La corrupción es parte de nuestros sistemas, está enquistada, se ha vuelto endémica. Pero, ¿de qué depende que en unos países sea un poder omnipotente y en otros no sea tan devastadora? Venezuela y Chile son dos casos que, si bien no están en las antípodas, sí representan dos modalidades distintas. En uno, el Estado es capturado para que facilite los negocios de algunas empresas;en el otro el Estado es el objetivo a saquear.

I. Venezuela

El botín de guerra

Hay una anécdota que repiten los venezolanos para hacer entender al resto del mundo por qué y cuándo Venezuela se convierte en el país más corrupto de Latinoamérica: Un exministro del gobierno se acercó a Hugo Chávez, le dijo que tenía información de cómo se estaban desviando fondos y que esa era una de las muchas modalidades de corrupción que campeaban en el país.

El Presidente lo escuchó y luego improvisó uno de sus interminables discursos llenos de lugares comunes en contra de la corrupción. En un punto llegó a una justificación de corte militarista: “Ya ves tú” – le dijo. “En el siglo XIX, durante la Primera y Segunda República, el Libertador no autorizó el uso del botín de guerra. En la Tercera República sí lo hizo y ésta sobrevivió”.

El ex ministro se dio cuenta de que debía alejarse del gobierno cuanto antes. Chávez estaba convencido de que había ocupado militarmente un territorio y dejaría que saqueen el Estado porque era su botín de guerra.

Resulta paradójica esta justificación de la corrupción en boca de un personaje que dio un golpe militar contra Carlos Andrés Pérez para supuestamente combatirla, y que acuñó el término “poder moral”. Durante el régimen de su antecesor la corrupción fue enorme para deleite de ese mandatario y sus doce apóstoles (no fue en Perú donde se acuñó el término). Según el abogado constitucionalista Pedro Nikken: “Bajo el antiguo régimen hubo muchos casos de corrupción, pero si los comparamos con los de estos años, quienes los cometieron pasan a ser pordioseros”.

La corrupción es un mal de larga data cuyo origen muchos ubican en la época virreinal, cuando Caracas era una capitanía general, es decir, la última rueda del coche del régimen colonial. Según Mercedes de Freitas, directora de Transparencia-Venezuela, la única institución que tiene una propuesta anticorrupción para el país, “las clases políticas siempre han usado el Estado para financiarse, pero había ciertos controles, como que el contralor fuera de un partido distinto al del gobierno. Ahora no hay contrapesos ni diferencias entre el gobierno y el partido”.

El rentismo petrolero sirvió de combustible para avivar ese fuego que fue quemando la reserva moral del país. “La plata llega fácil” era una forma de vida y por eso es que se engancha a un estilo de clientelismo y de reparto del botín a manos llenas.

El punto de inflexión fue la intervención de Pdvsa después de la huelga petrolera, a fines de 2002. Despidieron a muchos trabajadores de esa industria y un exguerrillero fue nombrado presidente de la compañía petrolera. Al mismo tiempo, eliminaron las tres contralorías que la fiscalizaban. Ese es el momento en el que se abren las compuertas para que Chávez dispusiera del dinero a manos llenas.

La empresa se convirtió en un recipiente que contenía diversas formas de corrupción: contrabando, negociados con el combustible, compras con sobreprecio de Bariven y Pdvsa Servicios, alimentos descompuestos comprados por Pdval, contratos irregulares durante la emergencia eléctrica, sobornos en la adquisición de taladros, estafas con las plataformas petroleras, negocios fraudulentos en el proyecto de la Franja del Orinoco, fraude masivo en el fondo de pensiones.

Chávez nombró como jefe de la Oficina Nacional del Tesoro a Alejandro Andrade, un teniente con el que tenía un deber moral por haberlo dejado tuerto. Esto ocurrió cuando eran jóvenes y estaban en la Escuela Militar, un día en el que jugaban “fichita”, un juego parecido al beisbol en el que se batea una chapa en vez de una pelota. Chávez erró el tiro y la chapa fue directo al ojo de Andrade.

