscientes de no querer caer en el emblemático cruce entre impunidad generalizada y ejercicio desconsiderado del poder judiciario, vamos con ánimo al comienzo de este segundo juicio oral, esperanzados de que sea una experiencia enriquecedora y transformadora.

(REVISTA IDEELE N° 271, JULIO DEL 2017)