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La humanidad atraviesa una crisis sin precedentes. No es la primera vez que lidiamos con una pandemia o que enfrentamos una crisis global, pero sí es la primera vez que, en medio de una crisis de esta magnitud, se genera una potencial solución en base a ciencia y tecnología en tiempo récord: las vacunas. Al mismo tiempo, nos enfrentamos al paradigma de tenerlas (existen) y no tenerlas (no podemos acceder a ellas).

Ya contamos con varios millones de muertes a nivel global, ya sea por el impacto directo o indirecto de la pandemia, la crisis que, claramente, afecta a los más desprotegidos, quienes presentan más factores de vulnerabilidad. Es así que, de no encontrar una solución para incrementar el acceso global a las vacunas, seguirán muriendo los más desprotegidos, teniendo además el riesgo de producir más variantes mientras continúe la transmisión del virus.

La reducida capacidad de producción y los precios privativos para muchos países generan una escasez de vacunas. Es así, pues, que hoy se crean jerarquías entre los seres humanos.

Esta situación ha evidenciado muchas brechas: globales y locales, entre ricos y pobres, entre norte y el sur, entre jóvenes y ancianos, entre la población económicamente activa y quienes ya se jubilaron, y dejando atrás a poblaciones marginadas o excluidas como pueblos indígenas y migrantes.

Hoy en día, el problema de suministro afecta también a países ricos y esta es, probablemente, una esperanza para que los demás sean escuchados.

Un ejemplo es lo que ocurrió hace unos días en Europa, cuando después de que la Unión Europea firmara un compromiso anticipado de mercado (AMC) asegurando una determinada cantidad inicial de vacunas de AstraZeneca; la compañía anunció que no contaba con la cantidad esperada de dosis en el primer trimestre de este año.

De manera similar, otras firmas anticipan que no alcanzarán sus objetivos en cuanto a las entregas previstas. Pfizer advirtió en agosto que “es posible que no podamos ampliar la capacidad de manufactura de manera oportuna”.

En enero de este año, Pfizer comunicó que recortaría sus entregas en un 29% a Italia de manera temporal. El gobierno italiano considera llevar a la firma a los tribunales.

Es así que, poco a poco, Europa comienza a entender lo que es estar en la cola, situación a la que muchos países de mediano y bajo ingreso estamos acostumbrados. 

Sin duda, una de las limitaciones se encuentra en la capacidad global de manufactura: solo las compañías que desarrollaron las vacunas pueden producirlas hoy, a menos que compartan la licencia con otras formas para ampliar la capacidad.

Las vacunas se encuentran protegidas por derechos de propiedad intelectual y las patentes correspondientes. Estas patentes, que poseen una duración de hasta 20 años, constituyen una barrera de acceso tan absurda e inadecuada en medio del contexto actual, que solo las injusticias e inequidades cotidianas hacen que lo veamos con normalidad.

Los monopolios de tecnologías sanitarias que pueden salvar vidas son peligrosos e injustos.

Está claro que no podemos esperar 20 años para tener precios y producción que permitan el acceso global.

Bien común

En abril de 2020, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen declaraba que la vacuna contra COVID-19 debería llegar a “todos los rincones del mundo” a un precio asequible.  “Esta vacuna será nuestro bien común universal”, manifestó públicamente.

A casi un año de aquellas declaraciones, aun nos encontramos lejos de hacer realidad esa promesa la del “bien común global”. Y es que sin un real compromiso de los países ricos y de la industria farmacéutica para incrementar el acceso a las vacunas drásticamente la situación no va a cambiar.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bien común?

La definición estricta de un bien público es aquella que no es rival ni excluyente, a diferencia de un bien privado que es rival y excluyente. Como sabemos, cuando consumimos un bien privado queda menos para las demás personas. Una vez en el mercado, obedecen a la ley de la oferta y la demanda.

Por otro lado, el concepto de bien público se refiere a productos, ideas o políticas que pueden llegar a todos, en todas partes. En otras palabras, un bien público es, en general, accesible para cualquier persona sin mayor restricción.

Los bienes públicos globales cumplen con tres características:

1. No exclusividad: sus beneficios están al alcance de todos. Un bien es exclusivo evita que otras personas lo disfruten. Por ejemplo, cuando se tiene que pagar por él, limitando el acceso a quienes pagan. Algunos ejemplos de bienes no exclusivos son, uso de carreteras, parques públicos, entre otros.
2. No rivalidad: el consumo de una determinada cantidad de un bien por parte de un grupo no reduce la oferta disponible para otros. Un ejemplo pueden ser las películas en señal abierta, pues que la vean muchas personas no limita que otros también la disfruten. En el caso del cine, por ejemplo, no tiene rival, (no se gasta no importa cuantas veces se vea) pero si es excluyente ya que hay que pagar.
3. Universalidad:  porque sus beneficios deben ser para todos (grupos de población y países).

