Inicios del siglo XX. Frontera de California, Estados Unidos. Daniel Plainview pasa de ser un minero paupérrimo a convertirse en un magnate. ¿Cómo? Descubre petróleo en su propiedad de Little Boston, un pequeño pueblo del oeste. La película de Paul Thomas Anderson, “Petróleo sangriento” nos presenta a un Plainview que, a medida que se enriquece, se va sumergiendo en un mundo de corrupción, mentiras y autodestrucción.

En varios estados norteamericanos el propietario de suelo lo es también del subsuelo. Esto,que suena al Texas de los petroleros con botas vaqueras y millones en los bolsillos, es lo que acaba de proponer el candidato Alan García en su artículo “Cambiar para avanzar”, publicado en el diario El Comercio.

Como candidato puede lanzar audaces propuestas que ni por asomo aplicó en sus dos gobiernos. El zorro viejo husmea el ambiente y advierte que es persona non grata en las comunidades indígenas y campesinas. Está fresco el recuerdo del ofensivo discurso sobre el perro del hortelano, escrito en octubre del año 2007: “Hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: ‘Si no lo hago yo que no lo haga nadie’.”

Nueve años después transforma ese insultante alegato en un sinfín de loas dirigidas a los campesinos (no sabemos si este término incluye a los comuneros andinos y amazónicos): “Los campesinos tienen espíritu emprendedor, saben comerciar y quieren prosperar. El Perú no puede seguir tratándolos como niños bajo tutela… El dueño de la superficie deberá ser dueño del subsuelo para participar en la riqueza, recibir las regalías y tratar directamente con el capital y la tecnología. El campesino tendrá interés en aliarse con las empresas y habrá más inversiones en zonas nuevas”.

Volteó el pastel. El zorro no volvió a decir que las uvas estaban verdes sino que son dulces y exquisitas con la esperanza de congraciarse con ese sector del electorado

El modelo en el que el superficiario es propietario del subsuelose aplica en los países del CommonWealth. El que está vigente en el Perú es una herencia colonial que se sustentaba en que el rey era dueño de todas las riquezas. Finiquitado el monarca, la nación peruana pasó a ser propietaria de los tesoros escondidos en las entrañas de la tierra.Así está escrito en la actual Constitución, por lo que cualquier cambio implica una modificación constitucional.

Peliaguda la propuesta. Ni siquiera el gurú de la demagogia, Hernando de Soto, se ha atrevido a plantearla abiertamente.No lo hizo en su pomposo documental “El Misterio del capital”,que es su vademécum para salvar a la Amazonía y transformarla en un próspero emporio de propietarios privados. Tampoco en televisión, durante una entrevista con Jaime de Althaus en la que se defendió la importancia de entregarles títulos de propiedad a las comunidades para que éstas puedan comprar, vender o arrendar sus tierras y entrar al mundo del mercado y de los créditos. Sostuvo que los títulos colectivos no son útiles para ello, y esbozó el camino de la titulación individual. Su frase “Dios está en los detalles y en los títulos de propiedad” resume el peso que le da a esta formalización de la propiedad en la Amazonía.

El entrevistador trató de forzarlo para que se pronuncie a favor de la propiedad individual del subsuelo y que la asuma como una de sus banderas. Acorralado, de Soto utilizó el condicional. Sabía que se le podía venir el cargamontón.Respondió que la mayor parte de indígenas en el mundo no son dueños del subsuelo, y que lo importante es que sean dueños de la superficie. Afirmó: “Hay dos posibilidades: Darles ciertos derechos de superficie. La ley puede disponer que no se pueda accederal subsuelo sin llegar a acuerdos con los que poseen la superficie. La otra es que se les ‘podría’ dar el derecho al subsuelo”.

El gancho de su documental fue el encuentro de indígenas de Alaska y Canadá con los peruanos. De Alaska llegaron a la Amazonía estos exitosos empresarios, miembros de conglomerados empresariales manejados por integrantes de sus respectivos pueblos. Estuvo Julie Kitka, una aleutiana, presidenta de la Federación Alasqueña de Nativos, cuya federación mueve mil millones de dólares al año.

Otros invitados fueron los esquimales Andy Teuber y Bobby Quintavell. El primero es presidente del Consorcio de Salud de Alaska, que maneja 400 millones de dólares al año. Y Quintavell es presidente de Artic Slope Regional Corporation. Su grupo formó en 1972 la Chugash Alaska Corporation que funciona con un sistema de propiedad colectiva. La corporación es dueña de 16 empresas ligadas a la industria petrolera y tiene como accionistas a 2500 aleut y esquimales.Él asegura: “Se puede crear capital y hacer negocios sin comprometer nuestros valores”.

