Escrito por Jimena Ledgard Revista Ideele N°296. Febrero 2021

Cuando la policía tumbó la puerta de su casa, Indira Rodríguez (24 años) pensó que eran ladrones intentando entrar a la fuerza. Eran las tres de la mañana del 2 de diciembre del 2020, dos semanas después de que Inti Sotelo y Bryan Pintado fuesen asesinados por efectivos de la Policía Nacional del Perú. Horas después, antes de mediodía, el entonces ministro del Interior, Rubén Vargas, celebraría en conferencia de prensa lo que señaló como un día histórico, en el que se había logrado “dar el tiro de gracia” a la “estructura política” de Sendero Luminoso.

A las tres de la mañana del 2 de diciembre, Indira no tenía cómo saber nada de esto. En el piso, rodeada por doce policías, con dos de ellos apuntándola con metralletas, según su testimonio, pensó que la intervención respondía a su participación en las marchas contra el gobierno transitorio de Merino. No eran tan descabellado: decenas de estudiantes como ella habían denunciado reglajes, detenciones arbitrarias y acoso hacía tan solo unos días. La policía, además, sabía de ella. Mientras la interrogaban, mencionaron nombres de amigos suyos, así como su participación en política estudiantil en la Universidad Católica. “Yo estudio derecho, pero con el miedo no supe qué hacer. Me demoré en gritar “¡fiscal!, ¡fiscal!”. Y fue entonces que recién entendí que habían ingresado a mi casa para detener a mi mamá por cargos de afiliación a una organización terrorista”, me dice cuando conversamos dos meses después. Esa madrugada, la policía se llevó como evidencia teléfonos celulares, una laptop y una pintura del Che, recuerdo familiar de un viaje a Cuba.

La noche anterior, Ruth Paredes, su mamá, había cocinado la comida del día siguiente y se había despedido de sus hijos antes de salir a otro distrito, donde dormía algunas noches a la semana para encargarse de la gestión de la pequeña cancha de fútbol que alquilaba. Solía irse por dos o tres días seguidos y le gustaba dejar todo preparado en casa para que sus hijos no tuvieran que preocuparse de cocinar cuando ella no estaba. Fue por eso que la policía no la encontró cuando rompió la puerta de su casa y encañonó a sus dos hijos contra el suelo.

Recuperar la fe

El megaoperativo en el que se enmarcó el pedido de detención contra la madre de Indira fue denominado Olimpo y contempló la detención de 94 sospechosos de los que 77 fueron apresados. En su conferencia de prensa, Vargas afirmó que el llamado brazo político de Sendero “estaba avanzando en sus propósitos políticos (…) y pretendía infiltrarse en organizaciones sociales”. El operativo, concluyó, iba a “permitir recuperar la fe de la población, que lamentablemente ha sido opacada en las protestas”. Horas más tarde renunciaría al cargo de ministro por tensiones con la policía por haber enviado al retiro a la cúpula de generales de la PNP. De poco sirvió el intento de congraciarse con el sector: el sacrificio de 94 personas no trajo lluvias al pueblo.

El miedo al “terruqueo” ha calado hondo. Pero un operativo realizado no solo en medio de una de las mayores crisis institucionales y de imagen de la PNP en años, que mantuvo en detención preliminar a decenas de personas por casi dos meses, a pesar de que la ley establece un máximo de 15 días para esta medida; en un país que no tiene registro de acciones subversivas atribuidas al llamado “pensamiento Gonzalo” desde hace 21 años; y que presenta como evidencia la tenencia de libros de Karl Marx o Mao Tse Tung o la elaboración de pancartas con esloganes como “Yankee go home! Fuera Trump! Movadef!” o “Abajo la explotación capitalista de su corrupta gran burguesía peruana”, tendría que ser suficiente para sacudirnos de la parálisis que produce ese miedo.