El ojo de Andrade salió caro. El modesto teniente utilizó la institución para realizar operaciones con bonos de la ONT por un monto aproximado de 7 mil millones de dólares. Hoy es uno de los hombres más ricos del país y vive como un jeque árabe entre República Dominicana y La Florida. Según el investigador Carlos Tablante, “ahora es colaborador del gobierno norteamericano en las investigaciones que realiza sobre actividades ilícitas de otros miembros de la cúpula chavista”.

Nicmer Evans es el joven dirigente de Marea Socialista, una agrupación política que apoyó al chavismo durante los primeros años, pero que ha marcado distancia y ahora es de oposición. Su crítica apunta a desenmascarar la fachada socialista de un gobierno que predica una cosa y hace otra. Manifiesta: “Los que tienen el control de la renta petrolera sacan el dinero del país, mientras que imponen una ley de control de cambio justamente para evitar la fuga de capitales”.

Existe una triangulación que permite la fuga de capitales en la que están implicadas las empresas importadoras, un sector de la burocracia y el Banco Central de Reserva de Venezuela. “En los años anteriores a Chávez se había producido una fuga de capitales de 164 millones de dólares. ES más, el mismo gobierno la estima entre los 300 mil y 500 mil millones de dólares”, añade Evans.

En un momento existieron cuatro tipos diferentes de cambio que permitían – por medio de mecanismos perversos – convertir un dólar en mil solo en un mes (una réplica del dólar MUC peruano). El gobierno creó la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) que solo sirvió para liquidar – en once años- 230 mil millones de dólares destinados a la importación de bienes y servicios.

Los negocios cambiarios han enriquecido a los funcionarios de turno. El negociado ha estado en las importaciones.Las importadoras abrían empresas en otros países para recibir los dólares en el exterior y los revendían cien veces más caro. Las personas que tenían acceso al dólar preferencial y lo cambiaban en el mercado negro han hecho fortunas fabulosas.

En 2012 el exministro de Finanzas, Jorge Giordani, denunció que se estaban importando “escombros”. Se encontraron cerros de alimentos a punto de vencer, que fueron comprados a precios exorbitantes y que terminaron pudriéndose en los puertos. Se pagaron millonarias comisiones por turbinas eléctricas que son tubos inservibles.Luego, cuando Giordani ratificó que ese año se había producido una fuga de capitales de 20 millones de dólares, fue destituido.

Pero como todo tiene su final y nada dura para siempre, la caída del precio del petróleo llevó al país a la crisis económica. Si durante el gobierno de Chávez el salario mínimo llegó a los 800 dólares mensuales, hoy es de 22 dólares mensuales (al que se agrega un bono alimenticio que equivale al doble del salario mínimo). Los astros confabularon en contra de Maduro a quien solo le quedaron migajas que repartir.

Los nuevos ricos

El derroche siempre viene acompañado de malas artes. La subida del barril de petróleo y el tipo de cambio diferenciado fueron detonadores que permitieron la formación de una nueva casta afín y parásita del Gobierno, a la que el ingenio venezolano, caracterizado por su facilidad para inventar palabras sonoras, ha denominado boliburguesía.

Se han hecho famosas las llamadas “empresas de maletín”, que en el Perú se llaman “fantasmas”. Cerca del 40% de las empresas que adquirieron dólares a través del sistema de control cambiario pertenecía a esa categoría. Según Tablante, “el funcionario de Cadivi, William Rojas Graterol, admitió ante el Ministerio Público haber creado 30 empresas de maletín entre 2010 y 2013”.

A varios de estos boliburgueses los puso en evidencia la Red de Delitos Financieros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos cuando descubrió que el Banco de Andorra era un centro de lavado de activos de funcionarios y empresarios venezolanos que se enriquecieron durante quince años y que manejaron miles de millones de dólares. El banco les cobraba comisiones muy altas pero les aseguraba el anonimato. Los clientes no tenían nombre sino un número. Esto era vital para los funcionarios de Pdvsa que desviaron fondos a través de empresas ficticias y otras complicadas triquiñuelas financieras.

