En una situación de mercado el encuentro de demandantes u oferentes es clave en función a un precio y cantidad de equilibrio siendo todo lo demás constante, y en ello radica -como elemento crítico- el libre acceso y transparencia a propósito del bien o servicio sometido a este régimen de mercado.

El tipo de bien o servicio, entonces, y su claridad es componente básico.

¿Qué ocurre si se pervierte la naturaleza y claridad de este producto? ¿Acaso basta la regulación para evitar que ese bien sea sujeto y objeto de “otro tipo de uso”? ¿Qué sucede –en concreto- si es un bien o servicio público como la salud, educación o la misma cultura?

¿Por qué debe ser un bien público?

“La salud no lo es todo, pero sin salud todo lo demás en nada”, es una frase atribuida a la filosofía nihilista del alemán Arthur Schopenhauer que no obstante ateo, es recurrente aquel mantra que –en su momento- se aprendió de las épocas escolares con los jesuitas en las misas de la semana: aquello de “danos salud y trabajo: salud para poder trabajar y trabajo para poder tener salud”.

En una economía de libre mercado, aún en este contexto, la salud es bien público y así debe quedar.

Como derecho fundamental, la salud se ubica en –prácticamente- toda legislación mundial sobre los derechos humanos; es un derecho vinculado a otros derechos humanos fundamentales:

Desde los derechos laborales pasando por los derechos en educación, derechos sexuales, derechos de minorías; hasta aterrizar en derechos al agua potable, saneamiento e infraestructura y salud materno infantil.

La salud no debe ser expuesta a una clase empresarial que tras dos siglos poco o nada ha aprendido de republicanismo y de democracia, donde la gestión y modelo de negocio para esta casta de empresarios sólo sabe de mercantilismo, monopolios y –de manera más reciente, tres décadas atrás- de un neoliberalismo rapaz.

Usted mencione el tipo de derecho, y ahí encontrará –transversalmente- a la salud.

Cada uno y a su manera: Schopenhauer, el ateo y los jesuitas, “esos agnósticos con sotana” llevaban razón.

La salud debe asegurar que sea parte esencial de un sistema integrado de protección. Pero una protección divorciada –por ejemplo- del lucro, evitando que las políticas de prevención sanitarias no se expongan a las disrupciones o vicios típicos de los mercados privados colgados a una muy “mediana” clase empresarial o élite de empresarios.

Perversiones del mercado y su “casta privada” traducidas –cómo no- en prácticas monopolísticas y oligopolísticas así como monopsónicas donde no sólo se detectan concentraciones groseras de mercado en bancos, cementeras, cerveceras o medios de comunicación; sino que, y es evidente, la salud está contaminada desde monopolios en cadenas de farmacias, clínicas privadas y compañías de seguros.

El acceso a medicamentos esenciales es parte de la razón de ser de una salud pública básica, donde la y el usuario no sea un terreno –por ejemplo- en Chinchero susceptible a ser pisoteado y usado como un aeropuerto. Y es que destaca, en un entorno de salud pública, el medicamento accesible y disponible que respete –desde la ética ciudadana- las diferencias y la diversidad de una sociedad así como la interculturalidad de esta.

Caso contrario veremos –como señaló la tuitera Karem Mabell– obscenos escenarios donde hay que colocar en la caja de una clínica privada S/ 180 000 [alrededor de US$ 50 000] como “garantía” para acceder a una cama de cuidados intensivos [UCI]; camas –por cierto- escasas en el sistema de salud pública [redes de ESSALUD y Ministerio de Salud] por casos de COVID 19.

O médicos, de acuerdo con medios y agencias independientes como Ojo Público, que dieron cuenta –en reporte fiel- de cómo estos facultativos de las clínicas San Felipe y clínica Delgado del holding financiero Credicorp y del grupo AUNA, respectivamente se beneficiaron del acceso a la “vacunación VIP” donde 487 –entre altos funcionarios públicos y civiles- fueron inoculados entre octubre del 2020 y enero del 2021: entre ellos, el expresidente Martín Vizcarra y allegados.

Y es que en mercados algo perturbados, las compañías de seguros corren en paralelo con los grupos bancarios o grandes holding financieros; y estos, a su vez, corren en la misma línea que las clínicas privadas, cadenas de farmacias y laboratorios.

¿Se entiende no?

La salud no debe ser expuesta a una clase empresarial que tras dos siglos poco o nada ha aprendido de republicanismo y de democracia, donde la gestión y modelo de negocio para esta casta de empresarios –al menos desde el 9 de diciembre de 1824 en los campos de Ayacucho y tras el humo de los cañones, bayonetas y bosta de los caballos- sólo sabe de mercantilismo, monopolios y –de manera más reciente, tres décadas atrás- de un neoliberalismo rapaz.

Y quizás la razón más importante de todas las desarrolladas respecto a porqué la salud debe ser pública:

Tras dos siglos de República nunca se podrá entender y concebir una democracia institucional si no basamos esta en dos pilares: igualdad y oportunidades.

Si continuamos perpetuando la narrativa aquella de “empresa privada eficiente, empresa estatal ineficiente” y extendiendo la idea de que un bien público como por ejemplo la vacuna contra la COVID 19 sea objeto de lucro, esta democracia no sólo será débil sino lejana.

La propuesta

Sin duda un Estado no más grande sino más eficiente no es un cliché.

Alianzas Público Privadas [APP], obras por impuestos [OXI], mejores controles y candados en las compras estatales y reglamentos de medicamentos para privados, más eficaces y eficientes políticas públicas y herramientas de gestión pública así como reformas se alzan como iniciativas de rápida reacción.

Y probablemente una dimensión más especializada resultado de las propuestas anteriores:

Una Autoridad Nacional de Vacuna anti COVID 19: donde participen sociedad civil, sindicatos, organizaciones campesinas, obreras y de trabajadores del sector público y privado; y específicamente y con preminencia del sector salud: médicos, enfermeras y enfermeros, técnicos [sean o no de la red MINSA o ESSALUD].

El Estado -a través de decretos u otros mecanismos constitucionales- brindará la vacuna gratis a esta autoridad. La empresa privada -solamente- consagrará a esta institución la infraestructura necesaria para crear centros de vacunación, apoyando la “sindicalización de la vacuna”.

La salud es un servicio público; si los privados desean participar, bienvenidos: pero no para lucrar.

Tras el desmantelamiento de sindicatos hecho por Fujimori, será una oportunidad para “sindicalizar la vacuna”.

FIN