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Es imposible ignorar que convivimos día a día con miles de personas refugiadas y migrantes en el país desde hace algunos años. Sin embargo, es un tema poco abordado en esta campaña electoral.

Los temas de movilidad humana no suelen estar en las agendas electorales, y si lo están, resaltan los mensajes populistas, y en muchos casos xenófobos. Esto se debe sobre todo a que las personas migrantes y refugiadas no votan y ningún candidato quiere atraer su voto.

La actual campaña electoral en Perú no es una excepción y si se  ha caracterizado por apenas tratar temas de derechos humanos, menos todavía ha mencionado los de la población migrante y refugiada en el país.

De hecho, cuando los candidatos se han referido a este tema, lo han hecho para abordar la seguridad, vinculando al a las personas venezolanas con la delincuencia. Ante ello, se habla de manera punitiva, prometiendo la expulsión inmediata de quienes delinquen. Este vínculo es totalmente falso, pues no solo no se puede vincular a una nacionalidad con la delincuencia sino que además se ocultan datos como que menos del 1% de la población penitenciaria en Perú es venezolana.

Más allá de eso, las medidas de expulsión que plantean son cuestionables, pues toda persona tiene derecho, por un lado, a un juicio justo, y, por otro lado, a que se le aplique la ley peruana vigente si es encontrado culpable. Es decir, una pena igual a todas las personas independientemente de su nacionalidad.

Es hora de que las autoridades y los candidatos a la presidencia de la República empiecen a construir un discurso más solidario y constructivo. Esta semana nuestros colegas de Amnistía Internacional en Estados Unidos lanzaron una campaña a favor de las personas migrantes y refugiadas en la que se pide que toda persona sea tratada con dignidad, respeto y justicia, independientemente de su calidad migratoria. Además, que tenga derecho a un abogado y a un juicio justo. Esta campaña pone énfasis en que toda persona tiene derecho a buscar un lugar seguro donde vivir y que las políticas migratorias no deben ser discriminatorias.

A pesar de parecer derechos en los que podría haber un consenso, estos se violan todos los días no solo en Estados Unidos, también en nuestro país. Posiblemente el pedido que acabo de mencionar lo firmaríamos todos y todas por nuestros más de tres millones de compatriotas viviendo en el extranjero. Pero, ¿por qué no le ofrecemos esto a las personas venezolanas que quieren venir a vivir a Perú?

Es momento de construir un país que dé la bienvenida a todas esas personas que huyen de violaciones masivas de derechos humanos en su país de origen. Si no lo hacemos por solidaridad, pensemos en su importante aporte. Más de 1500 trabajadores y trabajadoras de salud venezolanas han estado en primera línea durante la pandemia, se están multiplicando los emprendimientos entre venezolanos y peruanos, las acciones solidarias, como ollas comunes que han promovido mujeres venezolanas, han ayudado a paliar el hambre de cientos de personas, sin importar nacionalidad. Además, el Banco Mundial en un estudio prepandemia de 2019, señaló que un 8% del crecimiento del PIB de peruano se debió al aporte de personas venezolanas.  

Las medidas de expulsión que plantean son cuestionables, pues toda persona tiene derecho, por un lado, a un juicio justo, y, por otro lado, a que se le aplique la ley peruana vigente si es encontrado culpable. Es decir, una pena igual a todas las personas independientemente de su nacionalidad.

No obstante, este primer momento va a tener un costo alto para el Perú. La comunidad internacional ha hecho una seria de promesas económicas para aquellos países que necesiten acoger a la población venezolana. Esos recursos podrían contribuir a reforzar nuestro sistema de salud, que beneficiaría a peruanos y venezolanos, apoyaría nuestro sistema educativo o promovería emprendimientos mixtos, entre otras muchas posibilidades.

¿Cuál es entonces la agenda mínima que deberían tener los candidatos con respecto a las personas refugiadas y migrantes en esta segunda vuelta electoral?

En primer lugar, asegurar los servicios de salud y vacunación para todas las personas, sin importar su calidad migratoria. El virus no entiende de nacionalidades; tampoco deberían hacerlo las políticas para combatir la pandemia.

En segundo lugar, permitir que aquellas personas que buscan refugio en el Perú puedan llegar al país sin poner sus vidas en peligro. Así, el Ejército del Perú debería dejar el control migratorio pues lo que estamos viendo allí es a una población que huye del hambre, de las masivas violaciones de derechos humanos, mujeres, niños, personas mayores, civiles desarmados que vienen a reunirse con sus familias y que se encuentran frente a un ejército armado, sin capacitación para el control migratorio en la frontera. Lo que ha provocado esta política, es que miles de personas expongan sus vidas tomando rutas más largas y peligrosas a merced de bandas de tráfico de personas. ¿No sería más lógico abrir las solicitudes de refugio y establecer los mecanismos de salud pública necesarios para regularizar el ingreso y controlar la pandemia?

En tercer lugar, si queremos que migrantes y refugiados contribuyan al bienestar del país y puedan acceder a sus derechos básicos, es necesario que se regularice su situación migratoria, que paguen impuestos y que se inserten formalmente a la economía. Esto abriría posibilidades para que profesionales como ingenieros o personal sanitario, pueda ir a aquellas regiones del país donde les necesitan.  Esto les permitiría hacer gestiones tan sencillas e importantes como inscribir a sus hijos en la escuela, ir a una posta médica o realizar cualquier gestión ante el Estado. Pero, sobre todo, significaría la oportunidad de vivir sin miedo a ser víctimas de violencia y no poder acercarse a una dependencia a denunciar por temor.

Por último, pero no menos importante, debe ser una campaña sin discursos xenofóbicos y de odio, que construya desde los derechos humanos, y muestre un futuro de oportunidades y esperanzas para todos y todas.