Bienes públicos globales en salud

Algunos ejemplos de bienes públicos globales en salud son los producidos por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la salud (OMS). Estos tienen acceso abierto algunos ejemplos son: investigaciones publicadas de acceso abierto, estándares (como la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10), protocolos (para el tratamiento de distintas enfermedades), evaluaciones programáticas y especificas (precalificación de medicamentos y vacunas), ente otros.

La erradicación de enfermedades cumple con los criterios de no ser rival y no excluyente. Por ejemplo, la erradicación de la viruela, gracias a la inmunización, califica como bien global ya que todos se benefician, hayan contribuido o no al esfuerzo de erradicación.

La relevancia del concepto de bien público global está en que el mercado no puede proporcionar un bien público (o en todo caso no es interesante hacerlo) porque todos lo obtienen, paguen o no por él.

Para que las vacunas sean reales bienes públicos hace falta voluntad y acción política global, sobre todo por parte de gobiernos y tratados internacionales que decreten que las vacunas son un bien global universal.

Estos decretos podrían entonces liberarlas de las patentes que protegen su propiedad intelectual. Si bien es cierto, que se requiere además de transferencia tecnológica -del know how– y de insumos básicos para su elaboración, este sería un primer paso para que otras farmacéuticas pudieran contribuir a la manufactura. Con una mayor producción, muchas más personas accederían, rápidamente, a la vacuna y a un menor precio para los estados.

En los últimos meses ha habido muchas declaraciones y discusiones importantes en el tema dejando claro donde recaen los intereses.

Durante la 73va edición de la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2020, muchos líderes globales se refirieron a las futuras vacunas Covid-19 como un “bien público global”.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente Xi Jinping de China, el presidente Macron de Francia y el presidente Moon Jae-in de Corea del Sur definieron a las vacunas COVID- 19 como “un bien público global”.

Durante las últimas semanas de negociaciones previas a la asamblea, Estados Unidos ya se oponía al término “bien público global” Según los informes, Estados Unidos rechazó este término porque, según argumentaron, carecía de claridad jurídica.

Lamentablemente, la resolución final no se refiere a las vacunas para COVID-19 como un bien público global, en su lugar: “Reconoce la función de la inmunización extensiva contra la COVID- 19 como bien de salud pública global en la prevención, la contención y la detención de la transmisión con miras a poner fin a la pandemia con vacunas seguras, de calidad, eficaces, efectivas y asequibles”.

Esta resolución refleja la real voluntad política y concesiones hechas a países que como los Estados Unidos se opusieron. El hecho de declarar a la inmunización y no a la vacuna como un bien público global, nos devuelve al mismo punto de partida.

Por otro lado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Tedros Adhanom, Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatizó: “La COVID-19 es una crisis y las soluciones deben ser compartidas con equidad como bienes públicos globales, no como mercancías privadas que aumenten las desigualdades”

Consecuencias

Para quienes el argumento económico es primordial, es importante recordar que no es solo un tema de equidad y salud, pues como advirtió Tedros Adhanom, la inequidad en el acceso a vacunas podría costarle a la economía global $ 9.2 billones. Sin contar escenarios desastrosos en los cuales se desarrollen nuevas cepas que escapen a la eficacia de las existentes vacunas.

El seguir considerando a las vacunas como bienes privados, restringe el acceso a las mismas. Mientras que más fabricantes a nivel mundial no tengan acceso a la información crítica ni a los derechos de propiedad intelectual para fabricar estas vacunas, la producción continuará limitada a los laboratorios que desarrollaron las vacunas.

En el caso de Sanofi, se anunció hace unas semanas que la firma ha aceptado “llenar y empacar” millones de dosis de vacunas de Pfizer. Sin embargo, Sanofi y muchas otras compañías farmacéuticas con la capacidad instalada, podrían hacer mucho más que llenado y empaque, si tuvieran licencias de producción y acceso a la información necesaria.

En la actualidad vemos cómo países ricos han adquirido masivamente dosis de las distintas vacunas, mientras los pobres se quedan atrás con la esperanza puesta en COVAX.

Hasta hace unas semanas, solamente uno de los 29 países más pobres del mundo, Guinea, logró inmunizar a una parte de su población. Fueron solo 55 personas.