La trampa de Hernando de Soto es poner como ejemplo a un estado de Norteamérica, beneficiado por una legislación especial que otorga a los pueblos indígenas un estatus diferente y una serie de derechos como educación completa, educación superior y servicios de calidad, para empezar. Los factores sociales y culturales hacen de esa una realidad radicalmente diferente a la peruana, pero el economista parece creer en las fórmulas exportables. La ecuación beneficios más propiedad del subsuelo puede ayudar a explicar cómo es que han formado este conglomerado de empresas, pero no basta por sí sola.

La idea de entregar la propiedad del subsuelo a las comunidades indígenas no es nueva; hace tiempo que viene dando vueltas, con algunas variantes, en la mente de algunos liberales.

Cualquier liberal que se precie de serlo,que no la debe ni la teme, no tiene reparos en defender esta propuesta abiertamente. Tal es el caso del abogado Santiago Bullard, quien afirma: “Esa debería ser la regla. Estoy de acuerdo con el sistema americano. Si hay petróleo debajo de tu casa es tuyo. Me parece lo más justo porque si eres propietario de la tierra también lo eres de lo que está abajo”.

Al abogado le parece más engorroso que las empresas actualmente tengan que negociar con los ministerios, la OEFA, los gobiernos regionales y los superficiarios, que con un solo propietario. Esto traería también un beneficio porque los costos de las transacciones se reducirían. Sin embargo, la idea no les gusta a las empresas mineras y petroleras ni a sus abogados. “Creo que quieren mantener el statu quo porque saben manejarse con las reglas actuales. También puede ser que les convenga económicamente. El costo de obtener la concesión es relativamente bajo. Se trata de un trámite administrativo yelpago de derechos. En cambio, si es un propietario va a cobrar más por su recurso. Por ejemplo, la empresa tendrá que pagarles un royaltyque es una participación del 5% de las utilidades”, precisa.

Para Bullard el propietario puede ser un individuo, una empresa o una comunidad. La propuesta no debe estar condicionada por cambiar la propiedad comunal a individual. Comenta que tampoco hay que asustarse si el propietario no quiere vender su recurso. “Todo tiene un precio y finalmente van a terminar vendiéndolo”, añade con seguridad.

¿Qué dicen los planes de gobierno?
De todos los candidatos el único defensor de la propuesta es García Pérez. Dice: “El Perú es un país minero, pero el modelo productivo del campesino pobre frente al Estado y a la empresa está bloqueado socialmente y no tendrá solución ni con mesas de diálogo ni con el Ejército, porque las comunidades y los campesinos son dueños del suelo, pero los minerales del subsuelo pertenecen al Estado que los concesiona a las empresas a cambio de impuestos. Y los campesinos ven que la empresa gana, que el Estado central y regional ganan pero que a ellos solo les queda la pobreza o ser obreros en la mina. Y se oponen.”

Lo curioso es que en su propio plan de gobierno – el de Alianza Popular – esta propuesta brilla por su ausencia, lo que hace suponer que se trata de un solitario y desesperado exabrupto electoral para borrar su vergonzoso historial anti indígena. Ni sus compañeros de partido ni el PPC lo han secundado en el planteamiento. ¿Será que ni siquiera lo han discutido en su nueva organización?

De las dos propuestas que ha estado marketeando García, Alianza Popular ha incorporado solo la del canon comunal en su plan de gobierno. Dice así: “Implementar el Programa de Regalías Mineras para las comunidades propietarias del suelo, y la creación del canon comunal, a través del cual se transferirán a las comunidades de los centros mineros, más de tres mil millones de soles”.

La idea forma parte de las medidas de emergencia para los primeros 100 días. Señala el plan: “Establecimiento del canon comunal para que las comunidades involucradas en los megaproyectos mineros, gasíferos y de hidrocarburos tengan recursos que puedan manejar directamente para la ejecución de obras de infraestructura y educación.”

Además, establecerán un programa de Rimanacuy para las comunidades que no gozarán de ese beneficio, a través del cual les entregarán recursos para actividades productivas.

Otros candidatos centran sus propuestas en el inconcluso y malhecho proceso de titulación de tierras. El plan de gobierno de Fuerza Popular (Keiko Fujimori) señala como único problema el que por falta de titulación las comunidades indígenas no pueden gestionar su territorio a través de proyectos productivos.

