Escrito por Jimena Ledgard Foto: Diario Gestión. Revista Ideele N°297. Abril 2021

Poco antes de la primera vuelta, una de las propuestas del plan de gobierno de Juntos por el Perú comenzó a diseminarse por las redes sociales, compartida principalmente por detractores que las difundían a modo de denuncia. Los medios afines a las Fuerzas Armadas condenaban la traición de Mendoza a la lucha anti-subversiva y confirmaban la afinidad de su partido con los supuestos remanentes de Sendero Luminoso. ¿Qué podía decir más “terruca” que promover la progresiva desmilitazación del VRAEM?

Curiosamente, solo un par de de días después de que esta revelación saltase a las redes sociales y fuese convenientemente amplificada por periódicos como Expreso, el Ejército anunció el fallecimiento de Jorge Quispe Palomino, “Camarada Raúl”, en el distrito de Canayre, en la región de Ayacucho. Se trata de una coincidencia llamativa ya que, como se afirmó en el comunicado, su muerte sucedió el 27 de enero, dos meses antes de ser publicado. Es decir, en el lapso de diez días, las críticas contra la propuesta comenzaron a aparecer en redes; los medios se sumaron al rechazo; y las Fuerzas Armadas descubrieron y anunciaron haber matado a uno de las principales figuras del llamado narco-terrorismo en el Perú. ¿Cuándo se enteró Inteligencia realmente de la muerte de Quispe Palomino?, ¿cuánto tardaron en anunciarlo a la ciudadanía? No lo dicen en el comunicado, ni tampoco es algo que ningún periodista con acceso al Ministerio de Defensa parece haberse preocupado en preguntar.

Ahora que la primera etapa de estas elecciones ha terminado, y que Mendoza no logró pasar a la segunda vuelta, el debate en torno al VRAEM muy posiblemente pase a segundo o tercer plano. Aunque Pedro Castillo ha denunciado el “secuestro” que significa el prolongado estado de emergencia en la zona y reivindicado la ancestral práctica del chacchado de la hoja de coca, las voces más críticas de Lima y de los grupos de poder económico y mediático probablemente tengan fantasmas políticamente más lucrativos que azuzar que lo que sucede en un valle que tanto del país ya da por perdido. Aun así, quisiera adelantar algunas notas muy preliminares (e inevitablemente limitadas) sobre el VRAEM, su lugar en el imaginario nacional, y la satanización de sus habitantes que es promovida hasta hoy, ya sea por ignorancia o mala fe. 

Un valle, muchos VRAEMs

Aunque desde Lima se tiende a imaginar al VRAEM como un solo territorio homogéneo, dominado por el crimen, las mafias, los cárteles y el terrorismo, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro es en realidad un territorio inmenso y diverso, no solo geográfica, sino productiva y culturalmente. Además de la coca, en sus tierras se siembran y cosechan cultivos tradicionales como el cacao, el café, los plátanos y otros. Aun así, la centralidad de la coca es innegable, no solo para la producción nacional, si no en el mercado internacional de la cocaína y los flujos del capitalismo global. En el VRAEM, pues, quizá se haya cumplido mejor que en ningún otro lugar del Perú la promesa del país que ingresa al mundo como gran exportador.

Negar la realidad no tiene ningún sentido. Aunque la coca tiene un fuerte valor simbólico y espiritual en nuestro país, la magnitud del cultivo en el valle no puede ser disociada de la industria del narcotráfico. Las cifras varían, pero el consenso es que más del 95% de la producción de coca de la zona se vende de manera clandestina a los laboratorios y pozas de maceración que permiten la extracción de el alcaloide de la cocaína, con un devastador impacto ambiental. Esto tiene que ver, sin duda, con que la coca en el mercado ilegal representa un ingreso infinitamente más alto que el que se obtiene en el mercado legal, centralizado en ENACO. Aun así, y aunque en las principales ciudades del valle sí es posible ver un nivel de prosperidad que ha sido históricamente negado a buena parte de los Andes peruanos, el nivel de pobreza que todavía prevalece en la zona confirma que, al igual que con tantas otras actividades orientadas a la exportación, la ganancia de los campesinos del VRAEM representa una fracción minúscula del valor final del producto en sus países de destino.

El impacto de figuras como Pablo Escobar en Colombia y todo Latinoamérica, y de series como la recientes Narcos en Netflix, combinada con el sensacionalismo que vende en los medios, ha marcado profundamente la manera en que se entiende la organización del aspecto criminal en el VRAEM. Se imagina por eso capos y grandes señores de las drogas, empresarios que dominan el valle en su totalidad, grupos enfrentados por vencer en la tierra de nadie. Sin embargo, para la investigadora Sofía Vizcarra, quien realizó su tesis doctoral sobre el VRAEM y ha publicado varios artículos sobre el valle, la organización en torno al negocio ilícito de la cocaína en el valle refleja los sistemas de organización y producción que existen en el Perú: informales, basados en reciprocidad y familiares. Es decir, que el cultivo de coca y procesamiento de cocaína que se realiza en el VRAEM está circunscrito a grupos familiares, basados en un sentido de confianza y vínculos personales. Cada uno de estos grupos asume un aspecto distinto del negocio, aunque sin buscar por ello lograr un control de todo el territorio. Este último factor, la ausencia de carteles abocados a monopolizar la producción y venta en toda la extensión del valle, probablemente sea determinante en haber permitido la relativa tranquilidad y paz que existe en el VRAEM, sobre todo al compararlo con otros enclaves global del narcotráfico.

