Escrito por Erick Iriarte Revista Ideele N°297. Abril 2021

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Artículo 19, Declaración Universal de los Derechos Humanos

Como Aristóteles sostuvo, “el principio del gobierno democrático es la libertad (…)”. Esta libertad, sin embargo, requiere de instrumentos y conocimientos para ejercerse; tal y como la información, que se ha convertido en el eje de esta “nueva sociedad”. En ese sentido, la información debería ser puesta a disposición de la población desde aquellos que ejercen el poder —el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional, el Gobierno Local—, debido a que es una fuente primaria para la participación ciudadana en los mecanismos de control social del poder.

Una revisión a la historia demuestra la necesidad de la transparencia en las cuentas públicas para un adecuado equilibrio de las fuerzas políticas. En sociedades antiguas, los ciudadanos no tenían acceso a esta clase de información y su participación era igualmente limitada. Así pues, mayor acceso a la información generara mayor participación ciudadana. Sin embargo, hay que agregar que no es solo cuestión de acceso a la información, sino que dicha información sea útil, en el momento adecuado, y en un lenguaje comprensible para el ciudadano.

Con los avances de la democracia en los últimos siglos, y con el avance de las tecnologías en las últimas décadas, el ciudadano se encuentra en un sitio privilegiado. El Internet es un “ágora” moderna, y los gobiernos se encuentran en la obligación de brindar información por este medio, en un proceso cíclico en el cual el poder concentrado en el “almacenaje de información” (cuando no ocultamiento de la misma) fluye para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisión. Es decir, estamos frente a un replanteamiento del proceso de “elegir representantes y olvidar”, cambiándolo por el de “elegir representantes y participar”.

El hecho de que el Gobierno brinde la información se enmarca en el concepto de transparencia de la gestión pública, que expresa el control real por parte de los gobernados (los ciudadanos) de las actividades y acciones que realiza su Gobierno. Las palabras aristotélicas son totalmente vigentes en este respecto. La transparencia de la gestión pública no solo consiste  en brindar información, sino  en hacerlo de forma oportuna y libre de acceso,  de modo tal que al ciudadano le pueda servir; esto genera disminución de los circuitos de corrupción, así como beneficia las actividades gubernamentales al tener un mejor “feed-back” con el ciudadano. En ese sentido, también relevante la capacitación de la ciudadanía  para poder aprehender la información y transformarla en un conocimiento útil.

En el Perú no se puede negar que, en la última década, ha habido intenciones de que el ciudadano acceda a información pública. En 2017, por ejemplo, se logró la creación de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que no goza de autonomía, sino que depende del Ministerio de Justicia. Estas intenciones, pues, se encuentran con un serio problema: no cuentan con autoridad real entre los funcionarios públicos. Aun habiendo legislación y resoluciones de la Autoridad de Transparencia y el Tribunal de Transparencia, los funcionarios públicos siguen impidiendo que el ciudadano pueda ejercer sus derechos constitucionales y libertad democrática de una manera completa. No solo se trata de tener normas, sino que deberían existir políticas nacionales claras para una adecuada participación ciudadana.

El derecho de acceder a la información pública requiere ser visto con su correlato en la libertad de expresión, reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando se analizan desde la libertad de expresión, la sociedad de la información trae retos que se enfocan en tres áreas. El primer reto tiene que ver con entender qué acciones se necesitan realizar para mejorar el acceso al internet, dado que el derecho a usarlo ya está implícitamente reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que se necesita no es una nueva declaración de principios, sino el mejor instrumento posible para la utilización de dicho derecho.

Nos encontramos con propuestas que intentan crear mecanismos de “censura” bajo pretextos de protección de algunos derechos. La libertad de expresión no es más que otros derechos, pero tampoco menos. Por lo tanto, una iniciativa no la puede atacar en beneficio a otro derecho. Se deben buscan regulaciones en un justo equilibrio.

El segundo reto es garantizar información veraz, validada y contrastada en un contexto en el que hemos pasado del mecanismo un emisor – múltiples receptores  a uno de múltiples emisores – múltiples receptores, en el que se establece un permanente dialogo. La necesidad de acceso a información, para tener sustento para dichas opiniones, se vuelve crucial. El ciudadano ya no solo escucha, sino que se vuelve creador de información.

El tercer reto es, pues, la necesidad de actores que tamicen la información, que hagan ejercicios continuos de infonomía, desde una perspectiva de creación, análisis y puesta en conocimiento de información que le sea relevante a la ciudadanía para su toma de decisiones. En este reto, los profesionales de la información son clave. En un mar de información constante, ¿cómo dar mecanismos de reposo para que se pueda analizar la profundidad de dicha información? Dicha tarea debe ser realizada junto a otra no menos importante:  ser la voz de los que no tienen voz.

En dicho camino también nos encontramos con propuestas que intentan crear mecanismos de “censura” bajo pretextos de protección de algunos derechos. La libertad de expresión no es más que otros derechos, pero tampoco menos. Por lo tanto, una iniciativa no la puede atacar en beneficio a otro derecho. Se deben buscan regulaciones en un justo equilibrio.

El internet libre no solamente se trata de libertad de expresión, sino de libertad de acceso a la información. Son, pues, tan preocupantes mecanismos de censura como legislaciones que buscan controlar la información que se emite, así como los mecanismos de impedimento de acceso a la información por parte de la población.

Si bien en internet hay mucha información que no es relevante, útil o adecuada, se debe apostar por el desarrollo de capacidades entre los ciudadanos, de modo tal que puedan reconocer que información les es relevante, y puedan descartar la que no lo es. Esta labor es clave en el proceso de la sociedad de la información y podría ser ejecutada por una Agencia de Sociedad de la Información que desarrolle políticas y regulaciones para la sociedad de la información. A la fecha esta institución no existe.

Una reflexión final: la sociedad de la información no es un problema futuro, es una realidad tangible, que afecta a conectados y no conectados. La labor de todos los actores sociales es hacer que tenga como norte el respeto irrestricto de los derechos humanos, en un marco de democracia real, efectiva, incluyente e inclusiva.

Solo un norte: la información debe fluir. Solo un principio: respetar los Derechos Humanos. Solo una meta: Una Sociedad de la Información real.

Coyote Gris