Escrito por Carlos Reyna Izaguirre Crédito: La República Revista Ideele N°296. Febrero 2021

Ocurre que hay privilegios graciosos y privilegios que son odiosos. La diferencia existe desde las sociedades pre contemporáneas. Había tantos, que existía toda una tipología de los privilegios.

Los graciosos eran aquellos que otorgaban beneficios sin hacer daño a nadie. Parecidos a lo que en términos actuales denominamos discriminación positiva. Por ejemplo, ahora, que los primeros en vacunarse contra el COVID-19 sean quienes combaten en primera línea contra este mal.

Odiosos y sublevantes

Los odiosos eran aquellos que sí dañaban a terceros. Por ejemplo, ahora, ese privilegio de los altos funcionarios, proveedores del Estado, colegas o amigos y familiares de los conductores del estudio de la vacuna Sinopharm, que se vacunaron por adelantado sin correr ningún riesgo comparable a los de primera línea. Ha ocurrido sin ninguna justificación, ni legal ni racional. Por eso, para este caso, creo que, además de odiosos, llegan a ser privilegios sublevantes.

Excluyo de esto a los profesionales o trabajadores de nivel menor que laboraban en el estudio o en el sector Salud con algún riesgo y a los que se vacunó inducidos por sus jefes. Probablemente convencido por ellos de que no había nada incorrecto en la acción.

Los daños son diversos y a todo nivel. Primero, cientos de los que han estado en la primera línea –heroico nombre- pudieron haberse vacunado y minimizar sus riesgos por lo menos desde fines de setiembre, cuando comenzaron a aplicarse las necesarias segundas dosis.

En una situación tan de emergencia como la que vive el país desde hace un año,  un activo muy importante es el de la moral y el ánimo para resistir y mantener las defensas altas. Ese es el segundo daño: haber afectado el ánimo, especialmente el de las y los de la primera línea. Seguro apretaron los dientes y continuaron su labor porque no les quedaba otra. Pero sintieron el golpe, sin duda.

Apenas se supo de su vacuna adelantada, Martín Vizcarra presentó el hecho como un acto honorable, valiente y lo insertó en su campaña para ser elegido congresista. Una elección cuyo propósito es tener algunas protecciones que frente a las investigaciones por los casos de corrupción en el que está comprometido. Mintió diciendo que había sido un voluntario que participó en el estudio clínico. Mintió al mostrar un supuesto certificado que acreditaba eso.

Sin embargo, el daño también alcanza a todas las peruanas y peruanos que necesitan saber que sus gobernantes y autoridades les son leales y cumplen su deber en una circunstancia como esta. O sea a todos los peruanos, en especial aquellos que perdieron, perdimos, a algunos de los nuestros.

Otro daño es a la imagen internacional del Perú. Otra vez el país que sorprende al mundo respecto a cuán bajo pueden caer aquellos a los que se les encarga algo grande, como gobernarlo, o tan crítico, como administrar una vacuna. El país en donde hasta los científicos se corrompen.

Finalmente, ha habido un gran daño al comando en la lucha contra la pandemia. Se han visto envueltos en el escándalo altos funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores, el encargado de conducir el estudio clínico en la Universidad Cayetano Heredia (UCH) y las principales autoridades de esta misma Universidad. Igualmente están bajo investigación todos los integrantes de la Comisión Multisectorial encargada de la adquisición de la vacuna.

La escala de las responsabilidades

La responsabilidad más grave atañe a Martín Vizcarra. De los altos funcionarios del Estado fue el primero en vacunarse. Lo hizo el 2 de Octubre, el número 81 de los más de 470 registrados. No solo se vacunó él, lo hicieron también su esposa y su hermano.

En el Congreso ya corren denuncias constitucionales contra él y proponen su inhabilitación política por 10 años. La Fiscalía de la Nación ya le abrió investigación por dos presuntos delitos contra la administración pública. En una de ellas, la pena máxima es de 8 años de cárcel.  En internet se puede ver qué figuras delictivas son esas. Si se lee, se verá que le calzan a Vizcarra como un guante …o como un par de marrocas.

Los otros responsables

Otro con responsabilidad grave es German Málaga, que dirigía el estudio y ya ha sido suspendido de ese cargo en la UPCH. Era el responsable de manejar el suministro y aplicación de las vacunas en prueba. Las acciones arbitrarias que tomó han roto con los protocolos y las reglas al respecto. Al ser esas vacunas propiedad del Ministerio de Salud, un bien público, ese uso arbitrario lo ha puesto bajo investigación.

De hecho, una de las procuradurías anticorrupción ha solicitado la detención preliminar contra él y otras personas que estaban en la Comisión Multisectorial encargada de la adquisición de las vacunas o estaban entre las 470 o más personas vacunadas por fuera del estudio, entre ellas las ex ministras de Salud y Relaciones Exteriores, el rector de la Universidad de San Marcos, el vicerrector de la UCH y otros funcionarios del MINSA y la Cancillería.

