Políticas sociales: aportes para un debate necesario en tiempo electoral

Escrito por Revista Ideele N°296. Febrero 2021

Un nuevo gobierno siempre trae la oportunidad de revisar lo hecho, de plantear derroteros nuevos y aspirar a mejores políticas. Las políticas sociales suelen estar muy presentes en el debate pre electoral, suelen ser parte central de la oferta de los candidatos. En este cambio de gobierno, el tema de pobreza debería estar en el centro del debate pues enfrentamos, luego de más de 15 años de reducción sostenida de la pobreza monetaria, un cambio en la tendencia.

La pobreza subió en el año 2020 (veremos las cifras oficiales en abril de este año). Si bien volveremos a ver una reducción en el presente año, habrá grupos de ciudadanos que habiendo caído en pobreza en el 2020 no podrán recuperarse solo con la reactivación de la economía. Entonces el desafío del nuevo gobierno será doble, lograr un retorno a un proceso sostenido de reducción de pobreza, además asegurando que esté sea mejor, más sólido, más estructural, junto con la urgente atención a los grupos que en particular requerirán de apoyo adicional, temporal, focalizado y oportuno.

¿Qué exigir al nuevo Gobierno en este tema? Una atención central, prioritaria, al tema de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Estos temas tienen que ser parte de las propuestas eje, de las propuestas centrales de quien llegue al poder; sin ello será poco lo que se logrará. Solo continuar con lo que se viene haciendo no será suficiente, es necesario llevar al debate político el tema de la pobreza, que, la verdad sea dicha, ha estado ausente del debate por años, y solo ha vuelto con la pandemia y la recesión económica.

Quien asuma la conducción del Poder Ejecutivo en julio de este año, tendrá que enfrentar un problema alimentario serio. Hambre, alimentación insuficiente, sobrepeso y obesidad, dietas poco saludables, anemia y desnutrición.

Si el tema se pone en debate, creo que hay cuatro asuntos claves que cualquier propuesta debe presentar. En primer lugar, la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo e inclusión social. La estrategia vigente tiene más que ver con la coyuntura del 2011 que con la del 2021. Además, la crisis de 2020 desnudó un conjunto de precariedades que han no solo coexistido con las acciones orientadas a reducir la pobreza, sino que, en muchos casos, las han limitado. Esta nueva estrategia debe recoger los enormes y dramáticos aprendizajes que nos deja el 2020. Para ello, hay que tener clara la tarea del Midis y de la CIAS (Comisión Interministerial de Asuntos Sociales) en ello.

Esta estrategia, dadas las características actuales de la pobreza en el país, debe generar una respuesta diferenciada: mantener y potenciar las acciones en marcha en el ámbito rural (que tienen los más altos índices de pobreza y donde se concentra la mayor cantidad de población en pobreza extrema) junto con el diseño de una intervención para enfrentar la pobreza urbana, tanto en grandes ciudades como en ciudades intermedias. Para ello se requieren nuevos instrumentos (programas, intervenciones) y una alianza con otros actores (Gobiernos locales, Ministerio de Vivienda, de Transporte, comunidad organizada, empresas privadas, etc.).

En segundo lugar, urge una revisión de los programas sociales existentes que permita generar una proceso de adaptación de los mismos a las nuevas demandas y sobre todo que abra un proceso de innovación en ellos. Todo tiene que pasar a ser más digital, más basado en información en tiempo real, con mayor diferenciación territorial y con más flexibilidad. Los programas no pueden volver a ser lo que eran pre pandemia, eso ya no debería ser una opción.

En tercer lugar, será vital generar un programa social para responder a situaciones de emergencia como las vividas en el año 2020 (pero también ante el Fenómeno de El Niño Costero, el terremoto del 2007, etc.). Necesitamos un mecanismo que permita que ante una emergencia los programas existentes trabajen distinto, en función a las necesidades de la propia emergencia y al proceso de recuperación/reconstrucción posterior. Necesitamos un programa que esté “dormido” listo para operar y que se active ante cada emergencia. Un programa que tenga listo el aparato de gestión, la cobertura legal y el acceso a recursos para coordinar la atención social de la emergencia, desde el pago de bonos y la actualización de los padrones de hogares afectados, hasta la capacidad de movilizar programas, sectores y gobiernos subnacionales, además de coordinar esfuerzos con el sector privado y la sociedad civil. No podemos demorar meses en generar las condiciones operativas para movilizar el soporte social del sector público ante una emergencia.

En cuarto lugar, quien asuma la conducción del Poder Ejecutivo en julio de este año, tendrá que enfrentar un problema alimentario serio. Hambre, alimentación insuficiente, sobrepeso y obesidad, dietas poco saludables, anemia, desnutrición, etc. Este debería ser un eje central de preocupación. Como país no podemos permitirnos que millones de compatriotas pasen hambre y que millones de niños no cuenten con una alimentación que les asegure una salud y un desarrollo adecuado. En esto tenemos experiencias exitosas sobre las que construir, pero estamos lejos de tener una respuesta pública adecuada para la emergencia alimentaria.

Esto es lo que debería estar en cualquier programa social. Sin embargo, parece, a la vez, ser bastante exigente a la luz de las propuestas y equipos en la carrera electoral. Quizás incluso este conjunto, en extremo acotado, de recomendaciones exceda largamente las capacidades y posibilidades de quienes ganen las elecciones.

Sobre el autor o autora

Carolina Trivelli Ávila
Magister en Economía Agraria por The Pennsylvania State University y Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente es Investigadora Principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y consultora para diversos organismos internacionales. Ha sido Ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013.

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