El informe que justifica el caso muestra evidencias contundentes de que gran parte de los sospechosos incluidos tiene efectivamente vínculos o forma parte de Movadef, la agrupación que promueve una amnistía general para las personas encarceladas por terrorismo. La revisión de sus 2255 páginas, producto según Vargas de una investigación de cinco años con agentes infiltrados y escuchas telefónicas, no revela sin embargo mucho más que esa militancia: en ningún lugar del informe se exhiben pruebas de algún delito ni de que alguno de los acusados estuviese planificando cometer uno. Página tras página, se resalta una y otra vez la clandestinidad de las reuniones como si fuese una prueba de algo; se enumeran acciones de propaganda y participaciones en marchas; y se transcribe una y otra vez el saludo de las sesiones solemnes, donde militantes del Movadef se reafirman en la ideología del Marxismo-Leninismo-Maoísmo-Pensamiento Gonzalo. Pero tener ideas atroces, como las que tienen muchos en el Movadef, te hace tal vez un idiota o perder amistades, más no necesariamente un criminal. Para el abogado Alonso Gurmendi, autor de Conflicto armado en el Perú, la época del terrorismo bajo el derecho internacional, el problema con el operativo es que “el terrorismo es un delito definido en base a una conducta. En este caso, comete delito el que realiza un acto típico específico con la intención de causar zozobra en la población y comete terrorismo quien se une a una organización que realice esas prácticas”. Sostiene que Sendero, como organización terrorista, fue vencido hace tiempo. El PCP, dirigido por Quispe Palomino desde el VRAEM, es el único remanente militarizado que queda, pero se escindió de los seguidores de Guzmán hace años y no tiene vínculo con el Movadef.

Ante críticas como esta, de personajes tan disímiles como Rosa María Palacios y Fernando Rospigliosi, el jefe de la DIRCOTE, Óscar Arriola, respondió a un medio que el delito cometido por los detenidos podía ser calificado como de peligro abstracto. “El peligro está en el pensamiento y en las reuniones clandestinas”, continuó. “Si nosotros hubiéramos hecho una operación en 1979 o 1980, antes del inicio de la lucha armada y hubiésemos dicho “estos señores van a desatar una ola y un derramamiento de sangra fratricida (…) miren lo que nos hubiéramos ahorrado”.

Para una aficionada al cine de ciencia ficción, la referencia es casi inevitable: en Minority Report, la película dirigida por Steven Spielberg basada en un cuento de Philip K. Dick, el escuadrón PreCrime apresa criminales antes de que se conviertan en tales, advertidos de su futuro por un grupo de psíquicos. El escenario distópico de Hollywood, convertido en realidad por la policía del Perú. El 2054 de la ficción que nos llegó con treinta años de adelanto. Porque el problema, según el penalista César Nakazaki, es que incluso si se pudiese probar que Movadef es realmente el brazo político de Sendero, para que esta relación sea delito tendría que demostrarse que SL se trata de una organización terrorista en construcción o funcionamiento. De modo que para que Movadef sea considerado el brazo político de una organización terrorista, para empezar tendría que existir una que encaje en esa definición debido a su actividad.

El hábito cada vez más difundido de tildar cualquier discusión sobre la memoria de revisionista o apologista tiene repercusiones sociales concretas: hace que hechos fácilmente comprobables pasen desapercibidos o sean ignorados. Es por ello que pocos saben hoy que la derrota de Sendero Luminoso con la captura de Guzmán en 1992 no fue solo militar, sino mucho más profunda y definitiva. En 1993, el líder de la organización terrorista solicitó iniciar conversaciones para lograr un acuerdo paz y estableció, como una de las primeras medidas, el repliegue militar y abandono de las armas unilateral de parte de Sendero. La guerra, reconoció, estaba perdida. Desde entonces, sus simpatizantes persiguen sus fines por la vía política. La acción más visible de esta nueva estrategia fue sin duda el infructuoso intento de inscripción del Movadef como partido político. Y están también las llamadas AGIPRO, actividades de agitación y propaganda detalladas meticulosamente en el informe policial del Operativo Olimpo, que consisten básicamente en la entrega de volantes y el despliegue de banderolas en puentes. Las acciones destinadas a sembrar terror en la población y hacerse del poder por la fuerza se suspendieron hace décadas: para ser una organización terrorista, Sendero, tendría que estar en actividad hoy como tal, no hace veinte años.

