Hay una bronca sin precedentes en el Poder Judicial acerca de a qué jueces les corresponde llevar los casos vinculados a Lava Jato, comenzando por el de Odebrecht.

En una esquina están los jueces de la Sala Penal Nacional, que es un sistema que ha venido juzgando desde hace años casos de crimen organizado. Y en la otra se ubica el Sistema Anticorrupción, creado recientemente por uno de los decretos legislativos promulgados por el Gobierno al amparo de la delegación de facultades. Los órganos judiciales en disputa están coordinados por dos mujeres inteligentes en acción: la Sala, por Inés Villa, una jueza famosa por no haberle temblado la mano para condenar a todo tipo de delincuentes; y el Sistema, por Susana Castañeda, quien tiene menos experiencia en la materia, pero también es una jueza de buena reputación.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (uno de los órganos de gobierno de esta institución), acaba de decir que los casos relacionados con Lava Jato deben pasar inmediatamente de la Sala al Sistema.

Pero nadie se imaginó que la Sala le diría “no” al Consejo. Hace unos días, en una audiencia sobre el caso Toledo, uno de los tribunales de la Sala ratificó sus derechos sobre el caso (su competencia), y encima lo hizo porque así se lo pidió el fiscal allí presente, lo que hace suponer que el Ministerio Publico está de su lado.

Tratando de traducir y simplificar el debate: el Consejo sostiene que hay decretos del Gobierno que lo ordenan, y que sus resoluciones lo único que hacen es implementarlos.

Pero la Sala replica que dichos decretos no dicen ni una sola palabra sobre varios de los delitos que ella viene conociendo, y que, por tanto, deben seguir en sus manos. Esto significa que para ella hay ahora casos relacionados con varios delitos, algunos de su competencia y otros del Sistema.

Y esto es lo que le permite a la Sala contraatacar: si hay de por medio dos órganos judiciales, debe primar -de acuerdo a una regla del Código Penal- el que está a cargo del caso que tenga el delito sancionado con la pena más alta. Y en estos casos, es el de lavado de activos el que sigue a su cargo por no haberse mencionado en los decretos del Gobierno que creó el Sistema, ni de manera directa ni vinculado a los delitos a los que sí se refiere.

“En pocas palabras, el país cuenta con dos órganos judiciales diferentes y paralelos que reclaman competencia sobre los mismos casos”.

En la misma Audiencia, los jueces dijeron también que legalmente no se podrían trasladar casos como los de Toledo, Maiman, Cubao Luyo, ya que los jueces correspondientes tienen en sus manos la acusación y la solicitud de investigación provenientes de los fiscales. Se trata de jueces que también han resuelto prisiones preventivas, lo que implica un primer nivel de conocimiento y de evaluación del caso, y que públicamente se han venido desempeñando bien (Carhuancho, Manrique, Pérez, entre otros).

Choque de trenes que favorece a la corrupción. Ya la defensa de Toledo presentó un recurso contra la Sala por haberse pronunciado en su contra, alegando que es al Sistema al que le toca resolver. Y si llegan a pasar los casos al Sistema, habrá otros que ante fallos adversos, dirán que sus casos debieron ser vistos por la Sala. En pocas palabras, el país cuenta con dos órganos judiciales diferentes y paralelos que reclaman competencia sobre los mismos casos.

Este gran impase se pudo evitar.

Es incomprensible que el Gobierno se haya lanzado a crear algo tan importante, como un nuevo Sistema anticorrupción que desplaza a otro similar, en uso de facultades extraordinarias en relación a otro poder del Estado independiente, y encima a través de una disposición complementaria, que nada tiene que ver con la parte principal de la norma. Peor aún, en otra disposición igualmente complementaria se vuelve a referir al Sistema, pero esta vez en una norma sobre Transparencia, que nada tiene que ver con el tema.

No está claro si simplemente no se dio cuenta y complació así un pedido hecho por un sector del Poder Judicial, o si efectivamente quería que se produjeran las consecuencia de la medida (sacar a la Sala). Muy raro, porque Inés Tello, a quien PPK convocó en las elecciones, ha sido parte de la Sala durante años junto con Villa Bonilla.

El Presidente del Poder Judicial desde el comienzo se pronunció a favor del Sistema y en contra de la Sala, pero nunca expuso sus razones. Ha debido haber un informe técnico para ver qué convenía.

Todos los sectores involucrados debieron coordinar previamente. Se sabe que el Presidente del PJ nunca ha hablado con la jueza Villa.

Cómo será de controversial el punto, que cuando el Consejo Ejecutivo votó para que los casos pasaran de la Sala al Sistema, tres de sus integrantes estuvieron a favor, pero dos en contra.

¿Cómo procederá de acá en adelante el Consejo Ejecutivo? Difícil situación, porque las diferencias ya han pasado a los hechos: mientras que el sistema sigue sin casos, la Sala ya está actuando frente a casos concretos, en base a atribuciones que las sustenta en el Código Penal y hasta en la Constitución, norma por por encima de las resoluciones administrativas del Consejo.

Para entender mejor lo descrito (especializado y técnico) se recomienda comenzar por descubrir quiénes son los integrantes del Consejo Ejecutivo y cuáles son sus atribuciones.

Luego leer una de las resoluciones del Consejo, en la que de manera entendible resume bien sus argumentos: Resolución Administrativa N° 024-2017-CE-PJ. Para informarse más de los fundamentos de la  Sala, se puede ver y escuchar la audiencia referida, en la que uno de sus tribunales ratifica su competencia (dura dos horas, pero el meollo no más de media hora), así como la trascripción de la sentencia, una vez que se cuelgue en la web del Poder Judicial.

Asimismo, el pronunciamiento del IDL, una institución que desde hace casi 35 años sigue estos temas: http://www.idl.org.pe/