A inicios de 2015 se reveló la lista de altos funcionarios, entre los que estaban exministros del sector petrolero y eléctrico, exdirectivos de Pdvsa, el exdirector de la Dirección de Inteligencia, el exviceministro de Seguridad Ciudadana y Relaciones Exteriores para Asia y Medio Oriente y el mayor asegurador y el intermediario de seguros de PDVSA. Este último es Diego Salazar Carreño, quien, además de los negocios con la petrolera estatal, era representante de las empresas chinas, iraníes y bielorrusas en Venezuela que ejecutaban los programas y obras del Fondo Chino-Venezolano.

En su libro El gran saqueo, Carlos Tablante y Marcos Tarre hablan de cleptocracia y kakistocracia en Venezuela. Sorprende leer cómo es que esta casta de funcionarios chavistas que no tenía ninguna experiencia previa en negocios, “se abalanzaron sobre las finanzas públicas convertidos en neobanqueros”, cuando se inició el control bancario. La modalidad fue la siguiente: compraban una entidad bancaria con depósitos del Estado, obtenidos por medio de sobornos a los tesoreros de esas instituciones. Y después adquirían otras instituciones financieras usando depósitos públicos, autopréstamos, recursos de los ahorristas y operaciones simuladas con bonos públicos.

Tablante y Tarré sostienen: “A fines de 2009 la situación se volvió insostenible y el Gobierno tuvo que intervenir siete bancos. Estalló así la minicrisis financiera que duró dos años. Luego de la intervención y apertura de algunos procesos judiciales, todos los imputados están con libertad condicional. Otros huyeron y viven en exilios dorados”.

No existe una ley que frene el nepotismo, que es otra manera de enriquecer a familias enteras ligadas al poder. Según Poderopedia, un portal web que estudia las relaciones de poder, cuando Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, fue diputada en la Asamblea Nacional durante tres legislaturas contrató a 37 familiares para que trabajen en el Parlamento.

El caso de la familia Cabello es sorprendente. Diosdado Cabello es el expresidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el número dos del chavismo. Poderopedia señala a seis miembros de su grupo familiar que han tenido altos cargos en la administración estatal: una ministra de turismo, un ministro de industrias, un superintendente nacional de Bienes Públicos, un ex director del despacho de la Gobernación de Miranda, una consejera de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas y un presidente de Pdval. Además, en el Servicio Nacional de la Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) hay una docena de funcionarios con altos cargos que tienen vinculación familiar con el superintendente José David Cabello.

Existe una triangulación que permite la fuga de capitales en la que están implicadas las empresas importadoras, un sector de la burocracia y el Banco Central de Reserva de Venezuela.

Unos con el pan bajo el brazo y otros con la salud resquebrajada

El país importa el 70% de lo que come. No funcionó la expropiación de 4 millones de hectáreas de tierras agrícolas para producir alimentos. En 2008 Chávez decreta el plan alimentario de emergencia y crea Bariven, una filial de Pdvsa encargada de la compra nacional e internacional de alimentos. Se gastaron más de 2400 millones de dólares en la compra de productos alimenticios. Del millón de toneladas de comida comprada sólo se entregó el 14%; el resto se pudrió en los contenedores de los puertos.

Muchas de las empresas de maletín adquirían alimentos con dólares preferenciales. Se ha descubierto que muchas veces los cargamentos llegaban con cantidades bastante menores a las que aparecían en las facturas. Incluso, a veces no llegaban, o llegaban en estado putrefacto o con fechas de vencimiento eminente.