En la misma línea de Hernando de Soto, los fujimoristas sostienen: “En las comunidades indígenas el problema principal es la falta de manejo empresarial que impide que en la región amazónica se desarrolle una industria forestal.” Y como solución proponen la formación de un fondo de inversión a largo plazopara establecer plantaciones forestales, que será manejado por la banca privada. Nada sobrela interculturalidad o los derechos de las poblaciones indígenas.

Aunque ya esté fuera de la contienda, vale la pena mencionar el plan de gobierno de Todos por el Perú (Julio Guzmán) porque responde a la misma concepción de “tema injerto” con el que estas propuestas se desarrollan.

En él se sintetizan al estilo powerpoint algunas propuestas para los grupos étnicos: “Fortalecer las instituciones públicas encargadas del tema indígena. – Agilizar el proceso pendiente de titulación de tierras. – Concluir con los procesos de adecuación de las reservas territoriales a reservas indígenas para los pueblos en situación de aislamiento. – Incorporar la interculturalidad como herramienta para manejar las diferencias culturales. – Fortalecer la educación bilingüe intercultural.

La idea de entregar la propiedad del subsuelo a las comunidades indígenas no es nueva; hace tiempo que viene dando vueltas, con algunas variantes, en la mente de algunos liberales.  

A diferencia de los planes antes mencionados, que son escuetos y específicos en cuanto a la problemática de los pueblos indígenas, la propuesta de Peruanos por el Kambio (Kuczynski) incorpora otros aspectos, redactados como lineamientos y acciones estratégicas:

Se lee: “Para proteger los derechos de los pueblos indígenas se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas: – Concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas. – Finalizar la adecuación de las reservas territoriales a reservas indígenas para pueblos en situación de aislamiento. – Continuar implementando la consulta previa.–Fortalecer la autoridad nacional en pueblos indígenas. – Formar a los funcionarios públicos en el respeto a la diversidad cultural.- Incluir la variable étnica en el Censo Nacional de Población y de Vivienda del 2017.- Utilizar como Estado las 47 lenguas indígenas para comunicarse e integrarse con estas poblaciones. -Establecer las formas de coordinación entre la justicia indígena, comunal y rondera con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial”.

En cambio, el plan de gobierno del Frente Amplio (Verónika Mendoza), muestra diferencias de fondo con respecto a los anteriores.Es el único en el que la problemática indígena está articulada a las propuestas de desarrollo nacionales. En el lenguaje de las ciencias sociales se diría que es transversal al plan. No es un injerto o un recetario inconexo.

En ninguno de los otros planes se incluye un ideario en el que se postule la democracia participativa sin discriminación étnica en un estado plurinacional. Dice textualmente: “El FA asume la interculturalidad en todo el ámbito de gobierno, y a mediano plazo la construcción de las estructuras estatales plurinacionales, para que estos compatriotas gocen de derechos colectivos plenos”.

Además, proponen el manejo integral del territorio por parte de las comunidades, un planteamiento promovido por los pueblos awajun y wampis. También son los únicos que proponen la creación de un sistema nacional de educación rural de los pueblos originarios, que garantice el uso de las lenguas originarias como lenguas de aprendizaje, la superación de todas las formas de discriminación contra las mujeres rurales indígenas, el respeto por los planes de vida de los pueblos y comunidades, la creación de distritos electorales indígenas, la creación del Ministerio de las Culturas,entre otras novedades.

¿Alan García indigenista?
Las propuestas de García no han originado la ola de adhesiones que éste imaginó y, más bien, parecen parte de una maniobra política. ¿Quiso disipar de esa manera su aura anti indígena? ¿O creyó descubrir la fórmula mágica para evitar los conflictos sociales? Este último es un asunto que le debe preocupar de manera especial. Su gobierno se caracterizó por ser muy represivo: los 191 muertos así lo confirman.

El antropólogo Alberto Chirif, especialista en temas amazónicos, considera que una propuesta de este tipo atizaría mucho más los conflictos sociales. García, con una intención del voto por los suelos, recurre al subsuelo: “Imaginemos una cuenca en donde se quiera explotar un recurso.Si se realizan conversaciones con un grupo de comunidades y se excluye a otro, evidentemente ello generaría mucha envidia y deseo de tener más. Yo creo que es una propuesta demagógica que responde a la coyuntura política”, opina.

La especialista en conflictos sociales, Giselle Huamaní, tampoco le encuentra sentido a una propuesta de este tipo, muy riesgosa en un país en donde el segundo motivo de conflictos sociales- según el monitoreo de la Defensoría del Pueblo- es por límites de territorio. Lo que vendría después sería una disputa mucho más encarnizada por la delimitación territorial, lo que se sumaría a los conflictos de las comunidades con el Estado y las empresas privadas.