Narcos, terrucos y el estado de emergencia

 En concreto, lo que proponía el plan de gobierno de Juntos por el Perú no debería parecernos particularmente radical. Planteaba que, frente a la ausencia de una delimitación clara de las funciones entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, se quería establecer un marco legal que permitiese “el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas del VRAEM” hasta lograr que el “100% de las zonas del VRAEM [estén] bajo la conducción de la PNP” (página 55 del plan de gobierno, bajo el apartado de “Defensa Nacional”). Y no debería parecer particularmente radical porque, después de décadas de estado de emergencia y control militar, una mirada incluso superficial al VRAEM debería dejar en claro que la estrategia represiva del Estado no funciona. En 2019, por ejemplo, los cultivos de coca en el Perú crecieron en 14%, y la zona del VRAEM fue justamente donde más lo hicieron. A pesar de este fracaso, que se repite año tras año, la estrategia promovida por los programas de guerra contra las drogas de Estados Unidos, sin embargo, priorizan casi exclusivamente la erradicación, ya sea por insecticidas aéreos o intervenciones militares. En Colombia, este tipo de intervenciones han traído como “daño colateral” la muerte de agricultores que se han opuesto, y aunque la situación aquí es distinta (en gran medida gracias a que el cultivo en nuestro país no es ilegal), no está libre de víctimas.

En el Perú, las Fuerzas Armadas y buena parte de los medios han logrado hermanar de manera bastante efectiva el entendimiento nacional del problema del narcotráfico con el fantasma de Sendero, instaurando la idea de que lo que sucede en el VRAEM puede y debe ser catalogado como narco-terrorismo. Es decir, que los recursos económicos de Sendero Luminoso provienen de las operaciones del narco en el valle y que, en ese sentido, cualquier aspecto de la política anti-drogas del país debe entenderse también como parte de su estrategia anti-subversiva. Esta convicción sabotea la posibilidad de políticas públicas que vayan más allá del imperativo represivo, convirtiendo la principal actividad económica del valle no solo en una ilegal, sino en una que atenta contra la estabilidad y seguridad del Estado y de todos sus ciudadanos.

Esto es posible debido a que la tesis del Ministerio de Defensa y los gobiernos de los últimos años es que en el VRAEM opera un “grupo hostil” (representado por el clan de los Quispe Palomino), por lo que se trata de una zona en estado de conflicto debido a grupos subversivos. Se trata de una designación que ha permitido al gobierno entregar el control de la zona a las Fuerzas Armadas y que no pretendo aquí discutir desde sus implicancias para el derecho. Basta con decir que el régimen legal que actualmente existe sobre buena parte del VRAEM hace que las autoridades puedan actuar sin informar a la población de sus operaciones y aplicar una serie de medidas que no podrían de otra manera. Al ser una zona en conflicto, pueden flexibilizar los estándares del uso de la fuerza y otorgar al Ejército facultades que en un contexto de paz serían inaceptables.

Sin embargo, como ya sostuve en este mismo espacio con relación al Operativo Olimpo, la tesis de los gobiernos de las últimas dos décadas implicaría concebir a Sendero Luminoso como una organización terrorista en la actualidad y no hace veinte años. Pero la existencia de personas que simpatizan, justifican o incluso enaltecen las acciones asesinas y criminales de Sendero no implica que el grupo se encuentre actualmente activo. La convicción de que los Quispe Palomino sean los financistas de Sendero, vale la pena decir, no es unánime tampoco dentro del Estado. Según el fiscal Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, “los Quispe Palomino [han mutado] de terroristas en época de Abimael, a ser narcoterroristas, es decir, a cobrar cupo a los narcotraficantes, para ahora ser simple y llanamente narcotraficantes. Es decir, ya no son terroristas, ya no son narcoterroristas, son narcotraficantes”.

La pregunta entonces, no es ni siquiera si las campañas de erradicación y la lucha contra el narcotráfico funcionan (hay motivos de sobra para decir que no), si no por qué estas deben estar en manos del Ejército y por qué existen hoy habitantes del VRAEM con edad de votar que han vivido toda su vida bajo un estado de emergencia inexplicable.

El costo de la satanización

Aunque mi experiencia en el valle es inevitablemente limitada, en definitiva, no lo es más que la de tantos que, sin haber pisado nunca el VRAEM, se animan a diagnosticar sus problemas y las acciones que deben tomarse en su territorio. Por eso me animo a afirmar que una constante en casi todas las conversaciones que he tenido allí es que, más que cualquiera de los temas que atormentan a la capital, lo que más afecta a quienes viven en el valle es la estigmatización y el sentimiento de deshumanización que promueve el prolongado estado de emergencia.

Se trata de un régimen con consecuencias concretas y dolorosas. Implica que, a pesar de ser uno de los lugares más bonitos del Perú, no tiene realmente ningún tipo de industria turística; que cuando sus habitantes viajan fuera del valle, sienten que deben ocultar su origen por los comentarios que inevitablemente recibirán si no; que muchos de sus negocios no pueden crecer, ya que nadie se anima a invertir en una zona que se ve desde fuera como un campo de guerra. Y, gracias a lo hondo que ha calado el cuco del narco-terrorismo, implica también no solo ser acusados de criminales, si no tildados de terrucos.