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El consenso fácil: un gobierno débil

A un año de iniciado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la mayoría de balances coinciden en que se trata de una administración débil. Un Presidente arrinconado por la oposición fujimorista, oposición que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso de la República y cuya lideresa no se habría recuperado aún del golpe de la derrota electoral. Una popularidad que cae en picada ante problemas que se perciben como desatendidos (inseguridad, corrupción, reactivación económica). Y pocos reflejos políticos. Al Ejecutivo le haría falta un partido fuerte en el que sostenerse y operadores políticos eficientes dentro de la estructura estatal.

Estaríamos, así, ante un débil gobierno guiado por técnicos sin experiencia política, avasallados de forma permanente por una curtida maquinaria naranja. Esta dinámica habría quedado clara desde la censura al exministro de Educación, Jaime Saavedra. Así las cosas, en poco tiempo podría ponerse en discusión incluso la vacancia presidencial. Algunos señalan que tendríamos un escenario similar al del primer gobierno de Belaúnde (1963-1968), que tuvo que lidiar con la alianza entre apristas y odriístas en el parlamento, ante quienes sacrificó a decenas de ministros.

Considero, sin embargo, que aquel diagnóstico, que destaca la debilidad gubernamental, es poco satisfactorio. ¿Sobre qué términos definir debilidades o fortalezas? ¿Qué intereses, qué actores y qué recursos le dan forma al juego político real? ¿Qué fuerzas son las que configuran la dinámica de la coyuntura actual y qué podríamos esperar en el corto y mediano plazo?

No hay razón para pensar que, automáticamente, oposición y oficialismo se enfrentarán solo por ocupar esas posiciones. ¿Sobre qué versa tal enfrentamiento? En el caso de Belaúnde, en los sesenta, teníamos un bloque oligárquico que frenaba todo intento de reforma. ¿De qué se trata ahora? Tampoco tendríamos por qué esperar que el oficialismo quiera ponerse firme ante una aparente actitud obstruccionista y soberbia de la oposición. ¿Qué ganaría y qué perdería con ello? ¿Qué intereses busca garantizar y qué tanto el fujimorismo realmente los obstruye?

Desaceleración económica. La torta es más pequeña pero el hambre sigue igual

Sugiero una mirada alternativa. Es necesario partir de dos hechos fundamentales. El primero es el contexto económico. No es trivial que las elecciones generales del año pasado se hayan desarrollado en un escenario de desaceleración económica. El ciclo de crecimiento extraordinario del producto bruto interno, que inició en el 2001-2002, llegó a su fin, con claridad, en el año 2014.

Fue el telón de fondo de la estructura de poder que ha marcado los términos de la dinámica política tras la caída de la dictadura. Esa estructura, como sabemos, se configura en los años noventa y no es alterada, en lo sustancial, con la apertura democrática. En la disputa social fundamental, que es la forma en que es distribuido y apropiado el ingreso nacional, han primado los intereses del gran empresariado nacional y extranjero. Este un hecho incontrovertible. La política económica ortodoxa, neoliberal, se ha mantenido hasta hoy, a pesar de que el electorado haya elegido a candidatos que proponían modificaciones.

Bien, esa continuidad no es únicamente ideológica. Supone una estructura de poder en la que el sector empresarial cuenta con mecanismos para asegurar la primacía de su agenda. Presión mediática, lobbies, técnicos en el Estado provenientes de sus propias empresas, financiamiento de campañas políticas, corrupción, etc. Las investigaciones de Francisco Durand sobre la captura corporativa del Estado nos pueden dar luces al respecto.

Ahora bien, aquella primacía empresarial ha sido sostenible, en buena cuenta, no solo por haber tenido el soporte de la mayoría de fuerzas políticas (ahí están, sin duda, el fujimorismo y la red de técnicos, empresarios y simpatizantes de Kuczynski, denominada Peruanos Por el Kambio, aliados de Keiko Fujimori el 2011), sino también porque, aunque sea de forma precaria, el crecimiento ha tenido un correlato de estabilidad de precios, aumento de la inversión privada y pública, crecimiento del empleo, mayores recursos públicos en las regiones y más acceso al crédito.

Con escasa redistribución, el crecimiento detenía, al menos, el empobrecimiento. Recaudando una proporción mínima del producto nacional, el Estado igual contaba con más recursos, porque la torta era más grande. La población -sobre todo urbana y costeña- podía gastar más y, desde el autoempleo o desde el trabajo asalariado, algo, aunque sea poco, se podía ahorrar. Las expectativas de lucro empresarial, siempre insaciables, estaban, asimismo, más o menos satisfechas. Tiempos de bonanza para ellos: 6 de cada 10 soles del ingreso nacional en alza iban a manos de la gran empresa.

Pero la bonanza terminó y los intereses persisten. Aquí está el asunto central. Si la torta a repartir crece a un ritmo menor que las expectativas de los comensales, mantener mi porción de siempre implica quitarle algo a los demás. Debe achicarse el plato de los otros. Gana el más fuerte. Los paquetes de reactivación del 2014 justamente apuntaron a eso y esa es la línea con la que el gobierno actual se mantiene comprometido. El más fuerte, desde los noventa, es el gran empresariado nacional y extranjero.