La periodista Arysbell Arismendi ha investigado la conformación de una élite de militares – 36 oficiales del ejército – que ocupó cargos ministeriales y viceministeriales y, paralelamente, fueron directores de nueve empresas públicas. Ellos han manejado 100 mil millones de dólares para la importación, producción y distribución de alimentos durante los tres primeros años del gobierno de Nicolás Maduro. También han tenido a su cargo el diseño y la evaluación de las políticas públicas en materia alimentaria. Arismendi ha revisado más de 1200 documentos públicos para identificar los nombramientos de los integrantes de este grupo selecto.

Otro de sus destapes ha sido el relacionado con el militar Luis Medina Ruiz , presidente de la Corporación Única de Servicios Alimentarios, una instancia recién creada por Maduro para intentar revertir la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Su investigación la llevó a detectar que Medina es propietario de una distribuidora de enlatados y productos básicos que contrató con el Estado. Evidente conflicto de intereses, por decir lo menos.

La salud de los venezolanos se ha resquebrajado. CodeVida es una coalición que vela por el cumplimiento de los derechos en este campo. Su presidente, Feliciano Reyna, sostiene que ya se han reportado muertes por desnutrición: 90% de los médicos a nivel nacional han reportado que se les están muriendo los pacientes por falta de medicinas.

En el Seguro Social han empezado a racionar las dosis de los medicamentos. Lo grave es que no discriminan y también hay subdosificación a pacientes con hemofilia. En este organismo también se ha detectado corrupción: “Por ejemplo, a un paciente le hacen firmar una declaración en la cual sostiene que le han dado 100 pastillas, cuando en realidad le han dado 90. Las 10 pastillas que no se declaran están fuera del inventario y se revenden”, sostiene Reyna.

Otra modalidad de la corrupción es la que reporta el portal Runrunes en uno de sus artículos de investigación. En 2007, Jesús Mantilla, un militar que fue ministro de Salud, inició la remodelación de los hospitales públicos. Lo que no tiene explicación es que hasta la fecha no se han terminado las obras. El hospital Pérez Carreño fue remodelado unas 20 veces y continúa en obras.
Y otro dato “curioso”: de los 16 ministros de Salud del gobierno bolivariano solo cinco han sido médicos; el resto calza botas.

II. Chile

La corrupción invisible

Chile, el magnífico, se miró un día en el espejo y descubrió que era un país latinoamericano más; con los mismos problemas de aquellos a los que solía observar con curiosidad y distancia; con un diseño institucional corroído por apetencias económicas, creado a la medida del pequeño grupo de familias que monopolizan la riqueza del país.

Hace algunos meses el panorama parecía desolador. Los escándalos de corrupción afectaron la autoestima nacional y se incrementó la desconfianza hacia todo el sistema político, lo cual es peligroso en un país de por sí muy desconfiado.

Y es que Chile siempre ha encabezado, junto con Uruguay, la relación de países en América Latina con la percepción más baja de corrupción, de acuerdo a los estudios realizados por Transparencia Internacional. La corrupción en Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos, no se encuentra en la cotidianidad. El chileno de a pie no resuelve sus problemas mediante la coima. Sin embargo, sí existe corrupción y de las grandes.

Desde hace dos años se han empezado a revelar una seguidilla de casos que evidencian la estrecha e ilegal relación entre el poder económico y el político. Las investigaciones, llevadas a cabo por la Fiscalía, han determinado que la misma elección presidencial fue contaminada por la subvención de las empresas privadas a través de mecanismos ilegales.

La ley que estuvo vigente hasta principios de este año permitía que se financien las campañas políticas de manera secreta, y los grandes grupos económicos entregaban cantidades generosas. Este financiamiento secreto – pero legal – tenía algunas regulaciones como el fijar montos máximos. Si la empresa quería aportar más o financiar de manera permanente a un parlamentario, como ya se ha descubierto, solo podía hacerlo al margen de la ley.

El financiamiento ilegal se entregaba por medio de boletas falsas. (Los empresarios o su personal de confianza entregaban boletas por servicios que nunca se prestaron, lo cual además les permitía deducir impuestos.) Estas formas de financiamiento se empezaron a aplicar desde el retorno a la democracia.