La realidad es que aunque algunas ideas del Movadef puedan resultarnos escandalosas, hirientes o directamente atroces en un país con una historia tan sangrienta como la del Perú, sus filas hoy ya no agrupan únicamente a ex sentenciados por terrorismo: también se encuentran familiares que no suscriben la ideología violentista que la organización intentó imponer en los ochenta y noventa, pero que sienten fraguadas las condiciones en que se ha dado o suprimido el diálogo post conflicto. La apuesta de la agrupación por una amnistía general ha logrado incorporar, incluso, a miembros de las Fuerzas Armadas, como recuerda el periodista Gerardo Saravia. El objetivo actual, tanto del Movadef como de los remanentes no militarizados de Sendero, no es la lucha armada sino lo que llaman “reconciliación nacional”, expresada en el pedido de una amnistía general.

“¿Quién fue mi madre?”

“Mi mamá siempre ha sido una persona muy buena, muy justa, preocupada por las causas sociales y por el diálogo”, me dice Indira. “Quizá por eso simpatizó con algunas personas y espacios: porque no sentía que existiesen otros lugares en los que tener una discusión real sobre estos temas, donde se pudiesen tener estos diálogos”. Me doy cuenta mientras hablo con ella de que estos son temas que ella misma está procesando. Se disculpa cuando usa algunos términos que teme puedan asustar a alguien, como “ser crítico del sistema”.

Es claro que el suyo no es el lenguaje de la izquierda militante y sus muletillas. “Durante mucho tiempo estuve en una burbuja. Durante mucho tiempo estuve en una burbuja. El caso de mi mamá es diferente. Mi familia materna viene del trabajo del campo, ella llevó estudios en San Marcos, pero a mí nunca me habló de estos temas”. La acusación contra su madre la ha obligado a acercarse a aspectos de ella que dice haber desconocido hasta ese momento. Por primera vez en nuestra conversación, se quiebra. “En un momento yo sí pensé, dudé. Pensé: quién es mi mamá, quién fue mi madre, de dónde vengo”. Cuando le pregunto, en una llamada posterior, si sabía que su mamá había sido detenida antes, me dice que se enteró recién en diciembre. El misterio de su madre es un rompecabezas que ha tenido que armar sola y a tientas, mientras intenta hacerse cargo del proceso judicial. La reflexión, increpaciones y reconciliación tendrán que esperar. No la ha vuelto a ver desde diciembre.

“Muchas personas ya están curtidas frente a este tipo de arbitrariedades y persecuciones”, me comenta Nina Humala, hija de Walter Humala, músico ayacuchano, acusado y absuelto por delito de apología del terrorismo en 1996 y detenido también como parte del llamado Operativo Perseo, el mismo que seis años después de realizado no tiene aún ningún sentenciado. Walter Humala no fue incluido en el último operativo, pero la experiencia con su padre hizo que Nina se acercara a muchos de los familiares de Olimpo. Fue así que se hizo amiga de Indira. “Muchas personas ya están preparadas para que algo así pueda suceder, pero no todas. Hay muchas para las que es una sorpresa”, me dice. Nina no solo es mayor que Indira, es también quizá a su pesar– más firme, tal vez más fuerte. “Yo estoy más curtida… pero, ¿por qué estoy curtida? Yo no debería estar curtida en estos temas”, comenta con una risa amarga cuando conversamos.

Silencios y rupturas

Para Nina, lo que ejemplifica el Operativo Olimpo es una persecución a las ideas, algo en lo que coinciden Nakazaki y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH, me dice que ve la detención como “absolutamente arbitraria”, que se constituiría como un atentado contra la libertad de expresión y posible tortura debido a las irregularidades del proceso. Esta es la preocupación que transmitió la Coordinadora a los relatores de la ONU y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, que no respondió la carta.

