Escrito por Carlos Mejía Revista Ideele N°297. Abril-Mayo 2021

Comentarios a partir de unas declaraciones del candidato Pedro Castillo.

Esta semana hemos tenido dos hechos relacionados con la fiscalización laboral. El pasado 17 de mayo se dio inicio a una nueva Huelga Nacional Indefinida del Sindicato de inspectores laborales reclamando mayor seguridad en su labor pues están expuestos al Covid-19.

Por otro lado, al día siguiente el candidato Pedro Castillo preguntó en una reunión con Gobernadores regionales “¿se sienten cómodos con la SUNAFIL? Preguntemos a los trabajadores que existen en las regiones. Creemos importante que eso no puede ir. Porque la Sunafil en las regiones cómo es posible si existe el Ministerio de Trabajo?”

La intervención del candidato de Perú Libre ha sido tomada por algunos comentaristas para señalar que se busca eliminar la fiscalización laboral. Resulta curioso que los más “preocupados” por este tema sean los medios y voceros de la derecha empresarial que ha venido sistemáticamente socavando los diferentes esfuerzos por construir un sistema de fiscalización laboral eficiente y nacional.

El tema que une los dos hechos señalados es la profunda y larga crisis de la fiscalización laboral en el país. SUNAFIL existe desde abril del 2014. La formación de una superintendencia fue el resultado de un largo debate que buscaba resolver curiosamente, el mismo problema que tenemos ahora: ¿cómo construir un sistema de fiscalización laboral que realmente funcione en el país?

Pedro Castillo hace bien en preguntarse ¿qué hacer con SUNAFIL? y hace bien en preguntarle a los trabajadores de las regiones, pues si bien la inspección en Lima metropolitana ya es bastante difícil y limitada, hay regiones del país donde en realidad no existe ninguna fiscalización laboral en la práctica. De esta manera podemos entender que para los Gobiernos regionales resulta completamente ineficaz el sistema actual. Si un Gobierno Regional quisiera impulsar la fiscalización laboral y requiere incrementar el número de inspectores pues simplemente no puede. Si desea establecer un sistema de multas más rígido, pues no puede.

El sistema anterior de fiscalización comprendía una Dirección General en el MTPE y articulaba a Inspecciones Regionales de Trabajo que dependían administrativamente de los Gobiernos Regionales pero normativamente del Ministerio de Trabajo en Lima. De esta manera, por las conocidas limitaciones del centralismo peruano se termina consolidando un sistema bicéfalo, donde las políticas provienen de Lima (MTPE) y la gestión administrativa dependía del presupuesto del Gobierno Regional.

De esta manera el sistema de fiscalización laboral nunca se consolida y acumula cuatro problemas fundamentales: a. escaso presupuesto, b. pocos inspectores, c. diversidad de criterios fiscalizadores, d. poca autonomía política e institucional.

Estos problemas afectan al cumplimiento de las normas laborales y perjudican a los trabajadores pues permiten que la precariedad e informalidad laboral se extiendan y consoliden. A partir del presente siglo se da un lento proceso de discusión pública que busca resolver estos problemas. Una de las propuestas más sólidas y viables fue la formación de una “superintendencia” en el ámbito laboral, que como la SUNAT en materia tributaria, disponga de autoridad estatal suficiente para garantizar el respeto a la normatividad laboral.

SUNAFIL así fue el resultado de un largo proceso de discusión entre funcionarios del Estado con poca participación de los otros actores de las relaciones laborales (empresarios y sindicatos). El diseño institucional de SUNAFIL ha sido ciertamente un claro avance frente al modelo anterior.

Pero lamentablemente, no se ha logrado plasmar en la realidad social lo que está en el papel. Luego de seis años, lo que tenemos es una situación muy similar a la anterior. El proceso de traslado de competencias para poder desarrollar una labor inspectiva eficaz sigue inconcluso. Algunos Gobiernos Regionales -como la Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo- no han querido asumir hasta la fecha sus competencias en materia de fiscalización. La misma institución creada como un equivalente de la SUNAT pero en materia laboral, no dispone ni siquiera de un local propio.

Los Gobiernos Regionales no tienen capacidad para incrementar el número de inspectores pues el proceso de selección y los recursos para los mismos dependen del gobierno central.

Así, cada cierto tiempo ocurren dos hechos prácticamente cíclicos, en esta larga crisis: se produce una desgracia laboral que cuesta vidas humanas, como los trabajadores muertos en el incendio de los cines de Larcomar o los también muertos en el incendio del centro comercial las Malvinas o los jóvenes también muertos en el accidente de McDonalds. Entonces, luego de la pena e indignación, la respuesta normalizada de las autoridades es “aumentar el número de inspectores laborales”. Y así, a costa de vidas humanas se va incrementando lentamente el número de inspectores pero nunca se alcanza la cifra adecuada que señalan diversas investigaciones especializadas.

Luego, cada año aproximadamente, los inspectores laborales inician una huelga nacional reclamando mejoras económicas, así como mejores condiciones de vida y ahora también de seguridad laboral pues la labor de fiscalización es mucho más importante durante la presente pandemia. Y con cada huelga, los inspectores organizados logran arrancar alguna conquista parcial pero que no resuelve el problema de fondo.

Por estas razones, Pedro Castillo hace bien en preguntarse ¿qué hacer con SUNAFIL? y hace bien en preguntarle a los trabajadores de las regiones, pues si bien la inspección en Lima metropolitana ya es bastante difícil y limitada, hay regiones del país donde en realidad no existe ninguna fiscalización laboral en la práctica.

De esta manera podemos entender que para los Gobiernos regionales resulta completamente ineficaz el sistema actual. Si un Gobierno Regional quisiera impulsar la fiscalización laboral y requiere incrementar el número de inspectores pues simplemente no puede. Si desea establecer un sistema de multas más rígido, pues no puede.

Probablemente, algunas competencias deben seguir siendo nacionales, para evitar arbitrariedades, pero en la actualidad no tenemos ni una autoridad central fuerte ni autoridades regionales fuertes. Por lo tanto, SUNAFIL no funciona. Y es necesario discutir una alternativa de sistema de fiscalización laboral.

La alternativa puede venir de una profunda reestructuración de la actual SUNAFIL como ha señalado el equipo técnico laboral de Perú Libre. Para lograr esto es imprescindible primero brindar más recursos económicos para construir la institucionalidad necesaria en todas las regiones del país para operar en un mercado laboral cada vez más complejo y difícil. Se requiere también más inspectores generales y especializados en aspectos temáticos (salud, seguridad, medioambiente, género, libertad sindical, etc) pero también en las nuevas formas de trabajo (audiovisuales, servicios por aplicativos, subcontratación, etc.)

Es imprescindible iniciar esta discusión y hace bien el candidato Pedro Castillo en poner los temas en la mesa. El mundo del trabajo y nuestra institucionalidad democrática requieren urgentemente de un verdadero y adecuado sistema de fiscalización laboral.