Escrito por Mario Ríos Barrientos Revista Ideele N°272. Agosto 2017

El 26 de setiembre del año pasado, a dos meses de iniciado y a solicitud del Ministerio de Salud, el Gobierno declaró en emergencia los servicios hospitalarios de Lima, mediante el Decreto Supremo N° 038–2016 SA. Esto sirvió para transferir recursos presupuestales al interior de las partidas de las instituciones hospitalarias y recibir recursos presupuestados en la cartera de educación que no habían sido utilizados por dicho ministerio. El argumento fue que la gestión anterior había dejado en colapso operativo la red de servicios de salud, sin dinero para pagar al personal contratado, sin capacidad de tener las farmacias abastecidas de medicamentos y con gran parte de los equipos de los hospitales malogrados.

¿Porque se declaró solo en Lima? ¿Por qué se declaró solo los hospitales del Ministerio de Salud? ¿Por qué no se abordó la crisis estructural del sistema de salud? Son preguntas que nunca pudieron responder las autoridades designadas para ejercer la conducción del sistema de salud. Las promesas del presidente Pedro Pablo Kuczynski eran de incrementar en 0.5% del PBI en el presupuesto destinado a salud y mejorar las condiciones salariales; incluso en el mensaje presidencial de inicio de gobierno se planteó relacionar a la salud como eje del desarrollo, incorporando como políticas claves que el 100% de peruanos tenga agua potable.

¿Que pasó? Se nombró un equipo de conducción del sector salud que renunció en el primer acto a conducir el sistema La declaratoria de emergencia, y las decisiones administrativas que se tomaron en torno a ella, no resolvieron la crisis del sistema hospitalario; por el contrario, lo profundizaron, y al cabo de un año tenemos un sistema de salud no solamente colapsado, sino además ingobernable por la pérdida de autoridad.

El esfuerzo principal está centrado en la sobrevivencia política, sin intentar direccionar reformas importantes que se exigen a gritos en un sistema que atraviesa una crisis crónica, y que no ha logrado atender las necesidades de salud de los ciudadanos; todo ello, producto del poco interés que han tenido las administraciones y los partidos políticos a lo largo de la historia. Los problemas centrales que observamos han sido los siguientes:

a) No se ha roto con la visión de un Ministerio de la enfermedad más que de la salud. No se trabaja desde el enfoque de los determinantes de la salud y se ha perdido una oportunidad relevante de introducir esquemas desde la salud de control de factores que condicionan determinadas patologías de salud. Por el contrario, se ha optado por una alianza con los grupos empresariales para que a través de las reglas se les facilite el desarrollo de sus ganancias aún a costa de la salud de los peruanos. No de otra manera podemos interpretar la decisión de no colocar los estándares establecidos por la OMS-OPS en materia de límites aceptables de los parámetros de consumo de azúcares, sodio y otros en el Reglamento de la Ley de Alimentación Saludable.

b) La debilidad en la autoridad sanitaria nacional se expresa en el retraso y lentitud para abordar las epidemias. En particular, para enfrentar la emergencia epidemiológica producida a raíz del Niño costero, esto ha sido clamoroso. Compras tardías de los insumos para prevenir los brotes epidemiológicos del dengue, zika y otros, que se han presentado con altos niveles de letalidad por encima de lo esperado, son expresión de que la capacidad de conducción y gobierno en la respuesta sanitaria no ha sido resuelta. La crisis, con el proceso de descentralización, se profundizó. En las decisiones que tomó el sector salud en torno a la delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la República no se aprovechó para dictar medidas en este sentido, síntoma de que no se tiene ninguna idea de qué hacer desde la actual administración del MINSA para resolver esta situación. Esto implica un grave riesgo para la vida y la salud de los peruanos, que estamos expuestos a riesgos como consecuencia no de los fenómenos climatológicos, sino de la incapacidad de los gobernantes de diseñar políticas de estado que tengan la protección de la vida como centro.

c) La fragmentación del sistema de salud se ha profundizado, no hay articulación entre los distintos subsectores, las instancias de coordinación están totalmente debilitadas, los procesos emprendidos para lograr una respuesta del sistema prestacional están fuera de la agenda. El Consejo Nacional de Salud que debía ser la instancia de coordinación del sistema de salud ha fracasado en este proceso, no logra fijar políticas integradoras y por el contrario se ha convertido en una rémora para la gestión. Para la actual administración del Ministerio de Salud es prescindible el CNS, al extremo que eliminó la función de la Secretaría de Coordinación del Reglamento de Organización y Funciones. Como resultado tenemos una ausencia de diálogo entre los distintos actores sanitarios y la ineficiencia de nuestro actual sistema en responder de manera articulada a las emergencias y necesidades de salud de la población.