Vivimos en un orden socioeconómico en el que se combinan dos tipos de privilegios. Primero, los de origen pre contemporáneo, asociados a la pertenencia a ciertos estratos, estamentos, familias o a la posesión de determinados títulos. Segundo, los privilegios propios de la modernidad más capitalista, donde el poder del dinero es fuente también de diversidad de otros privilegios. Algunos se pagan y se venden. Y otros no, pero se obtienen y conceden porque las partes lo necesitan de cara a algún beneficio. El beneficio otorgado a Cecilia Blume por German Málaga se fusionan los privilegios de origen arcaico y los privilegios de corte moderno.

La severidad de estas primeras reacciones está en proporción a los daños ocasionados por las irregularidades y al escándalo colateral, tan grande que traspasó nuestras fronteras. Pero lo que también es notable es el desparpajo inicial con el que todas estas personas justificaron sus actuaciones.

La naturalización de un privilegio condenable

Apenas se supo de su vacuna adelantada, Martín Vizcarra presentó el hecho como un acto honorable, valiente y lo insertó en su campaña para ser elegido congresista. Una elección cuyo propósito es tener algunas protecciones que frente a las investigaciones por los casos de corrupción en el que está comprometido. Mintió diciendo que había sido un voluntario que participó en el estudio clínico. Mintió al mostrar un supuesto certificado que acreditaba eso.

El conductor del estudio clínico, German Málaga, inicialmente argumentó que el hecho formaba parte de procedimientos frecuentes en estos estudios clínicos, que sus críticos no sabían, que “así son las cosas en estos estudios”. Cuando admitió que su esposa y su hija también habían accedido a la vacuna, una de sus explicaciones fue que la hija extrañaba a su abuelita. De hecho, la chica hizo un viaje relámpago desde Europa a Perú solo para vacunarse.

Cuando se supo que otro de los vacunados por adelantado era el dueño de un conocido chifa limeño, argumentó que los expertos chinos estaban hartos de comer hamburguesas y que el chifero les llevaba todos los días el delivery. Y cuando se supo que otra de las vacunadas por adelantado era una conocida lobbysta de grupos empresariales y ex asesora de Pedro Pablo Kuczynski, manifestó que fue con la expectativa de que ella ayudara a conseguir financiamiento para sus investigaciones. En este caso, Málaga no se daba cuenta de que su propio dicho lo comprometía  en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Finalmente, se supo que la actuación de Málaga había transgredido no solo los protocolos estándar que regulan ese tipo de estudios, sino también las regulaciones locales del Instituto Nacional de Salud.

Declaraciones o actuaciones semejantes han tenido las dos ministras que tuvieron que renunciar, el viceministro de Salud que se vacunó él y a seis de sus familiares, y hasta el Nuncio Apostólico (embajador del Papa) que justificó  su privilegio expresando que era “consultor en temas éticos” del estudio.

No podría dejar de mencionarse al ex congresista Alejandro Aguinaga, que quiso justificar su vacuna y la de su esposa diciendo que era consultor del estudio por haber sido ministro de Salud. Lo fue hace 20 años y no se le conoce una especialidad en temas afines al del estudio.

La naturaleza de toda esta retahíla de justificaciones muestra que sus autores asumían, y seguramente siguen asumiendo, que el privilegio que ejercieron no era nada transgresor, ni gravemente dañino. Por el contrario era algo natural, pues “así son las cosas”.  Dicho en una frase muy frecuente para este tipo de conductas “el que puede, puede”.

¿Qué es lo que naturaliza los privilegios sublevantes?

Como todos sabemos, este tipo de conductas y de privilegios no son nada nuevo ni raro en este país ni en ningún otro. De hecho están ocurriendo en otros países como España, Argentina y Chile. En este último país se habla de unas 37 mil personas vacunadas por adelantado, gran parte de ellas jóvenes de menor riesgo.

Pero en Perú, además, a propósito de la pandemia, ya habíamos visto privilegios en el acceso a camas UCI en hospitales del sector público. Y privilegios de este tipo existían de antes de la pandemia. Se sabe que un veterano conductor de un programa de noticias de la radio más antigua fue alguna vez operado en un hospital de EsSalud sin siquiera haber estado asegurado. Otros, que sí están asegurados, esperaban y esperan meses para una cirugía.

Ocurren estas cosas, de muchas maneras y en muchas esferas. Vivimos en un orden socioeconómico en el que se combinan dos tipos de privilegios. Primero, los de origen pre contemporáneo, asociados a la pertenencia a ciertos estratos, estamentos, familias o a la posesión de determinados títulos. Segundo, los privilegios propios de la modernidad más capitalista, donde el poder del dinero es fuente también de diversidad de otros privilegios. Algunos se pagan y se venden. Y otros no, pero se obtienen y conceden porque las partes lo necesitan de cara a algún beneficio. El beneficio otorgado a Cecilia Blume por German Málaga se fusionan los privilegios de origen arcaico y los privilegios de corte moderno.

Frente a este tipo de cultura y de orden material pluridimensional de los privilegios, los líricos derechos y principios constitucionales o legales, referidos a la dignidad, la vida, la igualdad y no discriminación, al acceso universal a salud y a la educación quedan solo como tinta estampada en papel.  Para superarlos, además de la Constitución, también tendría que cambiarse esa cultura y ese orden.