Uno de los temas más debatidos (y tergiversados) en estos meses de transición política, ha sido el de los programas sociales.  ¿Funcionan o son meros paliativos?  La pregunta es simple, la respuesta no.

Entre 2010 y 2015 la pobreza monetaria se redujo del 37% al 22% y la pobreza extrema del 8% al 4%. Son cambios considerables, sobre todo el primero. El factor principal de este descenso fue el  crecimiento sostenido del PBI de un 6% en promedio durante la última década. Pero los programas sociales son responsables por un 20% a un 30% de este descenso en la pobreza. La razón es simple; para la población sin educación, sin carretera, sin agua ni luz ni otros activos, el crecimiento del mercado les pasa por delante sin incorporarlos. Para éstos, los programas sociales deben cumplir un rol de protección y uno de habilitación y promoción eventualmente.  Pero hay más, solo el crecimiento económico  no puede bajar la desnutrición crónica, frenar el embarazo adolescente o disminuir el abandono de niños entre otros problemas. Para ello son indispensables las políticas y programas sociales.

¿Cuáles han sido sus logros? En los últimos 5 años la desnutrición crónica bajó del 23% al 14%, la brecha de pobreza se redujo del 9% al 5%, los hogares con servicios completos subieron del 59% al 67% y la pobreza extrema sería del 7% y no del 4% sin las transferencias de los programas sociales. La anemia por el contrario tuvo un descenso modesto, del 38% al 33% en el mismo período 2010-15. Logros hay y sería una mezquindad el no reconocer el esfuerzo del gobierno del presidente  Humala,  aunque éstos resultados sean insuficientes.

¿Cuáles son los retos entonces, que falta? En primer lugar mejorar la gestión de la política social la que sigue estando dispersa en una docena de dependencias públicas con 26 programas de los que el MIDIS solo ejecuta 6. Pese a ser la instancia normativa en política social, los mecanismos de coordinación inter-sectorial y el liderazgo del MIDIS son aún  muy débiles. JUNTOS por su cobertura y buena focalización, debería ser la columna vertebral a la que se articulan todos los demás programas sociales, en especial en el área rural. El segundo reto en cuanto a gestión es la mayor articulación entre la política económica y la social. Las políticas de empleo, de ampliación de la educación técnica, la mejora de la calidad de la educación superior, el re-lanzamiento de los programas de micro-crédito y asistencia técnica para mejorar la productividad de las PYMES, su formalización y sobre todo la mejora de la infraestructura (agua y saneamiento, vialidad, internet, etc.) son indispensables para mejorar la equidad. Todas estas  son medidas transversales con efecto multiplicador tanto en lo económico como en lo social. El tercer reto es la descentralización de la política social, en especial de la función protectora a nivel de los gobiernos locales. Para ello se necesita capacitación, asistencia técnica y supervisión desde el gobierno central. Ello supone reforzar y descentralizar SERVIR, mantener actualizado y generalizar el uso del SISFOH y el padrón nominado y extender la experiencia del monitoreo social que hoy lidera el MEF en algunas regiones a todo el país, bajo el  liderazgo de las autoridades locales.

Como bien lo ha señalado la ministra Aljovín, se había descuidado en el  gobierno anterior las soluciones para la pobreza urbana, pese a que  en las ciudades viven casi la mitad de los pobres del país.  Problemas como los niños en y de la calle, el trabajo infantil, el embarazo adolescente, las pandillas, la desintegración familiar y sus secuelas son problemas sociales típicamente urbanos para los cuales no se han aplicado medidas de prevención y protectoras eficientes. Pero hace falta asimismo una mirada innovadora que promueva oportunidades económicas para los pobres en las ciudades; convertir los comedores populares en restaurantes populares manejados por empresas de mujeres; ampliar la cobertura de los programas de capacitación y empleo juvenil como Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo, ampliación de becas y crédito educativo a cargo de PRONABEC basada en estudios prospectivos de la demanda laboral,  son medidas habilitadoras que a mediano plazo contribuyena la superación autónoma de la pobreza que debe ser el objetivo central de la política social.

También en el medio rural deben priorizarse los programas habilitadores y promotores de oportunidades económicas, no solo basadas en la agricultura, sino también en  otros activos arqueológicos, históricos y culturales. La diversificación económica y la puesta en valor y rescate de este patrimonio pude significar oportunidades de trabajo para los jóvenes rurales, en especial los andinos y amazónicos, y al mismo tiempo contribuirá fortalecer su identidad cultural.

En conclusión, los programas sociales han cumplido una etapa que priorizó la protección de la población más vulnerable.Sin descuidar a ésta, el nuevo giro de la política social debe ser hacia la creación de capacidades y la promoción de oportunidades económicas que permitan a los pobres valerse por sí mismos e integrarse a la modernidad sin perder su identidad y dignidad.