“La debilidad en la autoridad sanitaria nacional se expresa en el retraso y lentitud para abordar las epidemias. En particular para enfrentar la emergencia epidemiológica producida a raíz del Niño costero, esto ha sido clamoroso”

d) Debilitamiento de los organismos de protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, SUSALUD. La superintendencia, lejos de cumplir su rol, se ha dedicado a promover los “Deberes de las personas usuarias de los servicios de salud”, cuando la función para la que ha sido creada es la protección de los derechos de las personas usuarias frente a las instituciones administradoras de fondos del aseguramiento universal en salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud. El servicio de SUSALUD frente a la vulneración cotidiana de los derechos de los ciudadanos no es eficiente, existen demoras en las respuestas, los plazos de los procesos administradores sancionadores son demasiado largos y por lo tanto su rol principal de fortalecer la capacidad rectora del sistema de salud se encuentra en dificultades para lograr su objetivo. No se ha aprovechado la delegación de facultades para fortalecer el sistema de acceso a justicia en salud, fortaleciendo la conciliación y el arbitraje como los más idóneos, por el contrario, es el Estado el que promueve la demora en estos procedimientos llevando a las víctimas a procedimientos largos y estableciendo como estrategia la inaccesibilidad a justicia por ser el principal prestador.

e) Inexistencia de estrategia de sostenibilidad financiera del sistema de salud. Es conocido que somos el país con menor gasto en salud en América Latina, que es de apenas el 5.1% del PBI, cantidad insuficiente para atender las necesidades que existen. Los cambios demográficos y epidemiológicos de nuestro país han hecho que enfermedades crónicas y no trasmisibles ocupen los primeros puestos en causas de morbilidad y mortalidad de la población. Esto lleva a que los gastos en las atenciones de salud se incrementen por las reglas sobre las que se sostiene el complejo médico industrial. En el Perú, las reglas actuales de un neoliberalismo extremo han producido que nuestro sistema de salud tenga que comprar medicamentos a precios mucho más altos que el promedio de países en América Latina, cono es el caso del Atazanavir, medicamento de segunda línea para el VIH, que en la región se vende de 1.40 soles a 2.50 soles,y hasta 3.50 soles en países como Bolivia, Brasil y Colombia. Sin embargo, nuestro Gobierno lo compraba a 29 soles y, producto de la protesta, la Bristol Myers Squib (BMS) lo vende a 19 soles. La explicación es sencilla, INDECOPI le reconoce la propiedad intelectual y le ha dado exclusividad para la comercialización interna, no pueden entrar otros proveedores al mercado nacional y el Gobierno se niega a usar las salvaguardas establecidas por la Organización Mundial de Comercio, que pasa por declarar este medicamento de necesidad pública a fin de que se pueda otorgar las licencias obligatorias. Un problema ideológico convertido en un instrumento de afectación de derechos, el Estado debe pagar más de 20 millones de soles anuales a la BMS sin ninguna explicación. Sin embargo, tenemos un Seguro Integral de Salud (SIS) con más de 15 millones de afiliados y con 1, 670 millones de soles de presupuesto, que no alcanza para cubrir las necesidades de atención de las poblaciones necesitadas y en permanente crisis. La manera de enfrentar la falta de recursos para este SIS es excluir a la población no pobre. Entonces, un seguro que debía a ayudar a la protección financiera de las necesidades de salud de los ciudadanos se ha convertido en un instrumento de exclusión, que niega servicios de salud que son altamente costosos a ciudadanos que no tienen los ingresos suficientes para acceder a ellos. Solo por citar un ejemplo, ¿cuántas familias en el Perú están en condiciones de tratar un cáncer de mama, cuyo tratamiento, a precios pagados por el SIS, significa más de 150 mil soles? ¿Cuántos podrían atender a un familiar con insuficiencia renal crónica terminal que requiere de servicios de diálisis y hemodiálisis, cuyo costo por sesión es de entre 300 a 350 soles y requiere tres sesiones semanales y dieciséis al mes? Es evidente que los conceptos de focalización en salud para asignar los recursos no son los más felices, la salud es un derecho y es obligación del Estado establecer las reglas que permitan ese ejercicio por encima de las reglas de un mercado salvaje que no asigna los recursos en función de los derechos fundamentales.

f) La corrupción es un problema estructural en el sector salud. El doctor Moreno no era nada más que la punta del iceberg, que refleja sistemas de micro y macrocorrupción; esto requiere cambio de reglas en las relaciones de las autoridades con los ciudadanos, de las autoridades con los trabajadores y de los trabajadores con los ciudadanos. Una cruzada anticorrupción y antiimpunidad es la que no se ha hecho a pesar de haberse presentado el caso Moreno al inicio del gobierno; se requiere una estrategia que no solo sea mediática sino principalmente que resuelva los centros de los problemas.

Estos problemas que son de la vida cotidiana de los ciudadanos no son parte de la agenda del Gobierno, pero tampoco de la oposición de derecha o izquierda. Podemos decir que por este mundo de necesidades de los ciudadanos no discurre la agenda de los políticos profesionales. Por ello, es muy importante llamar la atención de la clase política, pero principalmente del ciudadano, que debe encontrar en la política un espacio de exigencia de sus demandas. En este camino se encuentran muchos sectores de la sociedad que no han logrado aún transitar a organizarse políticamente, pero es una necesidad que debe ser abordada. Así lo entienden los grupos que hoy luchan por un marco legal que legalice el uso de la marihuana para fines medicinales. Es inaceptable que se persiga a ciudadanos luchadores por una mejor calidad de vida para sus familiares e hijos. La ciencia ya demostró la importancia terapéutica del canabis para un conjunto de enfermedades, y es inaceptable que los políticos peruanos le nieguen la legalidad a su uso y a la investigación. Dentro de las diversas reformas que debe hacerse creemos que esta es una de las que debe implementar el Gobierno. Lamentablemente este ha sido un año perdido, esperamos que haya una vuelta de timón y PPK cumpla sus promesas, dé solución a la huelga médica y no se vuelva a perder un quinquenio profundizando una crisis que pone en riesgo la vida y la salud de miles de peruanos.