Escrito por Eduardo Recoba Revista Ideele N°297. Abril 2021

En enero pasado y tras asumir como presidente de los Estados Unidos, Joseph “Joe” Biden, inició en rápida reacción un programa fiscal de alta gama que en América Latina [y en el Perú a propósito de las elecciones y la polarización generada] entraría en la casilla y estereotipo de ser un “paquete de estímulos caviar, rojete, chavista y bolivariano”.

No obstante la estigmatización –que puede resultar hasta anecdótica- es clave rescatar la pertinencia de tal plan que desde la política fiscal de la economía más grande del planeta.

Este se diseñó a partir de la belicosa asunción de mando del político demócrata, un abogado de 78 años e historiador y politólogo autor de media docena de libros quien reemplazó a Donald Trump: un heredero inmobiliario, conductor de programas de formato reality y actor de cameos [de producciones tales como Mi pequeño angelito segunda parte].

Los mentados bonos no fueron parte de una política de Estado recurrente, con trazabilidad de datos ni espacios muestrales adecuados; fue más una suerte de “economía de Pavlov o de Milgram”: donde si eras familia o población de riesgo vulnerable apretabas un botón verde, tenías bono; si presionabas el botón rojo, no.

Séptimo de caballería fiscal

Como en los western, Biden picó espuelas a su cabalgadura y provocó una carga de caballería salvadora en momentos donde la recesión atípica atacaba –a Estados Unidos- con tanta fuerza como la segunda ola de la COVID 19 que registró su pico máximo al cierre del primer trimestre con alrededor de trescientos casos por cada cien mil habitantes según datos del Johns Hopkins Hospital.

El plan Biden –una suerte de “new deal” a lo Roosevelt pero traído al siglo XXI– contempla una horquilla en apoyos, soportes y estímulos fiscales de US$ 1,9 billones que ya pusieron en marcha la locomotora del gasto privado de familias vulnerables y de clase media trabajadora así como de pequeñas, medianas y microempresas [PYME y MYPE]. Lo que ha decantado en una pequeña reactivación económica en las dos últimas semanas.

Se trata de un programa que ata de US$ 1.400 en cheques individuales por familia, extensión de alivios temporales por desempleo o paro por US$ 300; en ambos casos durante el período de exposición de las poblaciones vulnerables a los impactos de la recesión atípica por la COVID 19.

“También se agregan ayudas a las escuelas por US$ 170.000 millones, US$ 350.000 millones para las comunidades federales y soportes a las pequeñas compañías y –por último- US$ 190.000 millones para apuntalar el plan de vacunación”, advierten desde Washington medios y agencias.

Perú sin potencia

La orfandad en política fiscal de la economía del Perú se hace evidente –tras un 2020 golpeado desde lo sanitario y económico- cuando anotamos caídas de dos dígitos según el instituto rector de la estadística local y en términos de PBI real de -11,2% interanual, y una horquilla en aumento de la tasa de desempleo para el cierre del trimestre móvil -octubre, noviembre y diciembre 2020- del 13% y aumentos del subempleo en alrededor de 20% para el deterioro salarial y de horas.

Y con casi dos números en terreno negativo del déficit fiscal, se hace acertado cuestionar la aplicación de una real política fiscal en la etapa María Antonieta Alva –hoy gozando del fresco clima alpino en Ginebra, Suiza- pues con una docena de “bonos universales familiares” el impacto como se deduce de las cifras de empleo y renta no tuvo más poder ni trazado.

Los mentados bonos no fueron parte de una política de Estado recurrente, con trazabilidad de datos ni espacios muestrales adecuados; fue más una suerte de “economía de Pavlov o de Milgram”: donde si eras familia o población de riesgo vulnerable apretabas un botón verde, tenías bono; si presionabas el botón rojo, no.

Además de los débiles resultados en materia de gasto para mitigación, contención y combate contra la recesión atípica y la COVID 19, no sólo la carencia de seguimiento de datos destacó: “franciscana” política pública sanitaria, débil gestión pública y de presupuesto e inexistencia de plataformas financieras que brinden mecanismos de salida de caja y de empleo a PYME y MYPE.

Ellas son pendientes en la bitácora muy incompleta de la gestión anterior en el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], y en la actual.

Para prueba se ubica que la autoridad descansó [o tuvo que descansar] –en parte- en el ahorro privado de familias [cuentas CTS o seguro de desempleo y liberalización de cuentas individuales de las administradoras privadas o AFP], en lugar de echar mano a una solvente caja fiscal.

Más “política fiscal”, y esto es osado decir, hizo un Congreso golpista –a través de un presidente colocado “a medida” en Palacio en noviembre del 2020- al liberar cuatro unidades impositivas de las cuentas AFP aliviando así una horquilla de clase media trabajadora que no tuvo acceso a bonos ni ayudas.

Aunque desde la tribuna oficial ellos, el MEF en concreto, señalan que con un ratio aproximado de entre el 23% a 29% del PBI real “el Perú ha implementado el mayor plan económico frente al COVID 19 en América Latina para reducir el impacto en la salud y brindar apoyo a los hogares y empresas”.

Elecciones y progresía económica

No es secreto que el plan económico de grupos como Juntos por el Perú y en menor medida el Partido Morado, anotaron de los mejores programas.

Destacó Juntos por el Perú consultando a economistas y diseñando foros de divulgación académica y desde los mercados con expertos en macroeconomía, microeconomía, economía monetaria y bancaria, PYME y MYPE.

Sus propuestas de extender las reformas en gestión pública para mejorar la respuesta presupuestal, expandir el gasto público para crear espacios de empleo no precario, dinamizar el gasto de infraestructura y crear programas recurrentes de bonos durante los primeros días de gestión fueron ubicadas como “extremadamente progresistas” o de “izquierda” por la derecha ultraconservadora que hoy debe lidiar con Pedro Castillo de Perú Libre.

Ello resulta interesante cuando –en Europa por ejemplo o Estados Unidos– iniciativas así, no serían registradas ni siquiera como de “izquierda”.

Sino, vean lo hecho por Biden que pese a temores inflacionarios -y en materia económica fiscal- resultó más progresista que la misma Vero Mendoza.

Hoy y de cara a la segunda vuelta nos enfrentamos no a una respuesta progresista desde las finanzas públicas; nuestro horizonte cuelga de dos opciones, ninguna que favorezca una reactivación ante una recesión y debilidad sanitaria que ataca a los más pobres.

FIN.