La relación entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales, nativas o campesinas, es indudablemente difícil, tanto así que se ve reflejada en un número de conflictos sociales que va creciendo de gobierno tras gobierno sin que se encuentre solución para muchos de ellos. En junio de 2016, La Defensoría del Pueblo reportó 212 conflictos a nivel nacional, de los cuales 152 casos (71.1%) son de carácter socioambiental, el 62,5% de estos (95 casos) corresponden a conflictos relacionados a la actividad minera y15, 8% de ellos (24 casos) a la actividades de hidrocarburos.

Este elevado porcentaje de conflictos de carácter socio ambiental se debe principalmente al dilema de quién tiene derechos sobre las tierras y de los recursos naturales que se encuentran a nivel del sobresuelo y del subsuelo. De hecho, ambos derechos de propiedad se encuentran superpuestos, y esta es la fuente de lo que llamamos dilemas territoriales que se refiere a los intereses distintos que tienen diversos actores que compiten de manera desigual sobre un mismo recurso.

Más que ahondar el análisis en el origen y complejidad de los conflictos, quiero referirme a algo de fondo que condiciona todo lo demás: el choque de dos percepciones y valoraciones muy distintas. Por un lado, el Estado defendiendo la necesidad de inversiones para el crecimiento de la economía a cualquier costo, teniendo como aliadas a las empresas, que obviamente buscan exclusivamente capitalizar sus inversiones en periodos cortos y, por otro, las comunidades locales, cuyo bienestar depende de un ambiente saludable.

La realidad del Perú no dista mucho de la de varios países de América Latina, donde los recursos naturales “son patrimonio de la Nación” y “El Estado es soberano en su aprovechamiento”. Es decir, si encuentras petróleo, oro, plata, cobre o lo que fuere en el subsuelo de tu casa, simplemente no es tuyo, es del Estado, y este puede asignarlo a terceros a través de concesiones. ¿Y qué ocurre con tu casa, con tus posesiones? Idealmente deberían darte algún tipo de indemnización, pero en el medio rural lo más probable es que el Estado simplemente te ordene hacerte a un lado, sin más. Este es el problema de base y la razón por la cual los conflictos van en aumento y permanecen en el tiempo.

Sumado a ello, debemos mencionar la falta de información o la disponibilidad de información incompleta, la escasa participación de las comunidades y la poca transparencia de las autoridades competentes en la toma de decisiones cuando el Estado, en nombre e interés del otro, no le da la oportunidad a ese otro de negociar directamente, bajo sus propias reglas, lenguaje y usos, si está interesado en ceder su suelo y subsuelo a cambio de algo.

La realidad del Perú no dista mucho de la de varios países de América Latina, donde los recursos naturales “son patrimonio de la Nación” y “El Estado es soberano en su aprovechamiento”. Es decir, si encuentras petróleo, oro, plata, cobre o lo que fuere en el subsuelo de tu casa, simplemente no es tuyo, es del Estado, y este puede asignarlo a terceros a través de concesiones.

Para ilustrar esta asimetría de poder entre los actores y la presión que hay sobre los recursos, podemos recurrir a algunos ejemplos: nuevas carreteras en medio del bosque, derrames de petróleo, cientos de árboles cortados, cuerpos de agua contaminados, innumerables proyectos de hidroeléctricas, cultivo de palma aceitera, entre otros. Estas situaciones nos trasladan inmediatamente a la destrucción del medio ambiente, la pérdida de especies, tipos de hábitat y ecosistemas, como consecuencia de la explotación descontrolada. Sin embargo, estas imágenes poco dicen del impacto que se viene dando en la vida de quienes habitan en este ambiente. Para ilustrarlo sería necesario emplear cientos de imágenes que permitan mostrar los rostros de incertidumbre y desconfianza de estas poblaciones locales, sumergidos en el malestar social, empobrecimiento de su medio ambiente, pérdida de sus atributos culturales y espacios significativos y de su calidad de vida.

Además, la asimetría de poder está relacionada con el doble discurso de quienes nos han gobernado últimamente, cuyas promesas de políticas centradas en normas y valores de respeto a la Madre Tierra, cambian con un contra-discurso cuando están en el gobierno, promoviendo la ejecución acelerada de proyectos de infraestructura y actividades extractivas, vulnerando derechos y dañando el medioambiente. Aquí podemos recordar a Alberto Fujimori y Alejandro Toledo quienes apostaron por la apertura a las inversiones en hidrocarburos, minería y las interconexiones IIRSA; Alan García, sintetizadas en “El perro del hortelano” u Ollanta Humala con su discurso “Agua sí, oro no”. Para no perder el camino, Pedro Pablo Kuczynski ofrece traer “aluvión de inversiones privadas” ¿De qué manera? todo queda dentro del terreno de la especulación a ser despejado con el correr de los años.

Sería una equivocación que este nuevo gobierno transite por este mismo camino y repita los errores de sus antecesores, donde el gobierno, las empresas y las comunidades caminan rutas diferentes, cada una direccionada por su propio interés. Una pregunta surge a puertas de este ofrecimiento: ¿Seguirá apostando por este tipo de políticas, donde se muestra un Estado capturado y sujeto a intereses, donde los beneficiados son unos cuantos, en desmedro del bienestar delas poblaciones poseedoras de los territorios donde se encuentra el recurso? Si bien se puede decir que actividades extractivas como la minería pueden reportar beneficios para todos, debemos enfatizar que si la explotación de dicho recurso no cumple un número de condiciones, como hacer partícipes a las comunidades a lo largo todo el proceso, explicándoles claramente cuáles serían los beneficios y en qué medida afectaría esta actividad en el entorno de estas poblaciones locales, seguiremos escuchando las protestas de Apurímac y Cajamarca, donde los pobladores exigen el cese de todas las actividades mineras por temor a que estas contaminen recursos hídricos, y se seguirá dando la protesta de diversos pueblos indígenas ante los constates derrames de petróleo suscitados en la región Loreto.

Es de esperar que, para revertir esta desaceleración económica, el gobierno de Pedro Pablo K. no siga apostado por la destrucción del medio ambiente en los territorios de las comunidades nativas y campesinas. No se trata de oponerse al crecimiento económico, sino de buscar una visión diferente de desarrollo desde el gobierno, teniendo el diálogo como instrumento para restablecer una relación de confianza, transparencia y sinceridad entre comunidades y empresas, con un Estado totalmente imparcial. Este enfoque plantearía un claro avance respecto de la actual situación, donde las comunidades con frecuencia no se sienten representadas por un gobierno que aplica políticas públicas en contra del cuidado, protección y el aprovechamiento de manera sostenible de los recursos. Este enfoque ayudaría, definitivamente, a superar el actual impasse caracterizado por una actitud simplista que reduce las opciones a “sí va” o “no va”.