De hecho, el grupo Angelini- los magnates de la pesca en Chile- financió la campaña del No, lo cual le permitió tener una gran llegada con las autoridades del primer gobierno democrático, que desde el primer día dictó medidas para favorecer a Corpesca.

Pero la gran corrupción no empieza con la democracia. Lo que ha habido en Chile, más bien, es una continuidad. La transición no tocó ese tipo de delitos, sino todo lo contrario. El periodista Rafael Matamala, autor del bestseller Poderoso caballero, señala: “En la dictadura hubo una corrupción bastante más grosera, con una serie de privatizaciones fraudulentas en las cuales personas del régimen terminaron como dueños de esas empresa. Cuando se acabó la dictadura, una de las primeras medidas que se esperaba que tomen los gobiernos democráticos era revisar las privatizaciones. El yerno de Pinochet se da cuenta de ese peligro y comienza a financiar muy rápido a los diversos partidos políticos.”

Los casos de las boletas “ideológicamente falsas”

Penta era, hasta hace algunos años, un grupo económico sólido, dedicado al negocio de los seguros, la salud, la inmobiliaria y la educación. Fue creado a mediados de la dictadura de Pinochet y se benefició de la crisis económica de esos años. A finales de ese periodo adquirió una serie de empresas, entre ellas el Instituto de Seguros del Estado.

A pesar que la relación de Penta con la UDI (partido de derecha) era notoria, la Fiscalía determinó que para pasarle dinero a los políticos de esa agrupación se generaron boletas y facturas “ideológicamente falsas”. (Este es un término que se ha popularizado mucho en los últimos tiempos en Chile. Se trata de documentos verdaderos pero que aluden a un servicio que nunca se brindó.)

Para poder ampliar los montos de financiamiento, los políticos involucrados hicieron que sus allegados también girasen las boletas. María Oliva, una de las principales periodistas de investigación de Chile, y quién mejor ha documentado el caso, describe las dimensiones de esta financiación: “Se comprometió a las secretarias, a los junior, a muchos otros ejecutivos. Le pedían boletas hasta al hombre que les lavaba el auto en la puerta de su oficina con tal de pagar menos impuestos. El sentido de lo que venía ocurriendo raya en lo insólito y grotesco”.

El generar boletas “ideológicamente falsas”, además del financiamiento ilegal, beneficiaba a la empresa que disminuía el pago de impuestos, al registrar gastos en las dichosas boletas y consignar menos utilidades.

Siguiendo las huellas de Penta se llegó a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Se descubrió que una de las personas que emitió boletas ideológicamente falsas para el primer grupo también lo hizo para el otro.

En tiempos dictatoriales se privatizó esta empresa con el cuento de que estaba quebrada para poder privatizarla. Quien finalmente se quedó con la empresa fue el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Leroú, quien en 1981 había sido uno de los gerentes de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), la principal accionista de las grandes empresas del Estado.

La privatización de SQM fue el inicio de un proceso que incluyó a otras empresas consideradas estratégicas. Resultó extraño que los militares decidiesen transferirla a manos privadas. Sin embargo, la alianza entre Ponce Leroú, Hernán Büchi – que era el ministro de Hacienda y después fue candidato a la presidencia- y los Chicago Boys lograron este cometido entre 1986 y 1988, al final de la dictadura. Ponce había tenido a su cargo la industria forestal en el sur, pero tuvo un traspié y fue cuestionado por la misma gente que acompañaba a Pinochet. Dejó el cargo y pasó a la sombra.Luego reapareció en el momento de las privatizaciones y se quedó con SQM.

Con el retorno de la democracia, Ponce Lerou y su gerente general encontraron la fórmula para garantizar que los procesos mediante los cuales adquirieron las propiedades –turbios sin lugar a dudas – no fueran revisados.