Cuando le comento la desazón que sienten Indira y otros familiares del Operativo Olimpo frente a la ausencia de una postura pública más visible de la CNDDHH, reconoce que es “difícil procesar un debate público y sensato sobre esta materia, más en época electoral. Estamos en un país que ha tenido un conflicto armado interno con más muertes que la Guerra del Pacífico, superado solo por la Covid”. Percy Castillo, defensor adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, es más tajante. “La Defensoría asistió a varios de los detenidos cuando se comunicaron con nosotros por las condiciones de su detención, pero no vamos a pronunciarnos sobre el fondo del caso”. Le pregunto si esto es porque la institución nunca se pronuncia sobre el aspecto jurídico de un caso o porque han decidido no hacerlo. “No lo vamos a hacer”, me responde cortante. “Eso hemos decidido”.

No es difícil entender el silencio que muchos han decidido asumir frente a un operativo plagado de irregularidades. Yo misma me pregunto si es conveniente dejar mi firma en un documento que cuestione las acciones que se puedan tomar frente a los remanentes del esfuerzo organizado más sangriento y asesino de nuestra historia. Bracamonte tiene razón: no es fácil tener estos debates o abrir estos diálogos. El miedo al “terruqueo” ha calado hondo. Pero un operativo realizado no solo en medio de una de las mayores crisis institucionales y de imagen de la PNP en años, que mantuvo en detención preliminar a decenas de personas por casi dos meses, a pesar de que la ley establece un máximo de 15 días para esta medida; en un país que no tiene registro de acciones subversivas atribuidas al llamado “pensamiento Gonzalo” desde hace 21 años; y que presenta como evidencia la tenencia de libros de Karl Marx o Mao Tse Tung o la elaboración de pancartas con esloganes como “Yankee go home! Fuera Trump! Movadef!” o “Abajo la explotación capitalista de su corrupta gran burguesía peruana”, tendría que ser suficiente para sacudirnos de la parálisis que produce ese miedo.

Hay diálogos pendientes, cuyo dolor y complejidad demanda más que los apelativos con los que se suele zanjar el asunto.

Busco en el informe la evidencia contra Ruth Paredes, la mamá de Indira. Lo más explícito que encuentro es una conversación telefónica con alguien llamado Javier en la que discute unas consignas mal realizadas, crítica que estas digan “Por una amnistía general” y le pide que las reemplace por unas que digan “por una verdadera reconciliación” y “por una democratización de la sociedad peruana”. Me pregunto cómo me sentiría si mi mamá enfrentase veinte años de cárcel por algo así.

Para Indira, el proceso que ha traído Olimpo no es solo personal, sino también colectivo y abarca a más personas que las que hoy enfrentan esos cargos. Me cuenta que a raíz de la acusación contra su mamá, el abuelo de su mejor amiga del colegio les contó que había estado en la cárcel por acciones sindicales cuando era joven, algo que nunca había compartido siquiera con sus hijos. Las familias, cree, podrán ahora conversar, porque, si algo duele, es la imposibilidad durante años de poder hacerlo. En una de nuestras conversaciones se pregunta, “¿Te imaginas el dolor de los hijos de los integrantes del Grupo Colina?, ¿con quién pueden hablar ellos de sus padres?”. El silencio y el miedo, me doy cuenta, hiere a ambos lados de la trinchera y a todos los que no entran claramente en ninguna, a sus hijos, a sus nietos, a la sociedad a su alrededor: quienes llevan esa herida, como Indira, lo saben bien. “Quizá salga algo bueno de esto, quizá se abran espacios para hablar de todo esto”, reflexiona en una de nuestras primeras conversaciones. Quizá, pienso, pero el costo parece demasiado alto. Abiertos así a la fuerza, excavados con abusos e injusticias, los espacios como esos corren el riesgo de volverse fosas, de enterrarnos sin posibilidad de escapatoria.