“Una buena parte de los conflictos surge de la disputa por acceder a los recursos mineros naturales y tener el poder de reclamar una parte de la tajada. Una propuesta de este tipo polarizaría mucho más”, agrega.
No todo se resuelve con dinero. Huamaní no está de acuerdo con monetarizarel tema de los pueblos indígenas. Dice: “La premisa “más dinero, menos conflictos” es errada. Ése es solo un aspecto. Además, se tiene que asegurar que los ingresos repercutan en el desarrollo de las zonas afectadas. He visto casos en los que el desarrollo se limitaba a ver cuánto le tocaba a cada familia para satisfacer sus necesidades inmediatas”.

Para esta especialista el desarrollo debe ser mirado desde una perspectiva estratégica, y no es conveniente que genere una disputa por los centavos para evitar contabilizar, monetarizar ycompartimentarizar el territorio.

La deformación a la que lleva la monetarización puede llevar a situaciones ridículas.Huamaní refiere el caso de una comunidad en Cajamarca a la que la empresa de la zona le iba a financiar la instalación del agua y el desagüe.Pero la comunidad le exigió que, además, le pague por la conexión, como si se tratara de un favor que ella le estuviera haciendo a la empresa. Al final solo construyeron una zanja y la población se quedó sin el servicio.

Carlos Casas, ex viceministro de economía y profesor de la Universidad del Pacífico, coincide con que el problema no es de dinero. La cantidad que se recibe del canon a través del gobierno regional es ingente. Hay comunidades que pasaron de tener 100,000 soles a 40 millones en su presupuesto, pero no existe una buena utilización de estos recursos.

Casas cita como ejemplo al distrito de Echarate. Allí la municipalidad contrató a gran parte de la población para que trabaje en la construcción de obras de infraestructura. Estas personas poco a poco han idodejando las actividades agrícolas y ganaderas. Para cuando acaben las obras y se vaya la mina se habrá acabado también su medio de vida.

Explica: “Tiene que ver con la capacidad del gobierno regional y de los gobiernos locales para ejecutar la inversión. No hay mecanismos transparentes para recibir tanto dinero y empiezan los manejos turbios. A esto lo conocemos como ‘la maldición de recursos naturales’: las zonas en las que hay una inversión minera terminan peor de lo que empezó, porque no se invierte en lo que necesita la gente”.

La disputa por el canon
El canon comunal es la otra idea de Alan García para los pueblos indígenas en estas elecciones. En un inicio tuvo mucha popularidad; incluso el expresidente Alejandro Toledo aseguró que esa propuesta era suya y que García la había plagiado. En teoría, el mensaje parece seductor: si la ley establece que los gobiernos regionales y locales deben invertir en las zonas afectadas por los proyectos extractivos, es más conveniente darles el dinero directamente a estas comunidades ¿Quién mejor que ellas para determinar el uso correcto de esos recursos?

Sin embargo, acá debe enfrentarse a otro dilema: ¿Cuáles son las zonas directamente afectadas? Es un tema discrecional que, por lo general, lo decide la empresa a través de los estudios de impacto ambiental, que ahora ya es causa de rencillas y, en el futuro, con el canon comunal, podría serlo mucho más.

Establecer una zona de influencia puede ser muy complicado. ¿Cómo determinarla en una cuenca hidrográfica cuyo drenaje de agua es aprovechado por varias comunidades? En el conflicto de Antamina, 32 poblados bloquearon las carreteras porque cada uno de ellos se sentía dentro del área de influencia y reclamaban ser beneficiados. “El criterio para considerar a alguien dentro del área de impacto en una cuenca alta, media o baja es distinto si estamos hablando del aspecto minero, ambiental o hídrico y debe ser motivo de mucha discusión”, advierte Huamaní.

Al ex viceministro del ambiente, José de Echave, la propuesta del canon comunal lanzada por Alan García y plasmada en el plan de gobierno de Alianza Popular, le suena a demagogia pura, sobre todo en estos momentos en el que los montos por canon se están reduciendo por la caída del precio de los metales. Sostiene que gran parte de las comunidades no son tituladas, no tienen personería jurídica, no tienen consejos directivos escritos en Registros Públicos. En esas condiciones, es imposible que el Estado les entregue dinero directamente. “Lo que pasaría es que se llegaría a una fórmula semejante a la del óbolo minero que García implementó y que fue un fracaso absoluto. Las empresas entregaban recursos para la zona en la que estaban trabajando, pero ellos mismos los manejaban”.

