Escrito por Enrique Fernández-Maldonado Mujica Revista Ideele N°271. Julio 2017

A casi un año de iniciado el gobierno de PPK, ninguna medida en materia laboral ha generado tantas reacciones y polémica como el Proyecto de Ley de Empleo Juvenil presentado por el Ejecutivo. Las medidas anunciadas por el ministro de Trabajo, en diversos momentos y medios de comunicación (un par de decretos legislativos y dos proyectos adicionales en el Congreso), han pasado desapercibidas para el gran público y no han merecido la atención que recibió esta iniciativa que marcó la agenda laboral de la actual gestión. Incluso ha generado que núcleos juveniles lo cuestionen en redes y organicen acciones de protesta en contra de lo que han denominado la “Ley Pulpín 2.0”.

El proyecto N° 1104–2016–PE, cocinado en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), propone básicamente el subsidio estatal al pago de la seguridad social (EsSalud) por cada trabajador joven contratado que tenga como edad máxima 29 años. Este aporte representa el 9% de la remuneración mensual. Para contratar bajo este régimen laboral, el trabajador deberá encontrarse en una situación de desempleo no menor a 6 meses o trabajar en la informalidad laboral. El proyecto no ofrece ningún beneficio adicional a los jóvenes contratados que no sean los establecidos en la norma laboral para el sector privado, sin establecer incentivos para la capacitación y formación del trabajador. En TrabajoDigno.pe hemos profundizado en las características y límites de esta propuesta[1].

Según el Gobierno, este proyecto no afectará los derechos laborales de los jóvenes. Por el contrario: serían estos los principales beneficiarios. Con su aprobación, tendrían “mayores oportunidades” de empleo, al generarse un incentivo para la contratación formal en la actividad privada. 

¿Qué tipo de lecturas admite la decisión del Gobierno para proponer un proyecto de esta naturaleza, susceptible de cuestionamientos, como viene siendo objeto? ¿Qué explica la reacción de los jóvenes organizados?

“Si no se reactiva la economía, difícilmente se dinamizaran los mercados laborales. Y los jóvenes seguirán en la informalidad o desempleo, por más ‘régimen especial’ que se les aplique”

Proponemos algunos elementos de análisis para aproximarnos al contexto en el que se busca aprobar esta iniciativa.

1. Hay un enfoque predominante en los decisores de políticas públicas de la actual administración y que este proyecto expresa claramente. En líneas generales, este enfoque comparte los postulados y supuestos de las políticas laborales que se aplican en el país desde el gobierno de Alberto Fujimori en los años 1990. Pero estas políticas acusan una falla de origen o estructural. La flexibilización y desregulación laboral, pensadas para reducir la carga laboral y social de los empleadores, no garantiza un impacto positivo en la generación de empleo formal. Mucho menos un empleo digno o adecuado. Como ejemplo de ello tenemos en nuestro país, la implementación de normas especiales “promocionales” para el sector de las micro y pequeñas empresas (el 80% de las unidades productivas). En casi dos décadas de aplicación, estos regímenes han tenido un impacto marginal en la formalización de la fuerza laboral, precarizando por el contrario el empleo al reducir el número de derechos laborales y sociales al que acceden los trabajadores comprendidos[2].
2. La precariedad laboral de los jóvenes, así como su alta tasa de desempleo, son resultado –como ha reconocido la propia Cámara de Comercio de Lima (CCL)– de “la falta de oportunidades y de especialización” de los jóvenes, así como de “la baja calidad de la educación que reciben en todos sus niveles académicos y la poca información que tienen sobre el mercado laboral”. Estos serían los “factores que obstruyen la contratación formal de los jóvenes”[3]. Así visto, la mejora de las condiciones de trabajo de los jóvenes dependería tanto del impulso que se dé a la educación, capacitación y especialización laboral, como a la generación de oportunidades de empleo potenciando sectores productivos intensivos en mano de obra. La normativa laboral (y mucho más la peruana, que viene de décadas de flexibilización y desregulación), representa un factor secundario o poco determinante para mejorar la productividad y competitividad empresarial, que es a la postre lo que hace posible que las empresas cumplan con la legalidad laboral.
3. Es poco probable que aumente el empleo formal juvenil, por lo menos de manera sostenible, de persistir el bajo crecimiento económico previsto para este año. La situación es particularmente preocupante en los sectores de manufactura y terciarios, que vienen mostrando tasas decrecientes de empleo y que debieran ser precisamente los que mayores oportunidades generen y mejor distribución del ingreso ofrecen. Si no se reactiva la economía, difícilmente se dinamizaran los mercados laborales. Y los jóvenes seguirán en la informalidad o desempleo, por más “régimen especial” que se les aplique.
4. ¿A quiénes beneficia realmente este régimen? Si las micro y pequeñas empresas cuentan con regímenes “especiales” que reducen sus “costos laborales” (seguridad social, vacaciones, CTS, indemnizaciones por despido arbitrario), lo mismo que el sector agrícola y el sector exportador no tradicional (en el caso de la estabilidad laboral), ¿cuáles serían los sectores interesados en acogerse a esta ley? Creemos que las medianas y grandes empresas –especialmente las del sector retail y comercial, que emplean básicamente a trabajadores jóvenes–, tendrían especial interés en su aprobación. ¿Qué buscarían con ello? Contar con un régimen especial (como los otros sectores) que abarate su planilla laboral. Algunos analistas consideran que el particular interés del ministro Grados Carraro por este proyecto encuentra sentido considerando el sector empresarial del cual proviene (y al cual seguramente regrese), culminando su gestión ministerial[4].
5. ¿Por qué los jóvenes se organizan para movilizarse en contra del proyecto de Ley? En principio, porque desconfían de un Gobierno que no muestra el talante para enfrentar (no digo solucionar) los problemas laborales y de empleo en el país, con medidas claras a favor de la diversificación productiva y el fortalecimiento de las capacidades laborales de la fuerza de trabajo joven. No es este cualquier tópico. Atañe a una problemática que concitó, hace no más de dos años, la frustración y voluntad de movilización de miles de jóvenes a nivel nacional, que se manifestaron públicamente en contra de una Ley –también de promoción del empleo juvenil– que recortaba derechos laborales y ofrecía ventajas para la empresa privada. Aprobada por el Congreso del periodo anterior, la llamada Ley Pulpín tuvo que ser derogada como consecuencia de las intensas protestas sociales y juveniles que generaron una severa crisis en el Gobierno de Humala y puso en jaque a la clase política en su conjunto.