De la producción global prevista para el 2021 más de la mitad de vacunas han sido ya reservadas por un grupo de países ricos: Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, el 14% de la población mundial, mientras que al menos la quinta parte de la misma no tendrá acceso a las vacunas hasta por lo menos el 2022, habiendo países que tendrán que esperar hasta el 2023 o 2024 para cubrir a toda su población.

Nos encontramos, entonces, frente a dos tipos de barreras importantes, por un lado, el acaparamiento de los países ricos en cuanto a los bienes existentes y, por otro, la negativa a dejar ir la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica.

Este obsoleto orden económico colonial pone en desventaja a los países de medio y bajo ingreso, pero también incrementa las posibilidades de prolongar la crisis global o de incluso generar una nueva, una peor.

Al día de hoy algunas compañías farmacéuticas han licenciado la producción en otros países para incrementar la manufactura, por ejemplo, Johnson & Johnson ha brindado la licencia a Aspen Pharmacare en Sudáfrica. Igualmente, AstraZeneca y Novavax han firmado acuerdos con la Serum Institute of India. Si bien estos son pasos importantes no cubren en absoluto las necesidades globales.

Esta no es ni será la última lucha entre los intereses económicos y el acceso a herramientas que pueden salvar vidas. Una larga historia de desencuentros entre OMS y OMC deja cuenta de esto. El argumento es siempre el mismo, “la propiedad intelectual promueve la inversión, la competencia y el desarrollo científico y tecnológico para brindar mayor y mejor acceso a la salud”. Se olvida así que gran parte de la investigación básica necesaria y de alto riesgo de inversión es financiada con fondos públicos proveniente de impuestos pagados por ciudadanos.

La historia prueba que la propiedad intelectual solo ha creado barreras de acceso a muchos medicamentos. Un claro ejemplo lo brinda la historia del acceso a terapias antirretrovirales, cuyo precio de ingreso al mercado era privativo en los noventas, dejando morir a muchos. Diez años después, luego de muchas luchas, en donde los grupos de pacientes y sociedad civil tuvieron un rol clave, Sudáfrica logró eliminar algunas de las patentes, lo que redujo los precios significativamente, generando un acceso amplio. Se demostró que era posible salvar millones de vidas solo brindando acceso al conocimiento.

Finalmente, ante el argumento de que los países de mediano y bajo ingreso no tienen la capacidad técnica para fabricar las vacunas dado el nivel tecnológico usado para su elaboración, seria útil recordar el caso de Shantha. Una empresa india, desarrolló una vacuna recombinante para Hepatitis B, colocándola en el mercado a 1 dólar americano por dosis, en una época en que las vacunas existentes para hepatitis B costaban entre 50 a 80 dólares por dosis (una de las más caras del mercado). Este hito marcó el inicio de campañas masivas de vacunación para Hepatitis B, guiadas por UNICEF y otras organizaciones internacionales. 

No sorprende entonces que compañías como Pfizer-BioNTech y Moderna prefieran proteger su propiedad intelectual sobre la salud global, cuando proyectan ganancias de hasta 32 mil millones de dólares en ventas para el 2021.

Acciones

Cabe recordar que en el desarrollo de la mayoría de vacunas disponibles hoy en día ha habido inversiones millonarias de gobiernos, realizadas con fondos públicos (dinero de los contribuyentes). Esto justifica aún más la declaración de bien público global.

Es así que en una propuesta liderada por India y Sudáfrica y apoyada por Eswatini, Kenia, Mozambique y Pakistan, se solicita a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se flexibilicen los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para COVID-19.

A pesar que la OMS respalda la propuesta, la oposición de países como Estados Unidos, Reino Unido y los miembros de la Unión Europea, en donde se encuentran los mayores productores de vacunas, reduce drásticamente la esperanza de que la propuesta sea aprobada.

Desde la salud publica queda claro que la mejor estrategia es proveer vacunas e inmunizar en forma simultánea a todos los países y a todas las poblaciones comenzando por las más vulnerables hasta cubrir a todo el planeta. No solo reduciría la mortalidad globalmente, si no que además el impacto que podría tener en reducir la transmisión disminuiría el riesgo de la producción de nuevas variantes que en algún momento podrían escapar a la eficacia vacunal. Sin embargo, los tomadores de decisiones en países ricos anteponen sus intereses sin tomar conciencia de que nadie está seguro hasta que no estemos seguros todos.

Un acceso justo a las vacunas no sería solo una cuestión de equidad, sino la manera más rápida de terminar con la pandemia, para todos.