A diferencia de Penta, que solo financió a la UDI, SQM repartió su dinero entre todo el abanico de partidos políticos chilenos, desde la derecha más pinochetista hasta la izquierda más moderna. Desde Pablo Longueira hasta Marco Enríquez-Ominami, hijo del asesinado secretario general del MIR, Miguel Enríquez. De las arcas de SQM se repartió dinero a muchos personajes, entre ellos abogados, empresas de comunicación, políticos, etcétera.

En el caso de Enríquez- Ominami se involucró a su jefe de campaña, que recibió más de 300 millones de pesos. También se ha descubierto que una empresa brasileña, que está siendo investigada en Brasil, puso a su disposición un avión con el que se paseaba por todo el país en la última campaña.

El escándalo de SQM no deja santo parado en la política chilena. También hay muchos políticos de la Concertación implicados en este caso. Entre ellos, el demócrata cristiano Marcelo Rosas, el lobista socialista Enrique Correa y la alcaldesa de Santiago Carolina Tohá.

Del caso SQM se desprendió un subcaso: todo comenzó con el correo electrónico que envió el gerente general de esa empresa, Francisco Contesse, al parlamentario de UDI, Pablo Longueira, en relación a un artículo de la ley del royalty minero. (El royalty es una regalía que debe pagar quien explota el recurso natural de un país.)

El senador Longueira hizo un cambio menor al encabezado y se lo mandó al Ejecutivo que incluyó el artículo en el proyecto de ley que se aprobó. El agregado solo beneficiaba a SQM, ya que le permitía acogerse a la invariabilidad tributaria, un beneficio reservado a las empresas extranjeras. Quien firmó el contrato con la empresa fue el ministro de Economía de aquel entonces: el mismo Pablo Longueira.

La periodista Francisca Skoknic precisa: “La firma es una vuelta de tuerca completa. Pero el senador no recibía de manera individual la plata, sino a través de otras personas, quienes se encargaban de emitir la boleta. Esta es otra de las complejidades del caso. Este señor tenía unas fundaciones, supuestamente esa plata llegaba para las fundaciones y eso es lo que se está investigando. Desgraciadamente es muy difícil probar el cohecho. Esa es la gran dificultad de los fiscales”.

La ley que más escándalo ha suscitado ha sido la ley Longueira, llamada así porque fue promovida por el exministro de economía de la UDI en el gobierno de Piñera, el ya conocido Pablo Longueira. Ésta le otorgó a siete familias el derecho de explotar por 20 años (plazo renovable) unos recursos que le pertenecen a todos los chilenos.

Pescaditos “ideológicamente falsos”

Corpesca es una gran corporación comercial dedicada a la pesca y controlada por el grupo el Grupo Angelini, cuya producción anual equivale al 6% de la oferta mundial de harina de pescado.

La investigación fiscal cobró ribetes de escándalo cuando determinó también que personal de esa megaempresa también emitió boletas “ideológicamente falsas”.

La pesca es un sector regulado y, como tal, desde el inicio de la democracia, el gobierno y el parlamento han tenido muchas presiones e incentivos económicos para que se beneficie a las empresas más influyentes. La primera ley se dio en el gobierno de Patricio Aylwin y tuvo el objetivo de no perjudicar los intereses del grupo Angelini que fue el que financió a la Concertación.

La ley que más escándalo ha suscitado ha sido la ley Longueira, llamada así porque fue promovida por el exministro de economía de la UDI en el gobierno de Piñera, el ya conocido Pablo Longueira. Ésta le otorgó a siete familias el derecho de explotar por 20 años (plazo renovable) unos recursos que le pertenecen a todos los chilenos. En caso que el Estado quisiera en el futuro recuperar la soberanía de estos recursos tendría que pagar millonarias indemnizaciones.