“Las expresiones de rechazo por parte de diversos colectivos juveniles podrían hacer retroceder a un Gobierno que requiere del respaldo popular para sobrevivir al hostigamiento opositor en el Congreso”

Al igual que sucedió con el fallido intento de la Ley Pulpín, esta vez los jóvenes cuestionan también la forma cómo se formuló y presentó el proyecto (sin agotar las instancias de dialogo social en el Consejo Nacional de Trabajo, ni involucrar a los principales interesados); como el fondo y contenido (se otorgará beneficios económicos a las empresas que contraten jóvenes sin establecer ningún tipo de exigencia en materia de estabilidad y capacitación laboral)[5].

Como vienen las cosas, las posibilidades de que se apruebe este proyecto, tal como está redactado, son mínimas. Las expresiones de rechazo por parte de diversos colectivos juveniles podrían hacer retroceder a un Gobierno que  requiere del respaldo popular para sobrevivir al hostigamiento opositor en el Congreso. Dependerá, en último caso, de la potencia y visibilidad con que lo hagan.

Sin embargo, la semana en que se escribe esta nota, sesionará de manera conjunta las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Economía, para tratar exclusivamente esta iniciativa. Al parecer habría un interés expreso de sus miembros para aprobar un dictamen, como paso previo a su discusión ante el Pleno del Congreso. En ambas comisiones hay mayoría fujimorista, una fuerza que no ha expresado mayores reparos con el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Las agrupaciones que podrían oponerse y detener su aprobación –el Frente Amplio y Acción Popular–, no solo son minoritarias, sino que son incapaces de ponerse de acuerdo para presentar una propuesta común alternativa. (El presidente de la Comisión de Trabajo, del Frente Amplio, elaboró un dictamen de ley que obvió olímpicamente el proyecto presentado por su colega de bancada, la congresista Indira Huilca, sobre el mismo tema, pero centrado en impulsar el componente de capacitación y formación laboral de los jóvenes trabajadores).

Así visto el escenario, el Gobierno tendrá que evaluar si tiene sentido persistir en un proyecto cuestionado en redes y calles, que ofrece beneficios y resultados inciertos, o abrirse una veta de conflictividad social innecesaria, también de consecuencias impredecibles.

(REVISTA IDEELE N° 271, JULIO DEL 2017)

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[1] TrabajoDigno.pe. “¿A quién realmente beneficia esta iniciativa gubernamental? Sobre el proyecto de Ley para incentivar la inserción laboral juvenil.” Publicado el 10 de marzo de 2017. Disponible en: https://goo.gl/xNwNWa

[2] Fernando Cuadros Luque. “Nueva Ley Mype: ¿es el remedio peor que la enfermedad?”. Trabajo&Desarrollo N° 7. PLADES. Abril de 2010.

[3] El Comercio. “CCL: ¿Por qué los jóvenes no encuentran empleo?”. 29 de mayo de 2017. Disponible en: http://elcomercio.pe/economia/peru/jovenes-encuentran-427052?ref=ecr

[4] Bedoya, Carlos. “El ministro de los Rodríguez Pastor”. En Diario Uno. Martes, junio de 2017. Disponible en: http://diariouno.pe/columna/el-ministro-de-los-rodriguez-pastor/

[5] TrabajoDigno.pe. “Cinco razones para archivar la Ley Pulpín 2.0”. Publicado el 13 de junio de 2017. Disponible en: http://trabajodigno.pe/2017/06/13/cinco-razones-para-archivar-la-ley-pulpin-2-0/