El 6 de enero de este año se publicó por fin el Decreto Legislativo 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Parecía el final de un largo camino iniciado en el año 2002, cuando se publicó nuestra primera Ley de Transparencia. Sin embargo, la norma parece no estar a la altura de las expectativas en tiempos en que podríamos necesitarla más que nunca.

En estos días nuestra democracia se tambalea al ritmo de las confesiones de Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú y hoy colaborador eficaz en el caso Lava Jato. Pero la verdad es que siempre ha sido bastante débil. La falta de instituciones fuertes, la corrupción y la impunidad han parido varias generaciones de ciudadanos que solo tienen dos opciones frente al Estado: miran a otro lado o participan del saqueo.

Sin embargo, el momento que vivimos forma parte de una misma marea, cuya ola más grande (hasta ahora) reventó el 14 de setiembre del año 2000 con la difusión del primer ‘vladivideo’. Dos meses después, Alberto Fujimori renunció a la presidencia desde el Japón y se inició la transición democrática. Valentín Paniagua primero y Alejandro Toledo después lideraron procesos no solo para cambiar a las personas sino también al sistema; para devolver la confianza al ciudadano y hacer el país viable otra vez.

En ese contexto se publicó en 2002 la Ley 27806, en un intento de adoptar la modernidad dentro de la gestión pública. La ley de aquel entonces contemplaba una serie de obligaciones de transparencia para las entidades públicas y creaba una nueva forma de comunicación entre los ciudadanos y el Estado: las solicitudes de acceso a la información pública. Estas buscaban reemplazar el uso del recurso de hábeas data, que en la práctica era inaccesible para la mayoría de peruanos. El mecanismo era una solución casi ideal: gratuito, obligatorio de responder y con un tiempo establecido de respuesta.  

Pero como cualquier otra norma, el tiempo probó que la Ley de Transparencia no era suficiente. Por ejemplo, aunque las entidades estaban obligadas a responder, no necesariamente brindaban la información solicitada. En otros casos, los formatos de solicitud no eran públicos y los mismos funcionarios desconocían el trámite. Pese a las buenas intenciones, el aparato burocrático estatal no respondió tan bien, quizás porque en muchos casos fue diseñado para favorecer el secreto antes que la transparencia. Aunque se intentó, hubo muchos cambios de forma, pero no de fondo.

Ya en el segundo gobierno de Alan García la sociedad civil y algunos sectores progresistas de la Administración Pública apuntaron a una reforma más integral. Pero es recién durante el gobierno de Ollanta Humala que se toman las decisiones políticas. Por ejemplo, el Estado se suscribe en 2011 a la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa internacional que apunta a mejorar la transparencia en los gobiernos. También se inician una serie de planes con el fin de impulsar el plan nacional de Gobierno Electrónico.

Entre 2011 y 2015, y siempre a iniciativa de la sociedad civil, se gesta una corriente de opinión favorable a la creación de un organismo que velara por el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Hasta el momento, los únicos responsables de entregar información (o denegarla) eran las mismas entidades, que a su vez también resolvían las apelaciones de los solicitantes. Este sistema de ‘juez y parte’ era quizás el mayor motivo por el cual se pedía crear una Autoridad que fuera un tercero imparcial. Además, ya se tenía la experiencia de la Autoridad de Protección de Datos Personales (creada en 2011), que estaba demostrando ser bastante exitosa. No obstante, un nuevo escándalo casi al final del gobierno de Humala cambió los vientos y cualquier iniciativa en materia de transparencia naufragó.

Sin embargo, la experiencia de los años anteriores y la ascensión de Pedro Pablo Kuczynski crearon un escenario ideal para que dichas iniciativas se retomaran. Así, en cumplimiento de sus promesas de campaña, apenas le fueron otorgadas facultades para legislar, el Ejecutivo tomó finalmente la decisión. Con la Resolución Ministerial N° 0268-2016-JUS del Ministerio de Justicia, se creó en setiembre del año pasado una Comisión de Trabajo constituida por ocho miembros representantes de diferentes sectores de la sociedad civil. Su objetivo era elaborar un proyecto normativo que creara –por fin- la tan esperada Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Pese a la brevedad del tiempo, la Comisión de Trabajo intentó por todos los medios posibles transparentar su labor. Se realizaron varias sesiones abiertas al público para recibir opiniones y comentarios al proyecto. En el mundo del “Gobierno Abierto” existen múltiples listas de correos y foros en donde estos temas se discuten casi a diario. Había mucha expectativa, sobre todo porque la mayoría de cargos clave en el Ejecutivo (MINJUS, PCM, ONGEI) estaban ocupados supuestamente por ‘técnicos’ favorables a estos cambios.

“Ha triunfado la forma sobre el fondo. Tenemos una flamante Autoridad de Transparencia que sus mismos gestores repudian”.

El proyecto final fue enviado a revisión en noviembre. Contenía muchas innovaciones, pero algunas de las principales eran que a) se trataba de un organismo con autonomía administrativa y presupuestal, b) tenía entre algunas de sus prerrogativas la de servir como instancia de apelación para solicitudes denegadas e incluso tenía autoridad para ordenar la desclasificación de información y c) tenía poder para sancionar las faltas a la Ley de Transparencia de las entidades. Incluso el MINJUS publicó la noticia en su página web señalando estos cambios.

Lo que pasó después ha sido comentando no solo por los implicados sino por amplios sectores de la prensa y organizaciones involucradas en la lucha contra la corrupción. En manos de la PCM, lo que debería haber sido un mero trámite de revisión y concordancia se convirtió en una (o quizás varias) sesiones de recorte y acomodo. Ha trascendido que toda la voluntad del MINJUS se estrelló de cara con los temores del MEF por crear “un organismo autónomo más” y no pocas objeciones de otros Ministerios acostumbrados a trabajar sin rendir cuentas a nadie.

El Decreto Legislativo 1353 que crea la Autoridad es una norma mutilada que legalmente hablando tiene muy poco que aportar. No es un organismo autónomo como se pensó, sino una dependencia más dentro del MINJUS. Por ese motivo no tiene el poder para revisar la información que ha sido declarada injustificadamente como reservada o secreta. Tampoco para establecer sanciones efectivas para los funcionarios públicos que incumplan la Ley de Transparencia. La Comisión de Trabajo dibujó un tigre y los burócratas de la PCM le borraron los dientes. De hecho, el ensañamiento fue tal que días después la Fe de Erratas tuvo que cambiar la norma, literalmente. Sin darse cuenta, o a propósito, no solo quitaron todo lo nuevo sino que incluso empeoraron lo que ya se tenía. Por ejemplo, ¡habían extendido el plazo de respuesta de las entidades de 8 a 10 días!

Ha triunfado la forma sobre el fondo. Tenemos una flamante Autoridad de Transparencia que sus mismos gestores repudian. Ha estallado Lava Jato. Alejandro Toledo tiene orden de captura internacional. Los demás políticos tiemblan en sus fueros internos. Pronto Barata dará más nombres, algunos de los cuales seguramente forman parte de este gobierno. Si necesitábamos algún gesto de Kuczynski para convencernos de que puede haber algo de esperanza entre tanto desconcierto era este. Y todo parece indicar que la esperanza ha sido una vez más defraudada.