Además de Pablo Longueira, otros políticos implicados en esta relación con Corpesca son la exdiputadade UDI, Martha Isasi, y el exsenador, también de UDI, Jaime Orpis. A Isasi se le acusa de haber recibido 25 millones de pesos para que apoye la ley. En el caso del ex senador Jaime Orpis, se le acusa de la emisión de boletas “ideológicamente falsas” por 233 millones de pesos. El parlamentario fue desaforado y acusado de cohecho, fraude al fisco, delitos tributarios y lavado de activos.

La respuesta del Estado

A raíz estos destapes que puso en jaque su gobierno, la presidenta Bachelet creó a una comisión con el objetivo de proponer cambios de fondo en los organismos del Estado. Este Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, presentó un informe con recomendaciones, muchas de las cuales se han convertido en leyes.

La presidenta convoco a 15 expertos para que integren la comisión. La composición fue heterogénea en lo ideológico, todos eran independientes de los partidos políticos. Esa naturaleza no partidarizada generó una resistencia inicial, pero la seriedad de su trabajo la convirtió en un referente en los temas de lucha contra la corrupción, y logró el consenso en los diferentes actores políticos e institucionales.

El politólogo e integrante de la comisión, Claudio Fuentes, señala: “Primero dijimos que queríamos una Comisión que no piense en dos años sino en 20, y para pensar en 20 teníamos que pensar en el sistema político y en el financiamiento, pero también en el Estado, el sector privado y la sociedad. Es una mirada de largo plazo. La idea era diseñar una hoja de ruta”.

Se han aprobado tres leyes relacionadas al financiamiento de los partidos políticos. Con la nueva legislación se prohíbe el aporte privado a los partidos políticos.El Estado financiará a los partidos y los aportes individuales deberán ser públicos con un monto máximo. También se han establecido algunas normas sobre el funcionamiento de las organizaciones como, por ejemplo, que las decisiones se adopten mediante el sistema de “un militante, un voto”.

A pesar de estos avances, existen también voces críticas. Rafael Precht, de Chile Transparente, considera que muchas de las cosas que se han impulsado como reformas son modelos académicos ideales, y que si no se hacen cargo de la cultura que está detrás del delito de corrupción terminaran fracasando.

Hay otros que perciben que el énfasis puesto por la Comisión en las instituciones públicas no es el mismo que ha puesto en las privadas. “El riesgo siempre va a ser que cambie todo para que nada cambie”, sostiene.

Con el retorno a la democracia hubo algunos cambios institucionales, pero al poder económico se le mantuvo incólume. “Por ellos no pasó la transición a la democracia. Se ha creado un aparato que legaliza todas estas prácticas inmorales, que concentra el poder en pocas manos, y que es inamovible e independiente de quien esté en el poder, sea de izquierda o de derecha.”, sostiene Pablo Collada, miembro de Ciudadano Inteligente, una de las pocas instituciones que se dedican a estudiar el tema de la corrupción en Chile.

Rafael Matamala coincide con él y hace hincapié en que el punto principal en una agenda de transformación debe ser una mayor regulación de la concentración del poder económico: “La mayor amenaza a la democracia en Chile es la enorme concentración del poder en un grupo muy limitado de personas que son las cabezas de los grupos económicos. Se ha hablado mucho del tema de corrupción, de cómo generar más transparencia, pero poco de la excesiva concentración del poder económico que siempre va a querer transformarse en poder político.Es muy difícil tener una democracia que realmente funcione porque el poder económico siempre va a encontrar fórmulas o maneras de generar influencia”.

Sin embargo, a diferencia de su hermano Venezuela, Chile tiene instituciones sólidas, como la Fiscalía y la Contraloría, que están haciendo haciendo su trabajo contra viento y marea. Los casos reseñados se están investigados a profundidad y se han aprobado normas importantes para evitar que la historia se repita.

Desgraciadamente, en Chile también son muy sólidos los grupos corruptos enquistados en el poder, esos que no cayeron cuando cayó la dictadura, a diferencia de Venezuela, donde todo lo sólido (bueno y malo) se desvanece en el aire.