“Al gobierno no le interesa confrontar con el fujimorismo. Por una parte, no defienden intereses contrapuestos. El empresariado se siente cómodo con ambos actores políticos”

Esta es su visión de la reactivación. Recortar exigencias ambientales para la inversión. Neutralizar organismos fiscalizadores que pueden frenar la apuesta privada o imponer multas (caso de la OEFA, caso de SUNAFIL). Abaratamiento de los trabajadores (el Régimen laboral juvenil o “Ley Pulpín” favorecía, quedó probado, a la gran empresa y ahora tenemos un paquete de reformas laborales más radical). Facilidades tributarias (pensemos en las obras por impuestos y en el recorte del impuesto a la renta). Oportunidades de negocio con el Estado (pensemos en las APP).

Cuando se habla de destrabar inversiones o de luchar contra la “tramitología”, cuando se habla de flexibilizar el mercado laboral, se está hablando de la necesidad empresarial de mantener los niveles de ganancia proyectados, a pesar de la desaceleración. Por supuesto, eso trae consigo que se perjudiquen los trabajadores, que se gesten más conflictos socioambientales y que se afecte la recaudación fiscal. Hoy, por ejemplo, el déficit fiscal es de 2,7% (marzo) y la recaudación ha caído 7,4% el primer semestre del año. Pero el gobierno representa, con prioridad, esos intereses y no otros. Están en el primer lugar de su agenda. Siguen la racionalidad empresarial.

La racionalidad empresarial del gobierno y la racionalidad electoral del fujimorismo

Consideremos ahora un segundo elemento: la racionalidad electoral de las fuerzas políticas. Haya de la Torre, ya en los años setenta, trató de justificar su infame alianza con Odría diciendo que el odriísmo no era un partido real, que existía solo por su líder y que, dada la edad avanzada del ex dictador y la ausencia de bases vivas en su organización, el partido oligárquico se extinguiría, no pasaría el gobierno de Belaúnde. Algo similar podríamos decir del oficialismo. Les interesa gobernar, sí. Necesitan cierta estabilidad, sí. Pero tienen pocos incentivos para querer acumular como partido hacia el futuro. No es el caso del fujimorismo. Tienen el 2021 en la mira y cuentan con un aparato partidario nacional con gran vitalidad.

Si tomamos en consideración el contexto económico y la presión empresarial por mantener (y ampliar) su nivel de captación del excedente productivo, dado su poder real y su manejo del Poder Ejecutivo, entonces el escenario se nos presenta más claro. Al gobierno no le interesa confrontar con el fujimorismo. Por una parte, no defienden intereses contrapuestos. El empresariado se siente cómodo con ambos actores políticos. El enfrentamiento entre Kuczynski y Keiko Fujimori en campaña fue un performance. Al terminar la segunda vuelta el diario Gestión hizo pública la tranquilidad empresarial. Gane uno u otro, todo estaba en orden. Por otra parte, al gobierno le interesa mantener las reformas económicas en la línea ya descrita y asegurar un clima de estabilidad política que calme la ansiedad del sector privado.

Al Ejecutivo no le molesta ceder en lo que sea necesario. No es para ellos una claudicación. Mientras tanto, el fujimorismo necesita jugar a presentarse como una fuerza abiertamente opositora, frontal, pero también con la responsabilidad necesaria para poder extender la mano tras al oponente, tras tenerlo –con mucho histrionismo de por medio- contra el suelo. Necesita hacerlo porque de esa forma acumula réditos políticos para las próximas elecciones. El juego, entonces, parece ser el siguiente: presión opositora, ruido político, empresariado llamando al entendimiento, gobierno tendiendo puentes, equilibrio temporal, presión opositora, etc.

Las contradicciones fundamentales son otras. ¿Se agota el modelo?

En el fondo, los antagonismos de intereses más severos, que parecen estarse desarrollando con más claridad, van en relación a la agenda empresarial y su impacto en las regiones, en los trabajadores y en la población afectada por megaproyectos de inversión. La calma típica de todo primer año parece estar terminando.

La respuesta se expresa, en estos días, con especial contundencia, dada la cercanía del mensaje presidencial. Maestros y médicos en huelga. Una reciente huelga de inspectores de trabajo y de trabajadores mineros. Al mismo tiempo, se van perdiendo empleos formales y se contrae el acceso al crédito. Las condiciones que hacían más o menos soportable el modelo económico, están decayendo. La presión empresarial, en paralelo, es constante. Con el Estado a su servicio, apunta a hacer menos soportable aquel modelo.

La racionalidad empresarial buscará estabilidad (incluido el recurso a la represión, por supuesto). ¿La racionalidad electoral del fujimorismo le llevará a criticar el modelo y así ganar aceptación popular? No ha sucedido todavía, pero no debería extrañarnos. ¿Las otras fuerzas de oposición, como la izquierda, optarán por respaldar al Ejecutivo, dado su anti-fujimorismo y con ello, irónicamente, asumirán los pasivos del modelo en crisis? ¿Qué tanta fuerza tendrán las organizaciones y los movimientos sociales para definir la agenda política, qué canales de representación encontrarán?

Con el decaimiento del crecimiento económico parecemos acercarnos a un punto de inflexión. Queda preguntarnos cómo aquello repercutirá en la estructura de poder y en el juego político real. El juego político es más complejo que la debilidad o la fortaleza del gobierno.

(REVISTA IDEELE N° 272, AGOSTO DEL 2017)