Chirif tampoco está de acuerdo con la propuesta de canon comunal. Sostiene que este tipo de asignación de alguna manera existe, ya que, según la ley, el 10% del canon regional debe invertirse en las comunidades directamente afectadas por el proyecto extractivo. De igual manera, los gobiernos locales deben invertir el 5%. El problema es que estos dispositivos no se cumplen.

El antropólogo recuerda la experiencia del Rimanacuy en el último gobierno de García. Entonces se repartió dinero directamente a las comunidades que no tenían el beneficio del canon: “Repartieron dinero en unas comunidades y generaron destrozos, criolladas internas, acusaciones de malos manejos y apropiación ilícita de fondos. Creo que con esas cosas hay que tener mucho cuidado ya que, si bien es cierto las comunidades deben gozar de los beneficios que generan la producción de minerales e hidrocarburos, la forma de hacer llegar los beneficios debe ser cuidadosamente planificada para evitar que se generen esos problemas”.

El otro ex viceministro, Carlos Casas, se refiere a la función del canon: “La idea inicial es que sea invertido en infraestructura para mejorar las capacidades productivas de la zona, y que cuando ya no haya actividad minera tengan los medios para poder subsistir. Las acciones del Estado deberían estar orientadas a mejorar la educación y la salud, y si las municipalidades lo usan para otra cosa se les debe sancionar”.
Y, específicamente, sobre la propuesta del canon comunal manifiesta que no mejoraría en nada la situación, porque las comunidades no tienen mayor capacidad de gestión que las municipalidades. Por el contrario, como no hay institucionalidad, lo más probable es que surjan muchos más conflictos.

Por eso, si las novedosas propuestas de Alan García no significan una solución a la alta conflictividad social que heredará el próximo gobierno, ¿qué se puede hacer para reducirla? El gobierno de Humala parece haber guardado con celo el legado de su antecesor: García dejó 258 conflictos sociales y en este gobierno se mantienen 208.

En vez de ensayar fórmulas que sumarían más problemas a los que actualmente existen, Chirif cree que se deberían empezar por poner en práctica los mecanismos que ya existen. “Si se cumpliese al menos lo que dicta la Constitución de Fujimori, tan magra en relación al derecho indígena, ello significaría un avance. Empecemos por cumplir la ley y en el camino se verá qué modificaciones pueden introducirse para subsanar vacíos que se comprueben en la práctica. Porque actualmenteesa práctica no existe”, afirma.

Establecer una zona de influencia puede ser muy complicado. En el conflicto de Antamina, 32 poblados bloquearon las carreteras porque cada uno de ellos se sentía dentro del área de influencia y reclamaban ser beneficiados. 

Sin embargo, el Estado lejos de cumplir la ley se esfuerza por eludir su responsabilidad. Un ejemplo es lo que ha pasado en las cuatro cuencas petroleras del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, donde luego de haberse comprobado los altos niveles de contaminación por hidrocarburos y metales pesados, el Gobierno se quedó en el protocolo. Si bien decretó el estado de emergencia, no ha tomado medidas efectivas y hace oídos sordos a las exigencias de remediación ambiental de las comunidades indígenas.

Pasa lo mismo con la titulación de tierras, que desde hace mucho tiempo es uno de los principales reclamos de los pueblos indígenas. Chirif sostiene: “La titulación está en la ley desde 1974. La última trampa que le pusieron fue a mediados del año pasado, con una resolución ministerial que obliga a que las tierras, antes de ser tituladas,se clasifiquen. Es un proceso engorroso y costosísimo que no se convierte en un requisito sino en un obstáculo”.

Por otro lado, los expertos muestran cierto “optimismo escéptico” ante la creación del SENACE (Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles), la flamante institución creada para evaluar los EIA de manera independiente del Ministerio de Energía Minas.¿Un buen augurio si es que se le deja trabajar?

Hace dos meses ha entrado en funcionamiento este organismo, luego de dos años de estar en stand by. Que no se conozca mucho de su trabajo puede ser un buen indicio o todo lo contrario. Existe, al menos una sospecha: su presidente es Patrick WielandFernandini, un abogado que antes de ingresar como asesor en el Ministerio de Economía,se desempeñó como asociado del Estudio Echecopar, una firma que se ha caracterizado por litigar en contra de las comunidades indígenas.

¿Lo que se hace con una mano se borra con la otra? Propuestas que terminan boicoteándose a sí mismas cuando se vuelven realidad, y propuestas electoreras que el viento se encarga de borrar, en algunos casos para bien.